CRISBEL TALAVERA*
Este ensayo aporta al debate sobre el colonialismo del carbono y su papel en el acaparamiento de tierras en la región del Aguán, impulsado por la demanda del Norte Global. Reconociendo que la conflictividad en el Aguán tiene múltiples causas y se remonta a varias décadas, este análisis se centra en el impacto de dichas políticas y en la posible legitimación del acaparamiento de tierras, un hecho cada vez más relevante en el contexto de las ya existentes asimetrías de poder.
INTRODUCCIÓN
La compensación de emisiones de carbono se ha propuesto como una solución para mitigar el cambio climático; es una solución que ayuda al Norte Global a cumplir sus objetivos de emisiones, al tiempo que promueve el desarrollo sostenible en el Sur Global.
Sin embargo, esta estrategia ha suscitado críticas a lo largo de los años, sobre todo en lo que respecta al «colonialismo del carbono», que se refiere a la práctica de reclamar espacio en el Sur para satisfacer las necesidades del Norte en nombre de la reducción del dióxido de carbono (CO2).
En esencia, los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. «Un crédito de carbono comercializable equivale a una tonelada de CO2 o a la cantidad equivalente de otro gas de efecto invernadero (GEI) reducido, secuestrado o evitado».
Al aplicar un régimen de comercio de derechos de emisión para compensar sus propias emisiones, los inversores privados, los gobiernos y las empresas de todo el mundo compran cada vez más iniciativas de compensación de créditos de carbono, como el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, que pone en práctica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El mecanismo MDL emite Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE), que son iniciativas en el mundo en desarrollo que reducen el número de GEI emitidos a la atmósfera, por lo que los contaminadores de los países industrializados pueden comprar RCE, lo cual les ayuda a cumplir sus compromisos de reducción de emisiones.
Aunque los proyectos MDL se están utilizando ampliamente como alternativa para una acción eficaz, no se tiene en cuenta el modo en que las empresas, los Estados o los particulares utilizan estos proyectos para justificar que «todo siga igual». Tampoco se tiene en cuenta cómo utilizan este «lavado de imagen verde» para persuadir a los gobiernos locales de que no los regulen.
Así, el Norte global compensa su excesiva huella de carbono financiando el «desarrollo limpio» en el Sur, pero sin reducir realmente ese uso excesivo. Este mecanismo de «ecologismo de mercado» sustenta la idea de pagar por la reducción de emisiones en otro lugar, en vez de recortar las emisiones en el país de operación. Además, la creciente demanda de los mercados mundiales de carbono entraña riesgos porque los proyectos de compensación de emisiones suelen ubicarse en propiedades de comunidades indígenas o locales, cuyos derechos no han sido protegidos, lo que pone en peligro tanto su bienestar como la viabilidad de los mercados de carbono.
El acaparamiento de tierras se produce a menudo en el Sur Global y erosiona el control local, reorientando a menudo la producción de la satisfacción de las necesidades locales a la satisfacción de las demandas del mercado mundial de alimentos y combustibles. El impacto sobre los medios de vida basados en la tierra de campesinos e indígenas, cuya supervivencia depende directamente del acceso a la tierra y la naturaleza, ha sido profundamente devastador.
El problema es que, por un lado, incrustar las materias primas en un discurso sobre el imperativo de la política climática plantea cuestiones sobre la gobernanza medioambiental. Por otro lado, la mayoría de las materias primas necesarias para la agenda de desarrollo limpio se concentra en el Sur Global. En última instancia, esto amenaza con perpetuar y exacerbar las ya presentes relaciones de desigualdad Norte-Sur y las disparidades socioambientales.
A pesar de que el fenómeno del acaparamiento de tierras está recibiendo más atención, poco se entiende sobre cómo las reglas son moldeadas por la política climática y su interacción con las dinámicas de acaparamiento de tierras que involucran a las élites nacionales, especialmente a la luz de la configuración histórica del modelo de desarrollo y los legados coloniales incrustados en él.
El caso hondureño, que revela la omnipresente interacción de las élites nacionales y las instituciones financieras internacionales en la dinámica del acaparamiento de tierras es significativo, porque ilustra cómo los cambios internacionales y la formulación de una solución a los problemas siguen moldeando la forma en que el gobierno hondureño responde y su cumplimiento de las políticas climáticas globales.
Honduras tiene más de treinta proyectos registrados en el MDL con el potencial de reducir más de 5 millones y 10 millones de toneladas de CO2 para los años 2020 y 2030, respectivamente. Algunos de estos proyectos están ubicados en el valle del Aguán, donde las plantaciones de palma proporcionan energía «verde», principalmente a Europa, como parte del esquema del MDL. Sin embargo, la conflictividad por el acceso a la tierra ha provocado asesinatos y desplazamientos de comunidades locales, en medio de enfrentamientos por los derechos sobre la tierra entre los campesinos y las grandes empresas de biocombustibles. De ahí que el Aguán se haya identificado como un caso emblemático de acaparamiento de tierras con fines medioambientales.
Este ensayo explora la siguiente pregunta: ¿Cómo ha contribuido la creciente demanda de energía limpia en el Norte Global al acaparamiento de tierras en el valle del Aguán en Honduras? Así, busca aportar al debate académico ofreciendo una perspectiva empírica sobre el colonialismo del carbono y su papel en el acaparamiento de tierras en la región del Aguán, impulsado por la demanda del Norte Global.
Reconociendo que la conflictividad en el valle del Aguán tiene múltiples causas y se remonta a varias décadas, incluso antes de que los mercados de carbono se incorporaran a la política climática global, este análisis se centra en el impacto de dichas políticas y en la posible legitimación del acaparamiento de tierras, un aspecto menos explorado pero cada vez más relevante en el contexto de las ya existentes asimetrías de poder.
Un ejemplo de esta tendencia es la aprobación, en julio de 2023, por parte del Congreso Nacional, de la Ley Especial de las Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática. En un contexto nacional y global marcado por una creciente vulnerabilidad climática, desplazamientos forzados debido al cambio climático y conflictos socioambientales con altos niveles de violencia, los mercados de carbono han irrumpido en el debate político como una necesidad ineludible para Honduras.
Es fundamental destacar que Honduras no figura como una economía altamente contaminante. No obstante, parece preservar los intereses de las naciones dependientes de los combustibles fósiles y sus corporaciones multinacionales altamente contaminantes, al costo de ignorar, selectivamente, el debate de las implicaciones de las políticas globales en el modelo económico extractivista en el territorio hondureño.
MARCO TEÓRICO
La transición a una «economía verde» global, firmemente arraigada en las redes capitalistas, ha evidenciado las contradicciones entre la economía global en rápida expansión y los recursos naturales, haciendo que el esfuerzo por crear una sociedad climáticamente neutra sea más importante que nunca. La naturaleza es cada vez más valiosa: una fuente de beneficios y, por tanto, «lo verde» se ha convertido en un gran negocio y en parte integral de la economía de crecimiento dominante.
La literatura crítica sobre la neoliberalización de la naturaleza adopta una postura controvertida al afirmar que los mercados de carbono se asemejan al colonialismo al beneficiarse de las desigualdades previamente existentes y al profundizarlas aún más como resultado de que la política climática hace factible nuevos patrones de acumulación.
Por tanto, aumentan las preocupaciones relacionadas con la exclusión de las comunidades indígenas y locales de las decisiones sobre el uso de la tierra. Las amenazas de acaparamiento de tierras, la criminalización, los conflictos y otras violaciones de los derechos humanos empeoran al no reconocer adecuadamente sus derechos y su contribución a la mitigación del cambio climático mundial. Esto también podría poner en peligro la viabilidad futura de los propios mercados de carbono.
Hoy en día, la gobernanza ambiental se desarrolla dentro de la «colonialidad del poder», que refiere a las estructuras de poder, control y hegemonía que surgieron durante la era moderna, la era del colonialismo, que se extiende desde la conquista de las Américas hasta el presente.
Estas estructuras de poder están presentes en los procesos que permiten que se produzcan los acaparamientos de tierras y están «moldeadas por su lógica y posibilidades verdes y por los contextos histórico-políticos y los entornos agrarios con los que interactúan».
El modelo capitalista de acumulación bajo políticas neoliberales que permiten la apropiación de tierras, posibilitan las apropiaciones verdes. Esto se relaciona con el concepto de David Harvey, la «acumulación por desposesión», que incluye la privatización de bienes públicos para el beneficio privado, lo que aumenta la desigualdad social, y representa la continuación y proliferación de prácticas de acumulación bajo el neoliberalismo.
A modo de ilustración, como resultado de la actual asociación del mercado con el desarrollo, el mercado se utiliza para encauzar las soluciones al cambio climático con el fin de perpetuar, en lugar de cuestionar, las tendencias actuales de consumo y acumulación, lo que conduce a la mercantilización de los bienes comunes ecológicos a través de soluciones de mercado verde como el comercio de carbono, las compensaciones de emisiones y los biocombustibles.
La colonialidad de la política climática se desarrolla a través de «la economía de la reparación», que se ha introducido de contrabando bajo la rúbrica de la «sostenibilidad», pero su lógica es clara: el uso insostenible aquí puede repararse con prácticas sostenibles allí.
De este modo, la explotación intensiva de recursos no sólo se presenta como compatible con el cambio climático, sino como necesaria para mitigarlo. Por ejemplo, un mercado creciente para el combustible de palma y un nuevo conjunto de mecanismos internacionales permiten a las empresas beneficiarse de la economía verde, al tiempo que presentan peligrosamente a la oligarquía hondureña del aceite de palma como héroes medioambientales.
Basado en lo expuesto anteriormente, es evidente que la colonialidad del desarrollo verde debe entenderse como un proyecto tanto político como epistemológico, ya que la forma en que se responde al Antropoceno está determinada por una lógica de mercado. Es decir, las estrategias propuestas para gestionar la reducción de las emisiones de carbono dependen del mercado. Estas estrategias se promueven como las más adecuadas para reducir las emisiones de carbono, pero detrás de ellas hay una visión de poder y conocimiento que perpetúa desigualdades y favorece ciertos intereses. Así, la premisa es que la apropiación de tierras y recursos en el Sur, a través de la compensación de carbono, beneficia el futuro del planeta y queda legitimada por la agenda verde global construida discursivamente.
Lo anterior oculta y resta importancia a los supuestos básicos de las estrategias de descarbonización; entre otros, que los mercados de carbono siguen incrustados en el actual orden mundial dominante, reforzando las relaciones coloniales de injusticia, que siguen basándose en diferencias raciales y sociales.
ANÁLISIS POSICIONANDO EL BAJO AGUÁN EN EL ACAPARAMIENTO VERDE GLOBAL
El valle del Aguán ha sido identificado en varios artículos e informes como un caso emblemático de acaparamiento de tierras; sin embargo, no encaja completamente en el modelo por varias razones.
En primer lugar, el acaparamiento de tierras ocurrió hace varias décadas y no de manera repentina. Además, en lugar de una única compra a gran escala, las tierras fueron adquiridas gradualmente mediante múltiples transacciones. Por otro lado, los principales actores en este proceso no fueron empresas de inversión extranjera ni agroindustrias transnacionales, sino élites hondureñas. No obstante, algunas de estas adquisiciones pudieron haber recibido financiamiento de instituciones financieras internacionales, lo que añade un nivel adicional de complejidad.
Por estas razones, el caso del valle del Aguán no se ajusta completamente al modelo de acaparamiento de tierras, ya que la diferencia entre inversión extranjera y nacional no es tan clara como en otros contextos. Sin embargo, las experiencias asociadas al acaparamiento y desplazamiento, ya sea rápida o prolongada, de menor o mayor escala, implica, en todos los casos, una violencia física y estructural. El impacto final es la división de la comunidad y, en muchos casos, la destrucción cultural.
Curiosamente, la producción de palma africana es en gran medida anterior al boom mundial y la mayoría de las instalaciones e inversiones ya existía desde los programas de colonización y reforma agraria. Sin embargo, la intensificación de la violencia y los desalojos forzosos han empeorado desde el auge mundial del desarrollo ecológico y la creciente demanda de reducción de las emisiones de carbono.
Por ejemplo, en 2009, en la época del auge de los biocombustibles, la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad que forma parte del Grupo del Banco mundial, invirtió 30 millones de dólares en la empresa de palma aceitera de Dinant, que también contó con el apoyo del BID, el BM y el BCIE. La superficie dedicada a la palma pasó de unas 69,000 hectáreas en 2004, a unas 150,000 en 2017. En 2015, había quince plantas de procesamiento de biocombustible de aceite de palma.
El financiamiento internacional se produjo en el contexto del compromiso mundial con la reducción de CO2, lo cual contrastó con los esfuerzos del presidente Manuel Zelaya por promulgar el Decreto Ley 18-2008, que otorgaría a las organizaciones campesinas títulos legales sobre las tierras que ocupaban. El acuerdo también incluía la recompra de sus tierras a Facussé. Este impulso para resolver la crisis agraria se vino abajo cuando se produjo el golpe de Estado de 2009, que derrocó al Gobierno de Zelaya.
Desde 2009, 180 campesinos han sido asesinados en el contexto del conflicto agrario del Aguán, además de numerosos heridos, secuestros, detenciones ilegales, desalojos forzosos, actos de tortura y agresiones sexuales. La respuesta a la disputa por la tierra ha sido la militarización de la zona, así como una severa represión estatal y la criminalización de la resistencia.
Las víctimas han sido en su mayoría activistas campesinos, pero el balance también incluye a periodistas, abogados defensores de los derechos y guardias que trabajan para grandes terratenientes. La creciente violencia y los múltiples asesinatos en el Aguán reflejan la expansión de las actividades extractivistas tras el golpe de Estado, especialmente porque los sucesivos gobiernos han hecho de la minería, la agroindustria, el turismo y los proyectos energéticos la columna vertebral del modelo de desarrollo económico del país, convirtiendo a Honduras en uno de los países más peligrosos para los activistas medioambientales.
LA COLONIALIDAD DE LA GOBERNANZA MEDIOAMBIENTAL GLOBAL
La creciente demanda de materias primas estratégicas, como la palma africana, está estrechamente vinculada a la necesidad de más energía limpia en el Norte Global, que interactúa con las políticas de desarrollo nacionales e internacionales, porque la legitimidad de los proyectos MDL relacionados con la palma se ve reforzada por los argumentos verdes que presentan los objetivos de descarbonización global como la única solución viable al cambio climático.
A modo de ejemplo, en Honduras se aprobó en 2007 la Ley para la Protección y Consumo de Biocombustibles, que prevé exenciones fiscales para las empresas de biocombustibles con el fin de impulsar la agenda verde, para lo cual el BCIE concedió un préstamo de siete millones de dólares para importar semillas de palma aceitera equivalentes a plantar 7000 hectáreas adicionales.
El discurso sobre la palma africana, por ejemplo, presenta este monocultivo no sólo como compatible con el cambio climático, sino como necesario para hacerle frente. Así, se espera que la transformación de productos agrícolas en agrocombustibles no sólo contribuya a la protección del clima, sino que también reduzca las emisiones de carbono. Estos son algunos ejemplos de actividades extractivistas que la transición energética legitima discursivamente, y demuestra lo politizadas que están las emisiones de carbono, la política de lo que se evalúa y lo que no, dónde deben realizarse las inversiones y qué beneficios para el desarrollo sostenible se proyectan para determinados proyectos.
Sin embargo, la cuestión es que actores poderosos están dispuestos a impulsar políticas climáticas incluso en detrimento del medio ambiente y las comunidades locales. Por ejemplo, el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, en el que participan plantaciones de palma acreditadas por la ONU, no se ha visto amenazado por la escalada de violencia en el Aguán porque se siguen vendiendo créditos de carbono de las plantaciones.
Además, a menudo no se cuestiona el impacto medioambiental de los proyectos MDL, incluso cuando las pruebas han demostrado que el aceite de palma es extremadamente contaminante, pues genera diferentes tipos de residuos. Aun así, la mayoría de las iniciativas RCE relacionadas con la palma se clasifican como proyectos de «mitigación del metano» o «evitación del metano», porque capturan el metano de las aguas residuales que de otro modo se verterían, o limitan las emisiones de metano procedentes de la descomposición de la biomasa al utilizarla como fuente de combustible.
La reducción de las emisiones de GEI se calcula utilizando un «escenario de referencia» hipotético que simula la situación actual, concretamente el vertido de residuos de palma en lagunas abiertas y ríos cercanos, que mata la vida marina y contamina el agua utilizada para beber y bañarse.
Sin embargo, las RCE relacionadas con la palma siguen siendo extremadamente rentables a pesar de su contaminación. Por ejemplo, en julio de 2011, la Junta Ejecutiva del MDL autorizó un proyecto de mitigación del metano gestionado por Dinant como receptor de créditos de carbono por valor de aproximadamente 3,6 millones de dólares estadounidenses, sin evaluación ambiental.
Más allá de los paradigmas de desarrollo clásicos de progreso y prosperidad, los argumentos del cambio climático y la sostenibilidad añaden una capa de legitimidad al extractivismo. En otras palabras, quienes hoy se oponen a los proyectos de desarrollo no sólo se oponen al desarrollo, sino también a la protección del clima.
Este replanteamiento discursivo adapta políticamente un modelo de desarrollo a los debates actuales y pretende impedir cierta resistencia. A modo de ejemplo, los activistas de la tierra y del medio ambiente en Honduras que se oponen al extractivismo, son inmediatamente objeto de violencia. Así, oponerse a este modelo de desarrollo puede ser letal: la gente es asesinada, criminalizada o expulsada de sus tierras.
La represión violenta de las protestas (a menudo indígenas y/o campesinos) contra el extractivismo está relacionada, por tanto, con patrones coloniales que excluyen a grupos ya oprimidos de la sociedad y rechazan el conocimiento alternativo si amenaza los intereses de los beneficiarios de los mercados de carbono.
Por tanto, los programas MDL pueden considerarse colonialismo del carbono, ya que emplean políticas climáticas para reproducir estructuras de poder que permiten la explotación del Sur Global sin cuestionar el consumo excesivo del Norte, haciendo recaer en el Sur la carga de los efectos socioambientales negativos resultantes.
LOS MERCADOS DE CARBONO, UNA CONTINUACIÓN DEL COLONIALISMO
En los últimos años ha quedado cada vez más claro que los proyectos de energía limpia también pueden perpetuar o fortalecer el colonialismo, ya que los mercados de carbono promueven el extractivismo para fomentar modos capitalistas de acumulación, utilizando los recursos naturales de maneras que no benefician ni reconocen los derechos humanos de las comunidades locales.
Los acaparamientos verdes en Honduras continúan bajo una apariencia neocolonial al profundizar el extractivismo e intensificar un proceso que ya estaba en marcha desde la agenda neoliberal de los años 1990, impulsada por los financistas internacionales. Es decir, que el acaparamiento verde representa el poder de las élites hondureñas derivado de Estados, organizaciones o empresas extranjeras a través de la promoción de la política climática.
Por tanto, se podría argumentar que los proyectos MDL en Honduras deben ser vistos como un proyecto político-epistemológico para restablecer las condiciones para la acumulación de capital por desposesión, con el objetivo de restaurar el poder de las élites económicas.
Para entender las marcadas diferencias entre las concepciones locales, nacionales e internacionales de lo que constituye el desarrollo limpio, es necesario comprender la colonialidad que se manifiesta en la participación de las instituciones internacionales en la economía del carbono y la promoción de los mecanismos del MDL en los países en desarrollo.
En Honduras, las élites locales han consolidado su poder a través de la ayuda bilateral y multilateral y la prescripción de políticas de las instituciones financieras con sede en Washington.
A su vez, esto legitima los acaparamientos verdes que limitan las alternativas para un verdadero desarrollo sostenible en las zonas donde se concentran las operaciones de compensación, al tiempo que permiten a las naciones industrializadas mantener altos niveles de emisiones de carbono.
Por ejemplo, los objetivos de la Unión Europea en materia de combustibles renovables exigen que el 10% de los combustibles para el transporte procedan de fuentes renovables en 2020. Se prevé que los agrocombustibles importados, principalmente el aceite de palma, cumplan entre el 80% y el 90% de este objetivo.
Así, cualquier crecimiento significativo en el uso de agrocombustibles en EE.UU. y Europa requerirá un aumento de la producción en el Sur Global. Esto demuestra cómo los países poderosos aún poseen el poder colonial de dictar a otros países qué producir para satisfacer sus necesidades.
En este contexto, los créditos de carbono y los agrocombustibles no solo promueven «nuevas» apropiaciones de tierras, sino que también aumentan el valor de tierras previamente apropiadas y proporcionan una sensación de «legitimidad medioambiental».
CONCLUSIÓN
Está claro que una sangrienta disputa por la tierra está siendo alimentada en Honduras por el esfuerzo del Norte global por reducir su huella de carbono de manera barata. Aquí se han transferido tierras de forma fraudulenta y forzosa a algunas empresas que cultivan palma africana, que luego se comercializa lucrativamente en el mercado del carbono en beneficio de Estados y transnacionales en el Norte, además de las élites nacionales.
En general, se puede observar cómo la explotación de las energías verdes y el comercio y especulación con los residuos generados por las energías fósiles, fundamentalmente con los derechos de emisión de CO2, han inaugurado una nueva modalidad de colonialismo del carbono. Este colonialismo se caracteriza, principalmente, por la reducida capacidad de participación en la toma de decisiones de los países en vías de desarrollo o los denominados países del Sur Global.
El caso hondureño muestra cómo el acaparamiento de tierras es una cuestión de colonialidad del poder y, por tanto, la actual estructura de gobernanza medioambiental mundial permite a los países ricos, normalmente del Norte, reescribir unilateralmente las normas para beneficiarse a expensas del Sur.
El modelo económico basado en la acumulación por desposesión permite el acaparamiento verde, lo que ilustra que la cuestión climática está tan profundamente arraigada en las desigualdades Norte-Sur y en la noción racionalista e institucionalista de que el cambio climático puede abordarse únicamente diseñando mejores tratados, en lugar de cambiar el modelo de producción/desarrollo basado principalmente en la extracción de recursos naturales.
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