Jueves, 03 de Marzo 2022 |
Tierra de corruptos
El último informe de Transparencia Internacional indica que Honduras ocupa el puesto número 157 de 180 países en el índice de corrupción. Aunque las comparaciones son odiosas, es bueno preguntarnos ¿Qué hace que Costa Rica esté en la posición número 39 y Honduras en el puesto 157, cuando nos separan apenas mil kilómetros?
El punto central está en el funcionamiento de las instituciones públicas y en el fortalecimiento del Estado de derecho. El sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, año 2020, establece que el 85 por ciento de la población considera que los magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de los ricos y poderosos y los intereses de los corruptos. Apenas el 10 por ciento considera que defienden los intereses de la sociedad.
La captura de ex presidente Hernández y el documento acusatorio de la justicia estadunidense establece que una estructura criminal ha conducido la institucionalidad en los últimos doce años y acusa a Juan Orlando Hernández, como uno de los narcotraficantes más importantes de Centroamérica. Un ejemplo de esto es que todas las personas extraditadas no tienen ningún requerimiento en Honduras, es otro país el que está haciendo justicia.
El reciente informe a la nación de la actual ministra de finanzas establece que la corrupción es el hilo conductor de la última administración pública. Una corrupción donde participaron funcionarios y empresarios que controlan la matriz financiera a través de fideicomisos, siendo las asociaciones públicas-privadas los esquemas que permitieron sacar 40 mil millones de lempiras hasta 2019, de todo ese dinero el país tuvo cero beneficios.
Es un buen signo la derogación de la Ley de Secretos Oficiales, porque abre acceso a la información a los órganos de investigación y a los medios de comunicación para profundizar sobre los mecanismo de corrupción, sobre los participantes y beneficiarios. De igual forma es esperanzador el anuncio oficial de la instalación de una Misión de combate a la corrupción tutelada por Naciones Unidas.
A estas iniciativas del poder Legislativo y Ejecutivo debemos elevar todas las voces para demandar la destitución del fiscal general y adjunto, y todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos son instrumentos para los corruptos y el crimen organizado que tanto daño le hacen a Honduras. Con nuevos fiscales y magistrados podemos avanzar en castigar a los corruptos, recuperar lo robado y comenzar a salir de la calamidad en que nos dejaron.
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