Rafael Jerez Moreno*
El respaldo que ha recibido Xiomara Castro será fundamental para que pueda llevar a cabo un gobierno pragmático, respetuoso del Estado de derecho y de los derechos humanos.
El mayor reto que enfrentará, sin duda, será cumplir con las expectativas que ha generado, pero debe haber conciencia de que en una democracia deteriorada se requiere de gradualidad en los resultados que surjan de las políticas públicas implementadas.
Introducción
La jornada electoral que se celebró el 28 de noviembre de 2021 fue una luz en medio de un contexto de incertidumbre, expectativas y tensiones. Antes de ese día, nadie habría previsto lo que finalmente ocurrió: una jornada caracterizada por la participación ciudadana masiva, un Consejo Nacional Electoral (CNE) que finalmente generó un grado de certidumbre, y la ausencia de violencia política después de los resultados preliminares. A la fecha en que este análisis fue elaborado, la incertidumbre retornó debido al escrutinio en el nivel electivo de diputaciones al Congreso Nacional, que ha evidenciado las debilidades de conjunto del proceso electoral.
La elección de Xiomara Castro como la primera mujer en ejercer la titularidad de la Presidencia de la República marca un antes y un después en la historia política hondureña y en la reivindicación de la representación política de las mujeres. La administración liderada por Xiomara Castro será el primer gobierno integrado por diferentes fuerzas políticas que estarán obligadas a alcanzar consensos para iniciar un proceso de democratización y fortalecimiento del Estado de derecho.
Pese a la derrota por amplios márgenes en el nivel presidencial, el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) conservan su cuota de poder en el Congreso Nacional, lo que deja vigentes sus posibilidades de entrar en decisivas negociaciones políticas e incidir en el impacto de la agenda legislativa de la coalición opositora, integrada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el PINU-SD.
- Las claves del día D
El 27 de noviembre de 2021 publiqué un análisis en el diario digital Criterio.hn, en el que señalaba que había cinco claves en el desarrollo de la jornada electoral: la participación de la ciudadanía, la efectividad de la depuración del censo electoral, la transmisión de resultados preliminares, la justicia electoral y el papel de la comunidad internacional[1]. Todas estas contribuyeron, en diferentes niveles, a que la jornada electoral se desmarcara del patrón que delineó los procesos de 2013 y 2017 e, incluso, las elecciones primarias celebradas en marzo de 2021. La justicia electoral será analizada en otro acápite.
La participación electoral de la ciudadanía es la primera clave. Para las elecciones generales de 2017, el censo electoral fue de 5,795,364 ciudadanos habilitados para votar; esta cifra se redujo en 612,928 ciudadanos, lo que resultó en un censo de 5,182,436 hondureños habilitados para votar en las elecciones generales de 2021. Sumado a ello, el 8 de noviembre, el Registro Nacional de las Personas tenía 450,000 Documentos Nacionales de Identificación (DNI) aún por entregar[2]. Y, de más de un millón de hondureños residentes en el extranjero, únicamente 15,331 estaban habilitados para votar[3].
La reducción del número de electores en el censo fue positiva, pero las dudas persistían por los DNI que todavía no se entregaban; había incertidumbre sobre si se permitiría ejercer el sufragio con la tarjeta de identidad anterior y sobre la funcionalidad del lector de huellas digitales en las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Con todo este contexto, el CNE registró una participación electoral del 69% el 28 de noviembre. Esta cifra supone la reducción del abstencionismo a un 31%, después de que en 2017 alcanzó el 43%[4].
Las buenas sensaciones que dejó el lector de huella dactilar vienen de la mano con la participación electoral. Según el instructivo aprobado por el CNE, el lector de huella fungía como primer paso para verificar la identidad del votante; en su defecto, se recurriría al cuadernillo de votación.
La consejera del CNE, Rixi Moncada, informó que, durante la jornada electoral, 60 mil personas pretendieron votar después de haberlo hecho una vez, pero el lector de huella lo impidió[5]. El hecho de que el dispositivo tecnológico identificara al votante, disminuyó la discrecionalidad de los miembros de la JRV para permitir que electores no inscritos, o que ya habían ejercido su derecho, volvieran a hacerlo.
Una vez concluido el proceso de votación, se produce una transición entre las JRV y el CNE con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). En esta etapa, la Ley Electoral obliga a los consejeros del CNE a divulgar resultados preliminares a más tardar tres horas después del cierre de las votaciones.
Este mandato de ley —que busca disminuir la discrecionalidad política de los consejeros—, finalmente se cumplió y marcó un punto de inflexión con respecto al extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, en 2017, inició la divulgación de resultados en la madrugada del día siguiente a la jornada electoral; también con respecto a sí mismo pues, en las elecciones primarias de marzo de 2021, la divulgación de resultados inició tres días después de los comicios. En este último caso, no hubo TREP.
En resumen, el TREP generó certidumbre durante la noche de la jornada electoral, al tratarse de datos oficiales transmitidos por el pleno del CNE, en el que están representadas las tres fuerzas políticas mayoritarias, aun y cuando las autoridades del Partido Nacional y de Libre declararon a sus candidaturas respectivas como ganadoras, horas antes del pronunciamiento del CNE.
En la primera divulgación de resultados, la diferencia entre Xiomara Castro y Nasry Asfura era de 108,263 votos (19%) con un 16% de las actas procesadas. El 30 de noviembre, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció la victoria de Castro y ofreció su contribución al “fortalecimiento de las instituciones democráticas, promoción del desarrollo económico, la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional”[6]. Posteriormente, la candidata recibió las felicitaciones de Carlos Alvarado, Presidente de la República de Costa Rica; Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba; Luis Almagro, secretario general de la OEA, y de Alberto Fernández, Presidente de Argentina.
- Hallazgos de las Misiones de Observación Electoral
Los informes preliminares de las Misiones de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), adquieren importancia porque son la mirada técnica, no solo del proceso electoral, sino de las reformas que se realizaron en los últimos cuatro años, en las que la OEA participó por medio de la formulación de propuestas en materia de legislación electoral.
En su informe preliminar, la OEA destacó que los consejeros propietarios del CNE pudieron llevar adelante el proceso superando sus diferencias partidarias. La MOE reconoció que parte de los atrasos en el cronograma electoral se debió a la aprobación tardía del presupuesto por el Congreso Nacional, pero también hubo debilidades en la capacitación de los actores que intervienen en el proceso, en la emisión de reglamentos y ausencia de planes de contingencia. La Misión también calificó de manera satisfactoria la autenticación de electores por medio del lector de huellas digitales[7].
Respecto del TREP, la MOE expresó que, previo a la jornada electoral, se sabía que 442 centros de votación no podrían transmitir resultados, debido a que el CNE no cerró el contrato con uno de los proveedores del servicio. El día de las elecciones, alrededor del 45% de los centros de votación transmitieron los resultados al CNE, y el resto de las actas fueron enviadas al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en Tegucigalpa, donde se instaló el Centro Electoral Logístico. Para los niveles electivos municipal y legislativo, de los 5,755 centros de votación habilitados, 2,580 lograron transmitir resultados al CNE, y fueron divulgados a partir del 29 de noviembre[8].
Por su parte, la MOE de la UE presentó una declaración preliminar sobre el proceso electoral el 30 de noviembre. La UE enfatizó que la transmisión de resultados electorales preliminares generó confianza, aun y cuando se limitó a la mitad de los centros de votación. La jefa de la MOE, Željana Zovko, expresó que hubo mejoras en la actualización del censo electoral, pero rescató que el DNI no fue entregado a todas las personas habilitadas para votar. Indicó que el proceso se caracterizó por una gestión politizada en el CNE y que, si bien el nuevo diseño institucional aporta contrapesos a lo interno, no ha sido suficiente para una administración apropiada de las elecciones. También se refirió al uso de los recursos del Estado durante la campaña electoral, particularmente la distribución de bonos de ayuda social[9].
Las observaciones de la OEA y la UE ponen de relieve que, en su integralidad, el proceso recayó en una cadena de hechos que no solo son imputables al CNE, por los que no se cumplió el cronograma electoral. Aun y cuando durante la jornada electoral y en los días posteriores no se desencadenaron hechos de violencia política, como en las elecciones generales de 2017, no se puede soslayar que la etapa preelectoral sí estuvo marcada por episodios de esta naturaleza.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), desde la convocatoria a elecciones primarias en septiembre de 2020 hasta el 18 de noviembre de 2021, se contabilizaron 63 casos de violencia política, entre los que figuran 29 muertes violentas y 14 atentados[10].
La MOE de la OEA también hizo referencia a los discursos de odio que permearon las campañas políticas, dirigidos contra las mujeres, sus derechos reproductivos y sexuales, la comunidad LGTBQI, y entre los contendientes políticos[11].
A la espera de los informes finales de ambos organismos, lo expuesto en sus declaraciones preliminares deja claro que la reforma electoral no ha concluido y que la separación entre el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) fue un primer paso rescatable, pero la fragmentación del poder en más de tres fuerzas políticas no se puede traducir en una nueva repartición de cargos.
Los contrapesos que se generaron a partir de la integración de fuerzas políticas opositoras en las instituciones eran necesarios, por la manera en que operaba el extinto TSE; sin embargo, el fortalecimiento de las instituciones requerirá de contrapesos que vayan más allá de los intereses contrapuestos de los partidos políticos.
El lector de huellas y el TREP cobran relevancia en este sentido, porque ambos reducen la discrecionalidad de los partidos políticos en el manejo del proceso, uno en la etapa de las votaciones y el otro en la socialización de resultados. A esto se suma la reducción de los miembros de la JRV que, si bien no elimina la participación de los partidos políticos en el manejo de la Junta, sí la disminuye, y esto contribuye a una mayor gobernabilidad.
- La justicia electoral entra en escena
Una vez concluida la jornada electoral, con el reconocimiento de algunos gobiernos extranjeros y organismos internacionales sobre los resultados preliminares, y el pronunciamiento de Nasry Asfura el 30 de noviembre reconociendo el triunfo de Xiomara Castro, la atención se concentró en los niveles legislativo y municipal.
La divulgación de resultados comenzó el 29 de noviembre. Ese día David Chávez, candidato a alcalde del Distrito Central por el PN, reconoció el triunfo de Jorge Aldana, el candidato de Libre. Aldana terminó con cinco períodos consecutivos de gobiernos nacionalistas en la Corporación Municipal de la capital. Armando Calidonio, alcalde de San Pedro Sula y del PN, también reconoció los resultados que favorecen la fórmula de Libre, encabezada por Rolando Contreras en ese municipio.
En cuanto a las diputaciones al Congreso Nacional, las denuncias sobre presunto fraude surgieron un día después de las elecciones, cuando Salvador Nasralla, candidato a designado presidencial en la fórmula de Libre, expresó que se estaban produciendo modificaciones en las actas de cierre de este nivel electivo en el CNE.
Posteriormente, la consejera de este organismo, Rixi Moncada, publicó una imagen con un comparativo entre dos versiones de un acta, denunció adulteración a favor del candidato a diputado del PN, Ebal Díaz, y advirtió: “… no solo es impugnable, también comprueba delito electoral y exhibe a sus autores en la JRV. Deben ser acusados”[12]. Las denuncias contra Díaz fueron replicadas por candidatos del PN, entre ellos Waleska Zelaya, actual diputada al Congreso Nacional, quien dijo que presentará reclamos con respecto a 57 actas[13].
Después de las elecciones primarias que se celebraron en marzo de 2021, el 55% de los reclamos que recibió el TJE correspondía al nivel legislativo. Como se ha reiterado en diferentes análisis, la integración del Congreso Nacional para el período 2022-2026 adquiere especial relevancia, porque este poder del Estado elegirá a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Fiscal General del Estado y a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entre otros.
El PSH entra como una cuarta fuerza política, y se suma a la correlación de fuerzas con el PN, el PL y Libre. El Congreso Nacional y las corporaciones municipales se constituyen como la oportunidad que tienen, sobre todo el PN y el PL, para mantener sus cuotas de poder.
Es oportuno recordar que, con la reforma de la Ley Electoral que entró en vigor en agosto de 2021, el cálculo de la deuda política de los partidos políticos se produce conforme al nivel electivo en que mayor votación obtengan, ya sea presidencial o municipal. Es decir que, indistintamente de los resultados desfavorables para ambas organizaciones políticas, todavía recibirán financiamiento público para sus actividades partidarias.
El desenlace de los reclamos que presenten los candidatos dependerá de la forma en que el CNE examine las actas impugnadas. La Ley Electoral prevé, en su artículo 294, la realización de revisiones y recuentos especiales cuando no coinciden las cifras entre la cantidad de votos emitidos y la cantidad de votos consignada en el acta de la JRV, si hubo error en la contabilización de los votos adjudicados a cada partido político, alianza o candidatura independiente, y si la cantidad de votantes que firmaron el cuadernillo de votación es mayor o menor a la consignada en el acta. Una vez finalizado este procedimiento, la Ley permite reclamar nuevamente ante el CNE y, posteriormente, acudir al TJE. Lo importante es la transparencia e integridad en el resguardo del material electoral y el procedimiento de recuento.
No se puede dejar de lado la participación que la Sala de lo Constitucional de la CSJ podría tener en el conocimiento de las acciones de amparo que la Constitución de la República y la Ley sobre Justicia Constitucional le atribuye entre sus competencias. Por este motivo, la MOE de la OEA recomienda definir con claridad los supuestos bajo los cuales la CSJ puede conocer de asuntos electorales, considerando que el TJE es el órgano jurisdiccional especializado en la materia[14].
- El futuro del bipartidismo
Por primera vez, desde la entrada en vigor de la actual Constitución de la República en 1982, no gobernará el PN ni el PL. Este último no logró reconstruirse después del golpe de Estado, y ha quedado relegado a la negociación de cargos para integrar instituciones públicas y, como ya se dijo, para integrar el Poder Legislativo y las corporaciones municipales.
Según las actualizaciones de los resultados a nivel presidencial al 4 de diciembre, con el 83.10% de las actas publicadas, Yani Rosenthal, candidato presidencial del PL, acumulaba 280,333 votos. En las elecciones generales de 2017, Luis Zelaya, excandidato de este partido, obtuvo 484,187 votos. En cuatro años el PL estaría perdiendo alrededor de 200,000 votos.
Lo que los líderes tradicionales del PL pensaban que sería una apuesta para competir en las elecciones generales, solo se convirtió en la posibilidad de recuperar el control del partido, asumiendo el costo político de seguir siendo la tercera fuerza partidaria. El Partido Liberal afrontará los próximos cuatro años con una autoridad partidaria con bajo índice de respaldo popular, pero con el deber de renovar su liderazgo para captar simpatizantes que le permitan volver a competir con opciones reales de alcanzar el poder.
El PN entregará el poder el 27 enero de 2022, después de doce años de ostentar la Presidencia de la República. A la fecha, con los resultados parciales, Nasry Asfura acumulaba 1,030,790 votos. Esta cantidad mantiene con vida a esta organización política, aun con todas las denuncias por corrupción, vínculos con el narcotráfico y bajos índices de legitimidad que legó el gobierno de Juan Orlando Hernández.
El caso de David Chávez, como autoridad del PN, es similar al de Yani Rosenthal; fue derrotado en la contienda por la alcaldía del Distrito Central por un margen importante, y su partido perdió las elecciones presidenciales. Con Chávez al frente del PN, será difícil hablar de una renovación de liderazgos, sobre todo por sus vínculos con Juan Orlando Hernández.
Después de que se declaren los resultados en el nivel electivo de diputaciones al Congreso Nacional, habrá claridad sobre la capacidad del PN de entrar en las negociaciones para aprobar leyes, reformas constitucionales y nombrar autoridades. Al dejar el poder, el PN pierde la capacidad de disponer de los recursos del Estado —como lo denunció la MOE de la UE—, para sostener a su militancia.
Además, con la salida del Congreso Nacional de Mauricio Oliva, Oswaldo Ramos Soto y Rodolfo Irías Navas, entre otros, el PN tendrá que abrir espacios a nuevos liderazgos que, necesariamente, impulsen otras formas de hacer política. De cualquier manera, en el corto plazo, esta institución no podrá superar la era de Hernández y los daños colaterales que sufrió.
- El nuevo gobierno y la legitimidad popular
Xiomara Castro se convertirá en la primera mujer en asumir la Presidencia de la República. Un hecho histórico en una nación donde las mujeres todavía enfrentan discriminación en la participación y la representación política. Para el caso, con los resultados parciales, y sin que se hayan resuelto impugnaciones en el CNE y el TJE, el Congreso estaría integrado por aproximadamente 34 mujeres en calidad de diputadas propietarias, siete escaños más que las electas para el período 2018-2022[15].
Castro asumirá la nueva Administración con un ingrediente importante: legitimidad popular. La afluencia ciudadana fortaleció el proceso electoral, y la diferencia de votos entre Castro y Asfura contribuye a que no haya suspicacias; esto también demuestra que la oposición tenía opciones reales de ganar únicamente por medio de una alianza política.
El mayor reto que enfrentará, desde que asuma el cargo, será cumplir con las expectativas que genera la alternancia en el poder, como un medio para reconstruir el Estado. Indistintamente de las diferencias ideológicas que imperen, la capacidad de consenso que tengan el Partido Libre y el PSH será relevante para generar contrapesos a lo interno del gobierno, conservar el respaldo popular y el de sectores sociales y empresariales.
La legitimidad ante gobiernos extranjeros y organismos internacionales contribuye a que la gestión gubernamental inicie con las puertas abiertas para limpiar progresivamente la imagen del país en el exterior. Xiomara Castro deberá aprender de las lecciones que dejaron los últimos tres gobiernos, incluyendo el de su esposo Manuel Zelaya. Y, sobre todo, deberá actuar con pragmatismo en el campo internacional, pues Honduras requiere de relaciones estables y plurales; en esta época, cuando muchas democracias de la región atraviesan crisis de legitimidad, los sectarismos no tienen cabida.
Según la Corporación Latinobarómetro, Honduras es el país latinoamericano donde menos apoyo hay para la democracia, y el tercero en el que a los ciudadanos no les importaría que un gobierno no democrático llegara al poder, si resuelve los problemas del país[16]. El respaldo que ha recibido Xiomara Castro será fundamental para que pueda implementar un gobierno pragmático, respetuoso del Estado de derecho y de los derechos humanos. Aun con la alta legitimidad popular, debe haber conciencia de que en una democracia deteriorada se requiere de gradualidad en los resultados que surjan de las políticas públicas implementadas.
También es oportuno recordar que la nueva Administración tendrá a los mismos interlocutores en la CSJ, el Ministerio Público, el TSC y la Procuraduría General de la República, hasta que sus nuevas autoridades sean elegidas. Después de que todas estas instituciones actuaron al unísono con el gobierno saliente, tendrán el deber de proceder de conformidad con lo que la Constitución manda, respetando la independencia de poderes. La elección de los nuevos responsables de estos organismos tendrá que ser una oportunidad para extender la legitimidad a las nuevas autoridades, como parte del proceso de reconstrucción de la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Conclusiones
Como en toda democracia en construcción, la jornada electoral dejó aspectos positivos y retos por delante. Los diagnósticos preliminares presentados por las MOE evidencian que las reformas que no se hicieron en los últimos cuatro años tuvieron efectos en la etapa preelectoral, se hicieron presentes con menos visibilidad en la jornada electoral y se extienden a la etapa poselectoral.
No obstante, debido a la coyuntura que atraviesa el país, la participación electoral y los grados de certidumbre que el CNE logró proveer, contribuyeron a que los resultados en el nivel presidencial fueran aceptados por la ciudadanía y actores externos. Sobre esta base debe fortalecerse el Estado, previniendo la concentración del poder en el Ejecutivo, pero, a la vez, comprendiendo las expectativas de cambio depositadas en la figura de Xiomara Castro.
Mientras las fuerzas partidarias se adaptan a la nueva realidad política con miras a afianzarse o renovarse, el manejo de las respuestas a las demandas y expectativas sociales requerirá de consensos sustentados en el compromiso con la democracia. La alternancia en el poder oxigenará el sistema democrático, e indistintamente de las diferencias políticas e ideológicas, Honduras tendrá a su primera mujer en la titularidad en la Presidencia de la República, algo de lo que todo hondureño debe sentirse orgulloso.
[1] Jerez, R. “Las claves del día D”. Criterio.hn. Disponible en: https://criterio.hn/las-claves-del-dia-d/.
[2] David, D. “Registro asegura que entregará 450,000 DNI restantes en 18 días”. La Prensa, 8 de noviembre de 2021. En línea.
[3] Bustillo, Y. “Baja carga electoral en el extranjero por enrolamiento fallido”. Diario El Heraldo, 25 de noviembre de 2021. En línea.
[4] La reducción en el número de ciudadanos habilitados para votar tiene un efecto directo en el cálculo del abstencionismo, al contrastar el número de personas que votaron con las que estaban habilitadas para hacerlo.
[5] “Unas 60 mil personas pretendieron ingresar dos veces en las juntas receptoras de votos, revela consejera Moncada”. Proceso Digital, 28 de noviembre de 2021. En línea.
[6] The Election in Honduras. United States Department of State, 30 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.state.gov/the-election-in-honduras/.
[7] Organización de los Estados Americanos. Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras, 30 de noviembre de 2021, pp. 1, 6, 14.
Disponible en: https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar-Honduras-2021.pdf
[8] Ibíd., pp. 6, 10.
[9] Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Elecciones generales-Honduras. Comunicado de prensa, 30 de noviembre de 2021. Disponible en: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/20211130_moe_ue_honduras_2021_comunicado_de_prensa.pdf
[10] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Infográfico sobre casos de violencia política, p. 1. Disponible en:
http://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2021/11/infograf%C3%ADco-de-violencia-pol%C3%ADtica_final.pdf
[11] Organización de los Estados Americanos. Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral…, p. 5.
[12] Moncada, R. [@riximga] (2 de diciembre de 2021) Acta de Cierre No. 10134 refleja una clara adulteración a favor del candidato a Diputado por FM, Ebal Jaír Díaz Lupián. No solo es impugnable, también comprueba un delito electoral y exhibe a sus autores en la JRV. Deben ser acusados. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/riximga/status/1466647262155579393?s=20
[13] «“Yo tengo 57 actas para impugnar”, asegura diputada Waleska Zelaya». Diario El Heraldo, 03 de diciembre de 2021. En línea.
[14] Organización de los Estados Americanos. Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral… p. 22.
[15] “Las mujeres vuelven a ser minoría en el Congreso Nacional de Honduras”. Diario El Heraldo. Disponible en: https://www.elheraldo.hn/interactivos/1505254-529/mujeres-minoria-congreso-nacional-honduras.
[16] Corporación Latinobarómetro. Informe 2021, pp. 22 y 35.
Disponible en: https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
* Abogado, maestrante en Derecho con concentración en América Latina y Derecho Internacional en la Universidad de Texas en Austin.