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  Miércoles, 03 Noviembre 2021    

Un tribunal prevaricador para el caso Guapinol

Franklin Arauz Santos, Richard Rodríguez Barahona y Carol Jackeline Cedillo Cruz son los nombres de los jueces y las juezas del Tribunal de Trujillo que cometieron prevaricato al evitar que los defensores de Guapinol puedan defenderse en libertad.

El prevaricato se comete cuando un juez o jueza dicta una resolución arbitraria a sabiendas que es injusta o contraria a la ley. ¿Por qué quienes integran el Tribunal de Trujillo cometieron este delito?

En primer lugar, porque Honduras aceptó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que reconoce, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia y las garantías de un juicio justo.

En segundo lugar, porque de acuerdo con la Sala de lo Constitucional las normas y derechos contenidos en ese Pacto, se incorporan a la Constitución, y las leyes como el Código Penal deben interpretarse y aplicarse de conformidad con él.

En tercer lugar, lo anterior obliga a los tribunales a tomar en consideración no solamente esas normas internacionales, sino también la interpretación que de ellas hacen los órganos internacionales competentes.

En cuarto lugar, un órgano internacional competente es el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, quien señaló que la detención de los 8 defensores del río Guapinol es arbitraria.

En quinto lugar, las razones del Grupo de Trabajo son: no existe fundamento legal para haberles detenido y privarlos de su libertad, constituye una represalia a su legítimo ejercicio de sus derechos y no hay bases que justifiquen el juicio. En sexto lugar, los jueces Arauz Santos y Rodríguez Barahona, y la jueza Cedillo Cruz conocen perfectamente esta resolución y aun así, tomaron su decisión incumpliendo su obligación de aplicarla.

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