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  Martes,  09 febrero 2021    

Una nueva víctima de la violencia policial y patriarcal: Keyla Patricia Martínez

Cuando una persona es detenida por la Policía Nacional y puesta bajo su custodia, se establece una relación especial de sujeción, ya que esta ejerce un fuerte control y dominio sobre dicha persona.

Esto conlleva a que la Policía asuma una posición especial de garante, puesto que la persona bajo su custodia se encuentra limitada para ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades en libertad.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la ley, la Policía Nacional es responsable directa de sus centros de detención, se convierte en garante de los derechos a la vida e integridad personal de quienes se encuentran detenidas.

Por tanto, la responsabilidad de la muerte de Keyla Patricia Martínez recae inicialmente en la Policía Nacional y será una investigación imparcial y efectiva la que determinará el nivel de dicha responsabilidad.

Pero para ello, se requiere que se cumplan dos principios que son esenciales para la investigación con la debida diligencia: el principio de independencia e imparcialidad de las autoridades investigadoras, y el principio de exhaustividad.

El primero es clave para resguardar la investigación de la contaminación o alteración de la prueba que puedan realizar los posibles perpetradores, sobre todo cuando son agentes policiales como en el caso de Keyla Patricia Martínez.

El segundo implica que la investigación se realice por todos los medios legales disponibles para esclarecer la verdad de los hechos y castigar a todas las personas responsables de los hechos.

Las preguntas que sobrevuelan sobre la sociedad son las siguientes: ¿se puede confiar en la Policía Nacional? ¿se puede confiar en la ATIC?, ¿se puede confiar en el Ministerio Público? La respuesta es un rotundo NO.

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