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Marvin Barahona*

La tendencia observada en los últimos cincuenta años ha sido hacia el agravamiento de los problemas no resueltos, en tanto que el debate público sirve como mediador entre los intereses particulares, gremiales y corporativos, ninguno de los cuales invoca los intereses estratégicos de la nación. ¿Cuándo habrá cabida para discutir los enormes retos a superar en el siglo XXI?


Introducción

Al concluir el primer semestre de 2022, conviene identificar el rumbo de los acontecimientos que condujeron al lugar donde ahora se encuentra Honduras. La coyuntura presente comenzó a prefigurarse con los diversos escenarios, de triunfo y derrota, de los partidos que polarizan el electorado nacional. Se planteó el conflicto entre ruptura y continuidad, de donde se deducía que la corrupción pública —foco principal de la discusión— continuaría o perdería su base de apoyo en el sistema político. Al triunfar la oposición, el escenario principal se trasladó a la conformación del nuevo gobierno, retornando el ambiente de confrontación con la llegada del general de policía retirado Ramón Sabillón, procedente de los EEUU y bajo el rumor de que sería el nuevo ministro de Seguridad.

Llamativamente, en un solo día de diciembre hubo 36 homicidios. La criminalidad siguió operando, aumentando el número de homicidios múltiples en enero. Tras una breve tregua, la violencia reinició el 27 de enero, día de la toma de posesión de la presidenta electa, con cuatro homicidios y once heridos en el penal de El Porvenir, Atlántida. Siguió el 28 con seis homicidios en la colonia Villanueva de la capital, y dos en Chamelecón, Cortés, ambos lugares ubicados en la periferia urbana de dichas ciudades, las principales del país. Se especuló que esta era “la bienvenida del crimen organizado al nuevo gobierno”, particularmente al nuevo ministro de Seguridad.

Los pugilatos en el Congreso Nacional, entre facciones internas del gobernante partido Libre por el control de la Junta Directiva del Legislativo, que mantuvo en zozobra a la opinión pública durante casi tres semanas, contribuyó a recalentar la atmósfera política. La falta de una solución inmediata al “problema”, recreó el ambiente de ingobernabilidad que ha reinado en Honduras desde 2009 y contribuyó a crear una imagen caótica en el primer semestre del gobierno de la presidenta Castro Sarmiento, que no se había modificado en la segunda semana del mes de julio.

En suma, la presencia de los “poderes fácticos” —como se denomina en el país a las fuerzas que mueven los hilos de la política nacional desde la sombra de su poderío—, se manifestó de manera activa y contundente, con mensajes claros respecto de su propósito de incidir en el comportamiento del nuevo gobierno, en su propio beneficio. La crisis política y la violencia criminal fueron un claro ejemplo de ello, desde el inicio del año hasta el cierre del primer semestre.

Por tanto, la prefiguración de la coyuntura actual, aun sin considerar los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, compuesta inicialmente por un factor de crisis política y otro de violencia criminal, se completó con la crisis económica que anunciaba su presencia con la elevación del costo de vida a la cabeza. Se fue manifestando lentamente con el aumento del precio de las tortillas y el pan, la energía eléctrica, los combustibles y, en general, en la canasta de productos básicos de las familias hondureñas. Este factor, que junto con el desempleo afecta directamente la calidad de vida de la mayoría de la población, contribuyó a configurar escenarios críticos que pueden degenerar en ingobernabilidad o en episodios más intensos de “guerra” entre las fuerzas criminales y las fuerzas del orden, aumentando con ello el potencial de la inestabilidad y a la vez disminuyendo, al menos en términos relativos, las expectativas favorables de la población respecto del nuevo gobierno tras la toma de posesión.

En síntesis, a finales de enero y las primeras semanas de febrero prevalecía un ambiente de incertidumbre marcado por el antagonismo entre los polos opuestos del régimen político hondureño, condimentado con el recrudecimiento de la violencia como emisaria de poderes fácticos, que además de incidir en la determinación de los acontecimientos políticos, construye los escenarios de la violencia criminal que enclaustran a la política y la violencia en un solo campo de acción, en el que ambas interactúan según los intereses en juego en cada momento.

Lo que ocurre al finalizar el semestre, con los impactos de la guerra señalada y sus consecuencias económicas, un rebrote de la covid-19 y otras enfermedades endémicas[1], así como un nuevo pulso entre las fuerzas políticas por el control de la elección de los magistrados a la nueva Corte Suprema de Justicia, solo constituyen una reproducción ampliada de hechos que, en cierta medida, ya ocurrían a finales de enero de este año.

La incertidumbre alimentaria

El 19 de abril, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Eugenio Sosa, informó que en 2022 por lo menos un tercio de la población enfrentará problemas de hambre por sequía y su impacto en la producción agrícola. El 22 de mayo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que al menos 184 de los 298 municipios de Honduras se encontraban en riesgo de afectación por el hambre, que ya mostraba sus primeras manifestaciones. Esta información implicaba la expansión del riesgo de hambre a numerosos municipios del “corredor seco”, que tradicionalmente se encuentran entre los primeros en ser afectados por la sequía y una consiguiente disminución de la producción de alimentos en sus tierras.

La información precedente dejó al descubierto la presencia de problemas crónicos en municipios ubicados en áreas territoriales donde los problemas nunca resueltos inciden en el presente y futuro de la población, hasta llegar a un riesgo creciente de desabastecimiento de alimentos por insuficiente producción, su encarecimiento o por el aumento de la dependencia de las comunidades afectadas respecto de la ayuda externa. La dinámica envolvente de la crisis alimentaria hace que los productores y los consumidores finales se vean igualmente afectados por factores que escapan a su control.

Las causas son múltiples: desde la falta de agua por consecuencia de la sequía y la falta de fertilizantes, pasando por la baja calidad de los suelos, la ausencia de sistemas de irrigación en las parcelas de los productores con menos recursos, la carencia de tecnología apropiada para aumentar la producción y la productividad, hasta la falta de caminos en buen estado para sacar los productos al mercado y, no menos importante, la elevación de los costos de su transportación.

Este contexto, que no es exclusivo de las áreas menos fértiles, muestra algunos de los factores que echan más leña al fuego de la crisis en una agricultura cada vez menos rentable para los pequeños y medianos productores, y más onerosa para los consumidores urbanos. El dato relevante es la profundización y expansión de la crisis agraria, más allá de sus bajos indicadores habituales. Y más relevante aún es que la confluencia de estos factores, en un número cada vez mayor de familias, coincide con un mayor empobrecimiento de la población del campo, con un deterioro también creciente de las condiciones medioambientales y de los recursos naturales, como se observa en su elevada vulnerabilidad durante la temporada lluviosa.

En la actual crisis agraria convergen la inseguridad alimentaria y la inseguridad ambiental, aumentando en la población rural el hambre, el miedo y el riesgo de perecer, viéndose ante la disyuntiva de permanecer en sus comunidades o emigrar al extranjero. Paralelamente, en el debate público comenzaron a coincidir la probable escasez de alimentos y el riesgo ambiental, cuando se supo que los bordos de protección en las riberas de ríos como el Chamelecón y el Ulúa, que riegan el fértil valle de Sula en la Costa Norte, estaban en un franco proceso de deterioro y las lluvias del segundo trimestre del año desbordarían sus cauces, produciendo nuevas inundaciones y más destrucción.

La escasez y el riesgo ambiental, quedaron así ubicados en el mismo nivel del interés público, como vulnerabilidades territoriales, económicas y ambientales. Asimismo, el deterioro de los factores mencionados reflejó un agotamiento de la estructura agraria prevaleciente, en la que se asienta la producción agrícola comercial y la economía de subsistencia de la mayoría de las familias rurales.

Un ejemplo en la agricultura comercial fue el cierre de seis plantaciones de banano en los municipios de Santa Rita (4), El Progreso (1) y La Lima (1), en los departamentos de Yoro y Cortés, que se produjo gradualmente durante el primer semestre de 2022 y se dio a conocer en la primera semana de julio; previéndose desde ya el riesgo de cierre que corren otras dos fincas propiedad de los productores independientes de banano[2].

Según Héctor Castro, presidente de la Asociación de Productores de Banano (APROBANA), antes de las tormentas Eta y Iota había 17 fincas en el área hoy afectada gravemente por las recientes inundaciones, con 2,600 hectáreas cultivadas de banano (82% del área total). Unos cinco mil empleos, entre directos e indirectos, cesarán por el cierre de dichas plantaciones. Otras dos cooperativas, que generan más de 1200 empleos directos en la misma zona, “están también en agonía”[3].

¿Estamos ante un nuevo ciclo de vulnerabilidad ambiental?

La afectación de la economía de plantación bananera, como en las anteriores crisis ambientales, puede estar indicando la transición hacia un nuevo ciclo de vulnerabilidad ambiental caracterizado por la presencia de crisis simultáneas y la aceleración del deterioro de los diversos contextos implicados. Esta aseveración encuentra una confirmación precisa cuando se observa la recurrencia del fenómeno en periodos cada vez más cortos y la magnitud de sus consecuencias, particularmente en la Costa Norte.

El último ciclo inició en 1998 con el huracán Mitch, que a la fecha está por cumplir 25 años, de igual duración que el ciclo anterior, iniciado en 1974 por el huracán Fifí. En conjunto, estos ciclos conforman un solo ciclo de larga duración, cuya característica principal ha sido la aceleración del deterioro del entorno natural en regiones enteras, como es el caso de la región noroccidental, especialmente en el área que un siglo atrás ocupaba el enclave bananero.

Los hechos mencionados, sobre todo la aceleración y simultaneidad de la crisis ambiental, alimentaria, económica, migratoria y de inseguridad ciudadana[4], indican no solo su carácter multidimensional sino también que el nuevo ciclo tendrá mayor capacidad destructiva y producirá consecuencias extremas en comunidades, personas y bienes. Este potencial mortífero se reafirma en el incremento cotidiano de las vulnerabilidades señaladas y se resume en la contundente declaración del secretario general de la ONU, António Guterres, al aseverar que “… el Caribe es la zona cero de la emergencia climática global”[5], sin dejar de reconocer que no es el único desafío que enfrenta esta región.

¿Qué pasa, realmente?

La escasez de alimentos y su creciente presencia en el debate público, deja al descubierto que es algo más que un problema “estacional”. La falla es estructural y sistémica, con potencial suficiente para afectar transversalmente las ya agotadas estructuras agrarias en las que se observa un desfase en su modernización respecto del modelo industrial maquilador y agroexportador, hegemónicos en Honduras desde el decenio de 1990. La ausencia de transformación en la agricultura ubicada fuera de estos enclaves, indica que la producción agrícola destinada al mercado interno no tiene un carácter estratégico para el sector privado y para el Estado, como tampoco lo ha sido —en el caso de este último— la satisfacción de las necesidades básicas de su población.

Así, el vínculo entre una agricultura destinada a la alimentación básica de la población, casi en su totalidad deficitaria[6], con el incremento de la vulnerabilidad ambiental, la pobreza, el hambre y la migración al extranjero, se convierten en indicadores precisos del lugar que la persona humana y la naturaleza ocupan en la conciencia nacional, las políticas públicas y la correspondiente inversión de recursos públicos y privados en su conservación y desarrollo, que hoy se encuentran muy lejos del carácter estratégico que deben tener para asegurar la supervivencia de la nación.

El perfil de un sector agrícola deprimido y agotado surge en cada una de sus crisis, cada vez más recurrentes, según lo cual su postración obedece a la falta de inversión pública y privada, al endeudamiento a altas tasas de interés o a la falta de créditos accesibles para los pequeños y medianos productores, así como por la falta de asistencia técnica para aumentar la productividad de sus parcelas.

Los bajos precios de sus productos en el mercado interno y el alto costo de los insumos en la economía internacional —y ahora también el incremento del costo del flete marítimo—, acentúan la dependencia del productor respecto de los intermediarios que lo vinculan con el mercado en el proceso de comercialización. La falta de restricciones estatales respecto de la exportación de alimentos producidos en el agro nacional, así como la falta de tierras que las organizaciones campesinas reclaman para miles de sus afiliados, sin olvidar la exclusión de los pequeños productores agrícolas de los servicios públicos de salud, son desventajas adicionales que debilitan la actividad agrícola.

La recurrencia de los problemas, insuficiencias y desventajas que enfrenta la agricultura destinada a suplir la demanda interna, indica que estamos ante una estructura agraria y un modelo económico disfuncional para el desarrollo agrícola, que amenaza la supervivencia de los productores más vulnerables y pone en riesgo la canasta básica y el costo de vida de la mayoría de la población.

Su agotamiento estructural se evidencia en la incapacidad para responder con más producción, diversidad y calidad ante el crecimiento de la demanda interna y externa de alimentos agrícolas. Además, el abandono del campo es patente, pues sus moradores de siempre desfilan en las caravanas que se dirigen a los Estados Unidos de América con la esperanza de encontrar empleo en otras tierras y otros cultivos.

La crisis de hoy, aparejada con la pandemia de la covid-19, las tormentas tropicales de los últimos años, y ahora el conflicto Rusia-Ucrania, han acentuado la dependencia casi absoluta de la agricultura nacional respecto de los insumos importados y la constante fluctuación hacia arriba de sus precios que, en el caso de los fertilizantes, según los productores locales, incrementaron sus precios hasta en un 300%, incluso antes del conflicto bélico en Europa del Este[7].

Estos factores hacen imposible pensar en un modelo agrícola sostenible para el mercado externo y mucho menos para el mercado interno. Los límites para el desarrollo agrícola del país están a la vista en sus indicadores cuantitativos, pero el más importante, probablemente, es uno de carácter cualitativo, que se manifiesta en la ausencia de un horizonte de cambio y progreso en el desarrollo social de las áreas rurales.

En la crisis actual, Honduras es una exportadora neta de migrantes y su economía tiene en las remesas familiares el principal dinamizador del consumo interno[8]; pero, a la vez, importa una proporción cada vez mayor de los alimentos de consumo básico que demanda su población, además de la mayoría de los insumos destinados a la producción. El agro nacional es hoy un umbral sin horizonte. El campo no permite soñar a los productores con la prosperidad hecha efectiva en su país, como antaño; hoy el horizonte de sus sueños se trasladó lejos de las fronteras nacionales, al mundo globalizado.

En un contexto de tal naturaleza, los indicios apuntan hacia una economía neocolonial altamente dependiente de los insumos y mercados externos, lo cual caracteriza tanto a la producción agrícola como a la industrial, un hecho aún más evidente en tiempos de crisis internacionales que agudizan las recurrentes crisis nacionales, como ocurre actualmente.

La vulnerabilidad ambiental

A mediados de mayo, pese a la cercanía de la temporada lluviosa, la población aledaña y los expertos lamentaban la demora en la construcción de obras de mitigación en áreas como el valle de Sula, la más industrializada y pujante del país. El contexto se consideraba como potencialmente “catastrófico”, pero la respuesta a la pregunta sobre qué hacer aún no llegaba y las evaluaciones seguían enfatizando en los remiendos necesarios en los bordos de contención en ríos y quebradas, como si de “tapar baches” se tratara.

Las evaluaciones focalizan su atención, por consiguiente, en la reparación o reconstrucción parcial de obras que fueron construidas para mitigar las consecuencias provocadas por el aumento, en la temporada lluviosa, del caudal de los ríos y su desbordamiento sobre áreas densamente pobladas. Paradójicamente, estas obras requieren hoy de otras que las protejan.

En el caso del valle de Sula se trata de un entorno afectado doblemente, en parte por el crecimiento poblacional desordenado, pero también por la ausencia de políticas públicas que enfrenten el problema con capacidad para autocorregirse y adaptarse a las nuevas circunstancias medioambientales.

La relación de la población con su territorio, incluso con el Estado, se ha modificado en correspondencia con las consecuencias de la vulnerabilidad y la ausencia de políticas públicas a las que se les exige sostenibilidad y la incorporación de la población de la región noroccidental a las labores de protección e higienización ambiental en su territorio.

Esta medida podría emplear a un buen número de pobladores que hoy migran y de jóvenes que han abandonado escuelas y colegios, o han concluido sus estudios secundarios sin encontrar empleo. En consecuencia, la perspectiva conceptual del cambio deseado es hacia una relación población, territorio y Estado en la que este, a la vez que viabiliza sus políticas ambientales, también contribuya al desarrollo social de las comunidades y periferias urbanas beneficiarias de proyectos con tal componente.

Este vendría a ser el punto de inflexión para pensar en un nuevo paradigma, que contribuya a modificar la concepción que se tiene actualmente del territorio como fuente de riqueza económica para unos pocos, a costa del deterioro de la naturaleza y la calidad de vida de la población y su entorno natural.

Discursos, tierras y territorios

La semántica del debate público enfatiza en un vocabulario que destaca palabras clave como territorio, escasez, riesgo, hambruna y ocupación. Esta conjunción, por tanto, permite configurar varios temas en torno de la preocupación pública por el territorio y la territorialidad.

En tal configuración destaca la demanda de tierras por los campesinos, que en el segundo trimestre del año era visible en la ocupación de predios con el propósito de cultivarlos y residir en ellos para mitigar el hambre de sus familias y suplir la falta de viviendas para los campesinos desempleados o sin tierra, como también ocurrió tras la huelga bananera de 1954 y las graves inundaciones a finales de ese año y el siguiente.

La ocupación de tierras por los labriegos muestra una tendencia expansiva a escala nacional. Entre otros ejemplos, en la región sur (Namasigüe, Choluteca); en el occidente, en tierras propiedad del expresidente Hernández Alvarado (Gracias, Lempira); en el Bajo Aguán (Santa Rosa de Aguán, Colón); en los bordos de los ríos en San Pedro Sula y Villanueva (Cortés) y en las cercanías de la capital Tegucigalpa (Francisco Morazán), entre otros escenarios ubicados en lugares estratégicos de la geografía nacional.

A inicios de julio la situación se había agravado: “Tierras de narcos siguen en litigio”, informaba a grandes titulares un diario de San Pedro Sula, a la vez que informaba sobre el asentamiento de grupos campesinos en siete fincas incautadas en la zona del Bajo Aguán, a supuestos narcotraficantes[9]. En tanto que, en la última semana de junio, según denunciaron los campesinos, se produjo un desalojo judicial de 500 hectáreas ubicadas en Santa Rosa de Aguán, en el costado nororiental del país, que antes pertenecieron a otros dueños señalados de vínculos similares y guardando prisión en los EEUU.

Para resolver en parte su situación, los trabajadores rurales exigieron la aprobación de una ley que busca formalizar la entrega a los campesinos de tierras que actualmente se encuentran en manos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), cuyo anteproyecto ya fue introducido en el Congreso Nacional[10].

En San Pedro Sula, “Los asentamientos irregulares o invasiones en bordos, derechos de vía, terrenos privados y municipales han incrementado de manera alarmante en la ciudad”. Un urbanista local señaló que “… las invasiones en el área de los 16 kilómetros de bordos de la ciudad es un verdadero problema. (…) El incremento de personas en estos asentamientos es impresionante, ya son más de 20,000 familias las que viven allí”[11].

En suma, mientras el eje dominante en la actividad agraria siga siendo la concentración de la propiedad de la tierra, mucha de la cual se encuentra “ociosa” en casi todo el país —como señaló en la primera semana de julio el exdirigente campesino y ahora subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría—, los demás ejes de la actividad agraria seguirán expuestos a situaciones de escasez, hambre y riesgo.

En esos escenarios es donde confluyen la inseguridad ambiental y la inseguridad alimentaria, además de la inseguridad ciudadana con la inseguridad jurídica, por cuanto en casi todos estos escenarios las necesidades de alimentación y vivienda de la población confluyen en lugares ambientalmente vulnerables o que están expuestos a conflictos y litigios legales con quienes se presentan como sus legítimos dueños.

Así, la construcción social de los conflictos referidos tiene en su origen necesidades insatisfechas en la población, producto del desplazamiento forzado que en un primer momento produce migración interna y, en la etapa siguiente, se suma a la corriente migratoria al extranjero. Paradójicamente, los lugares donde la población empobrecida y socialmente excluida busca refugio, son o pueden llegar a ser de alto riesgo para sus vidas y causa de nuevos conflictos sociales en los que la gestión del territorio y la territorialidad, en los términos en que se ha venido realizando desde la segunda mitad del siglo XX, es hoy un enorme fracaso económico y social.

Este fracaso agotó los discursos y promesas estatales basados en falsas políticas sociales; y también agotó los discursos y promesas demagógicas del sector privado sobre un desarrollo económico y social que se produciría cuando se derramara la copa de la riqueza generada por la concentración de la propiedad y los recursos.

La “otra” territorialidad

En el extremo opuesto, antes de la derogación de las ZEDE[12], se hablaba abiertamente de la expropiación de tierras a los pobladores de los lugares donde estas se establecerían, en caso de que se opusieran a venderlas al precio que se les ofrecía. La ley que amparaba a las ZEDE lo autorizaba, como parte de los incentivos que —hasta hace unos meses— el Estado otorgaba al capital extranjero invertido en dichas empresas, bajo el compromiso de “generar empleos”.

La lección que se deduce de la experiencia derivada de la inconstitucional venta del territorio nacional al capital extranjero, es que la expropiación de la propiedad privada es un concepto de carácter histórico que puede llegar a ser “legítimo” cuando la concepción sobre el territorio se desvincula de la soberanía nacional y, por esa vía, se pretende desnacionalizar su propiedad y usufructo.

La correlación de fuerzas políticas predominante en un momento histórico preciso, determina en gran medida la historicidad de conceptos como el que sirve de ejemplo en este caso, en la medida que los dota de una “legalidad” y una “legitimidad” que —como sucedió con las ZEDE—, puede también ser espuria por violentar la Constitución de la República al atentar contra la soberanía nacional.

En consecuencia, hoy es lícito pensar en la función social de la propiedad como un concepto también histórico, al que legítimamente se puede apelar cuando la sociedad enfrenta crisis que ponen en riesgo a miles de personas, como puede ser durante una crisis alimentaria o sanitaria, para la protección del medioambiente en casos extremos de vulnerabilidad o ante la necesidad de satisfacer la demanda de tierras para evitar el abandono del campo y una consiguiente emigración masiva al extranjero.

En suma, las desigualdades sociales y las antiguas estructuras agrarias que han perdido su funcionalidad en el presente se manifiestan con mayor peso cuando afectan la alimentación cotidiana de la población y, sobre todo, cuando se cobra conciencia de que son los pequeños productores agrícolas quienes cargan con todos los costos y riesgos de la producción, hasta que se ven obligados a abandonar sus parcelas, cuando las tienen, para irse a donde puedan sobrevivir en mejores condiciones.

La crisis simultánea de múltiples estructuras se manifiesta, por consiguiente, en su incapacidad para reproducir su forma de existencia en términos aceptables para la sociedad y en su incapacidad para dar respuestas coherentes a los desafíos que se presentan en la realidad social; así se evidencia en la permanente exigencia de cambio respecto de leyes como la de Modernización del Sector Agrícola, que representa la dimensión jurídica de problemas que afectan un espectro socioeconómico más amplio. Y son tales características las que lentamente han venido produciendo fisuras y resquebrajamientos en el sistema tradicional de estratificación en el agro nacional, hasta agotarlo y hacerlo proyectar la imagen de que se está fusionando con la vulnerabilidad ambiental en su entorno.

En una aproximación superficial, se puede suponer que todos estos factores han estado presentes en el debate público, en el que aparecen simultáneamente. Sin embargo, se encuentran separados por una espesa frontera que impide que temas como el déficit de alimentos, la escasez del agua, la amenaza de las ZEDE, el riesgo ambiental y la migración al extranjero, entre otros temas clave, sean concebidos en conjunto para argumentar la necesidad de una nueva concepción sobre el territorio y la gestión territorial; y mucho menos para impulsar la reorganización del espacio urbano y proponer una redistribución del espacio rural. Si se lograra avanzar hacia la formulación de esa nueva concepción, en términos de la supervivencia conjunta de la población y la naturaleza, se daría un paso firme hacia políticas sostenibles e inclusivas relativas al desarrollo social.

La derogación de las ZEDE, con el voto unánime de los diputados al Congreso Nacional —un hecho ocurrido en el primer semestre de este año—, constituye un marco propicio para replantear las relaciones entre el Estado, la sociedad y la naturaleza. Pero esto solo será posible si se tiene como eje la soberanía nacional, la soberanía comunitaria y la soberanía alimentaria.

La sola posibilidad de transformar un factor de conflicto, indicaría que existe voluntad política para transformar una causa de fractura social y política en un factor de unidad de la población, el Estado y el uso racional del territorio y sus recursos en torno de objetivos nacionales de largo plazo; entre estos, la reducción de la vulnerabilidad ambiental, la prevención del hambre y el desplazamiento forzado de la población al extranjero.

Enfrentar las vulnerabilidades, un reto decisivo

El círculo vicioso en que ha entrado el tema de las vulnerabilidades y su comportamiento, está provocando estragos tanto en la población más vulnerable de la periferia urbana de ciudades como San Pedro Sula y El Progreso —sobre todo la ubicada en los bordos de los ríos—, como en los bienes y la infraestructura pública y privada, en la medida que el riesgo ambiental aumenta.

Por ello es importante determinar el lugar que la vulnerabilidad ambiental, la naturaleza y la seguridad ciudadana ocupan en el modelo económico y el modelo de Estado prevalecientes, traducido en términos de inversión pública y privada y en acciones desplegadas sistemáticamente para garantizar objetivos y metas en tales materias.

En general, la situación de los recursos naturales es precaria en Honduras, y todo apunta a un deterioro creciente y sistemático. Según fuentes oficiales, al menos 70 mil hectáreas de bosque se pierden anualmente por los incendios forestales, 23 mil de las cuales no podrán recuperarse por la severidad del daño recibido[13]. El agua y sus fuentes, así como la tierra agrícola, enfrentan también un deterioro creciente. Sin embargo, en el debate público, los temas discutidos hablan del todo por sus partes, reafirmando así la fragmentación política, económica y social que vive el país.

Por esta vía, el trágico llamado de atención del Fifí en 1974, que marcó los ciclos continuos que condujeron al deterioro gradual del entorno ambiental al que hoy identificamos como “vulnerabilidad ambiental”, no puede desvincularse, por ejemplo, del cambio fundamental que la matriz energética sufrió desde 1994 al pasar de la producción hidroeléctrica a una producción por combustibles fósiles que, además de estar en manos privadas y volverse hegemónica en el curso del tiempo, ha conducido a la crisis financiera actual de la ENEE y a un modelo fallido de generación de energía.

La gestión estratégica de los recursos naturales se impone hoy como una necesidad histórica, cuya satisfacción requiere de estrategias precisas para definir el lugar que el agua, el bosque y la tierra ocupan respecto de la persona humana y la supervivencia de la nación hondureña en el siglo actual. Una ausencia notoria en esta materia es la falta de una “autoridad del agua”, con capacidad para integrar el bosque, la tierra y la producción de energía eléctrica en un solo tejido institucional, en manos de la nación.

Esta sería una posibilidad de actualización del paradigma desde el que se defina, conjuntamente entre el Estado y la nación, una gestión integrada de las vulnerabilidades para reafirmar la soberanía nacional sobre los recursos naturales estratégicos y la soberanía alimentaria, estrechamente asociados en la economía doméstica y la economía nacional.

Los retos a superar en el siglo XXI

En suma, se trataría de establecer correspondencias precisas entre los retos a superar en el siglo XXI, tales como la inclusión social, la reducción de las vulnerabilidades ambientales y sociales, la modernización del Estado y la economía, con una visión estratégica a implementar en el largo plazo.

Sin embargo, la construcción semántica de la realidad hondureña se hace desde una perspectiva antagónica en la que el debate público sirve como mediador entre los intereses particulares, gremiales y corporativos, ninguno de los cuales invoca los intereses estratégicos de la nación.

Los enfoques interesados y excluyentes de los objetivos nacionales de largo plazo constituyen, por tanto, un límite restrictivo que no da cabida a la discusión sobre los intereses estratégicos del país y la construcción de los bienes públicos indispensables para garantizar su traducción en políticas públicas que los concreten con su implementación.

Las relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado aparecen, en consecuencia, como expresiones de los desequilibrios políticos, económicos y sociales existentes, como se ha observado en el debate específico sobre la reforma al “sector eléctrico” y las “negociaciones” que de esta pueden derivarse.

En pocas ocasiones un debate público, como el sostenido sobre el sector energético, ha evidenciado las carencias, las dependencias y la inconsciencia que hasta el momento ha prevalecido sobre las consecuencias del abandono de una visión estratégica de los objetivos e intereses de la nación, un rasgo presente también en el caso de las ZEDE.

En tal debate pasaron a primer plano palabras clave como “nacionalización”, “justiprecio” y “expropiación”, que a mediados de mayo alcanzaban su pico más alto. No eran lo esencial, pero sirvieron para viabilizar la pugna de intereses antes señalada, los temores de unos y otros; y, sobre todo, destacó el carácter estratégico que el tema energético debe tener para todos, que lo será aún más cuando su matriz quede firmemente articulada con la gestión del agua, el bosque y la tierra bajo una política de conservación de la naturaleza y un uso racional de los recursos naturales.

El fuerte impacto de la globalización

La circunstancia específica de las estructuras económicas y sociales tradicionales y no tradicionales, quedó expuesta al impacto inflacionario generalizado y a las puertas de la crisis reveló sus mecanismos de funcionamiento, asumiendo los productores y consumidores mayor conciencia de su pertenencia a un mundo más amplio, que en un abrir y cerrar de ojos puede poner su mundo al revés.

Diversas cadenas de producción, entre estas las de la leche y sus derivados[14] y las carnes, pero también las del frijol, el maíz y el arroz, se manifestaron igualmente alarmadas por el deterioro de su situación; primero debido a la sequía, después por el encarecimiento de los insumos, y finalmente porque la temporada lluviosa afectó sus sembradíos por la saturación del suelo.

El aumento en los costos de producción está en la base de los problemas que afectan a estos sectores, que a la vez dejan al descubierto su situación de estancamiento por la acumulación de los problemas no resueltos, entre estos su propia modernización y los vínculos con la industrialización de sus productos en las áreas rurales y semiurbanas. En suma, sin replantear los problemas recurrentes por acumulación, y sin asumir medidas pertinentes respecto de los nuevos desafíos, las crisis que afectan a los sectores productivos seguirán profundizándose.

Lo global revela lo nacional

La coyuntura actual nos interpela, además, sobre la composición de la economía hondureña, que tiene un perfil híbrido encabezado por las remesas familiares procedentes principalmente de Estados Unidos, la industria maquiladora y el café, una configuración insospechada en la década de 1980, cuando se efectuaba la transición de la economía bananera hacia otros monocultivos, particularmente la palma africana y el café, con apoyo de políticas estatales; y la industria maquiladora, apoyada también por los EEUU en el marco de la Guerra Fría.

Sin embargo, la emigración nunca estuvo en la agenda económica y social antes de 1998, aunque no se desconocía su presencia y lento crecimiento tras la sensible disminución del enclave bananero desde el huracán Fifí (1974) y el desempleo creciente en la Costa Norte.

En otros términos, lo fundamental del cambio socioeconómico de Honduras se produjo entre dos eventos catastróficos, de 1974 a 1998, que evidenciaron el deterioro del medioambiente, incluso el agotamiento del suelo en el que antes prosperó el enclave bananero. Este cambio fundamental en la historia de Honduras ha tenido tanto significado, que la periodización histórica —por lo general vinculada a referencias políticas significativas—, debiera referirse a fenómenos naturales catastróficos como los huracanes Fifí y Mitch, por sus consecuencias de gran impacto en el orden económico y social.

El deterioro progresivo de la vulnerabilidad ambiental corrió parejo con el cambio socioeconómico, que ha tenido continuidad en la migración de miles de hondureños hacia la nación de donde también provino el enclave bananero a inicios del siglo XX. El aumento de los riesgos y amenazas implicados en los procesos de vulnerabilidad ambiental se aceleró en presencia de este nuevo factor, y de otros que fueron apareciendo e integrándose en el nuevo contexto de crisis socioeconómica y ambiental desde la década de 1990, sobre todo por el paréntesis abierto por el modelo neoliberal de economía y sociedad.

El cambio ausente, a manera de conclusiones

Las tres inseguridades consideradas aquí deben motivar la reflexión sobre el tipo de Estado, sociedad y economía en que se producen tales incertidumbres. Y tal reflexión no puede prescindir de una evaluación de la experiencia histórica acumulada por el Estado, la sociedad y la economía en cuanto a la gestión de riesgos e incertidumbres relativas a la vulnerabilidad ambiental, la alimentación y la seguridad ciudadana.

Hoy resultaría inaudito aceptar, por ejemplo, que una evaluación de la vulnerabilidad ambiental del valle de Sula u otros similares en la Costa Norte, no considerara también una evaluación paralela del modelo económico predominante y los problemas causados por la falta de ordenamiento territorial y planificación urbana en las áreas más afectadas por huracanes y tormentas tropicales desde 1974 a la fecha.

Si la administración pública es deficiente en el manejo de los desechos sólidos o en la protección de los ríos sometidos a explotación para la extracción de arena, el modelo económico tampoco ha sido capaz de ofrecer alternativas o soluciones basadas en la iniciativa privada para transformar la basura en productos útiles y amigables con el ambiente, entre otros ejemplos que resultarían de gran utilidad en los principales centros urbanos.

La tendencia observada en los últimos cincuenta años ha sido hacia el agravamiento de los problemas no resueltos, sembrando la inquietud sobre el porqué de la ineficiencia, la negligencia y la falta de previsión para encarar el problema de la vulnerabilidad ambiental desde nuevas perspectivas, incorporando la experiencia y conocimiento acumulado en Honduras y en otras naciones en esta materia. La magnitud del problema no puede ser la única explicación y tampoco la justificación, sobre todo si se considera el respaldo que naciones como México, España y Estados Unidos han ofrecido a Honduras en esta materia.

El común denominador en el tratamiento de la vulnerabilidad ambiental y social es la falta de centralidad de la persona humana y su protección en la orientación de la gestión pública y privada, según el ordenamiento del Estado y la implementación de determinado modelo económico. Se sabe que este, orientado ideológicamente por el neoliberalismo y respaldado por las concesiones de explotación otorgadas al capital extranjero y nacional, ha sido calificado por sus críticos como deshumanizante y de engendrar la pérdida de valores sociales cuando aplica políticas que afectan los bienes comunes y la propiedad pública.

La geografía de la marginalidad social es una pieza clave para datar el aumento del riesgo ambiental en las áreas más afectadas del valle de Sula y de otras localidades de la Costa Norte, porque es una referencia que ya existía en la década de 1970, cuando se produjo la catástrofe provocada por el huracán Fifí en septiembre de 1974. Hoy, la geografía de la marginalidad social coincide con la geografía de la vulnerabilidad ambiental, una combinación letal que frena el desarrollo económico y social que se necesita para enfrentar los problemas medioambientales y sociales. ¿Estamos hoy ante medio siglo de vulnerabilidad ambiental, construida socialmente?

¿Se tiene una visión del cambio necesario?

El eslabón crítico entre los problemas fundamentales, es la ausencia de cambio en la visión que se tiene de estos, cuya consecuencia principal es una formulación errada del problema, a veces reducida a “tapar baches”. Es el caso de la crisis alimentaria en su relación con la matriz y la orientación de la agricultura nacional en sus respectivas cadenas productivas. Uno de los sustentos más firmes en esta ausencia de cambio, es que tampoco ha cambiado la visión que el Estado y la sociedad tienen sobre el territorio, los recursos naturales y el entorno natural, la seguridad alimentaria y sus vínculos con el desarrollo sostenible.

La inflación y el aumento del consumo por el crecimiento de la población, superan actualmente los límites propios de la producción interna, cuyo mercado también importa leche y sus derivados de los países vecinos, particularmente de Nicaragua. La ausencia de cambio se manifiesta en la persistencia de formas tradicionales de producción, propiedad y uso de la tierra, y en la distribución de sus productos y beneficios, con escasas modificaciones en su comportamiento general.

Lo que hoy está en cuestión, en presencia de la crisis alimentaria, es el plato básico de comida, en el que se plasma, con todo su simbolismo y realidad, el producto transformado de las cadenas productivas que intervienen en el proceso económico de su creación, cuyos componentes enfrentan hoy un debilitamiento que puede generar desabastecimiento, sumado al incremento en su costo de producción y consumo.

El frijol, el maíz y el arroz, pero también la carne de res, la leche y sus derivados, que sin excepción enfrentan los impactos de la inflación[15] por el encarecimiento de sus insumos y la transportación de sus productos, reafirmarán así la vocación importadora de la economía nacional. La crisis de la agricultura y la consiguiente inseguridad alimentaria, deben concebirse por tanto como parte de una crisis general en la economía, que responden tanto a la irracionalidad económica como al abandono del carácter estratégico de la alimentación y los recursos naturales, indispensables para la supervivencia de la población y la nación hondureña.

La ausencia de cambio, en caso de agravación de los problemas mencionados, se manifestará además en un retroceso del imaginario social, haciendo resurgir la imagen del hondureño típico como un campesino pobre, hambriento y famélico, como se representaba a “Juan Pueblo” en algunas publicaciones periódicas en la década de 1950.

Una pregunta clave es si las instituciones públicas de cada uno de los sectores afectados tienen capacidad de aprendizaje, de evaluación y sistematización de su propia experiencia. Solo así podríamos saber cómo están integrando a sus labores la complejidad de las interacciones del mundo contemporáneo y si tal integración les permite responder asertivamente a las demandas planteadas por la llamada “nueva realidad”.

En el caso hondureño, esto supone reconocer la situación límite de su crisis medioambiental, reflejada en los estragos causados por las tormentas tropicales de 2020; las secuelas socioeconómicas de la covid-19, que además provocó al menos diez mil fallecimientos, y las consecuencias del actual conflicto bélico en Europa, en razón de la extrema dependencia de la economía hondureña ante los factores externos.

Lo anterior implica un reto, además de una oportunidad para que el nuevo gobierno implemente soluciones integrales a los problemas y consecuencias de las crisis que Honduras enfrenta. La lección por aprender es que los problemas estructurales no pueden seguir siendo vistos como unidades independientes entre sí, sino en su interacción e influencia recíproca por su estrecha asociación con las decisiones políticas que determinan su continuidad o su ruptura.

Así, el agravamiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población, en el contexto y condiciones descritas, implica una nueva perspectiva para describir el concepto hondureño de catástrofe, no solo por la multiplicidad de sus consecuencias, sino especialmente por ser el resultado de una combinación letal de factores de exclusión social, abandono de las condiciones favorables al entorno, de estructuras sociales anacrónicas y una débil cohesión social con vínculos lejanos con el Estado, en la mayoría de los casos. Por tanto, no es solo una catástrofe sino un proceso catastrófico que afecta a múltiples actores y factores intervinientes en un entorno común.

Ese contexto sitúa, frente a frente, al imaginario territorial oligárquico del pasado con su opuesto, el imaginario social del trabajador rural, originado también en el pasado. Por consiguiente, el conflicto inicia en una concepción diferenciada sobre el territorio y la territorialidad, que se expresa en el imaginario oligárquico de concentración y acaparamiento de la propiedad de la tierra; y el imaginario del campesinado sin tierras, que aspira a una parcela con asistencia del Estado y sus políticas sociales.

Ambos imaginarios se manifiestan en las fisuras de las antiguas estructuras agrarias, que no son capaces de enfrentar los desafíos implícitos en una nueva concepción territorial que incluya, por ejemplo, la territorialidad comunal e indígena y la función social de la propiedad para salvar del hambre a la población rural o proteger la naturaleza de la depredación y mercantilización de productos indispensables para la vida.

En una coyuntura de cambios y reconstrucciones indispensables, no está por demás recordar la interrogante de Niklas Luhmann: ¿Por qué las teorías del orden van por una vía, y las teorías del desarrollo por otra? Entonces, ¿cómo vincular los proyectos de reconstrucción política con la reconstrucción económica?


[1] Se trata de un rebrote de dengue clásico y grave, aparejado con el riesgo de retorno de otras enfermedades como malaria, poliomielitis, lepra, sika y chikungunya, algunas de las cuales se creían erradicadas y otras bajo el control de las autoridades sanitarias. Al finalizar el mes de junio, los casos de dengue en las variantes mencionadas y de la covid-19 en algunas de sus nuevas variantes, alarmaban a las autoridades sanitarias y colmaban los hospitales y centros de salud en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

[2] “Alarma por el cierre de fincas bananeras”, Tiempo, 7 de julio 2022, p. 3.

[3] Idem.

[4] Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, en 2021 la tasa de homicidios se situó en 41.6 por cada cien mil habitantes. En el primer semestre de 2022, destacaron los homicidios múltiples, concentrados principalmente en San Pedro Sula y el Distrito Central, y el homicidio de jóvenes entre 18 y 30 años, y de mujeres a escala nacional. Según la misma fuente, en los últimos diez años, más de cien mil personas han perdido sus vidas en forma violenta en el país.

[5] Discurso durante la apertura de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los países de la comunidad del Caribe (CARICOM), Surinam, 4 de julio de 2022. Un resumen de este se encuentra en: https://reliefweb.int/report/suriname/el-caribe-es-la-zona-cero-de-la-emergencia-climatica-global-afirma-el-secretario-general. Consultado el 05 de julio de 2022.

[6] Los productores de granos básicos consideran que el país logra cubrir la demanda nacional de frijoles, pero debe importar hasta un 70% del arroz y hasta un 60% del maíz que se consume a escala nacional, si se considera la demanda de la agroindustria de los concentrados en cuanto al maíz amarillo.

[7] Véanse al respecto las declaraciones de varios productores y voceros institucionales, respecto de este y otros problemas de la situación agrícola del país, en el reportaje de la periodista Lilian Bonilla “Productores aturdidos frente a crisis alimentaria”, del 07 de abril de 2022, disponible en: https://ccjmedios.com/productores-aturdidos-frente-a-crisis-alimentaria/ Consultado el 05 de julio de 2022.

[8] Según fuentes oficiales, solo en el primer semestre de 2022 fueron deportados, principalmente desde México y Estados Unidos, aproximadamente 41 mil hondureños entre niños, mujeres y hombres. En tanto que la proyección del monto de las remesas familiares puede alcanzar hasta 8 mil millones de dólares en 2022, consolidando así su lugar como principal fuente de recursos y divisas para Honduras.

[9] La Prensa, 7 de julio 2022, página de portada.

[10] Ibíd., p. 3.

[11] “Se multiplican invasiones en predios públicos y privados”, La Prensa, 7 de julio 2022, p. 8.

[12] Zonas Especiales de Desarrollo Económico, derogadas en 2022 por el nuevo gobierno.

[13] El Instituto de Conservación Forestal (ICF) informó, en la segunda semana de julio, que en el primer semestre de 2022 el número de hectáreas afectadas por los incendios forestales aumentó a 98 mil.

[14] En este sector se produce una disputa por el “precio justo”, entre productores de leche y procesadores artesanales de lácteos, que alarmó a la población ante la posibilidad de un incremento al precio de dichos productos, incluso en más del cien por ciento, amenazando con llevar al límite el deterioro del ingreso familiar. La toma de carreteras, particularmente en el departamento de Olancho, durante largas jornadas y diversas ocasiones, alteró el comportamiento habitual de este rubro.

[15] Las disposiciones gubernamentales para paliar el impacto inflacionario han supuesto medidas como el subsidio de L 10 al galón de combustible o el estancamiento del precio del diésel y la gasolina regular, por un tiempo limitado; la distribución del bono tecnológico para determinados productores agrícolas; la absorción del incremento al costo del consumo mensual de energía eléctrica, y compromisos para subsidiar al sector transporte.


*Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.

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