Martes, 21 Diciembre 2021

¿Y el hábeas corpus a favor de los defensores del río Guapinol?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las garantías judiciales como el hábeas corpus, sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. En concreto, uno de los derechos que tutela directamente es la libertad personal contra detenciones arbitrarias.

En el caso de Guapinol, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU resolvió que la detención de los 8 defensores del río es arbitraria porque no existe un fundamento legal para haberles detenido y constituye una represalia a su legítimo ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, el Poder Judicial y el Ministerio Público incumplen abiertamente sus obligaciones legales y están demostrando un completo menosprecio por las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Honduras que, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, debería de dar ejemplo.

Por esta razón, la defensa de los defensores del río Guapinol presentó un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia. La principal característica de dicho recurso es la inmediatez, es decir, que debe ser decidido sin demora y sin pérdida de tiempo.

Pero ha pasado más de una semana y hasta el momento el pleno de la Corte Suprema solo la ha admitido y nombrado como jueza ejecutora a Claudia López, sin que, hasta el momento, se haya reconocido la arbitrariedad de su detención y se haya ordenado su liberación.

Tal parece que todo el mundo ve con claridad la arbitrariedad de esta detención, pero el Poder Judicial y el Ministerio Público, que son las instituciones que deberían actuar como garantía y protección contra el ejercicio abusivo y negligente del poder, son los únicos que no quieren ver dicha arbitrariedad. Con esto dejan claro que aplican la justicia selectivamente, pues quienes luchan por la defensa de la vida se enfrentan a un sistema de “justicia” que les criminaliza, mientras que quienes tienen vínculos con el poder gozan de todas las garantías e, incluso, de una dudosa aplicación de la ley para favorecerles.