Jueves, 06 mayo 2021

Tierra y libertad

En marzo celebramos el Día Mundial del Agua y en abril celebramos el Día Mundial de la Tierra, aunque en realidad todos días se lucha por ellas. Este año su celebración tuvo una connotación especial en los países de América Latina, ya que el acuerdo de Escazú entró en vigencia en 12 países de la región. Este acuerdo significa una bocanada de oxígeno para la gobernanza de los territorios por parte de las comunidades, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas.

Una mirada rápida en América Latina sobre los pilares económicos advierte de las amenazas a la madre tierra y todas sus riquezas. La principal amenaza está en el modelo de gestión de la tierra, que presenta dos dinámicas: por un lado, la concentración de las mejores tierras en pocas manos, y por otro, la explotación de las montañas y ríos con proyectos mineros e hidroeléctricos.

Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Foro Social para Deuda Externa y Oxfam, este modelo basado en el extractivismo tiene amenazados el suelo de 156 municipios por 540 concesiones mineras y 100 municipios tiene sus ríos amenazados por 307 concesiones para generación de energía hidroeléctrica.

Este mismo estudio establece que en Honduras hay 137 concesiones para proyectos mineros e hidroeléctricos ubicados dentro o alrededor de territorios indígenas a nivel nacional. De estas concesiones el pueblo lenca es el más afectado: tiene 34 concesiones dentro de sus territorios y otras 23 en zonas «multiétnicas», aledañas a tierras lencas. El pueblo tolupán sigue en la lista de más afectados, con 24 concesiones extractivas en su territorio.

Las transnacionales son otra amenaza para la madre tierra. En la última década las transnacionales han metido presión para desmontar todo el andamiaje jurídico que protege las comunidades indígenas y comunidades, en concreto están buscando modificar el Convenio 169 de la OIT que protege la autodeterminación de los pueblos. Este convenio establece que cualquier proyecto que se instale en sus territorios debe pasar por una consulta libre, previa e informada.

Ante las crecientes amenazas a los bienes naturales, es urgente buscar un consenso que establezca el agua y la tierra como bienes estratégicos para el país. Este consenso implica revisar el actual modelo de desarrollo centrado en el extractivismo. Se trata de abrir varios caminos para generar riqueza, desde la lógica de un nuevo paradigma del bien común.