Roque Vaquero Morris*

La migración campo-ciudad, forzada por la ausencia de condiciones adecuadas para permanecer y vivir de forma digna y segura en las zonas rurales, es uno de los procesos más frecuentes, especialmente en los países caracterizados por su pobreza. Desandar el camino es una posibilidad para resolver el problema, pero requiere de una profunda transformación social, política, económica y ética.

El camino es complejo

Los países pobres pasan por situaciones políticas, económicas y sociales cada vez más críticas, tanto que no es posible visualizar con certeza el futuro que les espera. Muchos ejemplos pueden citarse, pero en la región centroamericana y específicamente en Honduras, la situación es cada vez más aguda, como lo señalan cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE)[1] a partir de la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples. Y si se consultan plataformas digitales serias en internet, se podrá encontrar información que expone con lujo de detalles el problema de la pobreza y pobreza extrema en muchos países, entre los que Honduras figura en primer plano.

Las cifras correspondientes al año 2021 y hasta mediados de 2022, señalan que el 73% de la población hondureña está en pobreza y el 53% en pobreza extrema, y estos valores son mayores en la zona rural que en la urbana. De la población total de 9.5 millones, cuatro millones constituyen la fuerza laboral, 350 mil son desempleados y 2.5 millones están subempleados.

En la última década, más de un millón de personas ha emigrado del país y alrededor de 700 mil han sido deportadas de los Estados Unidos de América o de México; de enero a junio de 2022 fueron deportados 51,570 migrantes. No obstante, se debe considerar que sólo en 2021 los migrantes contribuyeron a la economía de sus hogares, y del país, con 7,370 millones de dólares.

Frenar esta migración forzada o la “huida” de la población desde Honduras, debe ser un asunto de interés nacional y, para ello, hay que enfrentar muchos desafíos entre los cuales destacan: disminuir la pobreza y la desigualdad, mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso a empleo y vivienda dignos, alimentación, servicios de educación, salud, agua, seguridad ciudadana y seguridad jurídica.

Obviamente, para todo ello se necesita mayor inversión de la empresa privada, apoyo del sistema bancario, organizar las normativas oficiales necesarias y supervisar y evaluar su implementación para garantizar que los resultados realmente contribuyan a mejorar las condiciones socioeconómicas del país.

Andar, huir y abandonar el país

La población rural, especialmente la más joven, es atraída por la ciudad; piensa que esta le puede brindar la oportunidad de obtener mayores ingresos, de acceder a los servicios públicos, las comodidades y oportunidades que nunca ha tenido. Para esta población es una necesidad y una obligación escapar de la estrecha situación en que vive, y aventurarse a peregrinar por las calles de las ciudades donde piensa, o le han asegurado, que encontrará la prosperidad y felicidad que merece.

Es de reconocer que el desempleo y el bajo nivel de ingresos en el área rural han propiciado dos situaciones que es importante señalar porque son, en gran parte, responsables del desplazamiento del campo a la ciudad. La primera es que los dueños de la gran propiedad, siempre en expansión, difunden el encanto de lo urbano e incentivan el abandono de lo rural para, de esa forma, extender sus dominios; la otra es el asedio a que se ve sometida la población rural, especialmente los jóvenes, para entrar a los grupos involucrados en actividades ilícitas, principalmente las relacionadas con el tráfico de drogas y otras actividades delincuenciales conexas.

Estas dos condiciones están relacionadas con aspectos muy complejos, que no puede controlar la población rural, puesto que tienen que ver con la visión mercantil sobre el agro, con aspectos legales que a veces son poco claros, con el bajo nivel educativo y el deterioro de las condiciones para una efectiva seguridad ciudadana.

El resultado se evidencia en los casos de algunos pobladores, a quienes se les convence de entregar su tierra y otras pertenencias, a cambio de bienes físicos o económicos, con los que podrán trasladarse y gozar de las supuestas facilidades para iniciar una nueva vida en las ciudades; y a otros, sin duda, los obligan o amenazan para que salgan de sus tierras, a cambio de su seguridad personal y la de sus familias.

Las espinas del cambio

El flagrante desplazamiento campo-ciudad, típico en la mayoría de los países del Tercer Mundo, agudiza la magnitud de los problemas que ya se enfrentan en los centros urbanos y crea situaciones imprevisibles que es muy difícil, o casi imposible resolver, puesto que en las ciudades se carece de recursos en condiciones de suficiencia infinita para albergar a una población en constante y descontrolado crecimiento.

La poca disponibilidad de viviendas provoca una desmedida ampliación de las áreas suburbanas a sitios impropios y carentes de servicios básicos; la escasa e irregular oferta de empleo induce a un ingreso familiar insuficiente para suplir las necesidades; el limitado acceso a los servicios de salud y saneamiento propicia la proliferación de pestes y enfermedades, y el limitado acceso a la educación, junto a la baja tasa de empleo, provocan la desocupación del recurso humano e incrementan su vulnerabilidad para caer en garras de la delincuencia. Estos son, quizá, los mayores problemas y vicisitudes a que se expone la población que emigra del campo a la ciudad.

El crecimiento de la población, provocado por este proceso, también ocasiona un problema ambiental sin precedentes debido a que, con la necesidad apremiante de cambiar el uso de la tierra, se ponen en riesgo los recursos naturales en los alrededores de las zonas urbanas.

Uno de los principales impactos, especialmente evidente, es el efecto negativo sobre el recurso agua en lo relacionado con su disponibilidad, cantidad y calidad, puesto que se vuelve insuficiente o inadecuada para satisfacer las necesidades implícitas en esta demanda ampliada.

Por otra parte, el abandono de las zonas rurales las hace susceptibles a los cambios inmediatos de la legalidad de la tenencia y uso de la tierra y, en la mayoría de los casos, ha favorecido el crecimiento de unidades comerciales caracterizadas por la explotación intensiva, temporal o permanente, y mercantilista de la “gran propiedad”, que atenta de forma directa, o pone en riesgo, el relativo equilibrio ecológico que hasta ese momento había prevalecido.

Todos estos elementos contribuyen a que una cantidad significativa de pobladores rurales, que emigraron a las ciudades, al enfrentar esa adversa realidad, deciden emigrar a otros países donde, por las referencias de amistades o familiares, pueden tener más posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas y disfrutar de una mejor calidad de vida. Esto también ocurre con pobladores de zonas urbanas, que forman parte del estrato de desempleados y subempleados.

Una esperanza para mitigar el desplazamiento de población

Revertir este proceso migratorio puede resultar una tarea casi imposible o titánica y, hasta ahora, los esfuerzos realizados no evidencian el éxito esperado, puesto que cada vez más se reconocen públicamente los problemas crecientes y con remotas posibilidades de solución en las zonas urbanas. Se presume que han sido causados por el incremento poblacional que, en una porción significativa, se adjudica al desplazamiento campo-ciudad.

No obstante, al parecer, quienes debaten sobre este tema albergan la esperanza de que esta migración y consecuente abandono de las zonas rurales se pueda contener. Sin embargo, para ello se requiere que en esas zonas la vida pueda desarrollarse en condiciones distintas a las actuales, que propicien las oportunidades para estructurar procesos inclusivos y de generación propia, que promuevan mejores y apropiadas condiciones de vida, y así estimular las aspiraciones de su población, de tal forma, que se convenza de no abandonarlas, y más bien la incite a luchar por su desarrollo sostenido y sostenible.

Una nueva ruta para desandar el camino

Tratando de establecer algunas líneas para este breve razonamiento, es necesario arribar a una respuesta apropiada para esta pregunta clave: ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan en una zona rural específica, que puedan considerarse como la causa de la migración campo-ciudad?

Es importante señalar y reconocer que los miembros de cada población, adecuadamente guiados, son responsables de identificar sus problemas y, de acuerdo con ello, definir sus necesidades, deseos y aspiraciones para mejorar sus condiciones de vida que, sin duda, incluyen aspectos sociales, económicos y culturales; por ello, debe ser la población misma quien defina y dé contenido a cada uno de esos aspectos, estableciendo además el orden de sus prioridades.

Una vez realizado lo anterior, los pobladores deben establecer los cursos de acción para resolver esos problemas y asegurar que su implementación garantice que se puedan erigir las bases para lograr las condiciones deseables en las poblaciones, aldeas y pueblos, de tal forma que se conviertan en sitios atractivos para el buen vivir y evitar el desplazamiento de su población.

Con seguridad hay muchas más, pero algunas líneas generales que es importante considerar para que las zonas rurales sean catalogadas como sitios con las condiciones apropiadas para el desenvolvimiento normal de la vida de quienes allí residen, podrían relacionarse con las siguientes facilidades:

–     Acceso a la vivienda, la salud, la educación y los servicios básicos (agua, energía, comunicación).

–     Espacios adecuados en tamaño y calidad para producir y las condiciones necesarias para transformar la producción local y procurar el consecuente valor agregado.

–     Posibilidad de crear un proceso directo de seguridad alimentaria y garantizar los medios para complementarlo de forma indirecta, si fuese necesario.

–     Sistemas de transporte apropiados, incluyendo caminos y carreteras estables.

–     Acceso inmediato a mercados de productos alimenticios y otros bienes y servicios que complementen la comodidad de la vida.

–     Y, seguramente, servicios comunitarios y oficiales específicos para la protección del entorno natural, que promuevan la sostenibilidad y la seguridad de las personas, con el fin de garantizar la calidad de vida para sus habitantes.

Como podría suponerse, si estas condiciones se cumplen de forma adecuada, se habrán solucionado los dos principales señalamientos que se han hecho y que, posiblemente, constituyen gran parte del origen del problema de la migración campo-ciudad: el acceso al trabajo y el mejoramiento del ingreso.

El ser humano consciente del camino

Además de la ausencia total o parcial de bienes y servicios considerados como “necesarios” en la vida moderna, una de las causas principales de la pobreza y de la pérdida del “encanto” de las zonas rurales, se relaciona con la falta de oportunidades para que los miembros de la comunidad participen directamente en identificar, diseñar e implementar actividades productivas que les permitan contribuir al mejoramiento del sistema económico local y les retribuya el esfuerzo con ingresos estables para acceder a bienes y servicios que impacten en el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Por supuesto, la identificación de las oportunidades y su mejor y mayor aprovechamiento requiere de la participación de la población local con capacidad de liderar la planificación y ejecución de las fases necesarias en estas actividades, para establecer un proceso viable, cuyo resultado contribuya a reducir la pobreza, a mejorar las condiciones de la comunidad y a facilitar el desarrollo rural de forma sostenible.

No obstante, se reconoce que una de las principales barreras en las zonas rurales es la ausencia de líderes locales estables, preparados, responsables, conscientes y comprometidos; esto se relaciona con el círculo social inestable que se deriva del desplazamiento constante de la población hacia las ciudades.

Por lo anterior, una de las primeras y principales acciones que es necesario llevar a cabo, es fortalecer los procesos de formación, educación y concientización de los pobladores, con el fin de que participen y se empoderen de los asuntos relacionados con el mejoramiento sostenible de su comunidad, planteando objetivos bien definidos, con metas de fácil seguimiento y medición para el corto, mediano y largo plazo.

Es posible que, si al inicio, solo algunos miembros están preparados y dispuestos a enfrentar los retos de la comunidad, se requiera del acompañamiento de personas foráneas que fácilmente pueden involucrarse en estos procesos y que, sin duda, están dispuestas y disponibles en instituciones y organismos de cooperación.

Una vez que el proceso se organiza, es preciso que, lo más pronto posible, se vuelva independiente e internamente participativo, con el fin de que los miembros de la comunidad desempeñen las responsabilidades directas en todos los procesos y actividades relacionadas con el alcance de los objetivos relativos al mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales de su comunidad.

La construcción de un proceso inclusivo para fortalecer, interesar e involucrar a la población, debe considerar acciones básicas que contribuyan a la formación del recurso humano. En una estrategia para tal fin, es importante considerar al menos dos aspectos que son de notable importancia:

Ÿ    Los padres de familia y el sistema educativo deben estar fuertemente enlazados para garantizar que, desde temprana edad, el alumno reciba la educación básica adecuada que promueva su formación en valores, ciencias y humanidades. No obstante, es imprescindible introducir una modificación: agregar o fortalecer un elemento adicional, para convertir el sistema en un proceso dual y que el alumno tenga la oportunidad de desarrollar y adquirir otras destrezas o habilidades en una o varias de las necesidades identificadas como imprescindibles para promover el desarrollo y la sostenibilidad de la comunidad, lo que les permitirá enfrentar su realidad en un proceso de “aprender-haciendo”.

Ÿ    Se debe enfatizar en la formación de la población adulta que, por su edad, está fuera del alcance del sistema educativo nacional, puesto que es necesario y estratégico establecer un programa consolidado y bien orientado para que esta contribuya a resolver las necesidades de su comunidad. En todos los países existen instituciones encargadas de este proceso, pero, en una comunidad organizada, que ya ha logrado identificar sus necesidades inmediatas y futuras, es más fácil plantear y ejecutar programas de este tipo, que podrán atender, de forma eficiente y efectiva, las necesidades identificadas por la comunidad.

Estas acciones deben ser simultáneas, para que puedan contribuir a construir un proceso de participación plena e inclusiva, partiendo de la formación y preparación de los ciudadanos en las zonas rurales, de tal forma que puedan incidir directa y efectivamente en el desarrollo de sus comunidades y del país.

Desandando para un nuevo caminar

Está muy trillado el camino sobre el que la población rural se mueve en la “huida” y el abandono de sus espacios, impulsada básicamente por el escaso empleo, la falta de ingresos para satisfacer sus necesidades, la carencia de servicios y la inseguridad personal.

En la mayoría de los casos, esta población no pudo advertir que esto sólo la llevaría a engrosar las filas de los habitantes de las ciudades que, al igual que ellos, no encuentran las facilidades imaginadas o sembradas en sus mentes por personas que solo pretenden ampliar su influencia o sus posesiones. El nuevo destino únicamente les depara pesares por lo perdido y decepción por hallarse inmersos en un submundo caracterizado por el desorden y la desigualdad.

Además de las luces y los ruidos de ese entorno, el nuevo inquilino también se percata de que su presencia en los tan añorados espacios urbanos es completamente inadvertida y, sin duda, se verá forzado a ocupar espacios suburbanos donde lo único que le espera es la ausencia de todo lo que en algún momento fue la razón del ansiado desplazamiento.

Reflexión final

El camino de la migración campo-ciudad, forzado por la ausencia de condiciones adecuadas para permanecer y vivir de forma cómoda y segura en las zonas rurales, es uno de los procesos más frecuentes y de mayor impacto, especialmente en los países caracterizados por su pobreza. Desandar el camino puede ser una posibilidad con esperanza real para resolver el problema, pero requiere de la apertura suficiente que posibilite una profunda transformación social, política, económica y ética.

Por supuesto, es imprescindible iniciar un proceso inclusivo para que los miembros de la comunidad participen en la identificación de los problemas que causan su desencanto. Trazar las mejores rutas para solventarlos requiere de un intenso proceso de formación y educación que debe involucrar a los pobladores, al sistema educativo, las autoridades locales, regionales y nacionales y a la empresa privada, con el fin de estructurar un proceso funcional y efectivo, cuyo objetivo final sea mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales, fomentando la igualdad y la equidad para sus habitantes, como mecanismo efectivo para evitar, o al menos disminuir, el desplazamiento del campo a la ciudad.


*       Ingeniero Agrónomo, MSc, UNAH, Honduras y ULA, Venezuela. Trabajo técnico en zonas rurales de Centro y Sur América, el Caribe y África; actividades docentes complementarias de 1975 a 2000. Docencia e investigación en Escuela Superior de Agricultura, Costa Rica, 2001 a 2018. Reflexión, apoyo técnico y consultoría sobre el área agrícola y social, de 2018 a la fecha.

[1]        Semanario Universidad, UCR, Costa Rica, El Economista, julio de 2022.