Ismael Moreno (sj)*
El nuevo gobierno no las tiene todas consigo. La herencia del reciente pasado es un lastre muy pesado en el Estado y la sociedad, por lo que los desafíos de todo tipo amenazan las oportunidades. De ahí la necesidad de construir una alianza política y social entre el gobierno y las organizaciones sociales y populares porque, si algo está claro, es que se necesitan mutuamente.
1. Obertura: preocupaciones y tareas
Después del alboroto que por semanas atrapó a muchos sectores, a dos meses de gobierno comienzan a aflorar preocupaciones que —de seguir su derrotero actual—, pueden conducir al deterioro, la pérdida de confianza en el gobierno y atizar descontentos que están agazapados y recogen malestares acumulados en el presente siglo. Todavía son preocupaciones, pero, si no se atajan, pueden convertirse en problemas que entrampen al gobierno. Destacaremos seis de estas, que demandan tareas urgentes.
Primera preocupación: la polarización en que estamos atrapados, y que ha enfrentado a golpistas y resistencia a lo largo de doce años de golpe de Estado, pero que hunde sus raíces en 40 años de elecciones continuas, conducidas por el binomio de azules y colorados. Hemos estado atrapados en una polarización conducida por élites, que bien han sabido qué atizar en la mente y el corazón del pueblo.
En este inicio de gobierno, la polarización que aflora enfrenta a los que fueron golpistas con los que ahora reclaman reconocimiento, porque pasaron doce años aguantando gaseadas en las calles, y no pueden permitir que vengan “mapaches” (activistas de última hora) a comerse el mandado. Reducir la polarización, o situarla en un contexto más de fondo, entre la miseria de muchos y el enriquecimiento de pocos, contribuiría a que nos complementemos en la construcción de propuestas nacionales, aunque pensemos distinto.
Esta polarización, además de inútil y de mantenernos distraídos y enfrentados, tiene el objetivo preciso de ocultar y evitar que hagamos frente como sociedad a la auténtica polarización, la que resulta de las desigualdades y brechas entre un reducido grupo que todo lo aprovecha para convertirlo en riqueza, y una mayoría cada vez más empobrecida. Sin embargo, por estar entretenidos en las falsas expresiones de la polarización, la sociedad acaba siendo víctima de los dinamismos productores de desigualdades, violencia, desempleo y migración. Hacer frente a esta polarización y situar en su justa dimensión las falsas polarizaciones es, sin duda, una tarea primordial del gobierno que preside doña Xiomara Castro.
Segunda preocupación: que el desempleo tan crítico que abate a las mayorías entrampe a ministerios y partidos políticos en el “chamberismo”, y desvíe o atrase propuestas y procesos que conduzcan a soluciones más de fondo y a mediano plazo de la problemática del desempleo. Reducir muchos de los problemas a dar empleo a los activistas, o que los funcionarios sean vistos como “enchambadores”, solo fomentará el clientelismo que tanto daño ha hecho al país y la política nacional. Y más se agudizará si al chamberismo se le suma el nepotismo.
El desempleo es uno de los problemas más agudos entre las herencias que dejó el gobierno anterior, y en su discurso inaugural la presidenta Castro colocó el empleo dentro de las cuatro prioridades de su gobierno, junto a salud, educación y seguridad. Diluir las respuestas a un problema endémico como el desempleo, en el reparto de plazas a activistas, es retrasar las respuestas efectivas y ver al gobierno solo como empleador.
Además, el chamberismo político convierte las instituciones del gobierno en plataformas prematuras de campaña. Los activistas enchambados de inmediato comenzarán a quedar bien con el dirigente político, convertido en alcalde, diputado, ministro o gerente, haciendo campaña para su futuro lanzamiento como candidato a algún cargo público en la siguiente contienda electoral.
Tercera preocupación: creer que, con las elecciones y el nuevo gobierno, las mafias van quedando en el pasado, y que con la captura y extradición de Juan Orlando Hernández y otros cabecillas del narconegocio, el crimen organizado desaparecerá. La estructura mafiosa y criminal no solo sigue viva, sino que sus grupos y personajes poderosos están más activos que nunca. Asuntos como el conflicto en el Congreso Nacional en enero pasado, y el manejo de la legalidad a favor de unos cuantos privilegiados, nos advierten que los negocios e intereses económicos, financieros y políticos siguen siendo controlados por las mismas élites que han manejado los hilos del poder y de los lugares donde se toman las decisiones. Es cierto que líderes de las mafias y algunos encumbrados empresarios han sido severamente golpeados, pero no han sido aniquilados y van asumiendo nuevas mutaciones.
A dos meses de que doña Xiomara Castro asumió la presidencia, el clima de inseguridad y zozobra es insostenible. Las extorsiones, amenazas, asesinatos de taxistas y transportistas han alcanzado niveles de paralización de la vida cotidiana en varios centros urbanos de la Costa Norte y la capital del país. Son acciones lideradas por las organizaciones pandilleras tradicionales, a las que se han sumado nuevas, desmembradas de las dos originales, que aumentan el ambiente de miedo e incertidumbre en la población.
No se acaba de saber si el surgimiento de nuevas agrupaciones criminales para la extorsión se debe a conflictos internos de la Mara 18 y la Salvatrucha, o si son hechos provocados por fuerzas poderosas del crimen organizado, interesadas en debilitar al nuevo gobierno. Lo cierto es que si este no define lo más pronto posible una estrategia de seguridad, que corte de tajo este ambiente pernicioso, la inseguridad se puede convertir en un factor altamente adverso para el gobierno. Cuanto más largas se le dé, el problema se puede convertir en insostenible e irreversible.
Cuarta preocupación: la relación entre partidos políticos y movimientos sociales, con el peligro de que el partido político convertido en gobierno coopte a los movimientos sociales, perdiendo estos la identidad propia de las fuerzas sociales. Controlarlos o querer controlarlos desde la lógica del Estado, a la larga redundaría en la pérdida de fuerza y beligerancia de los movimientos sociales.
Conviene saber diferenciar un movimiento social de un partido político, de la relación o subordinación al gobierno y el control que el Estado pueda ejercer sobre los partidos políticos y, especialmente, sobre los movimientos sociales. Cuanta más autonomía e independencia adquieran respecto de un partido político y del gobierno, más capacidad alcanzarán los movimientos sociales para establecer alianzas y compromisos; y, al contrario, cuanto más cooptados estén, menos capacidad de complementariedad y de incidencia tendrán ante el gobierno y la sociedad.
Quinta preocupación: la injerencia del gobierno de los Estados Unidos, interesado en mantener el control sobre un gobierno al que se le ha asignado el papel de ser referente en una Centroamérica que, desde hace años, se convirtió en un problema para EUA. Es cierto que el gobierno hondureño necesita de una inyección financiera de Estados Unidos, y es una relación de subordinación de la que no puede prescindir. Pero, a la vez, tiene la ocasión de unir la asignación como referente centroamericano, con el ejercicio de un liderazgo a partir de los intereses de los países de la región. Es un desafío para no quedar únicamente como correa de transmisión, y así abrirse a relaciones multilaterales, aprovechando el liderazgo y reconocimiento que internacionalmente se ha ganado.
La relación e injerencia del gobierno de Estados Unidos es, sin duda, la mayor de las preocupaciones. En dos meses han pasado por el país al menos siete subsecretarios del gobierno de EUA, además de la vicepresidenta Kamala Harris, y diversos personajes de la política, la economía, la defensa y la seguridad han tenido múltiples reuniones con representantes del gobierno hondureño y de la sociedad civil.
Sexta preocupación: la conflictividad subyacente en la minería y los proyectos extractivos y, a fin de cuentas, la deteriorada realidad ambiental hondureña. En el primer Consejo de Ministros, realizado el uno de marzo, la presidenta Castro presentó un decreto ejecutivo relacionado con la suspensión de la minería a cielo abierto. Pero el texto no pasó, con el argumento de que carecía de fundamentos técnicos, y que se aprobaría en el siguiente Consejo. Sin embargo, existen señales de que, lo que hay, es una presión cada vez más fuerte de los inversionistas mineros.
Esto es apenas un asomo de lo que podría ser uno de los factores de mayor conflictividad social, política y ambiental entre los que se ciernen sobre la sociedad hondureña y, particularmente, sobre el nuevo gobierno. Tiene que ver con el presente y futuro de las inversiones mineras y con el extractivismo, uno de los motores para empresarios nacionales y extranjeros. Y tiene que ver con el deterioro ambiental, con los ríos, el agua, los bosques y los territorios ancestrales y campesinos.
Aquí nos encontramos con el meollo de la contradicción política y económica del país, incluso con la confrontación de dos cosmovisiones. Una que entiende que el ambiente, el agua, los ríos y los territorios son parte de nuestra madre naturaleza, y que protegerla es misión de las comunidades. Y otra que entiende que los bienes naturales se deben explotar porque son mercancías que, a la vez, aseguran empleo en las comunidades. Romper con esta contradicción es una condición para redefinir las inversiones, el desarrollo y prevenir que los fenómenos naturales se conviertan cada vez en mayores desastres.
2. Contextualización geopolítica
Hemos de recordar que fue el del General[1] Ramón Sabillón Pineda el primer nombre que se conoció, en firme, para conformar el gabinete de gobierno que preside doña Xiomara Castro. El exdirector de la Policía Nacional estuvo exiliado desde 2016, bajo la protección del gobierno de Estados Unidos, cuando se vio obligado a escapar tras amenazas recibidas del círculo de Juan Orlando Hernández por su decisión de capturar a los hermanos Valle Valle en el Occidente del país, contraviniendo órdenes del mandatario.
Esta primera decisión se dio en un contexto en que el gobierno de EUA está especialmente interesado en tener, incluso más que en otros años, una incidencia expresa en el nuevo gobierno. Esta tendencia se advertía desde mediados de 2021, cuando se podía entrever el triunfo electoral de la alianza opositora. Durante ese año, por la capital hondureña desfilaron varios personeros del gobierno estadunidense, cuya presencia aumentó cuando se acercaban las elecciones.
Unos días antes de los comicios, se hizo presente el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, así como las autoridades de más alto nivel de la USAID[2], lo que evidenció el interés especial de la embajada de EUA en acercarse a la entonces candidata presidencial, que ya se perfilaba como virtual ganadora; de igual manera, sostuvo reuniones continuas con grupos ligados al régimen de Hernández.
Consolidar una presencia directa
Cuando ya se advertía la derrota del candidato oficialista y se elevaba el perfil de la candidata opositora, se conoció la propuesta de nombramiento de la nueva embajadora de Estados Unidos, luego de varios años de que la sede diplomática estuvo a cargo de funcionarios de menor rango.
Este acercamiento se fortaleció tras los resultados electorales y se profundizó una vez que Xiomara Castro asumió la Presidencia. Además de la vicepresidenta Kamala Harris —que asistió a la toma de posesión presidencial—, en dos meses trascurridos desde entonces, ha venido a Honduras al menos una decena de altos funcionarios del gobierno de Biden, para dejar en claro sus líneas de intervención en diversos campos.
¿A qué se deben estas acciones? ¿Qué hay detrás de ellas? Son preguntas obligadas para una atenta lectura política del momento, porque el triunfo de la coalición que lidera Libre se dio en un contexto geopolítico sumamente complejo e incierto. Hay varios elementos que conviene anotar, considerando que el nuevo gobierno ha recibido el reconocimiento y respaldo nacional e internacional.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que el nuevo gobierno es visto por varios sectores como continuidad del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, interrumpido por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Para estos, emerge la sombra de una reedición de las relaciones con el bloque que conforman Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como la posibilidad de emprender relaciones con la República Popular China y los países petroleros del Medio Oriente.
Centroamérica como problema para EUA
Las estrechas relaciones del gobierno de Estados Unidos con la nueva administración no son fortuitas; tampoco responden a la buena voluntad o generosidad del presidente Biden, sino a un contexto centroamericano que se ha tornado altamente conflictivo para EUA, tanto, que en los últimos años Centroamérica se ha convertido en un verdadero problema para ellos.
Las políticas de exclusión y empobrecimiento, más la corrupción galopante de quienes administran las instituciones públicas en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, así como los vínculos de estos gobiernos con el narcotráfico internacional, llevaron a un aumento exponencial de los conflictos internos, una de cuyas expresiones más dramáticas es el aumento de migrantes hacia Estados Unidos. Estos gobiernos, especialmente el hondureño, perdieron la confianza de la administración norteamericana —con la excepción del gobierno de Trump—, y esto se constituyó en un serio problema para quienes fueron considerados, durante décadas, como “aliados tradicionales” de EUA.
Estados Unidos tuvo, hasta hace pocos años, al gobierno salvadoreño como su principal referente en Centroamérica, pero esa referencia se perdió. Quiso establecer un vínculo similar con Guatemala, pero el compromiso de su gobierno con hechos íntimamente vinculados con la impunidad lo descalificó como referente para EUA en sus nuevos propósitos para esta región.
La gravedad del problema se expresa, sobre todo, en el fenómeno migratorio, que el gobierno estadunidense no ha sabido manejar. Lo arrastra desde el gobierno de Obama, se radicalizó con el de Trump y ahora, con la administración Biden, da “palos de ciego”. No sabe cómo responder, y sigue acentuando el recurso coercitivo con una legislación agresiva. La administración estadunidense ve a los migrantes más como un problema de seguridad que como una crisis humanitaria. Es como la punta del iceberg de una región que se le está yendo de las manos, porque no sabe cómo tratarla adecuadamente para hacer prevalecer sus intereses en cada uno de estos países.
Una vez más, Honduras como laboratorio
Así las cosas, las elecciones en Honduras se convirtieron en decisivas, geopolíticamente hablando; para los EUA, una vez más, Honduras se convierte en laboratorio de su geopolítica y las elecciones fueron su punta de lanza. De modo que estar cerca de Honduras significa, para el gobierno de los EUA, una presencia decisiva, como la que está adquiriendo actualmente.
Dicho con toda claridad: es evidente que EUA incidió en las elecciones de 2021, aunque al inicio su embajada en Tegucigalpa se interesó, sobre todo, en que se respetaran los resultados electorales. Con el correr del tiempo, fue decantándose hacia un resultado que sacara al candidato oficial de las preferencias electorales. Y, a partir de octubre de 2021, la preferencia hacia un triunfo de doña Xiomara Castro, fue contundente.
En ese contexto geopolítico y de laboratorio, Honduras pasa a constituirse en el referente centroamericano y, por qué no decirlo, el referente latinoamericano para la política del gobierno estadunidense. Para EUA es estratégico tener de su lado al gobierno de Honduras, y necesita influir en sus decisiones a través de respaldo político y financiero, intentando bloquear otras posibles influencias regionales y mundiales.
Cuando apenas se cumplía el primer mes de gobierno, el país recibió la visita de la jefa del Comando Sur cuyo objetivo preciso, de acuerdo con diversas filtraciones, era olfatear el ambiente político ante una eventual instalación en el territorio nacional de una infraestructura militar para propósitos geopolíticos, en caso de que la guerra entre Rusia y Ucrania adquiriera los alcances de una guerra mundial.
El gobierno de la República Popular China está esperando la oportunidad de establecer relaciones diplomáticas con nuestro país, lo que conviene a los intereses nacionales, pero EUA necesita tener siempre de su lado al gobierno hondureño, en una región volátil donde se han debilitado sus vínculos con los gobiernos de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. De modo que estamos ante un contexto geopolítico novedoso, sumamente importante y desafiante para Honduras.
Estrategia de EUA para Honduras: un riesgo y una oportunidad
Para el nuevo gobierno las relaciones con EUA son un riesgo, pero también una oportunidad. Al estar el gobierno estadunidense condicionado por la problemática centroamericana, al gobierno hondureño se le abre un espacio en el que debe saber negociar. Ambos se necesitan en un período de alta conflictividad regional y mundial.
El gobierno de Xiomara Castro está ante el enorme desafío de establecer un nuevo tipo de relaciones con EUA y de contar con su respaldo, pero a la vez impulsar propuestas propias de acuerdo con los intereses nacionales. Además, puede aprovechar el papel de referente asignado, para liderar propuestas regionales afianzando alianzas con los Estados centroamericanos a partir de intereses comunes; entre otros, una agenda migratoria, económica, ambiental y sanitaria.
El nombramiento de Sabillón como primera pieza clave del gabinete, ratifica que la seguridad es de alta prioridad para la política de Estados Unidos en Centroamérica, particularmente en Honduras. Así, se puede prever que habrá otras decisiones que también estarían condicionadas por esa y otras prioridades de los EUA. Al nuevo gobierno le toca lidiar en este mar agitado, en el que necesitará un plan de gobierno basado en la autodeterminación y no en la subordinación al imperio estadunidense. He ahí el desafío geopolítico que tiene la administración que lideran Libre y la presidenta Castro Sarmiento.
3. Desafíos internos
Impulsar estrategias para enfrentar la estructura criminal
La estructura criminal que se construyó bajo el liderazgo del equipo de Juan Orlando Hernández sigue intacta. Aplicar medidas que estratégicamente reduzcan y debiliten esa estructura es, sin duda, uno de los desafíos de la nueva administración. Es verdad que una coalición con Libre a la cabeza ganó las elecciones, pero eso solo la coloca en una posición de ventaja relativa para enfrentar una institucionalidad que se construyó para estar al servicio de mafias corruptas y criminales.
Pensar que con el triunfo electoral y la conformación de un nuevo equipo de gobierno se tiene bajo control a las mafias criminales es, en el mejor de los casos, una ingenuidad política y, a lo sumo, buena voluntad. El crimen organizado y la corrupción no desaparecen porque cambie el signo político del gobierno; sus tentáculos permearon toda la sociedad, incluyendo a dirigentes de los partidos políticos.
El crimen organizado, la corrupción y la impunidad siguen siendo un factor decisivo en la vida política nacional y el equipo del nuevo gobierno tendrá aquí uno de sus desafíos más complejos. Apurar cambios en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado, así como crear y echar a andar una instancia internacional que investigue los casos de corrupción y castigue su impunidad, contribuirá a dar respuestas efectivas a las amenazas presentes.
Vertebrar una propuesta nacional a partir de consensos
Uno de los mayores desafíos para el nuevo gobierno es vertebrar una propuesta nacional que recoja consensos mínimos con los diversos sectores sociales. Hacer frente a este desafío cuenta con la ventaja del amplio reconocimiento que tiene el nuevo gobierno, y su disposición a considerar iniciativas que provengan de aquellos sectores.
Esto requiere, además, una enorme capacidad del equipo de gobierno para tender puentes institucionales de comunicación y diálogo que garanticen una escucha permanente de las distintas voces y sus demandas. Requiere salir de los espacios de confort, de los grupos y voces afines, y así evitar el síndrome del “burbujismo”, que da seguridades sectarias, pero distancia a los funcionarios públicos de la sociedad.
Las semanas previas a la toma de posesión, el equipo nombrado por la Presidenta electa diseñó una transición con una intensa actividad de convocatoria a diversos sectores para escuchar sus planteamientos, y se conformaron comisiones de trabajo según los temas considerados. Cada sector formuló su propuesta: desde el empresariado y las centrales obreras, pasando por los movimientos sociales ambientalistas, de derechos humanos, juventudes, feministas y de la diversidad sexual. Todos hicieron sentir sus demandas, en un ambiente de creciente expectativa y entusiasmo, incluso de alboroto.
Riesgos de convocatoria con una metodología vertical
En las pocas semanas que duró la transición, entre las elecciones y la toma de posesión, hubo una fiebre de convocatorias a líderes y organizaciones de la sociedad civil. Pero a dos meses de gobierno este ambiente se ha esfumado y, en lo fundamental, ha sido sustituido por nombramientos conducidos por la voluntad expresa de Manuel Zelaya, el coordinador general de Libre, sin consultar a los afectados por tales nombramientos.
Sin duda, el caso más preocupante es el nombramiento —como Gobernador del departamento de Colón— del actual alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, símbolo de contubernio con los mineros y enemigo jurado de las luchas de “los guapinoles”. Lo mismo ha ocurrido con el nombramiento de los titulares de la Copeco[3] —a nivel nacional y en el valle de Sula—, sin tomar en cuenta a las organizaciones que han luchado tesoneramente en demanda de la construcción de bordos, y la protección de ríos y cordilleras, ante las amenazas reales de nuevos eventos naturales que de inmediato se convertirían en desastres. La consulta desapareció; fue un estallido de euforia tras el triunfo electoral, que en poco tiempo dio paso al pragmatismo político.
Reducir polarización que empantana
Otro de los desafíos del nuevo gobierno es reducir la elevada polarización, tras doce años de conflictos, descréditos y descalificaciones. Durante doce años la polarización se acentuó entre quienes dieron y avalaron el golpe de Estado y los ubicados en la genéricamente llamada Resistencia.
Además, tras el triunfo electoral y durante las semanas de transición, entre algunos activistas de Libre ha crecido un sentimiento de exclusividad en el manejo y control de la institucionalidad del Estado. Para ello han recurrido al argumento de que el lugar en la lucha se ganó en las calles, algunos incluso mostrando fotografías de los momentos en que fueron gaseados.
Solo quienes se la jugaron en la calle adquirieron el derecho a participar en las estructuras del nuevo gobierno. Si alguien que ha sido crítico —tanto de las políticas del régimen anterior, como de Libre—, o al menos se haya mantenido independiente, no puede ser reconocido como militante y, por tanto, debe ser excluido de la nueva administración, sin derecho a opinar o proponer.
“Mapaches” les llaman a quienes se acercan o expresan públicamente su entusiasmo por el nuevo gobierno o, más aún, que expresan sus opiniones o propuestas, pero que no proceden de la tradición de lucha de Libre. “Mapaches”, porque se trata de gente que no hizo nada durante la lucha proselitista, pero ahora irrumpe, como los mapaches, que únicamente aparecen en la milpa cuando las mazorcas ya están listas para comer.
Esas expresiones de intolerancia son muy propias de una polarización que destruye e impide avanzar hacia escenarios de diálogo con base en debates. La tendencia a controlar el poder, en lugar de administrarlo y de abrir espacios para la circulación de las ideas, es un peligro latente que debe evitarse; y cuanto más pronto se advierta, será mucho más exitoso contrarrestarlo.
El gran desafío: construir una alianza nacional política y social
El gobierno que arrancó el 27 de enero necesita el respaldo militante de las organizaciones populares, gremiales y sociales, porque las amenazas se harán sentir más pronto de lo esperado. Este gobierno está bajo el acecho de la criminalidad organizada, a la que se unirá un sector empresarial que verá peligrar sus privilegios y beneficios adquiridos a la sombra del régimen de Hernández. Y también está al acecho la extrema derecha internacional, que buscará debilitar el quehacer y distorsionar la imagen del gobierno, al calor de luchas geopolíticas por el control del poder.
Por todos los frentes buscarán debilitarlo, cooptarlo e impedir que funcionen las políticas públicas de beneficio para las mayorías. Y de ser necesario, realizarán campañas de desprestigio, que podrían incluir el apoyo o impulso a climas de violencia, el respaldo al aumento de la migración y el financiamiento de acciones de protesta, aprovechando demandas no satisfechas. Y todo esto puede provocar el caos, que justifique una nueva ruptura constitucional.
El periodo de gracia para el nuevo gobierno es muy corto. Luego puede irrumpir la conflictividad, que por ahora está agazapada. El gobierno ha de prepararse para saber discernir y responder a las confrontaciones, evitando la tentación de caer en medidas y respuestas populistas ante las demandas de los más empobrecidos. Y lo mismo se ha de decir de las organizaciones sociales que, motivadas por sus demandas postergadas, podrían ser fácilmente manipuladas por grupos interesados en hacer que el gobierno se fracture internamente y avance hacia el fracaso.
Saber diferenciar entre aliados reales y falsos aliados es una prioridad, tanto para el gobierno como para las dirigencias de las organizaciones sociales y populares. Es necesario construir una alianza política y social en el orden táctico y estratégico, entre el gobierno y las organizaciones sociales y populares, lo que no debe estar reñido con la identidad de cada uno de estos actores. Ha de ser alianza justamente porque son distintos, pero complementarios en sus objetivos y luchas. El gobierno y las organizaciones se necesitan mutuamente, porque ambos tienen al crimen organizado y otros grupos de rancio poder como un enemigo común. Y ante esa necesidad, requieren de una estrategia conjunta para superar el atraso, la dependencia y la pobreza.
Una condición para avanzar hacia una alianza nacional político-social, es generar confianza, tanto entre el gobierno y las organizaciones sociales y populares, como entre las organizaciones entre sí. El gobierno ha de dar respuestas a las demandas de las organizaciones y de las mayorías, como la derogación de leyes para avanzar en el desmantelamiento de la estructura política y jurídica en que se sostuvo la dictadura; entre otras, el andamiaje jurídico que sustentó la aprobación de las ZEDE.
Si el gobierno sabe responder a estas demandas, las organizaciones sociales y populares estarán prestas a defenderlo puesto que, a fin de cuentas, no estarán defendiendo tanto al gobierno, sino que sus propios avances, y respaldando unas autoridades que actúan a favor del pueblo. Para lograrlo, el gobierno ha de establecer canales institucionales para sostener un diálogo permanente con las organizaciones sociales y populares, para informarles en el momento oportuno sobre las decisiones que se tomarán, sobre los obstáculos que impiden responder a las demandas populares, y así evitar la manipulación que los medios de comunicación podrían hacer de las decisiones que asume el gobierno.
La comunicación permanente y la defensa de los avances alcanzados, deberán ser condición para que funcione la alianza nacional político-social, lo cual no significa que las organizaciones sociales y populares se plegarán ciegamente al gobierno. Por su parte, el gobierno debe responder a las demandas estratégicas de las mayorías, sostener un diálogo y debate permanentes con las organizaciones sociales y populares, y crear las condiciones que conduzcan a que, a mediano plazo, se convoque a una asamblea nacional constituyente que impulse una propuesta de gobernabilidad con un liderazgo popular e incluyente.
Si esto no se logra y, aún más grave, si el gobierno se decanta por favorecer los objetivos de la empresa privada y se subordina a las políticas de Estados Unidos, entonces la alianza nacional político-social perderá su razón de ser, y las organizaciones han de proseguir su quehacer priorizando la presión social.
[1] General de Policía, en condición de retiro.
[2] Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
[3] Comisión Permanente de Contingencias.
*Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).