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Martes, 25 Agosto 2020

Primer lugar en impunidad


De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los problemas estructurales que tiene Honduras es la impunidad, la cual se sostiene en un sistema que privilegia a quienes tienen vínculos con el poder político y económico, y afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad es “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena” de quienes cometen delitos. En otras palabras, estas personas escapan de toda investigación y sanción por sus crímenes.

Recientemente, la Universidad de las Américas de Puebla publicó una nueva edición del Índice Global de la Impunidad y en él Honduras se ubica en el primer lugar de América Latina como el país peor calificado en niveles de impunidad y en segundo lugar a nivel global sólo superado por Tailandia.

Este índice solo viene a reflejar una realidad que vivimos a diario y que se traduce en los siguientes datos nacionales: La tasa de impunidad sobrepasa el 95%, es decir, de 10 delitos cometidos en el país, solo 1 es investigado y sancionado.

Cuando se trata de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos la impunidad llega al 87%; en femicidios alcanza el 90%; en delitos sexuales llega hasta el 95%; en asesinatos contra periodistas la impunidad es del 93%; y más del 90% de los crímenes contra personas LGTBI quedan impunes.

Estos datos reflejan el fracaso absoluto del Estado en construir un sistema de justicia competente, independiente e imparcial, lo cual se ha aprovechado para militarizar el país y aplicar políticas represivas con graves consecuencias para la democracia y los derechos humanos.

Pero también refleja el fracaso de la cooperación internacional oficial que sigue empeñada en lavarse las manos con la crisis hondureña mediante la aprobación de millones de dólares y euros para un sistema de justicia que cada día demuestra que se ha constituido para proteger los intereses del poder político y económico.

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