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Marvin Barahona

El 11 de marzo el gobierno de Honduras informó que se había detectado el primer caso de coronavirus en el país. Como era de esperar, el estado de emergencia ha sido el escenario propicio para evidenciar las vulnerabilidades y carencias de todo tipo, sobre todo del sistema nacional de salud. Y, como telón de fondo, la falta de rumbo de la nación hacia objetivos y metas que le permitan enfrentar con éxito lo que la pandemia revela como factores determinantes en las crisis crónicas del país.

Introducción

Desde mediados de febrero de 2020 se emitió una alerta sobre la inminente llegada de Covid-19 a Honduras. A inicios de la tercera semana de marzo se anunció el “estado de excepción”, con una “cuarentena” como medida preventiva para contener la expansión de la pandemia, que pronto pasó a ser un “toque de queda absoluto” a escala nacional, prorrogado en sucesivas ocasiones hasta el 26 de abril.

Así, el sistema sanitario público, sobrecargado y diezmado por los estragos causados por la epidemia del dengue que no ha podido controlar, ha tenido que prepararse sobre la marcha para hacer frente a una pandemia que lo encuentra agotado y escasamente pertrechado con el instrumental médico indispensable y el equipamiento que exigen las medidas de bioseguridad para proteger la vida del personal sanitario.

El gobierno —que ante todo señalamiento crítico se ha limitado a repetir el estribillo de que “ningún país estaba preparado para enfrentar el coronavirus”—, recurre a evasivas para ocultar la precariedad del sistema sanitario y el abandono en que se encuentran muchas de sus instalaciones. Durante años, la persistencia de estos problemas ha impedido el adecuado desempeño del sistema sanitario público, ampliar su cobertura y atender las demandas en salud a escala nacional.

Según los gremios de salud y coaliciones como la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, la satisfacción de las carencias que enfrenta la salud pública debe incluir un firme compromiso de las autoridades para garantizar que en el Presupuesto General de la República estas necesidades sean una prioridad, asignando los recursos que sus actividades y la demanda ciudadana requieren.

Sin embargo, la reconstrucción del sistema de salud pública —con un paradigma distinto del actual—, requerirá de un esclarecimiento previo del proceso que lo condujo al debilitamiento que muestra en la actualidad; una evaluación de la deficiente ejecución de los fondos que se le asignan y, en general, de la erosión de su institucionalidad debido a la corrupción denunciada en innumerables ocasiones en diferentes periodos gubernativos.

De la salida de la Maccih a la llegada del coronavirus

A inicios de este año, un amplio sector de la opinión nacional se estremeció con la decisión gubernamental de dejar sin valor ni efecto el Convenio suscrito con la Secretaría General de la OEA para el funcionamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), pero quedaba la ilusoria expectativa de que se mantendrían en pie las estructuras creadas por la Misión.

Sin embargo, en poco tiempo la ilusión se desvaneció, especialmente tras el anuncio gubernamental sobre el reemplazo de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), creada por el Ministerio Público el 23 de enero[1], apenas cuatro días después de que cesara el Convenio con la Maccih. Una pregunta quedó sin respuesta: ¿Por qué no se permitió la continuidad de la Ufecic, si previamente se le reconoció como uno de los logros institucionales de la Maccih? Ciertamente, la Uferco no parte de la nada, pero carece de las atribuciones, los instrumentos y recursos que le permitan continuar y avanzar el trabajo iniciado por su antecesora “en tiempos de la Maccih”.

Dos meses después, a mediados de marzo, la conmoción fue aún mayor tras la decisión —por unanimidad de votos de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia—, de repetir el juicio instruido contra Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo, declarada culpable de tres delitos de apropiación indebida y ocho delitos de fraude, y condenada a 58 años de prisión[2].

Una nueva ilusión fallida

En la misma semana se sumó otro hecho que hizo sospechar que el gobierno se proponía instrumentalizar para su beneficio los estragos que el Covid-19 ya hacía en la lejana China y su expansión en Europa. Desde que se reconoció al coronavirus como una pandemia y que Honduras se declarara en estado de emergencia, el gobierno anunció la búsqueda y obtención de fondos hasta por 420 millones de dólares, cuyo destino sería la construcción de hospitales y otras obras de infraestructura sanitaria (94 en total) para enfrentar la emergencia y aumentar la capacidad del sistema sanitario nacional.

Esta nueva ilusión se desvaneció tan rápido como las anteriores. Algunos diputados opositores y líderes civiles denunciaron —desde que el Ejecutivo presentó el decreto correspondiente ante el Legislativo— que se harían compras directas, sin previa licitación, y que la veeduría social sobre el uso de los recursos sería escasa o nula. Es así que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y algunas organizaciones no gubernamentales caracterizaron la situación como el preámbulo para la comisión de nuevos actos de corrupción: “El Congreso no permitió que CNA observara las compras y contrataciones directas en la emergencia sanitaria. Esto nos enseña que la corrupción se hará más viral que el COVID-19”[3], tuiteó Gabriela Castellanos, coordinadora de dicho organismo.

La diputada Doris Gutiérrez, del Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD), señaló que los fondos públicos aprobados en el Congreso Nacional para atender la emergencia sanitaria podían compararse “con un cheque en blanco” a favor del gobierno, considerando que no se realizarán licitaciones y que la única supervisión prevista la realizarán entidades que controla el Ejecutivo, como el Foro Nacional de Convergencia (Fonac); este fue reactivado recientemente, y se le ha señalado como una de las estrategias del Ejecutivo para contrarrestar la incidencia de organismos como el CNA, incluso para absorber sus funciones y conducirlo a su desaparición.

La desconfianza y sus razones

A finales de marzo, dos semanas después de que el gobierno decretara el “toque de queda absoluto” y suspendiera varias garantías constitucionales —entre estas la libertad de expresión[4] y la posibilidad de ser detenido por más de 24 horas—, en la sociedad siguió prevaleciendo una elevada desconfianza respecto del destino final de los fondos para atender la emergencia, a lo cual aportaron dos factores clave.

El primero es la abundancia de recursos aprobados, que asombró a la opinión pública porque se habla de invertir más de 400 millones de dólares en un sistema sanitario que, aún en el pico más alto de la epidemia del dengue y de las casi doscientas víctimas mortales en 2019, seguía mostrando una condición deplorable ante el menosprecio del Ejecutivo.

El segundo es que la población sabe, por experiencia propia, que las emergencias que se decretan en Honduras siempre han conducido a actos de corrupción y aprovechamiento de los recursos destinados a socorrer a los más vulnerables, para enriquecer aún más a los sectores privilegiados o reproducir el caudillismo y el clientelismo político de cuño tradicional.

Una coyuntura clave en la lógica de la corrupción

Hoy, tras la salida de la Maccih, el Ministerio Público y todo órgano de justicia quedan sometidos al poder discrecional y la influencia de los agentes de la corrupción vinculados al poder público; además, asumen el rol de instrumentos de coerción contra sus adversarios y como escenario de transacción con la disidencia interna en las facciones del poder hegemónico.

El gobernante parece haber aprendido la lección: ninguna parcela de poder, por pequeña que sea, puede escapar al control absoluto del bloque hegemónico y su monarca, porque el todo y sus partes representan la herencia patrimonial acumulada por la clase gobernante en los doscientos años que ha ejercido su dominación en Honduras; entre estas, la corrupción y su impunidad.

La democracia, la transparencia en la gestión pública y la participación ciudadana amenazan la continuidad de dicha herencia; por tal razón, seguirán encontrando límites infranqueables, barreras y obstáculos para constituirse en el marco normativo del sistema político hondureño.

Con la unidad partidaria desde ya garantizada en un alto porcentaje, las elecciones de 2021 pasaron a ser prioridad en la agenda del gobernante y su partido. En este nuevo escenario se enmarcarían las acciones gubernamentales de los próximos dos años, que asumen como rasgo principal un marcado populismo asistencialista, clientelar y parasitario, proclive al endeudamiento público con nuevos créditos que provean los recursos necesarios para garantizar la continuidad del Partido Nacional al frente del gobierno.

Esto explicaría las millonarias inversiones que el gobernante ha venido anunciando en los últimos seis meses, enfatizando que los recursos se orientarán hacia la producción agrícola, la educación, la salud y programas asistencialistas como Vida Mejor; es decir, una dimensión social que no han tenido las acciones gubernamentales en la última década.

Pandemia y drenaje de recursos

Todo lo anterior ha sido cuestionado públicamente por facciones partidarias de oposición, organizaciones civiles, sectores de la empresa privada y medios de comunicación. La sospecha de que cada coyuntura es aprovechada por el gobernante para reunir abundantes fondos destinados a financiar una nueva campaña electoral a su favor o de su partido, ocupa el lugar central en las críticas contra el drenaje de fondos hacia programas que, en algunos casos, se han creado sobre la marcha; por ejemplo, la asignación de 4,000 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas para impulsar programas en el sector agrícola.

La coyuntura de la pandemia, abierta a mediados de febrero, ha sido dominada por un nuevo drenaje de fondos que pueden superar los 500 millones de dólares, según el decreto aprobado por el Congreso Nacional para enfrentar la emergencia[5], y los más de L 355 millones aprobados a finales de marzo por el Ejecutivo, con el único fin de que 292 municipalidades adquieran y distribuyan víveres en sus jurisdicciones.

A esto se suman las denuncias sobre una distribución proselitista, clientelar y excesivamente lenta de la “bolsa solidaria” o del “saco solidario”, que se entrega a nombre del mandatario, según vídeos que circularon profusamente en las redes sociales. Así se concretiza, una vez más, “la politización de la ayuda”, y una nueva ola de desconfianza e inconformidad hacia el gobernante.

La gobernabilidad y la estabilidad política sustentadas sobre esas bases no fortalecen la democracia. Por el contrario, reproducen en todas las escalas de la vida nacional el autoritarismo y el asistencialismo populista, generadores a su vez de redes de dependencia clientelar y de corrupción. En este escenario, el gobierno muestra su verdadera identidad: una dictadura sin máscaras de ninguna clase.

Una pandemia reveladora

La imagen terrorífica que rápidamente se forjó sobre el virus portador de la pandemia puede ser manipulada con fines político-electorales, culpando al Covid-19 de los males presentes, pasados y futuros. No obstante, la pandemia solo ha venido a agravar las crisis crónicas y los problemas recurrentes de Honduras.

Al igual que lo hizo el huracán Mitch en 1998, esta emergencia deja al descubierto las fragilidades y carencias de la organización político-institucional, económica y social del país, y sus consecuencias en el comportamiento de la población. Sin embargo, la mayor revelación efectuada por el coronavirus es la de llamar la atención sobre el carácter estratégico del sistema de salud y su similar en educación, dos debilidades fundamentales que también emergieron durante la tragedia del Mitch y que ahora deben revalorizarse como instrumentos estratégicos para la supervivencia y el desarrollo de Honduras en el siglo XXI.

La diferencia respecto del Mitch en 1998, es que hoy los sistemas públicos de salud y educación se relacionan más estrechamente con otros factores, igualmente estratégicos, como el agua, la tierra y el bosque, que también se encuentran en un proceso acelerado de deterioro, agotamiento y abandono por parte del Estado.

El coronavirus y los límites de la era neoliberal

La pandemia muestra los límites de la economía y la sociedad neoliberal, dejando al descubierto la falta de correspondencia entre un pujante sector exportador inserto en la globalización económica, y una población diezmada por las enfermedades, el desempleo, la inseguridad cotidiana por el repunte de la violencia, los bajos salarios y la inseguridad laboral.

Los bolsones de miseria en las periferias de las principales ciudades demuestran que el límite de la economía neoliberal son las paupérrimas condiciones de vida de la mayoría de la población; una población que seguirá existiendo, porque representa la garantía para obtener una mano de obra cuyo crecimiento incesante asegura su bajo costo.

La pandemia hizo que aflorara una “solidaridad” culposa entre los empresarios de la mano del gobernante, quien los llamó a “cuidar la gallinita de los huevos de oro, que es el pueblo hondureño” y “ponerse la mano en el corazón”[6]. Así se ha ido creando un escenario en el que se reconstruyen las antiguas pautas de la caridad como expresión de altruismo, desprendimiento y generosidad de los empresarios. Sin embargo, siguen ausentes las políticas públicas para satisfacer las demandas sociales, específicamente de salud y educación, una obligación constitucional del Estado, cuyo cumplimiento preocupa cada vez más a la ciudadanía[7].

En ese desdoblamiento de las dimensiones ocultas del capital reapareció el tema de las relaciones entre el capital y el trabajo, casi abandonadas y sepultadas desde la embestida neoliberal y el reemplazo del sindicalismo reformista por el solidarismo neoliberal.

En este contexto se reconoció que los trabajadores son indispensables para las empresas, como estas lo son para el Estado[8]. Hoy, la “solidaridad” culposa se presenta como defensa de los empleos existentes y de los beneficios de los trabajadores, sin jamás mencionar la defensa de las ganancias y beneficios obtenidos por los empresarios con sus actividades que, en el caso de las grandes empresas, son muy significativos.

Sin embargo, el 6 de abril el ministro de Trabajo, Carlos Madero, informó que las solicitudes de empresas para suspender trabajadores temporalmente podían afectar —hasta ese momento— a unos 25 mil asalariados; pero el 9 de abril ya se proyectaba, extraoficialmente, la cifra de 500 mil trabajadores que podrían ser suspendidos temporalmente por efecto de la prolongación de la pandemia y del receso laboral.

Al iniciarse la tercera semana de abril, el mismo funcionario informó que hasta el momento había 80 mil trabajadores cesanteados temporalmente, pero que recibirían algunos beneficios de protección social; otros 18 mil que también serían cesanteados, no se incluyen entre los beneficiarios de la anunciada protección social. Diversas fuentes estiman que la cifra de perjudicados por la emergencia sería mucho mayor, si se contara con los datos correspondientes a los trabajadores en paro en la economía informal.

Las mujeres, las más afectadas

Aunque el impacto de la crisis económica no hace diferencias entre los asalariados, la tendencia que ya se observa en el sector formal de la economía indica que serán las mujeres, especialmente las que laboran en las áreas urbanas, quienes sufrirán los mayores efectos de las cesantías temporales o definitivas en rubros como la industria maquiladora, tabacalera y de servicios, donde se les contrata masivamente, debido a las habilidades requeridas en tales actividades y a los cambios inducidos por el modelo económico neoliberal desde 1990.

Como en pocos momentos de la historia económica y laboral de Honduras, la agravación de las crisis preexistentes por los embates de la pandemia, obligan a que las organizaciones de trabajadores y en particular las de mujeres, dispensen mayor atención al vínculo entre la economía y la política; en ambos espacios se tomarán decisiones que afectarán a centenares de miles de mujeres, especialmente si se considera que, en las últimas décadas, el crecimiento del sector informal de la economía ha tenido a las mujeres como protagonistas.

¿Un retorno triunfal de la “cuestión social”?

La pandemia, entre otras cosas, obliga a que Honduras retome la discusión sobre la “cuestión social”, latente durante todo el siglo XX, pero nunca resuelta. El argumento más escuchado durante la emergencia —sobre todo en boca de funcionarios gubernamentales— es que Honduras no estaba preparada para enfrentar los efectos del coronavirus.

No obstante, la pregunta no debe ser si Honduras estaba o no preparada para enfrentar esta pandemia, sino, ¿para qué está preparado el país? La cuestión no es retórica si se considera que se está a las puertas de una nueva recesión mundial, ante efectos más severos del cambio climático y una nueva “temporada de huracanes” en Centroamérica y el Caribe, que sin duda representará riesgos inminentes en los contextos de precariedad ya existentes.

Así, las posibilidades de enfrentar con éxito los efectos socioeconómicos de la pandemia serán menores por la preexistencia de crisis acumuladas (generación y costo de la energía eléctrica, escasez de agua, sistemas públicos de salud y educación debilitados); ausencia de medidas anticrisis para paliar los costos de las crisis acumuladas y de las recientes, y la excesiva dependencia de la economía nacional del comportamiento de la economía estadunidense.

A ello se suman la escasa visión estratégica sobre la inversión de recursos públicos para mitigar la crisis y reestructurar la economía ante efectos previsibles como la pérdida de empleos, la reducción de los ingresos por exportaciones y remesas familiares. Aun sin contar con las críticas a las “políticas erradas” del gobierno para enfrentar los desafíos, lo cierto es que hoy queda un escaso margen de posibilidades para mitigar los efectos más prolongados de la pandemia.

La “cuestión social” de ayer es la exclusión social de hoy. Por tanto, el retorno de la “cuestión social” debe conducir a un nuevo planteamiento sobre la inclusión social y la equidad; en su redefinición se puede encontrar respuestas pertinentes para resolver la “cuestión social”, así como sobre la unidad y la identidad nacional, el consenso político y el consenso social. Al respecto, un ejemplo a considerar es la percepción, cada vez más amplia, sobre la existencia de por lo menos dos Honduras: la de los ricos y la de los pobres (“la Honduras de acá y la Honduras de allá”, según un discurso del gobernante).

Las calles desafiaron el sistema político, pero nadie escuchó

La “cuestión social” y la lucha contra la corrupción estuvieron en las calles desde el inicio del primer gobierno del mandatario actual; a las movilizaciones de “las antorchas” y “los indignados” en 2015, siguieron las luchas emprendidas en 2017 por la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, dos movimientos sociales inéditos en el país por su forma y contenido.

Los primeros denunciaron y condenaron el saqueo despiadado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por varios miles de millones de dólares y dijeron que eso era apenas la punta del iceberg de la corrupción prevaleciente en las instituciones de salud pública; además, establecieron el traslado de fondos de las instituciones sanitarias a los partidos políticos, especialmente al partido gobernante.

La corrupción del régimen político estaba llevando al sistema sanitario de la pobreza a la indigencia, de las carencias crónicas a una parálisis forzada, a la vez que en los medios de comunicación tenía eco una corrosiva campaña gubernamental para promover la privatización de los servicios de salud, bajo el disfraz de la modernización y su traslado administrativo a entidades no gubernamentales vinculadas a intereses privados o corporativos.

Sin embargo, este modelo entró en una etapa de agotamiento en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde la entidad administradora privada renunció a finales de 2019 a la responsabilidad de gestionar los recursos del hospital, aseverando que no estaba recibiendo el apoyo prometido por el gobierno, y que dicho hospital enfrentaba una demanda descomunal de servicios.

La falta de nuevos hospitales hizo que la demanda de servicios se concentrara en dos hospitales emblemáticos: el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa y el ya mencionado de San Pedro Sula, los dos de referencia obligada a escala nacional y regional. La concentración de la demanda de servicios hace que estos centros atiendan a los casi 9 millones de hondureños, la mayoría agobiados por las carencias económicas y asediados por las enfermedades. Y también por la violencia criminal, que en los últimos 15 años dejó más de 75 mil homicidios y aumentó considerablemente la demanda sobre dichos hospitales, ubicados en las ciudades con mayor incidencia criminal.

Una suma de emergencias

Cuando se presentó la emergencia por la llegada del coronavirus, el sistema de salud se debatía entre los esfuerzos para erradicar la epidemia del dengue —cuyo saldo hasta ese momento era de 185 muertes en 2019 y 10 en 2020—, y la elaboración de una propuesta alternativa, por parte de la Plataforma, para introducir reformas significativas en el funcionamiento del sistema.

Mientras la “cuestión social” se mantuvo en las calles, el desafío al régimen en torno de la necesidad de satisfacer las demandas del sistema sanitario no produjo aplausos ni campañas a favor de las peticiones del personal sanitario; además, fue estigmatizado con el calificativo de “revoltoso”, o acusado de ser objeto de la manipulación de un partido político de oposición (Libre), hasta que el gobierno dividió al personal de salud y el de educación, tras negociar por separado con las organizaciones magisteriales.

El régimen intimidó, reprimió y dividió al movimiento social que pudo haberse fortalecido si se hubiese mantenido en pie la coalición constituida por el personal sanitario y los educadores a través de la Plataforma. Pero la postura gubernamental se impuso y con esta se esfumó una nueva oportunidad para que el sistema de salud encontrara una solución consensuada a sus problemas crónicos. Con estos antecedentes, las discusiones actuales sobre el riesgo de colapso del sistema sanitario ante un crecimiento exponencial del Covid-19, no son nuevas.

Sospechas ante lo inocultable

Tan pronto como llegó la pandemia, en la ciudadanía se produjo un crecimiento exponencial de la sospecha de que el gobierno haría todo lo posible por sacar beneficio político y económico de la emergencia, hasta convertirse en una constante inocultable.

La principal contribuyente a esta percepción es la actitud gubernamental de manejar la crisis sanitaria de un modo que a algunas organizaciones de la sociedad civil les ha parecido poco transparente, con recursos financieros cuya cuantía y procedencia exacta se desconoce, además de haber manifestado, desde el principio de la crisis, un rechazo explícito a toda veeduría pública ejercida fuera del control gubernamental.

El supuesto “plan de emergencia” con el que el gobierno ha pretendido enfrentar la pandemia nunca fue consensuado con otras fuerzas políticas, gremiales, institucionales y sociales para asegurar el consenso en la toma de decisiones y promover la unidad nacional ante el desafío de una enfermedad que ya hacía estragos en las naciones latinas del sur de Europa. El gobierno incluso mostró indiferencia ante la propuesta del Colegio Médico de Honduras, de que se le permitiera participar en el asesoramiento de la toma de decisiones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), designado para coordinar las actividades durante la emergencia, reafirmando así una voluntad política identificada con la exclusión social, política y gremial.

La segregación del gobierno en sus reductos institucionales ha producido, en consecuencia, una conducta displicente, cuando no negligente, caracterizada por la lentitud en la toma de decisiones y su ejecución, la improvisación y un excesivo protagonismo mediático-electorero. Ante esto, la crítica más severa al gobierno es que implementa medidas que no fueron elaboradas por expertos en la materia, ni ejecutadas por personal calificado.

Todos quieren ganar

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la organización empresarial más importante del país, ha aceptado e incluso avalado las medidas decretadas por el gobierno; sin embargo, ni este ni el gobierno han podido evitar los señalamientos críticos y los reclamos de la influyente Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) para que también se incluya —entre los beneficiarios de las medidas de emergencia— a las grandes empresas y al sector informal de la economía, visibilizando así lo que en opinión de la Cámara constituye la exclusión de actores económicos clave en sus sectores respectivos.

Esta postura de la CCIC ha inclinado al Cohep a presionar con más insistencia para que el gobierno otorgue beneficios más significativos a las grandes empresas, que consideran indispensables para la reactivación económica. No obstante, al iniciarse la segunda semana de abril, el gobierno y los empresarios no habían fundamentado sus posturas en sendos diagnósticos relativos a los efectos de la pandemia, tras el paro y el cierre obligado de empresas.

Sin embargo, los aparentes desacuerdos entre el gobierno y la cúpula empresarial en torno a la asignación de recursos y beneficios prometidos por el Ejecutivo para la recuperación de la economía, no han hecho cambiar de opinión a quienes consideran que esto es solo un conflicto “de compadre hablado”. En los hechos, se reconoce que los empresarios han sido el único actor importante con el que el gobierno ha intentado establecer consensos en torno de temas clave como la política económica y aspectos de la política fiscal. Por tanto, la asignación de “incentivos” se percibe socialmente como un reparto de recursos públicos que serán trasladados, principalmente, al sector privado.

Considerando que en la situación actual no se trata de generar nuevos empleos, sino de conservar los ya existentes, los decretos gubernamentales favorecen a las empresas afectadas y ofrecen incentivos para que estas aseguren la continuidad de los contratos laborales y el pago diferido, con algunos descuentos, de sus obligaciones tributarias; pero esto no impide que los asalariados sean cesanteados temporalmente, incluso despedidos en caso del cierre definitivo de la empresa contratante.

El gobierno y los representantes empresariales argumentan que las micro, pequeñas y medianas empresas son las principales empleadoras en la economía formal, en tanto que las grandes empresas son las principales contribuyentes al fisco. Esencialmente, en la primera etapa de este nuevo reparto de los recursos públicos se observa, entre las empresas formales, una pugna por obtener la mayor cuantía posible de los beneficios en juego. Y el gobierno, por su parte, trata de evitar la pérdida de ingresos fiscales y una erosión de su capacidad financiera para absorber los costos de la emergencia y la cuantía de los incentivos para mantener vigentes los contratos de los asalariados formales.

En consecuencia, en esta primera etapa, la estrategia gubernamental evade todo compromiso para hacer “sacrificios fiscales” desproporcionados ante los “grandes contribuyentes”. La recaudación de impuestos ha sido hasta la fecha el diamante en la corona del monarca y un pilar fundamental para sostener una costosa burocracia que, según los entendidos, duplica los 160 mil asalariados que se le reconocen a las empresas formales de la industria maquiladora en la Costa Norte. En la misma medida, asegurar la sostenibilidad de la recaudación fiscal es una calculada estrategia del gobernante para perpetuar el clientelismo político, los programas asistencialistas y los compromisos presupuestarios con sus aliados en el bloque hegemónico que gobierna en Honduras.

La exclusión social como política oficial

Los excluidos son los centenares de miles de micro y pequeños empresarios situados en la economía informal, especialmente en el sector comercial, a quienes se les reconoce más del cincuenta por ciento del total de trabajadores involucrados en las actividades que realizan. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta la fecha no los incluyen como beneficiarios de los recursos que se prevé asignar y distribuir en la etapa siguiente; en esta primera etapa, apenas se les ha mencionado.

La exclusión social es la política oficial del gobierno respecto de la mayoría de la población, como lo demuestra su discurso público, orientado principalmente a favorecer al sector formal y, sobre todo, al sector exportador, en el que se sitúa el núcleo de los aliados empresariales del gobernante.

Los sectores económicos más beneficiados por las “ayudas” decretadas en la emergencia sanitaria, son los mismos que antes se comprometieron con el gobierno a aumentar el número de nuevos empleos (16 mil en dos años), así como los 600 mil pregonados por la inmoderada publicidad oficial en torno a los resultados del programa 20/20, estrechamente vinculado con la economía de exportación y el maquilado de productos con esa finalidad.

Sin embargo, no han faltado las recriminaciones, como las aseveraciones del gobernante de que aún sigue esperando los nuevos empleos que los empresarios prometieron crear cuando asumió su segundo mandato, o los desmentidos que ha hecho el Servicio de Administración de Rentas (SAR), sobre la demanda de los empresarios de nuevas exenciones fiscales, señalando que ya han recibido las que han demandado en otras coyunturas.

Estos episodios, piezas del mismo drama, son “disgustos” entre dos aliados firmes del neoliberalismo, que siempre encuentran la manera de reconciliarse mediante el trueque de recursos económicos o perdones fiscales, a cambio del apoyo político que mantiene en el poder a un gobernante ilegítimo, el más impopular de los últimos 50 años.

¿Qué hacer ante la crisis sanitaria?

Las alternativas no gubernamentales han provenido, principalmente, de organizaciones de la sociedad civil y algunas coaliciones de los movimientos sociales. Es el caso del Foro Social Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh)[9] y la CCIC, que coincidieron en sugerir una revisión a fondo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, para reorientar el gasto e identificar los rubros presupuestarios que pueden destinarse a enfrentar la crisis sanitaria. Esta propuesta también buscaría reducir al mínimo las posibilidades de una nueva espiral de endeudamiento público, una tendencia que destaca en la gestión del gobierno actual.

La nueva escalada del endeudamiento indica que el gobierno sigue concibiendo la emergencia –y también la pobreza– como un negocio político y económico. En todo momento se ha obviado afectar los rubros presupuestarios de las secretarías de Defensa y Seguridad, al igual que partidas como el Fondo Departamental, que sirven para el proselitismo de los diputados en sus departamentos. Tampoco se ha mencionado el “tasón de Seguridad”, que anualmente recauda varios miles de millones de lempiras a nombre de la reducción de la violencia y la criminalidad, sin que hasta la fecha se sepa cómo ni en qué se ejecutan tales recursos, puestos bajo la discreción de la llamada “Ley de Secretos”[10].

En la segunda semana de abril, representantes de la reciente coalición partidaria entre el PINU-SD y el Partido Liberal propusieron que “el tasón” fuese suprimido y que, en su lugar, se creara la Tasa de Salud y Educación para proveer de fondos los sistemas de Salud y Educación. Sin embargo, según la diputada Doris Gutiérrez (PINU-SD), el gobierno no está dispuesto a escuchar ninguna propuesta de los partidos de oposición —previamente el Congreso Nacional rechazó la presentación de una propuesta de Libre sobre la emergencia— y menos aquellas que afecten a sus aliados en las fuerzas de seguridad del país.

Una cartera de negocios

Las catástrofes y las emergencias, tal como se administran en Honduras, son parte de la misma cartera de negocios en que se incluyen la pobreza y la violencia, de las que simultáneamente los gobiernos obtienen recursos económicos y financieros, clientela política y publicidad proselitista. Sin comprender el valor de uso de tales dinámicas, no se puede comprender a cabalidad el funcionamiento del sistema político y económico, pues ese valor es uno de los elementos clave en su reproducción periódica.

Se trata de un mecanismo óptimo para que el sistema pueda reproducir regularmente los comportamientos que lo convierten en uno de los mayores generadores de exclusión y desigualdad en el continente americano; entre otros, el de replicar exitosamente la matriz oligárquica que sustenta al sistema político y su estructura socioeconómica. Cada emergencia y cada catástrofe ha sido un escenario propicio para la aparición en Honduras de nuevas generaciones de ricos y pobres.

El sistema político también se ve afectado cuando el gobierno no asume su deber de gobernar con equidad, adoptando una conducta sectaria, de partido que gobierna exclusivamente para su membrecía y su clientela político-electorera. Este sectarismo conduce a que el partido gobernante encare las emergencias con una institucionalidad cautiva y sometida a un control total.

Las denuncias ciudadanas de tal comportamiento no dejan lugar a dudas; en los municipios se esperaba que “el saco solidario” con alimentos para la población más vulnerable fuese distribuido por los Comités de Emergencia Municipal (Codem). Sin embargo, según los afectados, la ayuda fue “repartida” por estructuras alternas, controladas por el partido gobernante.

Una denuncia aún más grave la efectuó el CNA que, ante la decisión gubernamental de excluirlo de la veeduría social que supervisaría el uso de los fondos y las ayudas destinadas a mitigar los efectos de la emergencia, inició una investigación de oficio sobre la ejecución de 50 millones de lempiras destinados a la compra de insumos por parte de las entidades oficiales asignadas. Esta sería la primera investigación a este respecto, en la que se identifican varias irregularidades.

En el apartado dedicado a las conclusiones de la primera parte de su investigación el CNA identificó, en la tercera conclusión, “un perjuicio en contra de las finanzas del Estado de Honduras por tres millones seiscientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta lempiras (L 3,653,960.00)”, debido a la sobrevaloración de los precios en la adquisición de insumos.

La cuarta conclusión, de orden cualitativo, establece que

el perjuicio va más allá del aspecto económico, con esto se afecta directamente la salud de los hondureños tomando en cuenta que el mal manejo de estos recursos puede derivar en resultados caóticos, que generen la falta del equipamiento de bioseguridad necesario para que el personal médico atienda la emergencia.

Finalmente, el CNA enfatiza en otro aspecto cualitativo, al exhortar a los servidores públicos a utilizar responsablemente los fondos que administran “y de esta forma garantizar el derecho humano a la salud que nuestro pueblo tanto necesita”[11]. La vinculación que se establece en este informe, entre la lucha contra la corrupción y la lucha ciudadana por el derecho humano a la salud constituye, probablemente, el rasgo más destacado entre las nuevas características que en el siglo XXI asume la lucha por la salud, legitimada por derechos constituidos y respaldada por una voluntad, cada vez más consciente, de unir todo proyecto de construcción de ciudadanía al ejercicio de derechos como el de la salud, que reafirman la soberanía ciudadana y popular sobre el Estado y sus instituciones[12].

La crisis de la “verdad oficial”

Las reiteradas denuncias sobre la falta de transparencia en la gestión pública, es apenas una dimensión de la crisis de la “verdad oficial”. Antes de excluir al CNA de realizar una labor para la que tiene calificación, experiencia y legitimidad, los voceros gubernamentales ya eran señalados de mentir tras haber afirmado que los hospitales estaban dotados con el instrumental indispensable y que el personal sanitario ya contaba con el equipamiento de bioseguridad para garantizar sus vidas durante la atención a los afectados por el Covid-19.

Esa afirmación fue desmentida oportuna y reiteradamente por el personal sanitario que, al no obtener satisfacción a sus demandas, se vio obligado a anunciar que abandonaría sus puestos de trabajo[13]; mientras, en las redes sociales, la población se solidarizaba con sus demandas y presentaba imágenes de médicos y enfermeras protegiendo sus cuerpos con indumentaria elaborada artesanalmente, con materiales inadecuados, y a su lado policías y militares con la indumentaria que satisface los estándares requeridos para una protección segura.

El segundo día de abril, los representantes de los estudiantes de la Facultad de Medicina que prestan su servicio social en los centros sanitarios del país, se vieron obligados a dar un ultimátum al gobierno, hasta el viernes 3 de abril, para que sus demandas fuesen satisfechas, especialmente la dotación del equipo de bioseguridad.

El portavoz de los futuros médicos denunció, además, que la indumentaria que en ese momento utilizaba el personal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), era la que le correspondía utilizar al personal sanitario que atiende a los contagiados por el coronavirus, en tanto que el personal de protección civil solo contribuye con la distribución de alimentos, fuera de los centros sanitarios.

El agotamiento del discurso oficial

A lo anterior se sumó la información, difundida por el servicio TwitterSafety el 2 de abril, según la cual: “Eliminamos 3,104 cuentas cuando quedó claro que un miembro del personal creó las cuentas falsas en nombre del gobierno”, especificando que “muchas cuentas no auténticas estaban accediendo a Twitter desde un solo rango de IP en Honduras, y retuiteando en gran medida la cuenta del presidente”[14].

El secretario de la Presidencia también aportó a este tema, sobre todo al aclarar que los 420 millones de dólares aprobados por el Congreso Nacional para enfrentar la emergencia de la pandemia no son fondos “para la emergencia nacional, sino para la reactivación económica”[15]. A esto se sumaron —como para cerrar con broche de oro la suspicacia popular en torno a la honradez de su “clase política”—las atropelladas declaraciones del diputado nacionalista Walter Antonio Chávez, al admitir en la sesión plenaria del Congreso Nacional donde se discutía el tema de la emergencia, que: “Estamos claros. El Partido Nacional apoya todas las medidas que hacen daño al pueblo, pero realistas, no populistas”[16].

La disputa por “la verdad”

Paradójicamente, la crisis de la verdad oficial ha dado lugar a una campaña —de algunos medios de información—, que proclama una supuesta victoria de los “medios tradicionales de comunicación” sobre las “redes sociales”, a las que se estigmatiza al compararlas con un “virus” incrustado en internet. Según sus difusores, el “éxito” de los “medios tradicionales” durante la pandemia se vincula con la difusión de “la verdad”, con su credibilidad y profesionalismo. Tal campaña no tendría razón de ser si la “verdad oficial” no estuviese en crisis, considerando que la información oficial es la más criticada en las redes sociales.

Así, el poder mediático reconoce la existencia de un conflicto entre los “medios tradicionales” bajo control corporativo y las “anónimas redes sociales”, accesibles a la población. Tras este conflicto entre “la verdad” de los “señores mediáticos” y “la verdad” de las “redes sociales popularizadas” se oculta una disputa por la hegemonía sobre el control de la información, el estatus de la comunicación y del medio que la difunde. Y más allá, se busca legitimar una sola concepción de “la verdad”, para imponer sobre esta un monopolio similar al que se ejerce cuando la riqueza y el poder político se concentran en elites representadas por un puñado de familias.

Aunque en algunos casos solo se trata de expectativas fallidas, hechos como los descritos sirven como parámetro para valorar informaciones que circulan en las redes sociales, como la decepción de algunas amas de casa al recibir “el saco solidario para 15 días de alimentación”, y que consideraron un insulto a su dignidad, pues el contenido apenas alcanzaría para alimentar dos días a sus familias.

En la crisis de la “verdad oficial” todos los fraudes cuentan, todas las artimañas rompen sus vestiduras cuando las expectativas sociales superan las migajas con que se pretende mitigar sus penurias. Esto es “jabón para perros”, exclamó con indignación la ciudadana cuya imagen enfureció y conmovió a unas redes sociales cada vez más comprometidas con la veeduría social, in situ y en tiempo real, asombradas por una bolsa de alimentos de dudoso valor y escasa duración.

La crisis de la “verdad oficial” recorre transversalmente las demás crisis, demostrando que el discurso gubernamental ha entrado en una etapa de agotamiento que lo vuelve ineficaz, poco creíble y vacío de contenido. La pendiente en la que ahora se encuentra se caracteriza por la negación o la ocultación de la realidad, y resulta evidente cuando intenta explicar la revitalización de la violencia criminal, la crisis en los servicios públicos y la ineficacia de las políticas sanitarias para enfrentar la epidemia del dengue y la pandemia del coronavirus.

En la paulatina transformación de la “verdad oficial” en mentira cotidiana, se construyen las nuevas dinámicas en que el poder ilegítimo es enfrentado por fuerzas sociales y políticas que exigen la verdad sobre, entre otros temas relevantes, la autenticidad del compromiso gubernamental con el combate a la corrupción y la impunidad; la verdad sobre los acuerdos relativos al control migratorio con los Estados Unidos; la verdad sobre el asesinato de Berta Cáceres; la verdad sobre la quiebra de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica; la verdad sobre las concesiones de explotación otorgadas al capital nacional y extranjero en diversos rubros; la verdad sobre la interrupción del Convenio con la Maccih, sin olvidar la exigencia de la verdad respecto de los femicidios y la impunidad generalizada en el país.

Coyuntura y transformación estructural

La emergencia por la pandemia, que el gobierno enfrentó con un decreto para establecer el estado de excepción en todo el país, dejó sin efecto incluso la libertad de expresión, profundizó las incertidumbres ya existentes, elevó el pánico y multiplicó la desconfianza colectiva, entronizando el “sálvese quien pueda” de cuño neoliberal.

Poco tiempo debió pasar para que aparecieran los primeros brotes de descontento, malestar y protesta social, que la población canalizó a través de bloqueos parciales de carreteras, quema de llantas y tomas de calles en barrios y colonias en diferentes jurisdicciones. Así se llamaba la atención del gobierno y de la opinión pública, y se presentaban demandas contra la exclusión y el hambre; los jóvenes, sobre todo, son convocados en esta coyuntura por la falta de alimentos, agua y servicios básicos.

Algunos noticieros de televisión presentaron imágenes de pequeños grupos que avanzaban, en “caravanas”, por carreteras y veredas hacia el interior del país[17], como si el Covid-19 les hubiese expulsado de las áreas urbanas. Aunque inicialmente los caminantes fueron vistos con indiferencia —o como obligados a caminar por la falta de transporte público durante la cuarentena—, en la medida que se acercaban a su destino, comenzaron a cerrarles las entradas a sus localidades de origen, estigmatizados por la sospecha de ser portadores del coronavirus.

Los hechos que tienen lugar en el contexto de la pandemia, presentan una combinación de acontecimientos coyunturales y estructurales, en una sucesión que anuncia el agravamiento de las crisis precedentes y la visibilidad inmediata de las profundas grietas que existen en la sociedad; entre estas, la desprotección social en que se encuentra la mayoría de la población.

En una entrevista reciente, el expresidente José Manuel Zelaya caracterizó la situación actual relatando su experiencia como parte del gabinete de reconstrucción creado por el presidente Flores Facussé, tras la catástrofe del huracán Mitch en 1998, señalando que “los problemas estructurales tienen que ver con la transformación del país”; con esto apuntaba a la necesidad de reorientar las políticas y las decisiones gubernamentales de hoy hacia los factores estructurales que han creado la indefensión social, la corrupción pública, la violencia criminal e institucional, la masiva migración al extranjero y la militarización a ultranza de la sociedad. En sus palabras, “Para qué se quiere mostrar tanto desarrollo de la civilización, si no hay siquiera respiradores para enfrentar el coronavirus. La sociedad no tiene respuestas ante crisis como la actual, porque se ha orientado todo a acumular dinero para unos pocos”.

El Mitch y el Covid-19: una comparación obligada

Conviene destacar dos aspectos claves que seguirán siendo “coyunturales” y a la vez “estructurales”. El primero es que la comparación de la pandemia del coronavirus con la catástrofe del Mitch resulta inevitable, tanto por el carácter abarcador de ambos acontecimientos, como por las decisiones que se tomaron en el pasado y se toman hoy para encarar las consecuencias socioeconómicas.

En la memoria colectiva aún está fresca la percepción de que el Mitch y las posibilidades que abrió —especialmente a través de los Acuerdos de Estocolmo de 1999—, constituyeron “una oportunidad perdida”, al grado que la delegación de la cooperación sueca en Honduras abandonó el país pocos años después, entre otras razones por el incumplimiento de dichos acuerdos.

El segundo es que el principal efecto de la combinación de los elementos coyunturales y estructurales en la crisis actual es la visibilidad de los factores que más contribuyen a sustentar las crisis crónicas que padece Honduras, siendo estos: la exclusión social, la corrupción pública y la falta de una orientación precisa de la nación hacia objetivos y metas que aumenten su capacidad para enfrentar con éxito lo que la pandemia revela como factores determinantes en las crisis crónicas del país.

En “los tiempos del Mitch” quedó al descubierto la vulnerabilidad social, económica y medioambiental, mientras que, en “los tiempos del coronavirus”, destacan el sistema político y la organización socioeconómica como causas principales de las crisis que abaten a Honduras; entre otras razones, por su incapacidad para establecer reglas claras del juego político que conduzcan a su estabilidad, por su incapacidad para asumir un compromiso auténtico para enfrentar la corrupción y su impunidad, y por su interesada indiferencia para facilitar que la corrupción se convierta en el motor de nuevos procesos de acumulación ilícita de capitales.

Atender la emergencia sin postergar las prioridades

Desde tal perspectiva, la prioridad en las decisiones debe ser la transformación profunda del régimen político, iniciando con la exigencia de retorno inmediato al orden constitucional. Pero esto resultaría insuficiente si, simultáneamente, no se elabora una propuesta ciudadana sobre pactos específicos en torno de políticas públicas para reducir la exclusión social, combatir a fondo la corrupción pública y elaborar un proyecto de nación inclusivo, fundado sobre los principios de una democracia social.

En ese marco se ubican las propuestas y los señalamientos hechos por las organizaciones sociales y populares agrupadas en la Coalición contra la Impunidad, que ha emitido por lo menos cinco comunicados relativos a la emergencia en los que se establece posturas claras a este respecto, con una visión sustentada por organizaciones populares e indígenas.

En la misma dirección apunta el “Pacto Patriótico”, propuesto en la segunda semana de abril por la novel alianza conformada por el PINU-SD y el Partido Liberal, que puede ser considerado como una alternativa anticrisis basada en los principios de una democracia participativa. Lo mismo cabría decir de la propuesta —también en construcción desde los primeros meses de 2020— de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que apunta hacia propósitos colectivos establecidos sobre consensos políticos y sociales.

En caso contrario, las crisis precedentes y las consecuencias de la emergencia provocada por la pandemia, junto a los nuevos procesos de “reparto” de los recursos públicos entre los actores que concentran el poder político y económico, pueden facilitar el tránsito de la dictadura personalizada a la dictadura de clase del gran capital.

Este es un escenario tan real como el pánico y las nefastas consecuencias que acompañan a la pandemia en su paso por el país. Las secuelas de esta y de las crisis acumuladas conducen a que el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, afirme con contundencia que “… aquí lo que hay es que se ha desnudado el rostro desfigurado, distorsionado, monstruoso, que tiene el sistema político, económico y social de Honduras”[18].


*Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.

[1] Comunicado del Ministerio Público sobre la creación de la Uferco, reproducido íntegramente en: https://www.laprensa.hn/honduras/1351405-410/uferco-sustituira-ufecic-investigacion-corrupcion-honduras

[2] https://www.elheraldo.hn/pais/1363729-466/juicio-rosa-elena-lobo-corrupcion-honduras

[3] Twit de la abogada Gabriela Castellanos, coordinadora del CNA, del 14 de marzo de 2020.

[4] Según Joaquín A. Mejía Rivera, “Frente a la suspensión del derecho a la libertad de expresión en el contexto de la crisis provocada por el Coronavirus, es importante resaltar que este derecho constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, pues, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es indispensable para la formación de la opinión pública y es una condición para que quienes deseen incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, puedan desarrollarse plenamente”, en: https://criterio.hn/es-legitima-y-proporcional-la-suspension-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-en-el-contexto-de-la-crisis-del-coronavirus/

[5] Véase, entre otros, el Decreto No. 33-2020, del 03 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 35,217, en: https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-33-2020.pdf

[6] Véase al respecto: https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/7025-hoy-mas-que-nunca-les-pedimos-que-se-queden-en-casa, 18 de marzo de 2020.

[7] Véase, por ejemplo, el “Recurso de Amparo en favor de la población hondureña”, que exige a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordene “las medidas cautelares peticionadas para proteger de manera inmediata el derecho a la salud y la vida de la población hondureña y garantice los equipos de bioseguridad para las y los trabajadores de la salud”, presentado el 04 de abril de 2020, en el marco de la emergencia, por la Coalición contra la Impunidad y, por separado, también por el Colegio Médico de Honduras (CMH).  

[8] Daniel Fortín, dirigente del Cohep, en el programa Doble Vía de Radio América, 30 de marzo 2020, 1-2 pm.

[9] Fosdeh, “Análisis y propuestas del Fosdeh frente a la crisis del coronavirus”, dividido en dos partes, disponible en su sitio web.

[10] Se trata de la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, decreto legislativo Nº 418-2013.

[11] Al respecto véase: CNA, Informe “La corrupción en tiempos del Covid-19. Parte 1”, Tegucigalpa, 17 de abril de 2020, p. 17.

[12] En la misma perspectiva se inscriben estudios breves que reivindican esta postura, entre estos: “El derecho a la salud frente a la pandemia del coronavirus” y “El papel del Poder Judicial frente a la pandemia del coronavirus”, ambos a cargo de un equipo de profesionales del Derecho conformado por: Ana A. Pineda, Edy Tábora, Claudia Hermannsdorfer y Joaquín A. Mejía Rivera, disponibles en criterio.hn y otros sitios web.  

[13] El 17 de abril se informó que unos 650 profesionales del sistema sanitario interpusieron sus renuncias respectivas en las instituciones públicas donde prestaban sus servicios, desconociéndose hasta ese momento la reacción de la secretaría de Salud. La razón: no fueron dotados con el equipo de bioseguridad que se les prometió. 

[14] El Heraldo, “Twitter elimina miles de cuentas falsas que retuiteaban al presidente de Honduras”, 02 de abril de 2020, en: https://www.elheraldo.hn/pais/1369296-466/twitter-elimina-miles-de-cuentas-falsas-que-retuiteaban-al-presidente-de-honduras

[15] Radio América, “Ebal: Los $ 420 millones es para reactivación económica y no para la emergencia nacional”, 02 de abril 2020.

[16] Vídeo de 0:15 segundos que circuló profusamente en las redes sociales el 02 de abril de 2020. También puede consultarse la sesión específica del Congreso Nacional en: http://www.congresonacional.hn/  

[17] Noticiero TN5, Televicentro, semana del 30 de marzo al 3 de abril, de 9 a 10:30 pm.

[18] Radio América, programa Doble Vía, entrevista al abogado Edmundo Orellana, jueves 16 de abril de 2020, 1-2 pm.

Fuente de la imagen: https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/honduras-de-los-paises-de-la-region-con-mas-baja-tasa-de-cobertura-hospitalaria-segun-conadeh.html

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