Rafael Jerez Moreno*
Aquí se analizan procesos de selección de altos funcionarios en los últimos períodos legislativos, para concluir en que, la repartición de cargos entre partidos políticos, ya es parte de la tradición en el Congreso Nacional. Con la aparición de Libre como fuerza política se amplió la mesa de negociación y, por tanto, la configuración tripartita de instituciones clave para el funcionamiento de la democracia. Queda por ver el papel que jugará el PSH.
Introducción
El proceso de selección de las y los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del período 2023-2030 se ha posicionado como el tema más relevante después de que se produjo una reconfiguración de fuerzas en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por su papel como máximo órgano jurisdiccional en el Poder Judicial y en garantizar el control de constitucionalidad y de convencionalidad de las leyes, no hay duda de que la integración de la CSJ es clave en la aspiración colectiva hacia un sistema democrático.
La relevancia del proceso ha conducido a la presentación de diferentes proyectos de ley tendientes a reformar la Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la CSJ, que se deriva de las bases procedimentales que la Constitución de la República establece para regular el proceso de selección.
Las propuestas y una eventual reforma adoptada por el Congreso Nacional son importantes, sin duda; no obstante, este artículo contiene un primer análisis alusivo a este proceso, girando la vista a los precedentes de los procesos de selección de altos funcionarios realizados en los últimos dos períodos legislativos 2014-2018 y 2018-2022, finalizando con los primeros nombramientos efectuados en el presente período de 2022-2026. Se enfatizará en las dinámicas que se producen entre los partidos políticos para efectuar tales nombramientos.
La ley es una consecuencia de los consensos que alcanzan los partidos políticos; por ello, este artículo busca visibilizar la forma en que tradicionalmente se han dado esos consensos, y luego, en una segunda publicación, analizar el marco legal y sus consecuencias en el proceso de selección de la nueva CSJ.
Los procesos de selección durante los períodos 2014-2018 y 2018-2022
En esta sección se presenta un recuento de procesos de selección realizados en dos períodos legislativos entre 2014 y 2022; esto nos permitirá constatar que, si bien hubo una transición de poder que tiene al Partido Libertad y Refundación (Libre) y al Partido Salvador de Honduras (PSH) controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo, los primeros nombramientos efectuados en el período 2022-2026 son una continuidad de la forma de tomar decisiones entre fuerzas partidarias con poder de decisión en el Congreso Nacional, y marca la pauta de lo que puede llegar a ser la integración de la CSJ.
Una descripción clara del control que ejercen las fuerzas políticas sobre el proceso de selección de la CSJ fue emitida por el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados en su visita a Honduras, al afirmar que
los procedimientos actuales no ofrecen garantías suficientes para eliminar la injerencia de los partidos políticos en la elección de los magistrados de la Corte Suprema (…), debido a la ausencia de criterios de selección claros y apropiados y de procedimientos para la evaluación de candidatos, junto con la falta de transparencia y escrutinio público, se siguen perpetrando actos de clientelismo y favores políticos en ese sistema, como lo demuestran los últimos procesos de selección para la elección de magistrados de la Corte Suprema en 2016[1].
En esa misma clasificación, el relator incluyó la selección del actual Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público (MP) en 2018, que también fue cuestionada por organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés)[2].
En ambos procesos se conservó una distribución del Partido Nacional y el Partido Liberal en los cargos a elegir en la CSJ y el MP[3]. La única diferencia fue que, en el caso de la CSJ en 2016, se produjo con la configuración de partidos políticos en el Congreso Nacional para el período 2014-2018, y la de las autoridades del MP con la del periodo 2018-2022. En ambos, el Partido Nacional controló el Poder Legislativo con el respaldo del Partido Liberal y otros partidos políticos minoritarios o disidentes de Libre y el Partido Anticorrupción (PAC), previamente liderado por Salvador Nasralla.
Estos procesos incidieron en el devenir regresivo de la justicia hondureña hasta 2023, año en el que se efectuarán los procesos de selección para renovar las autoridades de la CSJ y el MP. El primer proceso de selección en que el partido Libre entró en las negociaciones —y que sirvió de preámbulo para lo que se convertiría en un acuerdo entre las tres fuerzas políticas mayoritarias—, fue la selección del pleno de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en noviembre de 2016.
Cada partido político mayoritario nombró su representante ante dicha institución, integrando el pleno de tres magistrados propietarios con el voto favorable de 97 diputados[4]. Los artículos 223 y 224 de la Constitución de la República detallan los requisitos para ser magistrado del TSC y designa al Congreso Nacional como el órgano competente para elegirlos con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros.
Los requisitos y el procedimiento para integrar el pleno de magistrados del TSC no incluyen una modalidad de Junta Nominadora o Junta Proponente, como sí ocurre con la CSJ o el MP. Ello implica que el procedimiento es dirigido exclusivamente por el Congreso Nacional. En 2016, una Comisión Multipartidaria evaluó los expedientes de los postulantes y celebró audiencias públicas para proceder a la selección de los magistrados del Tribunal[5]. Diversas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron respecto de este proceso, denunciando que el Congreso Nacional no permitió la veeduría ciudadana[6]. En su momento, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) también manifestó el riesgo que ya existía de controles políticos sobre el TSC, que afectarían su funcionalidad en las tareas de control[7].
Se produce un contraste importante entre la reelección de Oscar Chinchilla como fiscal general en 2018, con los votos de diputados de los partidos Nacional, Liberal, Demócrata Cristiano y Alianza Patriótica, y la selección de los magistrados del TSC dos años antes y en un período legislativo distinto, con la participación de las fuerzas políticas mayoritarias, incluido el partido Libre. La configuración del Congreso y de las instituciones a integrar permitió al Partido Nacional manejar las negociaciones con la participación del Partido Liberal cuando las circunstancias lo permitieron.
La repartición de cargos con la representación de los tres partidos mayoritarios se produjo nuevamente con la integración de los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos en mayo de 2017[8]. La ley que regula el ámbito del financiamiento de campañas políticas en el país fija los requisitos de elegibilidad e inelegibilidad para integrar la Unidad en su artículo 7, pero no establece un procedimiento previo para conformar la nómina; todas las etapas están en poder del Congreso Nacional.
Durante el período legislativo 2018-2022, y en la misma sesión en que se reeligió a Oscar Chinchilla en el MP, también se produjo la selección de Lidia Estela Cardona en la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR). La Ley Orgánica de la Procuraduría replica las disposiciones del Congreso Nacional en cuanto al nombramiento de quienes ejercen los cargos de Procurador y Subprocurador General de la República, delegando la competencia en el Congreso Nacional; establece requisitos de elegibilidad, pero sin puntualizar en un procedimiento previo a la selección a cargo del pleno de diputados del Congreso.
Estela Cardona integró la nómina que fue sometida a consideración del Congreso Nacional para la selección del nuevo Fiscal General de la República, pero, como ya se dijo, Oscar Chinchilla fue reelecto. Otro dato relevante es que Cardona formó parte de la Sala de lo Constitucional de la CSJ al haber sido nombrada por el Congreso Nacional en sustitución de Chinchilla, cuando este asumió el cargo de fiscal general en 2014. Según el entonces secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, Cardona fue elegida en reemplazo de Chinchilla porque ella también integró la nómina de candidatos a magistrados que fue sometida a consideración del pleno de diputados en 2009[9].
El intercambio de cargos en los casos de Oscar Chinchilla, incluyendo su reelección en el MP, y de Estela Cardona en el Poder Judicial y la PGR, demuestran los vacíos que aún existen respecto del concepto del principio de idoneidad que está planteado en la Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la elección de candidatos a magistrados de la CSJ y que también está presente en los debates públicos cada vez que se avecinan procesos de selección de otros altos funcionarios.
El parteaguas que supuso el nombramiento de las autoridades electorales
Después de la crisis político-electoral que surgió de las elecciones generales de 2017 y el papel que jugó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, una de las prioridades de Libre fue integrar representantes de su partido en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), los nuevos organismos electorales creados en enero de 2019 por medio de una reforma constitucional.
Desde mayo hasta agosto de 2019, Libre recurrió a protestas en el Congreso Nacional para forzar al Partido Nacional, particularmente al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, a negociar la integración del CNE y el TJE[10]. Oliva nombró una comisión multipartidaria para dictaminar la legislación que contendría las reglas del proceso de selección de los miembros de los organismos electorales, y el 15 de agosto el Congreso aprobó la Ley Especial para la Selección y el Nombramiento de Autoridades Electorales, Atribuciones, Competencias y Prohibiciones[11].
Esta normativa contiene los requisitos para integrar el CNE y el TJE, las competencias institucionales, y en la parte final creó la Comisión Legislativa encargada de conducir el procedimiento de recepción de postulaciones y presentación de una nómina final de candidatos al pleno del Congreso. Una vez que esta Comisión recibió la documentación que acreditó las postulaciones de las y los candidatos, la ley indicó que se debía proceder al análisis curricular de los participantes y efectuar una selección de candidaturas para avanzar a una etapa de audiencias públicas. Finalmente, la Comisión sometería una nómina de candidatos a la Junta Directiva del Congreso, y esta presentaría la nómina para someterla a votación en el pleno.
Si bien el procedimiento para elegir autoridades en materia electoral recae en el Congreso Nacional, esta normativa vendría a establecer filtros y a someter a los postulantes al escrutinio ciudadano por medio de las audiencias públicas. Sin embargo, en términos pragmáticos, el procedimiento fue una cortina para generar una imagen de competitividad y de participación ciudadana en el proceso.
Días antes de que se sometiera una nómina final al pleno del Congreso, después de las audiencias públicas, la diputada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, anunció que los profesionales del derecho, Rixi Moncada, Kelvin Aguirre y Ana Paola Hall, serían seleccionados como las autoridades del CNE, en representación de los partidos Libre, Nacional y Liberal, respectivamente[12]. Y tal como lo advirtió la diputada Gutiérrez, el 10 de septiembre de 2019 se hizo efectivo el nombramiento de los tres postulantes mencionados en el CNE[13].
La relevancia de estos nombramientos no solo recae en la repartición de cargos en los tres partidos mayoritarios, sino en los efectos que tuvo sobre el sistema democrático. Según el Informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE), la composición del CNE y del TJE
… permitió el control y el equilibrio entre los principales contendientes políticos y abordó parcialmente las críticas anteriores sobre la falta de representación de los partidos emergentes en las instituciones electorales, en el caso del CNE, resultó en una alta politización, en detrimento de su independencia institucional, colegialidad y funcionamiento eficiente[14].
Por otro lado, la MOE de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó que los consejeros propietarios del CNE superaron las diferencias partidarias para llevar adelante el proceso electoral, enfatizando en que “siempre deben priorizar los intereses de la ciudadanía y los objetivos de la institución por sobre los de las organizaciones políticas”[15]. Esta conclusión se produjo después de que, en las elecciones generales de 2017, la MOE de la OEA manifestó que
… recibió quejas de diferentes fuerzas políticas que cuestionaron la independencia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y señalaron su composición partidista que la Misión constató. (…). La Misión considera que los miembros de la autoridad electoral deben ser seleccionados de forma tal que respondan por la institución que encabezan más allá de cualquier filiación partidista[16].
Las observaciones de ambas MOE no son excluyentes, y reflejan las fluctuaciones que atravesó el CNE durante el proceso electoral; lo importante para el propósito de este análisis, es el reconocimiento de que los partidos políticos siguen teniendo injerencia en la toma de decisiones en las instituciones.
La elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional
Las dudas sobre la proclividad de Juan Orlando Hernández a no dejar el poder político, se fueron disipando por hechos como la aceptación de su derrota por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, el 30 de noviembre de 2021; el reconocimiento de los resultados del mismo expresidente Hernández, el 1 de diciembre de 2021, por medio de una cadena de radio y televisión; la entrega de la credencial, por el CNE, a Xiomara Castro el 30 de diciembre de 2021, que la acreditó como presidenta constitucional de la República para el período 2022-2026; y, el reconocimiento de los resultados electorales por organismos internacionales y gobiernos extranjeros. En términos políticos, el escepticismo se centró en la elección de la Junta Directiva (JD) del Congreso Nacional.
La Constitución manda que entre el 21 y el 23 de enero, previo al traspaso de mando presidencial, el Congreso Nacional deberá sesionar para instalar la JD Provisional y la JD en propiedad. Para todos fue conocido el conflicto en el partido Libre, que desembocó en la juramentación de dos juntas directivas en el Congreso Nacional: una presidida por Jorge Cálix y otra por Luis Redondo.
Lo ocurrido amerita un análisis aparte; sin embargo, el episodio es útil para visibilizar la reproducción de las costumbres partidarias en procesos de esta naturaleza. La forma en que se debió elegir la JD se debía ajustar al Capítulo III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. A diferencia de la selección de altos funcionarios como los magistrados de la CSJ y las autoridades del MP, para elegir la JD del poder Legislativo se requiere de una mayoría simple (65 votos). El artículo 68 de la Ley Orgánica establece que las votaciones pueden llevarse a cabo por medios electrónicos o levantando la mano. También pueden ser nominales si el pleno de diputados así lo determina.
En los dos últimos procesos para elegir a los miembros de la JD, la prontitud con la que se ha querido juramentar a los candidatos respaldados por la Presidencia de la República ha impedido el desarrollo de una sesión para elegir una JD con un debate de por medio, o incluso con la comprobación detallada de los votos emitidos por los diputados.
Por ejemplo, en la instalación de la JD del período 2014-2018, en la que el diputado Mauricio Oliva fue electo presidente del Congreso Nacional, diario La Prensa publicó una nota en la que describió que “la rapidez con que se desarrolló la sesión impidió que las bancadas de Libre y PAC pudiesen presentar su propuesta a los cargos directivos”[17]. En la instalación de la JD para el período 2018-2022 se siguió una mecánica similar y Oliva fue seleccionado nuevamente como titular del poder Legislativo; la Agencia EFE informó que “la JD provisional fue electa en una sesión que duró menos de diez minutos”[18].
Lo ocurrido el 21 de enero de 2022 en la instalación de la JD provisional, en la sesión dirigida por el secretario de Estado en el despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización, fue una reproducción de la práctica de sustanciar sesiones rápidamente, sin permitir la presentación de otras mociones y sin una verificación real de los votos emitidos por los diputados para asegurar la elección de una JD en particular.
Otro punto importante del episodio de crisis en torno de la presidencia del Congreso Nacional, es que su resolución no se derivó de un acuerdo entre las fuerzas políticas que lo integran, sino de un acuerdo suscrito entre Manuel Zelaya Rosales, en su calidad de coordinador del partido Libre, y Jorge Cálix, diputado de ese mismo partido y titular de una de las JD juramentadas[19].
¿Alternancia en el poder, pero persistencia de la repartición de cargos?
Cuando todavía estaba pendiente la resolución del conflicto en el Congreso Nacional, la JD presidida por Luis Redondo efectuó el nombramiento de Manuel Díaz Galeas como Procurador General de la República, y de Tomás Andrade como subprocurador.
El nombramiento de estos funcionarios fue opacado por la crisis que persistía sobre la JD del Congreso, y también por el incumplimiento de los requisitos que la Constitución exige para el nombramiento de ambos cargos. El artículo 229 constitucional establece que las personas que aspiren a la titularidad de la Procuraduría General de la República deberán reunir las mismas condiciones que las exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, detalladas en el artículo 209.
El artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República desglosa requisitos como ser hondureño por nacimiento, mayor de veinticinco años, ciudadano en el ejercicio de sus derechos, de reconocida honradez y competencia y poseer el título de abogado. Al complementar estos requisitos con los que el artículo 309 constitucional establece para ser magistrado de la CSJ, se añadirían el título de notario y la acumulación de experiencia como titular de un órgano jurisdiccional de por lo menos 5 años, o de 10 años en el ejercicio de la profesión.
En un primer momento, podrían encontrarse discordancias entre los requisitos, pero es ahí donde entra en juego el valor de los procesos de selección en los que existe una evaluación rigurosa de las competencias académicas y profesionales de los postulantes.
Respecto del proceso de selección de las autoridades de la PGR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó un tuit en el que llamó al respeto del procedimiento establecido en la Constitución y la ley para la elección de los altos funcionarios[20]. Sin mencionar que la selección de ambos funcionarios y la toma de posesión de sus cargos se produjeron antes de la fecha en que Lidia Estela Cardona y Marcia Núñez Ennabe finalizarían su período como procuradora y subprocuradora general de la República.
En marzo de 2022, una vez resuelto el conflicto relativo a la JD del Congreso Nacional, este poder del Estado nombró a los integrantes de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC). La diputada de Libre, Silvia Ayala, manifestó que se efectuó una revisión de la hoja de vida de los nominados y, finalmente, el Congreso seleccionó a Suyen Muñoz, excandidata a diputada por el PSH; Erick Rodríguez, exdiputado por el Partido Liberal y exmagistrado del TSE; y Analina Montes, exgerente del Congreso Nacional durante la administración de Mauricio Oliva[21]. Esta selección coincidió con el nombramiento de Julio Navarro y Ernesto Paz Aguilar como consejero del CNE y magistrado del TJE, respectivamente, en sustitución de Rixi Moncada y Enrique Reina, que pasaron a formar parte del Poder Ejecutivo[22].
Los nombramientos en el CNE, TJE y CDPC dan cuenta de que los acuerdos entre los partidos políticos, aun y con la reconfiguración en los poderes Ejecutivo y Legislativo, que sitúa al partido Libre en el oficialismo y al Partido Nacional en la oposición, no suponen un relegamiento en la mesa de negociación para este último, que no solo perdió las elecciones generales, sino que también asumió un costo por la extradición a los Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández. Ocurrió lo mismo que cuando Libre entró en la dinámica con los partidos Nacional y Liberal, y se amplió la mesa de negociaciones con la inclusión del PSH.
En un artículo publicado en el Journal of Democracy de la John Hopkins University Press, los autores Will Freeman y Lucas Perelló explican las claves del triunfo de la oposición política en las elecciones generales de 2021; una de ellas es la voluntad de participar en los procesos electorales, asumiendo los costos que conllevaba competir con el Partido Nacional en un escenario en el cual este controlaba las reglas del juego[23]. La participación política a la que estos autores se refieren también puede trasladarse a la participación en las negociaciones políticas y, sobre todo, a la voluntad del partido Libre de no dejar pasar las oportunidades de estar en esa mesa de negociación.
Mientras crece la narrativa y las expectativas para que la nueva CSJ no sea una repartición más de cuotas entre partidos políticos, estar o no en la mesa de negociación será una decisión que el PSH deberá evaluar y que supondrá un parteaguas en la relación de los dos partidos políticos, cuyos liderazgos alcanzaron la victoria en el nivel presidencial en noviembre de 2021. Recientemente, la vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada del PSH, Iroshka Elvir, expresó en su cuenta de Twitter que su partido participará en el proceso para evitar que se integre una “corte política” y se produzca una repartición de poder[24].
Conclusiones
Después de haber analizado diversos procesos de selección de altos funcionarios en los últimos períodos legislativos, queda claro que la repartición de cargos entre partidos políticos ya es parte de la forma en que tradicionalmente se han seleccionado altos funcionarios en el Congreso Nacional. Cuando el Partido Nacional controló el poder Legislativo, el Partido Liberal fungió como interlocutor permanente al momento de negociar; pero con la aparición de Libre como fuerza política se amplió la mesa de negociación y, por tanto, la configuración tripartita de instituciones clave para el funcionamiento de la democracia. Queda por ver el papel que jugará el PSH, si continuará integrándose a las negociaciones o las expectativas de una Corte despartidizada lo harán sostener una postura diferente.
El análisis continuará en el próximo número de Envío-Honduras, y se focalizará en los procesos de selección de la CSJ, la normativa vigente, las particularidades de las propuestas presentadas y las reformas que finalmente se adoptarán. Pero antes, era preciso contextualizar el proceso de selección de la Corte en el universo de procesos que contribuyeron a establecer una dinámica de interacción entre los partidos políticos y que, sin duda, condicionará la forma en que negociarán al momento de elegir a los 15 magistrados que integrarán el pleno de la CSJ para el período 2023-2030.
[1] Organización de las Naciones Unidas, 2020. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, p. 11.
[2] Ídem. Due Process of Law Foundation (2018). Se busca Fiscal General para Honduras: La crónica de una reelección no anunciada. Disponible en: https://www.dplf.org/sites/default/files/se_busca_fiscal_general_para_honduras_.pdf
[3] Urgente: habemus Corte. El pacto histórico entre nacionalistas y liberales sigue incólume. CESPAD (2016). Disponible en: https://cespad.org.hn/2016/02/12/urgente-habemus-corte-el-pacto-historico-entre-nacionalistas-y-liberales-sigue-incolume/.
[4] En acuerdo tripartito, eligen nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. CriterioHn. (2016). En: https://criterio.hn/acuerdo-tripartito-elijen-nuevos-magistrados-del-tribunal-superior-cuentas/
[5] Inician audiencias públicas para candidatos a magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. www.elheraldo.hn. (2016). Disponible en: https://www.elheraldo.hn/honduras/inician-audiencias-publicas-para-candidatos-a-magistrados-del-tribunal-superior-de-cuentas-FUEH1015550.
[6] Honduras: Sociedad Civil se pronuncia sobre elección de magistrados al TSC. www.elheraldo.hn. (2016). Disponible en: https://www.elheraldo.hn/honduras/honduras-sociedad-civil-se-pronuncia-sobre-eleccion-de-magistrados-al-tsc-KUEH1013768.
[7] La elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas: Elemento clave de la política de prevención y combate a la corrupción en Honduras. (2016) (pp. 10-15). En: http://www.oas.org/fpdb/press/reporte-3-maccih.pdf
[8] Bipartidismo y Libre se reparten Unidad de Política Limpia. Radio Progreso (2017). Disponible en: https://wp.radioprogresohn.net/bipartidismo-y-libre-se-reparten-unidad-de-politica-limpia/.
[9] Estela Cardona asume como magistrada de la CSJ. www.elheraldo.hn. (2014). Disponible en: https://www.elheraldo.hn/honduras/estela-cardona-asume-como-magistrada-de-la-csj-JOEH566258.
[10] Libre pone fin a insurrección legislativa. Criterio.hn. (2019). Disponible en: https://criterio.hn/libre-pone-fin-a-insurreccion-legislativa/.
[11] Al respecto, véase: https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-71-2019.pdf
[12] Doris Gutiérrez anticipa quiénes serán los nuevos funcionarios electorales. Oncenoticias.hn. (2019). Disponible en: https://www.oncenoticias.hn/doris-gutierrez-anticipa-quienes-seran-los-nuevos-funcionarios-electorales/.
[13] Romero, D. (2019). Congreso Nacional eligió a nuevos directivos del CNE, TJE, RNP e IAIP. www.elheraldo.hn. Disponible en: https://www.elheraldo.hn/honduras/congreso-nacional-eligio-a-nuevos-directivos-del-cne-tje-rnp-e-iaip-GXEH1317760.
[14] Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (2022). Elecciones generales 28 de noviembre de 2021 (p. 15). Disponible en: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/moe_ue_honduras_2021_informe_final_espanol.pdf
[15] Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (2021). Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras (p. 1). Disponible en: https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar-Honduras-2021.pdf
[16] Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (2018). Elecciones generales de Honduras informe final (pp. 23-24). Disponible en: http://scm.oas.org/pdfs/2017/CP38551SMOEH.pdf
[17] Mayoría elige directiva en propiedad del Congreso Nacional de Honduras. www.laprensa.hn. (2014). Disponible en: https://www.laprensa.hn/honduras/mayoria-elige-directiva-en-propiedad-del-congreso-nacional-de-honduras-CDLP443991.
[18] El oficialismo hondureño asume la dirección del Parlamento en medio de protestas. www.efe.com. (2018). Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/politica/el-oficialismo-hondureno-asume-la-direccion-del-parlamento-en-medio-de-protestas/20000035-3499184.
[19]Jorge Cálix tras firmar acuerdo: Sigo creyendo que Libre debería presidir el Congreso. www.elheraldo.hn. (2022). Disponible en: https://www.elheraldo.hn/honduras/jorge-calix-firma-acuerdo-manuel-zelaya-presidencia-libre-congreso-honduras-AAEH1511540.
[20] Por la elección del nuevo procurador general, OACNUDH muestra preocupación y pide se respete el proceso. Enter504. (2022). Disponible en: https://enter504.com/la-nueva-eleccion-del-nuevo-procurador-general-oacnudh-muestra-preocupacion-y-pide-se-respete-el-proceso/.
[21] Congreso Nacional nombra a los nuevos comisionados para la defensa y promoción de la competencia. Canal 8. (2022). En: https://tnh.gob.hn/nacional/congreso-nacional-nombra-a-los-nuevos-comisionados-para-la-defensa-y-promocion-de-la-competencia/.
[22]Congreso juramenta a Julio Navarro en el CNE y a Ernesto Aguilar en el TJE. Diario La Tribuna (2022). En: https://www.latribuna.hn/2022/03/24/congreso-ratifica-a-julio-navarro-en-el-cne-y-a-ernesto-aguilar-en-el-tje/.
[23] Freeman, W., & Perelló, L. (2022). The Long Game: The Opposition Wins in Honduras. Journal of Democracy,John Hopkins University Press, 33(2), 123-126. En: https://muse.jhu.edu/article/852749.
[24] Elvir, I. [@IroshkaElvir]. (11 de julio de 2022). En todo caso si vamos a meter las manos es para que no sea una repartición de poder y una corte política que es lo que más perjudicaría al país. [Tuit]. Twitter. https://twitter.com/IroshkaElvir/status/1546668193640505344?s=20&t=oc8hHXi4_Ms-6jXvtdLsDQ
* Abogado con una maestría en Derecho con concentración en América Latina y Derecho Internacional en la Universidad de Texas en Austin.