Martes, 12 de julio 2022

Un año más de desconfianza

Las instituciones públicas tienen una sola función: garantizar la justicia y el bienestar económico, social y cultural de toda la población, como lo señala el artículo 1 de la Constitución.

Cuando fallan a ese mandato, no solo se deteriora la calidad de vida de la población que se refleja en los altos niveles de pobreza y desigualdad, sino también la confianza ciudadana.

De acuerdo con el Sondeo de Opinión Pública que recientemente presentó el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), la ciudadanía hondureña sigue desconfiando de las instituciones.

Así, el 82.5% de la población cree que las personas magistradas, juezas y fiscales protegen los intereses de las personas ricas, poderosas, corruptas y narcotraficantes del país.

El 77.2% cree que policías y militares protegen a la gente más rica, al gobierno y a los narcos; el 73.7% de la población desconfía de la Corte Suprema de Justicia y el 71.7% desconfía del Ministerio Público.

Para superar esta situación es fundamental que se adopten dos medidas urgentes: primero, que se establezca un mecanismo para que la elección de las altas autoridades del Estado se realice en base a méritos, capacidad e integridad.

Segundo, que se realice un profundo proceso de depuración y reestructuración de las fuerzas de seguridad del Estado con la participación efectiva de la sociedad y el acompañamiento de la comunidad internacional.