Martes, 28 Septiembre 2021

Un sistema judicial contra la defensa de la vida

El caso de los 8 defensores de los ríos San Pedro y Guapinol confirman dos cuestiones graves relacionadas con el sistema judicial hondureño, en concreto, con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En primer lugar, la existencia de una justicia selectiva como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se aplica de una u otra forma dependiendo de los intereses económicos y políticos que están en juego.

Así, a pesar que el Grupo de Trabajo de las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas dictaminó que la privación de libertad de los 8 defensores es arbitraria, el Ministerio Público y el Poder Judicial ordenaron extender su prisión preventiva.

En segundo lugar, que Honduras es el país con más SLAPPs en el mundo, es decir, de acciones judiciales abusivas en contra de personas que defienden los derechos humanos y los bienes comunes, y contra periodistas que cubren estos temas.

Los casos de Guapinol, Reitoca, MILPAH, ARCAH, OFRANEH y COPINH, entre otros, confirman que, como lo señala la CIDH, en Honduras existe contras estas personas una situación de extremo riesgo debido a la permanente violencia y criminalización.

El próximo año se elige a quienes integrarán la Corte Suprema de Justicia y a la persona titular del Ministerio Público. Durarán en sus cargos 7 años, los cuales pueden significar protección para quienes defienden la vida o más criminalización.