Lucía Vijil Saybe[1]*
En memoria a Juan López. En las diversidades de los mundos, relaciones y rostros que no se cansan de pedir justicia, nos encontraremos pronto, compañero.
En septiembre de 2024 Global Witness publicó su informe Voces silenciadas donde indica que, en 2023, a escala mundial, registró 196 casos de personas asesinadas por ejercer su derecho a proteger sus tierras y el medioambiente. Con esta cifra, el total de asesinatos de este tipo cometidos en el mundo —desde que Global Witness comenzó a registrarlos en 2012—, asciende a 2106[1].
América Latina registra, sistemáticamente, el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y el medioambiente: en 2023, el 85% de los casos. Estas agresiones mortales se concentraron principalmente en cuatro países, donde ocurrió más del 70%: Brasil, Colombia, Honduras y México.
De las personas asesinadas en 2023, el 43% eran indígenas y el 12% mujeres[2]. Para Honduras, el informe indica que en 2023 fueron asesinadas 18 personas defensoras de la tierra y el territorio.
En su tercer informe de conflictividad socioterritorial[3] el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presenta una radiografía del contexto de 2024, identifica algunos focos de disputa por los bienes comunes y plantea reflexiones sobre dicha dinámica. A continuación se presentan algunos de los hallazgos.
Contexto 2024 de la conflictividad socioterritorial en Honduras
1. De acuerdo al monitoreo de agresiones contra personas defensoras de la tierra y el territorio del CESPAD[4], entre enero y agosto de 2024 se documentaron 14 agresiones (criminalización, judicialización y detención) y 3 asesinatos.
Uno de los elementos más preocupantes en esta coyuntura es la evidente ineficiencia del Mecanismo Nacional de Protección, con la renuncia recurrente de sus directores durante el actual periodo de gobierno, siendo el último Rodolfo Antonio Zamora, nombrado el 2 de junio de 2023 y sucedido de forma interina por Alexander Arriola[5].
La criminalización, los ataques violentos, las detenciones arbitrarias y la ineficiencia institucional para brindarles protección efectiva no solo exponen a estas personas a violaciones constantes de sus derechos humanos, sino que también perpetúan un ciclo de impunidad y represión.
Esta situación subraya la urgencia de implementar soluciones inmediatas que garanticen un entorno seguro para que las y los defensores puedan ejercer su labor de manera plena.
2. A un año de la creación de la Comisión Nacional de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, los avances han sido limitados. No se ha logrado impulsar reformas clave, como la modificación del artículo 51 y otros artículos de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, determinantes para enfrentar las desigualdades en la distribución de la tierra. Tampoco se ha emitido el decreto legislativo que permitiría retomar el espíritu del Decreto 18-2008, como una alternativa para reducir la mora agraria.
El anteproyecto de ley para el traspaso de tierras de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) al Instituto Nacional Agrario (INA), que podría facilitar la transferencia de tierras con sentencia firme a esta institución para su inclusión en la reforma agraria, aún no ha sido presentado ni discutido en el Congreso, a pesar de lo señalado por la Presidenta en una conferencia de prensa[6].
3. Mientras, los conflictos agrarios continúan agudizándose. Entre el 6 de junio de 2023 y el 6 de junio de 2024, el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras documentó 33 desalojos, de los cuales 27 fueron violentos, afectando principalmente a comunidades campesinas e indígenas lencas en departamentos como Yoro, Atlántida, Cortés, La Paz, Colón y Choluteca. Estos desalojos no solo desplazaron forzosamente a las comunidades, sino que también destruyeron sus viviendas y cultivos, aumentando así su vulnerabilidad. Se ha señalado la participación activa de empresas agroindustriales en estos desalojos, quienes facilitaron maquinaria y personal, además del uso excesivo de la fuerza por las autoridades.
4. La administración de la presidenta Xiomara Castro impulsó importantes reformas legales orientadas a la protección del medio ambiente. El Decreto 18-2024, aprobado en febrero, representa un avance significativo al recuperar y proteger la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras Mejía». Este decreto también reformó la Ley General de Minería, prohibiendo la concesión de derechos mineros en áreas protegidas, zonas productoras de agua y otros territorios de importancia ecológica. Esta reforma es crucial para limitar el impacto del extractivismo en los ecosistemas vulnerables.
5. Además, el Congreso Nacional aprobó, el 30 de mayo de 2024, reformas a varios artículos del Código Penal (324, 325, 327 y 337-A) que aumentan las penas por la contaminación del aire, aguas y suelos, la explotación ilegal de recursos naturales y los incendios forestales. Estas reformas también introducen la responsabilidad penal para personas jurídicas, estableciendo sanciones que incluyen multas hasta tres veces el daño causado, la suspensión de actividades y la inhabilitación para contratar con el sector público[7].
6. También se derogó el Decreto 334-2013, restableciendo los límites originales del área protegida de El Merendón e instruyendo a las autoridades a restaurar las áreas afectadas y ampliar la zona de reserva. Estas acciones legislativas indican un avance hacia la protección efectiva de los ecosistemas y el combate a la explotación desmedida de los recursos naturales.
7. El 28 de mayo de 2024, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobó, por unanimidad, la creación de un Juzgado de Letras Penal con competencia territorial nacional en materia de protección ambiental. Este nuevo órgano jurisdiccional estará enfocado en abordar los delitos ambientales en los departamentos donde el Poder Ejecutivo ha declarado emergencia climática, como Gracias a Dios, Olancho y Atlántida, entre otros. La creación de este juzgado representa un avance significativo en la judicialización de los delitos ambientales, reforzando las iniciativas del Estado hondureño para enfrentar la crisis climática y proteger sus recursos naturales a través de un sistema judicial especializado.
¿Cómo podemos caracterizar la conflictividad socioterritorial en 2024?
La conflictividad socioambiental, de acuerdo con el informe, es motivada por la instalación de 8 represas hidroeléctricas, 8 empresas mineras, 22 de tipo agrario relacionadas con proyectos de monocultivo y tenencia de la tierra, 3 por temas forestales, 2 de gestión de residuos, 1 proyecto de energía fotovoltaica, 1 proyecto de energía termoeléctrica, 1 de infraestructura, 1 derivado de los efectos del cambio climático y 1 de exploración y explotación petrolera. Estos proyectos se ubican en diez departamentos, y la mayoría afecta los siguientes bienes comunes de la naturaleza:
1. Agua: las acciones que materializan la tensión por el agua son acaparamiento de la distribución del agua, contaminación de ríos y quebradas, embalsamiento del agua y reducción de la conexión hidrológica.
2. Tierra: Como se esbozó en el contexto, persisten distintas formas de gestión de la conflictividad por la disputa de la tierra. En este último período de revisión sobre la disputa por la tierra los detonantes identificados son: el incumplimiento de sentencias internacionales que habilitan medidas para restituir el derecho sobre la posesión y titulación de tierras, la militarización de la política agraria y ausencia de avances relevantes en temas de acceso a la tierra.
3. Bosque: La instalación de cualquier empresa extractiva implica, forzosamente, la deforestación como condición (expresión máxima). Cada uno de los conflictos manifiestos durante el primer semestre de 2024 ha implicado la devastación de los entornos naturales sin crear una capacidad para retornar a su estado inicial y, con ello, la destrucción de la biodiversidad en los territorios.
Las organizaciones comunitarias, participantes del mapeo de conflictividad, han identificado algunas formas de violencia en la disputa por los bienes comunes de la naturaleza:
1. Violencia física, que se manifiesta en el uso desproporcionado de la fuerza, militarización territorial, agresiones y asesinatos a defensores y defensoras.
2. Violencia psicológica, derivada de los amedrentamientos, la estigmatización y la criminalización de quienes asumen una postura de defensa de los bienes comunes.
3. Violencia ecológica, relacionada con cualquier acción de devastación de la naturaleza. Es decir, la explotación y depredación desmedida, trascendiendo los límites de los ciclos naturales.
En estas dinámicas de conflictividad sobresalen los siguientes actores:
1. Empresas: están presentes en la mayoría de los conflictos, afectando la naturaleza sin informar a las comunidades. Promueven narrativas de «generación de empleo» y «modernización».
2. Actores territoriales: organizaciones comunitarias, grupos campesinos, indígenas, redes de mujeres y movimientos ambientalistas. Estos son los principales focos de resistencia y defensa territorial.
3. Fuerzas de Seguridad: En 2024 han intervenido en los conflictos acompañando proyectos extractivos y reprimiendo resistencias. Justifican su intervención con discursos de seguridad nacional.
4. Instituciones gubernamentales: en la mayoría de los conflictos, se menciona la responsabilidad del Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), el Congreso Nacional (CN), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las municipalidades, en la promoción, validación y vulneración de derechos a las comunidades afectadas. Los actores territoriales cuestionan la ausencia de institucionalidad para la promoción efectiva de la participación ciudadana, la nula garantía de acceso a información a tiempo sobre los proyectos extractivos y la influencia de las empresas sobre la misma institucionalidad.
Así, la dinámica de la conflictividad en Honduras se caracteriza por:
1. Las modalidades de extracción minera e hidroeléctrica, que están afectando en su mayor potencial al bien común que es el agua. Esto representa para las comunidades mayor exposición a la contaminación, la proliferación de enfermedades y la destrucción de los ecosistemas marinos. Este tipo de conflictos cuestiona directamente las relaciones de poder, las decisiones políticas y los modelos económicos que influyen en cómo se gestiona el agua y quién se beneficia de esta.
2. Un discurso ambiental respaldado por un fuerte componente militar presente en los territorios; mayor intimidación a los actores comunitarios y poca capacidad de participación ciudadana. Precisamente con la justificación de la «seguridad e interés nacional», se han cerrado los espacios de diálogo, de participación activa, y se ha propiciado la criminalización de voces críticas desde la misma institucionalidad[8].
3. La devastación ambiental, una condición obligatoria en las dinámicas extractivas, implica consecuencias negativas para todas las especies en los entornos. La tensión manifiesta sigue siendo la forma en que las apuestas por el desarrollo y otras formas de pensamiento no logran encontrarse, pues están muy influenciadas por intereses del capital, en beneficio de las grandes empresas.
¿Qué preocupaciones persisten?
La falta de inversión pública adecuada en instituciones clave, la limitada participación ciudadana en la toma de decisiones y la persistencia de un enfoque militarista en la gestión de los conflictos, continúan siendo preocupaciones respecto de la dinámica de la conflictividad en los territorios. Entre otras razones por:
1. La influencia del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNSD) en los ámbitos agrarios y ambientales, limita por completo la participación de la ciudadanía en los debates y las percepciones sobre las formas de actuación de la institucionalidad estatal. Este enfoque pareciera priorizar el control territorial del Estado mediante la presencia de las Fuerzas Armadas en puntos clave, donde continúa la defensa comunitaria de los territorios.
2. Durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se han instalado muchas mesas para atender conflictos relacionados con la tierra y el territorio; sin embargo, la manifiesta debilidad institucionalidad en la asignación presupuestaria y el déficit de equipos técnicos que dimensionen la conflictividad, han impedido que estas mesas avancen de forma sustantiva y presenten resultados concretos para los pueblos, comunidades y organizaciones. El caso del INA es especialmente crítico porque, sin un aumento significativo de sus recursos, le será imposible cumplir con las expectativas y satisfacer las necesidades del campesinado, que exige soluciones inmediatas y justas en torno a la tenencia de la tierra.
3. Es relevante trazar el camino mediante la formulación de políticas públicas para garantizar soluciones efectivas a los conflictos. Esto implica diagnósticos efectivos de los «cuellos de botella» en la dinámica de la conflictividad, interpretación de las relaciones de poder y voluntad política. El desafío no solo es aplicar la normativa, sino asegurarse de que esta proteja los territorios, detenga las prácticas contaminantes de las empresas y garantice los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
4. La impunidad ante los casos de persecución, criminalización, judicialización y asesinatos de defensoras y defensores es una constante. Se requieren esfuerzos pensados política y estratégicamente que garanticen las acciones de defensa territorial; además, determinar la responsabilidad de las empresas vinculadas a cada uno de los conflictos.
Si bien es cierto que la dinámica de la conflictividad continuará mientras el modelo extractivo esté priorizado en la matriz económica del país, es imperativo que el estudio de estos casos (sus dinámicas, actores, intereses y bienes comunes en tensión) trascienda a un abordaje integral de la conflictividad.
Ese esfuerzo puede guiarse por dos ideas centrales: a) una apuesta por el posdesarrollo a través de transiciones específicas en políticas públicas, que efectivamente nos imaginen fuera del actual modelo depredador y, b) avanzar hacia la construcción de un Estado que reconozca las dinámicas del buen vivir y supere el antropocentrismo.
La actual dinámica de conflictividad en Honduras, por consiguiente, requiere de esfuerzos intencionados y de interpretación ante la pugna de intereses, apuestas en términos de políticas públicas y sobre todo de responsabilidad.
Las disputas pueden continuar siendo radiografías en los informes y publicaciones, pero el Gobierno debe recordar que, más allá de su inoperancia en la gestión de lo público, existen rostros, familias y comunidades que esperan soluciones a sus problemas.
[1] Global Witness, 2024. Voces silenciadas. Disponible en: https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/
[2] Ídem.
[3] CESPAD, 2024. Sin abordaje integral: se acentúa la conflictividad socioterritorial en Honduras. Disponible en: https://observatorio.cespad.org.hn/informes/
[4] Monitoreo de publicación de la Red Nacional de Defensoras de DDHH y Plataforma Agraria, entre otras.
[5] El Heraldo, 7 de agosto 2024. Renuncia director del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. https://www.elheraldo.hn/honduras/renuncia-director-mecanismo-proteccion-defensores-derechos-humanos-periodistas-EA20759739
[6] CESPAD, 10 de junio 2024. Análisis semanal: Balance sobre el primer año de gestión de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra en Honduras, en: https://cespad.org.hn/analisis-semanal-balance-sobre-el-primer-ano-de-gestion-de-la-comision-de-seguridad-agraria-y-acceso-a-la-tierra-en-honduras/
[7] CESPAD, 3 de junio 2024. Análisis semanal: Leyes y reformas ambientales y ecológicas en la administración Castro y su urgencia para que se traduzcan en hechos concretos, en https://cespad.org.hn/analisis-semanal-leyes-y-reformas-ambientales-y-ecologicas-en-la-administracion-castro-y-su-urgencia-para-que-se-traduzcan-en-hechos-concretos/
[8] Véase al respecto las declaraciones del ministro Lucky Medina, «Quien se opone a construcción de cárcel es el crimen organizado», en https://www.laprensa.hn/honduras/lucky-medina-islas-cisne-carcel-crimen-NL17858849
[1] Licenciada en Comercio Internacional. Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo y máster en Estudios Socioambientales. Asesora en Justicia Ambiental y Ecológica en el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).