Ante el asesinato de los defensores ambientalistas de la comunidad de Guapinol, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, la Coalición contra la Impunidad se manifiesta en los siguientes términos:
Primero: Condenamos enérgicamente este doble asesinato que corrobora que, pese al cambio de gobierno, se mantienen intactas las estructuras criminales dentro y fuera del Estado que atentan contra la vida de las personas defensoras.
Segundo: Denunciamos que el asesinato de nuestros compañeros Aly y Jairo constituye el último eslabón de un patrón de violencia en contra de quienes defienden la vida, ya que ellos y la comunidad de Guapinol, primero fueron víctimas de amenazas y hostigamientos, después de represión policial y militar, luego fueron objeto de criminalización por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, y, finalmente, fueron eliminados físicamente.
Tercero: Repudiamos la declaración de la Dirección General del Sistema de Protección en el sentido de plantear que Aly y Jairo no eran beneficiarios de medidas de protección porque las organizaciones y las comunidades son las que definen quiénes obtienen ese beneficio. Esta posición demuestra que este sistema no cumplió con su obligación de realizar los análisis de riesgo adecuados para confirmar que existía y sigue existiendo un contexto de violencia, estigmatización y criminalización contra ellos y su comunidad.
Cuarto: Hacemos un llamado al Sistema Nacional de Protección a revisar sus prácticas para garantizar la protección debida a las personas defensoras, cuya situación individual o colectiva da elementos suficientes para protegerlas debido a su gravedad, ya que, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se debe tener en cuenta el tenor de las amenazas que habían recibido y su materialización contra uno o más miembros de su comunidad; los antecedentes de actos de agresión contra ellos, sus familias y su comunidad; y las campañas de desprestigio y estigmatización que constituyen apología e incitación a la violencia contra todas las personas defensoras de Guapinol.
Quinto: Exigimos al gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento que instruya al Secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, para que no continúe postergando la decisión de cancelar los proyectos extractivos desarrollados en el Parque Natural Carlos Escaleras Mejía por la empresa Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez y Ana Facussé, los cuales están viciados de una serie de irregularidades que ya fueron denunciadas como corresponde y están contaminando los ríos San Pedro y Guapinol.
Sexto: Alertamos de la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Tocoa para investigar este crimen, pues son las mismas autoridades que han reprimido, hostigado, amenazado, atentado y criminalizado a la comunidad de Guapinol. Además, pese a existir la obligación de presumir que este crimen tiene que ver con el trabajo de defensa que realizaban Aly y Jairo, la Policía Nacional, sin establecer otras líneas de investigación, ya ha planteado que el móvil fue el robo. En este sentido, exigimos que se constituya una unidad especial de investigación al más alto nivel con la participación de la comunidad de Guapinol y de las organizaciones nacionales e internacionales que le acompañan.
Séptimo: Llamamos a la comunidad internacional, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y a la sociedad hondureña a exigir al gobierno de Honduras a ponerle fin al conflicto minero que ha dado origen a tanta sangre y dolor, al Mecanismo Nacional de Protección a que cumple con su obligación de prevenir y proteger, y al Fiscal General del Ministerio Público a facilitar el desarrollo de una investigación seria y efectiva para evitar la impunidad en este caso.
Octavo: Manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares, así como con la comunidad de Guapinol, y les ratificamos nuestro compromiso de continuar acompañando su lucha por una Honduras libre de proyectos extractivistas que traen muerte y sufrimiento a las personas y comunidades.
Dado en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, a los 11 días del mes de enero de 2023.