Lidia Cálix V. y Joaquín A. Mejía Rivera
A partir de elocuentes imágenes, que dicen “más que mil palabras”, aquí se reflexiona sobre tres momentos cruciales en la coyuntura política nacional: el triunfo electoral de la primera mandataria de Honduras, la crisis en el Congreso Nacional y el inicio del proceso de extradición del expresidente Hernández. Y, como telón de fondo, la búsqueda de la necesaria reconciliación con base en la justicia y la erradicación de la impunidad.
Introducción
Los estudios visuales sobre lo artístico, que se originan en los estudios culturales, no solo se nutren de la interpretación de las imágenes, sino también de los actos de ver-mostrar y su impronta en el marco contextual donde operan; es decir, en la construcción social sobre la experiencia visual o en la construcción visual de lo social[1].
Las imágenes no hablan por sí solas, sino que operan simbólicamente en un contexto y tiempo determinados para legitimar o cuestionar lo imaginado y dar lugar a nuevos discursos instituyentes que cambian la cosmovisión establecida.
En tal sentido, haciendo un paréntesis en la diversidad de representaciones sociales para analizar el escenario sociopolítico hondureño, se ha seleccionado una serie de imágenes y discursos generados en tres picos fundamentales de la reciente vida política. Estos son: las elecciones generales que hacen ganadora a la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro; la crisis en la constitución de la directiva del Congreso Nacional de la República y, el inicio del proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Son tres momentos destacables cuyas intenciones se observan en las representaciones sociales que analizaremos. Teniendo en cuenta que las imágenes mantienen una compleja interrelación entre visualidad, sistemas, instituciones, cuerpos, formas y discursos[2], el objetivo de este artículo es analizar e interpretar los discursos hablados, escritos o en imágenes, que resaltan en los tres picos antes citados, ya que provocan efectos de poder; es decir, desencadenan prácticas, inducen comportamientos, provocan acciones, legitiman actitudes y consolidan instituciones, etcétera[3].
1. Las elecciones generales que hacen ganadora a la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro
El poder de esta imagen —donde se observa claramente el abrazo de la ganadora de las elecciones presidenciales de 2021, Xiomara Castro, con su mayor contrincante, Nasry Asfura—, dadas las condiciones históricas en que acontece, es abarcador de una realidad que trasciende la imagen captada. Representa la victoria que rompe con la dictadura de Juan Orlando Hernández Alvarado, el bipartidismo, la hegemonía patriarcal del poder, la división social producto del golpe de Estado de 2009 y, en este caso, con la práctica de menospreciar al perdedor.
La intencionalidad del conjunto en el encuadre es clara y evoca la reconciliación, en coherencia con el discurso que ella pronunció tras declararse ganadora, después de conocer los resultados preliminares ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral el 29 de noviembre de 2021. A su vez, esta imagen se vincula con el discurso que pronunció en el marco de su investidura presidencial, cuando habló de “refundación”, “rendición de cuentas”, “fin de los escuadrones de la muerte”, “respeto a los derechos humanos”, “mártires”, “condena al golpe de Estado”, “Ley de Amnistía para los presos políticos y de conciencia”, y el “regreso de las personas exiliadas”[1].
En la identidad y convivencia de hondureños y hondureñas existe una serie de contradicciones en los atributos interiorizados socialmente. Por un lado, la alta estima en que se tienen las relaciones interpersonales y, por el otro, las relaciones de convivencia mediadas por la desconfianza y las discriminaciones[2]. De alguna manera, la acción de la imagen fotográfica representa un lleno en el vacío del tejido social, en cuanto a la confianza y solidaridad que es necesario fortificar.
La religión cristiana que promulga la mayoría de la sociedad hondureña forja el valor del perdón. En este acto representado observamos a Castro Sarmiento quien, pese a las circunstancias que la llevaron a ser víctima en 2009, encarna esa cualidad-valor de misericordia frente a la investidura simbólica del partido político conspirador del golpe de Estado, que representa Asfura.
Por otro lado, y en el plano civil, en las prácticas de “la alta diplomacia” este acto significa una estrategia política que le otorga atributos de civilidad y confiere mayor credibilidad a su ascenso. En definitiva, los efectos de verdad radical de esta acción cumplen con cierto ideal social civil y religioso, permitiendo que el elemento utopía compartida suceda al “reunir” a la sociedad hondureña, dividida durante doce largos años después del golpe de Estado.
Sin embargo, la reconciliación nacional que necesita Honduras no cabe en una imagen, ya que el país viene acumulando una deuda histórica de impunidad derivada de, al menos, tres eventos políticos trágicos para el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos: la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en los años de 1980, el golpe de Estado de 2009 y la crisis poselectoral de 2017.
En relación con el primero, las graves violaciones a derechos humanos fueron documentadas en el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) titulado Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993, el cual constituye “memoria viva de un pasado reciente que, por su importancia para avanzar hacia una sociedad democrática, fundamentada en el respeto de los derechos humanos, no puede relegarse al olvido”[3].
Con respecto al segundo, tales violaciones fueron documentadas en el informe Para que los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), las cuales fueron consideradas crímenes de lesa humanidad[4]. Y, en relación con el tercero, las vulneraciones fueron documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) en el informe Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras[5].
Estos tres eventos tienen en común tres aspectos: primero, los responsables de los graves abusos a derechos humanos —policías y militares— son los mismos; segundo, hasta la fecha el sistema de justicia no ha avanzado en una investigación seria y efectiva que permita conocer la verdad de lo sucedido y la sanción de todas las personas responsables; y, tercero, la impunidad que les ha amparado les ha permitido ostentar cargos importantes dentro de las estructuras del Estado o disfrutar plácidamente de cuantiosas pensiones con dinero público.
Por tanto, si el gobierno de Xiomara Castro Sarmiento tiene voluntad política para refundar el país y avanzar hacia un proceso de reconciliación que habita su discurso, debe reconocer tres cosas: en primer lugar, que en Honduras no ha habido una verdadera transición democrática y que, detrás de leyes e instituciones “nuevas”, se mantienen vivas y con poder las estructuras fácticas y culturales de las dictaduras militares y regímenes autoritarios.
En segundo lugar, que las víctimas y sus familiares tienen el derecho de saber a manos de quién, cómo y por qué sufrieron ellas o sus seres queridos las graves violaciones a sus derechos y dignidad; y, en tercer lugar, el hecho de que las personas represoras queden sin castigo y que, incluso, sigan ocupando altos cargos o beneficiándose de los recursos del Estado, compromete la legitimidad democrática.
En definitiva, para que el discurso analizado en relación con la reconciliación nacional tenga una verdadera concreción democrática, se requiere un serio proceso de justicia transicional que, por un lado, promueva la investigación y judicialización de las personas responsables de los graves abusos a los derechos humanos para que rindan cuentas de sus actos y sean sancionadas (justicia retributiva) y, por el otro, permita que las familias y las víctimas obtengan una reparación integral (justicia restaurativa). En este sentido, un primer paso debe ser la constitución de una Comisión de la Verdad que analice y actualice los informes del CONADEH (años 80), de la CVR (golpe de Estado) y de la OACNUDH (crisis poselectoral), con el fin de retomar y enriquecer las recomendaciones que permitan abordar la verdad acerca de lo ocurrido, mediante el examen de las causas, las consecuencias y la naturaleza de las violaciones graves a los derechos humanos; promover la creación de tribunales de derechos humanos para contribuir a la lucha contra la impunidad; y reformar las estructuras normativas e institucionales del Estado que facilitaron o promovieron las violaciones a derechos humanos[6].
2. La manifestación de la crisis permanente en la constitución de la junta directiva del Congreso Nacional
Lo sucedido en el Congreso Nacional, en el marco de la constitución de dos juntas directivas, no debe comprenderse como una crisis en sí misma, sino como una manifestación más de la crisis que viene arrastrando el país desde el golpe de Estado de 2009 y que, al no haber sido resuelta, nos ha mantenido desde entonces en una situación de anormalidad democrática y de inconstitucionalidad permanente. Por tanto, su resolución trasciende lo jurídico y se ubica en la vía del diálogo democrático y la reconciliación nacional.
Teniendo en cuenta que el Congreso Nacional es el reflejo de lo diversa que es la sociedad en términos políticos e ideológicos, resulta imperativo construir un marco sólido de consensos permanentes para desandar el camino antidemocrático a través del cual, el régimen de Juan Orlando Hernández Alvarado convirtió a Honduras en un país en estado de advertencia de convertirse en un Estado fallido y en una “autocracia electoral”[1]. Por ello, en esta imagen, el acto de “dialogar” de la presidenta Xiomara Castro con Jorge Cálix, diputado disidente del partido Libre, concatena la intencionalidad de la fotografía anterior con Nasry Asfura. La producción discursiva, nuevamente, es la reconciliación.
A la luz de lo anterior podemos destacar dos cuestiones: en primer lugar, la figura de la presidenta Castro salió reforzada en un doble sentido, ya que, por un lado, envió un mensaje de fuerza y de determinación al expulsar a las diputadas y diputados de su partido que se aliaron con los de los partidos Nacional y Liberal para constituir una junta directiva paralela a la que se había plasmado en el documento que selló la alianza entre los partidos Salvador de Honduras y Libre; y, por otro lado, envió un mensaje de conciliación, diálogo y resolución democrática de los conflictos, con la apertura para el regreso de los disidentes representados en el diputado Jorge Cálix.
Y, en segundo lugar, que el diálogo y los consensos a lo interno del Congreso Nacional, más la permanente presión y veeduría social nacional e internacional, puede hacer posible que se desmonte el blindaje que impide la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, tal y como sucedió con la derogación unánime de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, que no ha sido otra cosa más que una verdadera “Ley Anti Transparencia y Pro Corrupción”, incompatible con el marco jurídico constitucional e internacional en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y derechos humanos[2].
Finalmente, es preciso destacar una lección importante de esta manifestación de la crisis en el Congreso Nacional: los 128 diputados y diputadas gozan de una indiscutible legitimidad democrática de origen, ya que su mandato proviene de la manifestación del principio de soberanía popular que se expresa en la voluntad de las mayorías, a través de elecciones libres y auténticas. No obstante, este mandato no es un cheque en blanco que el soberano ha otorgado en las urnas para ejercerlo como les dé la gana o contra los intereses de sus votantes en particular y de la sociedad en general[3].
Por tanto, dicha legitimidad no es suficiente ni puede ser invocada por las y los congresistas para ejercer el poder y su autoridad de forma arbitraria, sino que se requiere una legitimidad de ejercicio en el sentido de que sus actos se apoyen en la expresión de la ciudadanía, no atenten contra la dignidad y los derechos humanos ni sean contrarios a los demás valores superiores consagrados en la Constitución y a las condiciones necesarias para garantizar la validez de los actos jurídicos[4]. Esta manifestación de la crisis en el Congreso Nacional también es una expresión de la ruptura entre representantes y representados que, en este momento político inédito, requiere de una reconciliación que implique dos cuestiones: primero, el reconocimiento de los representantes de que el uso y abuso del poder no es democrático, aunque provenga de las urnas; y, segundo, el reconocimiento de los representados de que, cuando no ejercemos contraloría social, los representantes pueden vulnerar nuestros derechos utilizando, precisamente, sus facultades para crear leyes y adoptar medidas lesivas.
3. El inicio del proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado
Butler plantea que “no todos los tipos de parodia son subversivos, porque en algunos casos nos encontramos con repeticiones que pueden domesticarse y sirven como instrumentos de hegemonía cultural”[1]. En esta lógica, aunque es obvio que no revivirán las víctimas de los hechos ilícitos cometidos por Juan Orlando Hernández, hay dos figuras, una cultural y otra jurídica, que constituyen actos de justicia frente a tales crímenes.
En primer lugar, la figura cultural del meme, en este caso esquemática, donde aparecen tres personajes haciendo alusión al amor, representa a un “tú y yo” cualquiera, en el contexto donde Juan Orlando Hernández es reconocido como un criminal, mostrando el ferviente deseo de una gran parte de la población hondureña de sacarlo del campo y juzgarlo por sus actos: “Fuera JOH”.
Este meme alude al hambre de justicia que demanda una sociedad marcada por la impunidad y que, durante más de una década, vivió sometida a un régimen autoritario que tuvo bajo su control absoluto todo el sistema de justicia y seguridad. De esta manera, la imagen sintetiza gráficamente, como si fuese la magia simpática de la prehistoria, el efecto del deseo colectivo, acto del habla, lo performativo.
Y, en segundo lugar, la figura jurídica de la extradición, que tiene una naturaleza internacional y representa la cooperación judicial que se brindan los Estados para proteger sus bienes jurídicos frente a los actos ilícitos transnacionales. En este orden de ideas, la extradición está orientada a que la pena del delito se aplique en el territorio del país donde se quebrantó el orden jurídico, y donde se han recabado las pruebas suficientes para la investigación y judicialización.
El fin último de la extradición es evitar la impunidad de crímenes que, como el narcotráfico, trascienden el territorio de un solo Estado. No obstante, es fundamental resaltar que, en el caso de Juan Orlando Hernández Alvarado, la aplicación de esta figura jurídica no representa tanto su carácter internacional y cooperativo interestatal, sino el fracaso del sistema de justicia y seguridad hondureño y, en alguna medida, la del sistema electoral, que sigue permitiendo que los enemigos de la democracia accedan al poder público; es decir los golpistas, los violadores de los derechos humanos y de la Constitución, los lavadores de activos y los narcotraficantes[2].
A la vez, uno de los enormes desafíos que tenemos como sociedad y gobierno es construir un marco jurídico e institucional sólido, que garantice que las altas magistraturas del Estado estén integradas por las personas profesionales más capaces e idóneas, lo cual requiere de procesos de selección transparentes, públicos, basados en los méritos de quienes postulan y con la participación efectiva de los sectores democráticos de la sociedad civil[3].
Conclusión
Lo reiterativo en el discurso analizado en el marco de estos tres picos políticos de la realidad nacional, es la reconciliación en un contexto de rupturas. El cómo se estructura la instalación de esta acción radical[4] y cómo logrará permanecer, da lugar a nuevos análisis prospectivos que, desde nuestra perspectiva, requiere involucrar mecanismos sociales que permitan a la sociedad asumir su responsabilidad en la transformación y construcción de la realidad.
Sin embargo, nos permitimos señalar que se debe tener presente dos cuestiones fundamentales en relación con lo jurídico y la cultura democrática: primero, sin justicia por los crímenes del pasado y del presente no se podrán disolver los enclaves autoritarios que controlan al Estado y a la sociedad, y alimentan la impunidad y los valores y prácticas antidemocráticas e insolidarias.
Y, segundo, la impunidad que impera en Honduras requiere urgentemente apuntar directamente hacia la responsabilidad de los superiores civiles y jefes militares, la cual se extiende a los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando, autoridad y control efectivo[5], con la anuencia de quienes han ocupado las altas magistraturas del Estado.
Pero ello demanda el buen funcionamiento del sistema de justicia como elemento esencial para la existencia misma de la democracia, en la que exista una relación de pesos y contrapesos entre poderes, se respete el Estado de derecho y la legalidad constitucional, se promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos, y se repare a las víctimas. En otras palabras, nos encontramos ante una oportunidad inédita para que las fuerzas democráticas, sociales y gubernamentales, apostemos por un verdadero proceso de justicia transicional, que conlleve una reforma institucional y cultural profunda e integral, con el fin de abordar las causas que han originado la crisis de impunidad que arrastramos desde los años 80 y, así, evitar que se repita.
[1]BUTLER, Judith. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós, Barcelona, 1990, p. 285.
[2] Al respecto consúltese, MEJÍA RIVERA, Joaquín A. “El reciente proceso electoral y el derecho a la democracia en Honduras”. En Revista Envío-Honduras. Año 19, N° 68, ERIC-SJ. Tegucigalpa, diciembre 2021, pp. 17-19.
[3] Fundación para el Debido Proceso. Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada en los méritos. DPLF, Washington, D.C., septiembre de 2016; Lineamientos para la Selección de Altas Autoridades del Sistema de Procuración de Justicia: Fiscal o Procurador(a) General. DPLF, Washington, D.C., enero de 2017; Elementos para un Perfil de Defensor/a o Procurador/a de los Derechos Humanos. Washington, D. C., 21 de agosto de 2019.
[4] Aquí entendemos como actos radicales aquellos que empujan o sustituyen los convencionalismos. Así ha sucedido con muchos movimientos sociales que, aunque no se instalaron como se esperaba, trastocando ampliamente las estructuras sociales, crearon nuevos discursos, prácticas, conocimientos y estructuras en la sociedad.
[5] Al respecto consúltese, MEJÍA RIVERA, Joaquín A. y MENJÍVAR ROSALES, Omar. “La responsabilidad penal de los altos mandos frente a las violaciones a derechos humanos”. En Revista Envío-Honduras, Año 16, N° 55, ERIC-SJ. Tegucigalpa, mayo 2018, pp. 10-18.
[1] The Fund for Peace. Fragile States Index. Annual Report 2020. The Fund for Peace. Washington, D.C. 2020; y Congressional Research Service. Honduras: Background and U.S. Relations. CRS Report Prepared for Members and Commitees of Congress, 27 de abril de 2020.
[2] Alianza por la Paz y la Justicia. APJ considera un retroceso la aprobación de la Ley de Secretos y un irrespeto la negación de información sobre la Tasa de Seguridad. Pronunciamiento público. Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán. 17 de marzo de 2014, punto 4.
[3]JURADO VARGAS, Romel. “La promesa de la democracia participativa a la luz del modelo institucional de Ecuador”. En MEJÍA RIVERA, Joaquín A. y HERRMANNSDOFER, Claudia (Coords.). Temas básicos sobre derechos humanos y Constitución. EJDH/ERIC-SJ/Asociación Educativa Clementina Suárez/Red Lésbica Cattrachas/Movimiento GO. Tegucigalpa, 2021, pp. 144-145.
[4]Al respecto consúltese, PRIETO SANCHÍS, Luis. Apuntes de teoría del Derecho. Editorial Trotta, Madrid, 2005, pp. 73-104.
[1] Discurso de investidura de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. 27 de enero de 2022. Accesible en: https://surcosdigital.com/honduras-discurso-de-toma-de-posesion-de-xiomara-castro/
[2] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2003. PNUD, San José, Costa Rica, 2003. Capítulo 4. Las paradojas del imaginario hondureño.
[3] Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993. Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2ª ed. mayo de 2002, p. 10.
[4] Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para que los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Capítulo III. Aspectos relevantes sobre los hechos principales. Honduras 2011, pp. 280, 368 y 539.
[5] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras. Tegucigalpa. 2018.
[6] Al respecto consúltese, OACNUDH. Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales. Publicación de las Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2014; JURADO VARGAS, Romel. “La Comisión de la Verdad en Honduras: Apuesta por la justicia o consagración de la impunidad” y NUÑO, Alejandra y AGUILUZ, Marcia. “Reflexiones en torno a la implementación de la Comisión de la Verdad en Honduras”. Ambos textos están incluidos en: MEJÍA RIVERA, Joaquín A. y FERNÁNDEZ, Víctor (Coords.). El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de los derechos humanos. Editorial San Ignacio/MADJ. Tegucigalpa, 2010, pp. 222-247 y 248-272, respectivamente.
[1]BREA, José Luis (Ed). Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Editorial Akal, Madrid, 2005, p. 65.
[2] Ibíd., p. 64.
[3] BARTOLOMÉ RUÍZ, Castor M. M. El Movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Propiedad o alteridad, dilema de los derechos humanos. Universidad de Deusto, Bilbao, 2006, pp. 33-34, 61 y 68.