Pronunciamiento
Las 55 organizaciones integrantes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), de la siguiente manera nos pronunciamos públicamente ante la opinión pública nacional e internacional, con respecto a la situación relacionada con la elección del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto:
PRIMERO: Recordamos que el Ministerio Público viene arrastrando una situación de inconstitucionalidad permanente desde que el Congreso Nacional anterior eligió a Óscar Fernando Chinchilla y a Daniel Sibrián como Fiscal General y Fiscal Adjunto, respectivamente, en un proceso que vulneró abiertamente el artículo 233 constitucional que manda a que éstos sean escogidos de una lista de 5 personas candidatas presentada por la Junta Proponente. El abogado Chinchilla no se encontraba en dicha lista y su elección fue respaldada por algunos sectores políticos y sociales que hoy se autoproclaman defensores de la democracia y la Constitución, tal como lo denunciamos el 2 de julio de 2018.
SEGUNDO: Lamentamos que la clase política representada en el Congreso Nacional haya sido incapaz de llegar a los consensos necesarios para elegir de forma permanente a un Fiscal General y su Adjunto una vez que concluyó el mandato de cinco años de los anteriores fiscales, lo cual ha provocado que el Ministerio Público haya quedado acéfalo y con un Fiscal Adjunto de facto que fue partícipe y cómplice de que esta institución del Estado se haya convertido en una instrumento de la impunidad y en una herramienta de criminalización en contra de quienes defienden la vida, la tierra, los territorios, los bienes comunes y los derechos humanos.
TERCERO: Condenamos el hecho de que el Congreso Nacional tampoco haya cumplido con la recomendación del Relator de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados de revisar el procedimiento de selección y nombramiento del Fiscal General y su Adjunto, ya que, según este mecanismo internacional, el proceso actual no ofrece garantías suficientes para eliminar la injerencia de los partidos políticos en su elección, como lo demuestra el último proceso de selección de los abogados Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Sibrián, al margen de la Constitución de la República.
CUARTO: Rechazamos las demostraciones de fuerza, poder y extorsión al interior del hemiciclo legislativo, y la violencia que caracterizó la clausura del período ordinario de sesiones el pasado 31 de octubre, por lo que exhortamos a los diversos actores políticos y sociales del país a cumplir con la legalidad constitucional y con su deber de dedicarse de manera exclusiva al desempeño de sus respectivos mandatos, y no a la ejecución de maniobras para buscar protección e impunidad mediante el secuestro del Ministerio Público en detrimento de los intereses generales de la sociedad.
QUINTO: Recordamos que, si bien el artículo 208 numeral 11 le atribuye a la Comisión Permanente del Congreso Nacional la facultad de elegir interinamente, en caso de falta absoluta, los sustitutos del Fiscal General y su Adjunto, el ambiente de polarización, crispación, violencia y falta de diálogo enturbian cualquier proceso relacionado con el Ministerio Público. Nos preocupa que esta situación siga evitando que se logren los consensos para elegir a los titulares permanentes del ente investigativo y que el interinato de los abogados Johel Zelaya y Mario Morazán, Fiscal General y Fiscal Adjunto interinos, se prolongue indebidamente en el tiempo.
SEXTO: Recordamos a todos los actores políticos, empresariales y sociales del país el compromiso de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el sentido de a) crear espacios de diálogo basados en el respeto mutuo para alcanzar acuerdos y consensos; b) investigar y sancionar a quienes son responsables del golpe de Estado, de actos de corrupción y de violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del rompimiento del orden constitucional; c) y fortalecer la institucionalidad pública, sobre todo la dedicada a la protección y restitución de los derechos y libertades.
SÉPTIMO: Invitamos a las personas diputadas del Congreso Nacional y a quienes desde afuera influyen en sus acciones, a abandonar sus temores e intereses particulares, a sentarse a dialogar y a alcanzar los consensos necesarios y enmarcados en la ley para la creación de condiciones que a) eleven la confianza social en la institucionalidad democrática; b) favorezcan el reconocimiento, goce y disfrute de los derechos humanos; c) contribuyan a un desarrollo humano incluyente que reduzca la pobreza y la desigualdad; d) establezcan alternativas ante la migración y el desplazamiento forzado; e) reduzcan espacios a la corrupción y la impunidad; y, f) fortalezcan las prácticas y las instituciones de la democracia.
OCTAVO: Exigimos al Fiscal General interino y su Adjunto, abogados Johel Zelaya y Mario Morazán, que mientras dure su interinato, se apeguen irrestrictamente a la legalidad constitucional e internacional, reactiven inmediatamente el Consejo Ciudadano establecido en el artículo 79 de la Ley del Ministerio Público y convoquen a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras con el fin de elaborar conjuntamente entre las tres instancias un plan de emergencia orientado a realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentra el Ministerio Público y a adoptar las medidas oportunas para su fortalecimiento y la recuperación de la confianza ciudadana.
Siguatepeque, Comayagua, 06 de noviembre de 2023