Masacre de San Fernando, Tamaulipas

Entre el 22 y 24 de agosto de 2010, el mundo entero recibió la noticia de esta masacre de al menos 72 personas migrantes procedentes de diversos países, aunque en su mayoría eran de nacionalidad hondureña. El hecho sangriento destapó la crueldad que ya para entonces ejercían las bandas criminales en contra de los extranjeros migrantes que por miles cruzan el territorio mexicano.

La matanza en la hacienda San Fernando, en Tamaulipas, a unos 180 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, no es un dato que cayó de la nada, no ocurrió como única acción sangrienta. Diez años después, sigue prevaleciendo la versión oficial mexicana de que aquella matanza tuvo que ver con la droga y las bandas del crimen organizado. Versión no solo insuficiente, sino hipócrita y burla por parte de un gobierno mexicano comprometido hasta el tuétano con la criminalidad organizada. Un compromiso que se ha venido fortaleciendo con el paso de los años.

Desde siempre, las autoridades mexicanas han estado comprometidas con el apoyo y complicidad con los grupos terroristas con prácticas de maltratos, abusos, violaciones y asesinatos a los extranjeros que transitan por ese territorio. Hace ya una década que los organismos de derechos humanos del país azteca daban cuenta de un promedio de mil 600 personas secuestradas mensualmente, abusos y hechos sangrientos con participación activa de funcionarios de diversos estamentos e instituciones del Estado mexicano, en plena complicidad y articulación con las bandas criminales.

La masacre de San Fernando fue la culminación de décadas de abusos y de impunidad por parte de las autoridades mexicanas hacia nuestra gente pobre centroamericana, la cual se esfuerza por cruzar el territorio mexicano para alcanzar la frontera con Estados Unidos. Los gringos esperan a los viajeros con leyes discriminatorias, pero en el camino los mexicanos los extorsionan, humillan y asesinan. La masacre en Tamaulipas no puede ser vista como un hecho aislado. Es el resultado extremo de una política migratoria violatoria de los derechos humanos, con liderazgo de las bandas criminales, pero con el visto bueno de funcionarios de diversos estamentos de la institucionalidad oficial mexicana.

El gobierno mexicano tiene una deuda enorme con los extranjeros que cruzan por su territorio, y especialmente es deudor del maltrato que ha sufrido y sigue sufriendo nuestra gente hondureña en ese tránsito lleno de abusos y amenazas. Los extranjeros en tránsito no son criminales, como no son criminales ni delincuentes los compatriotas que dentro de nuestro mismo territorio son maltratados por autoridades hondureñas, por el solo hecho de ser desempleados o protestan en contra de los abusos oficiales.

La deuda nuestra para con nuestros compatriotas solo se podrá honrar cuando alcancemos la capacidad para contar con gobiernos que impulsen políticas públicas incluyentes y garanticen, empleo, salud, educación y soberanía alimentaria. Entonces estaremos honrando a los masacrados en San Fernando y a toda nuestra gente que anónimamente ha sido asesinada y desaparecido por el solo hecho de buscar un lugar para vivir con la dignidad que en su país se le negó.