ISMAEL MORENO (SJ)
Para la democracia este ha sido un cuarto de siglo perdido y la conclusión es tan obvia como inevitable: el déficit creciente en materia de derechos humanos sólo produce empobrecimiento y despoja a la democracia de todo sustento. Hoy estamos en una sociedad cuyos miembros evaden sus responsabilidades ciudadanas y buscan a quién obedecer. He ahí el caldo de cultivo de los caudillos y los autoritarismos.
DETERIORO ECOLÓGICO, NARCOTRÁFICO Y DESPRECIO IMPERIAL A LOS DISTINTOS
El primer cuarto del siglo 21 culminó como inició: con altos niveles de vulnerabilidad ambiental y social, con un mundo en estado de amenaza y con las esperanzas de vida digna en harapos.
Con un gobierno republicano —el de G. W. Bush— que, tras los atentados contra las Torres Gemelas en 2001, estigmatizó como terroristas a todos los adversarios de las políticas estadunidenses; y con otro gobierno republicano —el de Donald Trump—, que hace efectiva la decisión de perseguir y deportar a millones de migrantes por considerarlos delincuentes y terroristas.
La devastación causada por el huracán Mitch (1998) y las secuelas de los atentados neoyorquinos se asemejan al deterioro ecológico que va dejando la ausencia de políticas para hacer frente a los fenómenos atmosféricos y al despojo indiscriminado de los bienes naturales.
El narcotráfico, convertido en núcleo definidor de todas las fuerzas de poder en el país, la migración hacia Estados Unidos y en menor medida a España, el fenómeno de las maras y pandillas, el golpe de Estado de 2009 y la resistencia contra esa barbarie, así como el deterioro y la vulnerabilidad ambiental, el asesinato de ambientalistas y periodistas, la profundización de la corrupción y la impunidad, la fragilidad del sistema de justicia y, en general, del Estado de Derecho, la pandemia del covid 19 y su contribución al creciente deterioro de las condiciones de vida, son los rasgos y a la vez los acontecimientos primordiales que, por sus impactos y consecuencias, han caracterizado en mayor medida a la sociedad hondureña durante este primer cuarto de siglo.
Para la democracia ha sido un cuarto de siglo perdido. Y para la sociedad en general, un cuarto de siglo cargado de incertidumbre y amenazas.
TRAS EL MITCH, UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
El nuevo siglo arrancó con las consecuencias de la devastación que, a finales de 1998, dejó el paso del huracán y tormenta tropical Mitch, un acontecimiento climático que pudo abrir las puertas a una refundación de los cimientos de la sociedad y la institucionalidad resquebrajada que se heredó de un siglo veinte de corruptelas y desaciertos conducidos por caudillos, militares y el cogobierno de los partidos Liberal y Nacional.
Al concluir el primer cuarto del siglo actual, aquella oportunidad de refundar el país no solo se malogró, sino que además dio pie a un largo período de desajustes. Finalmente, la oportunidad perdida fue sustituida por una «refundación» más ideológica que política, y más demagógica y populista que una propuesta efectiva de transformación estructural de nuestra sociedad.
Así como el siglo veinte culminó con una democracia electoral bipartidista y un país devastado, el primer cuarto de este siglo culmina más devastado aún, no solo en su medio ambiente y su democracia, sino también por las escasas alternativas políticas, casi todas cooptadas por el oficialismo, y una izquierda casi inexistente en la sociedad civil.
El primer cuarto del siglo veintiuno culmina con una imagen que hace pensar que la devastación del huracán Mitch no ocurrió hace más de 25 años, sino que pasó en cualquier octubre, de cualquiera de los años más recientes.
DESPERTAR DE LA LUCHA AMBIENTAL
En positivo, uno de los rasgos más destacados en este primer cuarto de siglo, fue el despertar de la lucha ambiental en diversos sectores sociales. La inició el Padre Andrés Tamayo con las Marchas por la Vida en el municipio de Salamá, Olancho. Se llevaron a cabo para llamar la atención de las instituciones del Estado ante la devastación de los bosques en aquel departamento.
El liderazgo asumido le costó al clérigo ambientalista su nacionalidad y el derecho de permanecer en Honduras cuando, en 2009, el gobierno de facto, tras el golpe de Estado, anuló la nacionalidad hondureña adquirida por el padre Tamayo y lo expulsó a El Salvador, su país natal.
La lucha ambiental fue igualmente emprendida por Berta Cáceres desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que, en 1994, dio el banderillazo de salida a las demandas territoriales y ecológicas de la población indígena del Occidente del país, sustentándose en el derecho de los pueblos indígenas a defender sus territorios y bienes naturales. Sus marchas hacia la capital encontraron aliento y fuerza en las Marchas por la Vida lideradas por el Padre Tamayo, y se fortalecieron con las luchas que, desde 2002, se articularon bajo la bandera de la CNRP.
Berta Cáceres, asesinada la noche del 2 de marzo de 2016, habría de elevarse como la luchadora indígena, feminista, popular y política más emblemática del primer cuarto de siglo. Su asesinato cristalizó su perfil a escala mundial y, con ello, desnudó las condiciones de despojo de los territorios indígenas y la criminalización de los defensores del medioambiente.
LA COORDINADORA NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR (CNRP)
En la CNRP se aglutinaron, además del COPINH, organizaciones de maestros, sindicatos del sector público y del sector privado, como el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS), el Bloque Popular y diversas organizaciones del valle del Aguán y del valle de Sula; organizaciones comunales de Santa Bárbara, como el Patronato Regional de Occidente (PRO) y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras expresiones políticas y gremiales, ONG y otras entidades que, con el tiempo, se constituyeron en la instancia de convocatoria popular más amplia del país.
Su vigencia se extendió desde 2002 hasta el golpe de Estado de 2009, cuando fue absorbida por la efervescencia política que provocó el asalto al gobierno legítimo. Durante el segundo semestre de 2009, la CNRP fue cooptada por el Frente creado contra el golpe que después dio paso al Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, constituido por una amalgama de sectores populares afines a la izquierda en la CNRP y, mayoritariamente, por el sector del Partido Liberal leal al depuesto presidente Manuel Zelaya Rosales.
LA REBELDÍA EN EL AGUÁN EN DEFENSA DEL AMBIENTE
En el valle del Aguán, la defensa del ambiente ha crecido ante la presencia amenazante de la industria minera implantada desde la segunda década del siglo actual, sobre todo en el corredor donde convergen los departamentos de Olancho y Colón en el nororiente del país. Inició operaciones como Inversiones Los Pinares, de la que eran propietarios los hermanos Rivera Madariaga, conocidos como Los Cachiros. Después, la propiedad fue traspasada a los empresarios Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.
La implantación de la industria minera despertó la conciencia en favor de la defensa del ambiente en 2016, conduciendo a una confrontación desigual entre las comunidades organizadas del municipio de Tocoa, Colón, y los inversionistas en la actividad minera, ganadera, cultivo de palma africana y comerciantes locales y nacionales.
Por parte de las comunidades destacó la conformación del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Municipales de Tocoa, bajo el liderazgo de Juan López, ambientalista y delegado de la Palabra de Dios; posteriormente fue regidor municipal por el Partido Libre en Tocoa, hasta su asesinato en la noche del 14 de septiembre de 2024.
EL AGUÁN: ZONA DE CONCENTRACIÓN DE CONFLICTOS
En este primer cuarto de siglo, el valle del Aguán ha sido el territorio de Honduras donde se ha concentrado el mayor número de conflictos y luchas de diversa naturaleza. Ha sido un hervidero y un polvorín.
El siglo 21 amaneció en el Aguán con una presencia poderosa: la del narcotráfico. Estableció su base de operaciones en La Moskitia hondureña y el territorio del departamento de Colón se convirtió en área de tránsito para la cocaína proveniente de América del Sur con destino al territorio estadunidense.
Es en este contexto que, después de haberse formado en el abigeato en los años 1980 —bajo la guía ejemplar de su padre, don Isidro Rivera—, el siglo 21 dio la bienvenida a Los Cachiros como la principal banda de narcotraficantes en el Aguán y, posteriormente, en todo el país.
Esta banda adquirió suficientes recursos y poder como para llegar a ser la definidora de otros poderes en el campo político, militar y policial, e incluso en importantes grupos empresariales. Ahora es impensable entender el primer cuarto del siglo 21 de la vida nacional, sin mencionar a Los Cachiros.
La trayectoria de los dos partidos políticos tradicionales, Nacional y Liberal, y después del partido Libre en estos 25 años, no podría entenderse sin la influencia ejercida por los negocios del narcotráfico que Los Cachiros condujeron con magistral competencia criminal.
UNA FAMILIA SINGULAR
La familia Rivera Madariaga se radicó en la aldea de Cayo Sierra, en la margen derecha del río que le da nombre al fértil valle del Aguán, en el departamento de Colón. A esa comunidad llegaron los padres provenientes del departamento de Olancho, como lo hicieron muchas familias, con frecuencia huyendo de venganzas.
En los municipios de Gualaco y San Esteban, Olancho, a quien se llama Isidro le dan el sobrenombre de «Cachiro». Y así fue conocido don Isidro Rivera, el patriarca de la familia Rivera Madariaga, quien a su vez fue un devoto de San Isidro Labrador, patrono de Tocoa. Desde siempre, don Cachiro fue uno de los fieles organizadores de la Feria Isidra, al igual que su esposa e hijos, a quienes desde pequeños los llamaron Los Cachiros.
Frecuentemente, don Cachiro fue denunciado por robar ganado y sus hijos no solo continuaron esta actividad delictiva, sino que incursionaron en el narcotráfico desde la última década del siglo pasado, hasta convertirse en la banda criminal más conocida, respetada por unos y temida por la mayoría de la población de la región, y luego de todo el país.
LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA Y SOCIOAMBIENTAL
La región del Aguán ha sido modelo de conflictividad agraria unida a la conflictividad socioambiental, de violación de derechos humanos y de una justicia a la medida de los poderes fácticos. Y también ha sido epicentro y laboratorio de las confrontaciones que siguen las pautas de la violencia nacional. Centenares de campesinos organizados en la Plataforma Agraria han sido víctimas de la violencia homicida y hoy representan un doloroso saldo sangriento en este epicentro de muertes violentas.
A partir de 2003 comenzó la reorganización de un sector del campesinado, aquel que en los inicios de la década de 1990 estuvo involucrado en la venta de los activos de las más exitosas cooperativas de palma africana de la zona. Con el argumento de que los compradores —Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales— se apropiaron de una mayor cantidad de tierras y cultivos de palma africana de la que los cooperativistas acordaron venderles, grupos de campesinos conformaron en 2004 el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA.
De esta organización surgieron otras, con iguales demandas, a lo largo de la primera década de este siglo, especialmente en la margen izquierda del río Aguán. El surgimiento de estas organizaciones y su lucha por la tierra tuvo lugar en el mismo contexto geográfico y político en el que surgió y se fortaleció el liderazgo del narcotráfico. Por tanto, la lucha campesina por la tierra apareció en paralelo con la disputa por el control territorial entre grupos armados irregulares, vinculados a la criminalidad y el narcotráfico.
Así, la lucha por la tierra y la disputa por el control territorial han sido características destacadas en la conflictividad agraria de esta zona que, en la segunda década de este siglo, dio paso a la aglutinación de la mayoría de las organizaciones campesinas en la Plataforma Agraria del Aguán, conductora de las principales movilizaciones en demanda de la tierra en el valle del Aguán.
FENÓMENO MIGRATORIO, EXPRESIÓN DEL DESCALABRO NACIONAL
Tras el paso del huracán Mitch en 1998, la migración al extranjero se convirtió en un fenómeno social en ascenso. Y con el desempleo urbano y rural, sumado al impacto de los ajustes estructurales neoliberales y la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) impuesto desde 2005 por EUA, en alianza con Canadá y México, pasó a ser un fenómeno social masivo.
Decenas de miles de hondureños tomaron el camino hacia el Norte, muchos de ellos pobladores de los excampos bananeros del valle de Sula, caídos en el desempleo por el cierre de operaciones de las compañías bananeras estadunidenses, la venta de cooperativas palmeras en el valle del Aguán, así como por la caída de los precios de los granos básicos.
Este contexto obligó a los campesinos de las laderas, donde fueron arrinconados por ser tierras de bajo rendimiento, a emigrar en busca de empleo en las maquilas instaladas en Choloma, Villanueva y El Progreso, importantes poblados urbanos en el valle de Sula. Sin embargo, las oportunidades resultaron insuficientes ante la creciente demanda de empleo, sobre todo de los jóvenes, y la migración interna cambió de rumbo: se enfiló hacia Estados Unidos.
UN FENÓMENO SOCIAL MASIVO
Con el deterioro de la institucionalidad pública tras el golpe de Estado de 2009 aumentó la violencia y, en consecuencia, también la inseguridad ciudadana, impulsadas por las maras y bandas de narcotraficantes. Del incremento del número de migrantes al extranjero, la situación pasó a un crecimiento descontrolado de la migración, especialmente hacia EUA.
Se transformó así en un fenómeno social masivo, que comenzó a incluir a grupos familiares completos. En 2013 y 2014 esta situación comenzó a ser abordada como una «crisis humanitaria», cuando las familias decidieron enviar masivamente a sus niños, sin el acompañamiento de adultos, como anzuelo para que sus padres intentaran cruzar la frontera para encontrarse con sus hijos.
Este fenómeno condujo a que el gobierno de Barack Obama pusiera en marcha el mayor programa de deportaciones masivas de inmigrantes «ilegales» en el primer cuarto del siglo 21. Como resultado, en los EUA creció un ambiente social antiinmigrante, que se radicalizó en 2017, tras el ascenso de la primera administración de Donald Trump.
GOLPE DE ESTADO, ACONTECIMIENTO DEFINIDOR
Sin duda, el acontecimiento definidor del período fue el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009. Es el parteaguas en la historia de Honduras transcurrida en este siglo. Las heridas que produjo quedaron abiertas, sin que existan condiciones humanas, sociales, institucionales y políticas que las puedan cerrar a corto o mediano plazo.
La polarización política derivada de ese hecho es lo que hoy define los antagonismos entre los grupos políticos y sociales. Es una polarización extrema. Cada uno de los polos opuestos buscó, desde entonces, posicionar sus declaraciones públicas, opiniones, homilías, entrevistas y afirmaciones. Con los golpistas o con la resistencia popular, un maniqueísmo que solo puede conducir a una «cacería de brujas», que impone una falsa disyuntiva sobre las diferencias políticas en la sociedad, ignorando el principio de la tolerancia.
Entre los que calificaron lo sucedido como un golpe de Estado, y aquellos que lo consideraron una «sucesión constitucional», se abrió un abismo en el que fue imposible ocultar la fragilidad del Estado de Derecho, la debilidad de las instituciones públicas y la vulnerabilidad de la ciudadanía ante la magnitud de los hechos.
El golpe de Estado fue el resultado de un amasijo de conspiraciones nacionales e internacionales, conducido por sectores y personajes de la extrema derecha. Y también fue el resultado de los desaciertos políticos y las ambiciones manifestadas tanto por sectores del Partido Liberal como por la izquierda oficial, bajo el liderazgo de Manuel Zelaya Rosales.
Los años que precedieron al golpe de Estado fueron de creciente agitación. Zelaya tocó al tigre con vara corta, porque corta era la vara de su poder desde el gobierno que presidía. Sin embargo, estaba decidido a proseguir su proyecto de «cuarta urna» o «poder ciudadano». Y logró el respaldo de un sector del Partido Liberal, de una izquierda de cúpulas, del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua.
Pero la correlación de las fuerzas internas nunca le fue favorable. Al momento de implementar su proyecto de la Cuarta Urna —la gota que rebalsó el vaso—, tenía en su contra a las Fuerzas Armadas, al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, los medios de comunicación y toda la empresa privada. Tampoco había construido los tejidos necesarios para lograr una adhesión efectiva y estratégica de las agrupaciones de izquierda y los movimientos sociales.
PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO, PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL GOLPE
Desde una mirada panorámica, toda la primera década del siglo fue, políticamente, un escenario propicio para la construcción de un golpe de Estado. En ese tiempo se consolidaron las fuerzas y el poder del crimen organizado —narcotráfico, tráfico de personas y de armas, comercio ilícito de recursos naturales, pujanza de las redes de corrupción, de las maras y pandillas— y las alianzas entre dichas fuerzas, sobre todo entre narcotraficantes y burócratas a la cabeza de instituciones del Estado, incluso de estructuras más sólidas como las Fuerzas Armadas, la Policía, el sistema judicial y el Congreso Nacional.
Así, en la primera década de este siglo se ensambló una estructura de poder que puede considerarse como «paraestatal», que luego estableció pactos tácitos con sectores de la élite oligárquica tradicionalmente aliada con corporaciones transnacionales que, para ese tiempo, ya habían consolidado sus utilidades con los privilegios adquiridos con la implementación —en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994)— de los llamados ajustes estructurales de la economía, que concluyeron su proceso de consolidación con la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) y las exoneraciones concedidas por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, especialmente en la administración del nacionalista Ricardo Maduro (2002-2006). Los poderes fácticos estaban en su punto óptimo para defender sus intereses ante cualquier amenaza originada en los patrones de comportamiento de la política nacional, por lo general de inestabilidad y caos.
LA AMENAZA LLEGÓ PRONTO
A finales de enero de 2006, Manuel Zelaya Rosales fue juramentado como Presidente Constitucional de la República tras unos reñidos comicios, en que la embajada americana debió intervenir para negociar con Porfirio «Pepe» Lobo para que aceptara su derrota, con la garantía de que en la siguiente contienda electoral le llegaría su turno.
La llegada de Zelaya a la máxima magistratura no representó, al inicio, ninguna amenaza para el «gobierno paralelo». Provenía de las lides políticas tradicionales, procedía del Olancho liberal y terrateniente, había sido diputado y, en el gobierno de Carlos Flores Facussé (1998-2002), fue ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), plataforma que ocupó para sentar las bases de lo que sería su campaña electoral, la cual inició desde 2002.
DE LA DESCONFIANZA A LA ALIANZA CON LA IZQUIERDA TRADICIONAL
En los inicios de su gestión, Zelaya Rosales sólo contó con la desconfianza y distancia de la izquierda hondureña y de los líderes del movimiento social. Sin embargo, su campaña la lideró el grupo de la nueva generación de políticos procedentes de la matriz del Partido Liberal que habían incursionado en los corredores de la izquierda revolucionaria en los comienzos de los años 1980.
A este grupo, por ser liderado por Patricia Rodas, hija menor del caudillo liberal Modesto Rodas Alvarado, se le llamó el «grupo de los patricios». La idea provino de Carlos Flores Facussé quien, en su campaña como candidato presidencial (1996 y 1997), fue apoyado por Mel Zelaya y por el entonces naciente grupo de jóvenes entusiastas procedentes de los pasillos universitarios.
El apodo de «patricios» no fue antojadizo. Aunque procedentes de una misma matriz liberal, entre Flores Facussé y Patricia Rodas existía una enemistad larvada por las relaciones escabrosas entre el padre de Flores Facussé y el padre de Patricia Rodas, que se acrecentó una vez que la joven Patricia Rodas incursionó en la escena política electoral oficial, aunque hubiese sido en respaldo a su candidatura.
Flores Facussé habría sido el primero en advertir el peligro que significaba que Mel Zelaya se rodeara de este grupo, un peligro que siguió advirtiendo y ante el cual fue levantando barreras de contención a lo largo de todo el primer cuarto siglo. Esa relación de amor-odio entre Flores Facussé y Zelaya Rosales, cruzando por los «patricios», será una corriente subjetiva de enorme incidencia a lo largo del período que estamos recorriendo.
Los primeros dos años de administración «melista» no activaron las alarmas en aquellos sectores que organizarían y ejecutarían el golpe de Estado; tampoco despertaron todas las simpatías en las dirigencias de la izquierda y del movimiento popular. Pero sí sentaron las bases de lo que sería la confrontación fundamental.
De haber tenido una relación casi única con el gobierno de Estados Unidos y con las transnacionales estadunidenses y europeas en menor medida, el gobierno de Zelaya Rosales comenzó a abrir puertas a las relaciones con el entonces pujante régimen de Hugo Chávez en Venezuela.
A mediados de 2007, esta relación ya había cuajado, así como los vínculos con quienes tenían afinidad con la izquierda latinoamericana. Los beneficios de la relación con el Sur de América comenzaron a llegar con acuerdos sobre combustibles y préstamos blandos de Venezuela, acuerdos para automotores con el gobierno de Lula en Brasil, y fármacos alternativos con Cuba.
LAS ALARMAS COMENZARON A SONAR
El distanciamiento y los cuestionamientos del gobierno de EUA se hicieron sentir. El bloque de poder fáctico comenzó a reagruparse: primero para ponerse a la defensiva, y luego para reaccionar. En 2008, la confrontación ya estaba establecida, y los diversos actores se agrupaban o buscaban coyunturas oportunas para fortalecerse o confrontar.
En abril de 2008, un grupo de fiscales se declaró en huelga de hambre para demandar la renuncia del Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista, un hombre de confianza de las élites políticas y oligárquicas; también para desarchivar casos sonados de corrupción que involucraban a poderosos empresarios y políticos hondureños. La ocasión obligaba a los bandos contendientes a alinearse.
Los sectores de la oligarquía, así como el presidente del Congreso, Roberto Micheletti y sus aliados, levantaron su voz y sus capacidades para defender y proteger al Fiscal General, mientras que diversos sectores populares se adhirieron a las demandas de los fiscales en huelga. Funcionarios del gobierno llegaban por las noches al lugar de la huelga a expresar su solidaridad y aportar recomendaciones a una lucha que se prolongó por 38 días.
Y una noche, sigilosamente, se hizo presente el Presidente de la República para manifestar su solidaridad con la lucha de los fiscales, a cuya huelga de hambre se unió más de un centenar de ciudadanos. Así, esta huelga de hambre evidenció el posicionamiento de los polos confrontados y aumentó las posibilidades para que se avanzara hacia la construcción del golpe de Estado.
VISITA DE HUGO CHÁVEZ E INICIO DE LA ESTRATEGIA DEL GOLPE
En agosto de 2008 el gobierno hondureño recibió la visita de Hugo Chávez Frías quien, en un ambiente de alta confrontación, manifestó su plena solidaridad con el gobierno del Poder Ciudadano. Con Mel Zelaya y Daniel Ortega a su lado, arremetió contra la oligarquía hondureña a la que llamó «pitiyanqui».
Berta Cáceres estuvo con integrantes del COPINH haciendo valla para dar la bienvenida, y también para despedir, en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, al líder venezolano fundador del Socialismo del Siglo Veintiuno.
La huelga de los fiscales y la visita de Hugo Chávez fueron los acontecimientos de 2008 que habrían creado las condiciones para construir el golpe de Estado, a lo que se sumó la aprobación, por el gobierno de Zelaya, de un aumento al salario mínimo del 15 por ciento a comienzos de 2009.
A la vez, se produjo el boicot que el mismo Zelaya interpuso contra el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, por la aprobación del Presupuesto General de la República. En ese momento, todos los astros se alinearon contra Mel Zelaya y sus «patricios».
Y LLEGÓ EL DÍA DE LA CUARTA URNA
En 2009 se convocó a elecciones generales para el último domingo de noviembre, y Zelaya había decidido introducir una «Cuarta Urna» que se sumaría a las tres urnas ya establecidas para la elección del presidente de la República, diputados y alcaldes. El propósito de la Cuarta Urna era realizar un plebiscito para que la población votara si estaba de acuerdo o no en que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente.
La consulta popular para determinar si se introducía la Cuarta Urna fue convocada para el domingo 28 de junio. Esa fue la ocasión propicia para que las fuerzas opositoras al Poder Ciudadano se pusieran de acuerdo para dar el golpe de Estado, sobre la base de que la Corte Suprema de Justicia consideró ilegal la convocatoria a esa consulta. Y con base en la ilegalidad de lo que hacía el presidente, la Corte Suprema de Justicia habría ordenado al Jefe del Estado Mayor Conjunto detener y enviar al exilio al presidente del Ejecutivo, Manuel Zelaya Rosales.
Lo demás es una historia cargada de extrema polarización, teñida de sangre, represión y resistencia popular, puesta en un escenario mediático en el que los hechos fueron distorsionados conforme a la etiqueta de «golpistas» y «resistencia». El mayor golpe del golpe de Estado fue a la institucionalidad del Estado, que quedó a expensas de las fuerzas oscuras que diseñaron la ruptura constitucional.
Así, la polarización no ocurrió a partir del golpe de Estado; la ruptura constitucional solo cristalizó un antagonismo que venía ocurriendo desde el inicio del siglo y que se profundizó con el golpe de Estado. Por sus características, complejidad y trama, el golpe de Estado de 2009 es, hasta el momento, el hecho político y militar con mayor peso en la historia hondureña del presente siglo.
EL CRIMEN ORGANIZADO AL ASALTO DEL PODER DEL ESTADO
A partir de 2009, todo el andamiaje institucional fue diseñado y conducido por las fuerzas constructoras de poder del crimen organizado, incrustadas en la institucionalidad del Estado. Este se convirtió, entonces, en la estructura política donde anidaron las bandas de narcotraficantes lideradas por Los Cachiros, articuladas con redes que cruzaban el territorio hondureño desde La Moskitia hasta la frontera con Guatemala, con enlaces precisos con los cárteles de la droga en México. Y lo mismo ocurrió con las maras y pandillas y otras bandas criminales que se fraguaron a lo largo de la primera década del siglo actual.
Con el golpe de Estado se configuró una poderosa alianza entre las fuerzas constructoras de poder conformadas, por un lado, por altos oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, las cúpulas de los partidos políticos, el sector más conspicuo de la oligarquía vinculado estrechamente con el capital transnacional mafioso y el sector financiero. Por otro lado, las fuerzas de la criminalidad organizada.
En conjunto, esa alianza constituyó el Pacto de Impunidad que, hasta el final de este primer cuarto de siglo, ha sido el gobierno real en el país. Sus mandatos se canalizan a través del gobierno formal, electo en el último domingo de noviembre, cada cuatro años.
DE DEFENESTRADO A CONSTRUCTOR DEL PARTIDO LIBRE Y DEL PACTO TRIPARTITO
A partir de 2012 Manuel Zelaya Rosales, amparado en los Acuerdos de Cartagena, Colombia, que le permitieron retornar al país con un semblante triunfal, convocó a las organizaciones aglutinadas en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) para crear el Partido Libertad y Refundación, Libre, para que desde entonces el bipartidismo tradicional le diera paso al tripartidismo, integrado por los partidos Nacional, Liberal y Libre. Esta es la expresión política formal de la alianza de fondo que, sin acuerdos escritos en piedra, estableció un pacto de entendimiento entre las cúpulas partidarias.
Este tácito pero efectivo pacto de impunidad ha funcionado durante todo este cuarto de siglo, con diversas modalidades. Es un pacto que se heredó desde el comienzo de la década de 1980; es decir, con el inicio del período de retorno a la democracia formal y representativa, sustentada en aquel momento por el bipartidismo.
Este pacto se extendió desde 1981 hasta 2012, bajo la apariencia de ser un «pacto de gobernabilidad» que, bajo la superficie, ocultaba el pacto de impunidad. En este período lo que más destaca es la paradoja entre democracia e inequidad. Después de al menos diez gobiernos surgidos de procesos electorales, resulta evidente que el logro más destacado de este modelo de democracia ha sido la alternabilidad en el poder, con la única excepción del gobierno ilegítimo e inconstitucional de Juan Orlando Hernández, desde enero de 2018 hasta enero de 2022. Nunca han faltado las elecciones, como tampoco ha faltado la violación a los derechos humanos y su impunidad.
ELECCIONES, ACICATE DEL PACTO ENTRE CÚPULAS PARTIDARIAS
En este período se ha garantizado que el último domingo de noviembre de cada cuatro años la población acuda a depositar su voto. Sin embargo, es cuando más se ha avanzado hacia una sociedad que muestra una abismal concentración de la riqueza en pocas manos, que tiene como contrapartida el empobrecimiento creciente de cada vez más amplios sectores sociales y una constante violación a los derechos humanos.
De ahí se concluye que el modelo de Estado y de sociedad que ha predominado a lo largo de más de cuatro décadas representa un atentado contra los derechos humanos que es, además, generador de su violación continua y, por esa vía, se convierte en un obstáculo para el desarrollo del país y de sus fuerzas sociales.
Somos un país con los tejidos sociales, humanos y culturales rotos, una sociedad desigual en lo social y en lo económico, con un rumbo claro hacia la pérdida de la institucionalidad democrática y de justicia. El modelo de Estado y de sociedad garantiza el lucro y la ganancia de reducidos grupos de potentados y, a la vez, genera miseria e inseguridad para las mayorías.
ESTADO DE DERECHO, REHÉN DE ÉLITES
El Estado de Derecho sigue siendo rehén y patrimonio de reducidas élites, con una institucionalidad de justicia construida a la medida de sus intereses; este es un eslabón clave para comprender el trasfondo del cultivo de la corrupción y de la salvaguarda de su impunidad.
Este ha sido un rasgo determinante en la organización de la institucionalidad pública que, al final de este primer cuarto de siglo, ha desembocado en barreras infranqueables para el respeto y la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la aplicación de políticas públicas orientadas al bienestar y desarrollo de la sociedad.
El pacto de impunidad entre las cúpulas partidarias y oligárquicas ha podido sobrevivir hasta ahora porque ha tenido un poderoso aliado: un Estado de Derecho y una institucionalidad de justicia capturados y rehenes de los agentes políticos y económicos del pacto de impunidad. Y no solo eso: ha sido también su columna vertebral.
Hablar de derechos humanos y de desarrollo es hablar del paradigma económico, político y social por el que Honduras ha apostado por más de cuatro décadas. Es decir, un paradigma que implica una permanente presión externa sobre nuestros bienes naturales, alianzas asimétricas y desventajosas como los tratados de libre comercio y la reproducción del ciclo dependencia-pobreza-violación de los derechos humanos.
La conclusión es inevitable: un modelo con un déficit creciente en materia de derechos económicos, sociales y culturales sólo puede generar empobrecimiento y violación a los derechos humanos, despojando a la democracia de todo sustento objetivo y de cualquier vínculo con la solución de las demandas sociales.
Hoy formamos parte de una sociedad cuyos miembros evaden sus responsabilidades ciudadanas y buscan a quién obedecer. He ahí el sustento para que en este primer cuarto de siglo persista el caldo de cultivo de los caudillos y los autoritarismos, basados en la cultura militar del «ordeno y mando».
En este contexto las elecciones, como expresión de democracia, se sostienen sobre electores que realmente no participan porque están subordinados a las decisiones de las cúpulas de los partidos políticos, que les vuelven incapaces de tomar la iniciativa para construir alternativas propias, como ciudadanas y ciudadanos llamados a representar la soberanía popular por mandato constitucional. Las elecciones, así como han sido institucionalizadas, son apenas un remiendo en una tela manoseada y derruida.
Y LA IZQUIERDA, ¿DÓNDE ESTÁ?
Otro golpe del golpe de Estado fue la desnaturalización de la siempre enclenque izquierda hondureña. Es conocida aquella anécdota de la segunda mitad del siglo pasado, según la cual, cuando las cúpulas de los partidos comunistas debían ir a la Unión Soviética a rendir cuentas de las actividades de sus partidos, los dirigentes de algunos países latinoamericanos hablaban de cifras elevadas de militantes en sus filas. En una de esas ocasiones, al llegar el turno al dirigente comunista hondureño, sabiendo que no sería creíble dar un número elevado de su escasa militancia, respondió con aplomo: «Somos pocos, pero sectarios».
Así ha sido la izquierda hondureña: reducida, frágil, fraccionada y a la vez sectaria, con limitados vínculos con los sectores populares, sin que, más allá de los discursos y escritos políticos, sus dirigentes hayan sentido la necesidad de construir una base social estrechamente vinculada con las estructuras partidarias.
Con la caída del Muro de Berlín, y especialmente con la disolución de la Unión Soviética a inicios de la década de 1990, la izquierda hondureña, en tanto instancia partidaria orgánica, quedó reducida a su mínima expresión. Sin embargo, sus concepciones ideológicas alimentaron las luchas y la irrupción de diversas expresiones sociopolíticas que se autodenominaron «de izquierda». Así pasó con el nacimiento del COPINH, de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, y de organizaciones feministas y ambientalistas.
Lo mismo ocurrió con las nuevas organizaciones estudiantiles que surgieron sin ser correas de transmisión de los partidos comunistas. Fueron expresiones organizativas a las que se les puede encuadrar en la izquierda, pero sin organicidad partidaria. Es más, muchas se definieron como «de izquierda», pero no comunistas.
En ese contexto nació la ya mencionada CNRP, aglutinadora de muchas de estas expresiones organizativas, pero sin pertenencia orgánica a ninguna agrupación partidaria.
Así estaba la izquierda hondureña, con su proyecto orgánico reducido a la mínima expresión, albergando una diversidad de expresiones no orgánicas, cuando irrumpió en la escena pública el proyecto del «Poder Ciudadano» de Manuel Zelaya Rosales en 2006. La CNRP estableció una relación de diálogo con Zelaya, sobre la base de una clara independencia de su gobierno.
En varias ocasiones Zelaya convocó a algunos de sus dirigentes a dialogar para dirimir situaciones difíciles como las huelgas de las organizaciones magisteriales, y entre los invitados estaban también algunos dirigentes del COPINH y del Bloque Popular.
Sin embargo, la misma CNRP fue víctima de severas represiones por parte del gobierno del Poder Ciudadano, como la desatada en el departamento de Santa Bárbara en julio de 2007, cuando la policía desactivó violentamente, no solo con gases lacrimógenos sino también con disparos de bala viva, una toma de carretera promovida por pobladores en el sitio de La Flecha, Santa Bárbara, que se pronunciaban contra la Ley de Minería.
La represión gubernamental dejó varios heridos, entre ellos el Padre Marco Aurelio Lorenzo, en aquel entonces párroco de Macuelizo en los Valles de Santa Bárbara y también miembro de la CNRP, quien murió a consecuencia de la covid 19 en julio de 2021.
La izquierda inició el siglo actual con notables síntomas de anemia, a lo que se sumaron expresiones no ortodoxas de los movimientos sociales vinculados a las luchas territoriales y a demandas específicas o sectoriales. En consecuencia, la anemia y la dispersión la caracterizan al finalizar este primer cuarto de siglo, sin desconocer algunos rasgos de fortaleza, o aparentes fortalezas, a lo largo del mismo período.
No obstante, el auge y declive de la izquierda hondureña en estos primeros 25 años del siglo 21, sobre todo su adulteración y desnaturalización, no podría explicarse sin el fenómeno que se concretó en Manuel Zelaya Rosales, modelo eximio de caudillo, definidor de la política nacional en este primer cuarto de siglo y, sobre todo, de la izquierda hondureña.
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