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Juan Carlos Aguilar Moncada*

Honduras no avanzará en la ruta del desarrollo mientras el sistema de justicia no tenga independencia y autonomía funcional y no esté libre de injerencias y corrupción, que avasallan los derechos humanos.

Pero ello puede comenzar con una acertada y transparente elección de los magistrados que integrarán la próxima CSJ, así como del fiscal general y adjunto a mediados de 2023.


En los últimos años se ha dejado de ver y tratar la corrupción y los derechos humanos desde enfoques diferentes, y se ha comenzado a abordarlos con mecanismos intrínsecamente relacionados; es decir, vinculados por una perspectiva que reconoce prácticas corruptas en un Estado a través de agentes internos en las instituciones y agentes externos vinculados con grupos organizados influyentes y estructuras criminales. La permisividad ante estas malas prácticas en la sociedad hondureña, contribuye a que estas arraiguen y se vulneren derechos fundamentales de los individuos y la colectividad, como consecuencia directa de la corrupción pública.

1. Corrupción y Estado de Derecho

Honduras no es ajena a esta correlación que avasalla derechos; más bien es un caso de estudio en cuanto a los altos niveles de corrupción prevalecientes. Transparencia Internacional, en su último informe sobre el Índice de Percepción de Corrupción[1] sitúa a Honduras en la posición 157 de 180 países evaluados, y recibe una calificación de 23 puntos de 100: la peor calificación que el país ha recibido en su historia.

Por otro lado, el Índice de Estado de Derecho 2022, de World Justice Project[2], coloca a Honduras en la posición 121 de 140 países evaluados. A pesar de registrar una leve mejoría respecto de años anteriores, el país aún se encuentra muy lejos de lograr calificaciones ideales que se traduzcan en resultados tangibles para garantizar los derechos de sus ciudadanos.

Honduras cuenta con un supuesto Estado de Derecho, en el que no impera el cumplimiento de la ley, no hay respeto a los derechos de los ciudadanos, el gobierno no es abierto, no hay garantías de seguridad para sus nacionales, pues la justicia civil y, sobre todo la justicia penal, presentan los indicadores más bajos en la medición del Índice de Estado de Derecho. En consecuencia, estos constituyen un nicho en el que la corrupción puede enquistarse, consolidar estructuras político-criminales y cooptar el sistema de justicia, la institucionalidad, los poderes del Estado y todo aquello que represente un obstáculo en su camino para mantener la impunidad.

Esta situación se concreta en el Índice Global de Impunidad[3] que, en su informe más reciente, ubica a Honduras con 59.69% de impunidad (país más impune de América y segundo del mundo), donde el sistema de seguridad y justicia se muestra incapaz de garantizar el resarcimiento a las víctimas y aplicar un castigo conforme a lo establecido en la legislación nacional.

A su vez, este Índice muestra una dimensión estructural (fuerzas de seguridad por cada cien mil habitantes, cantidad de personas recluidas); una dimensión funcional (jueces, recurso humano en tribunales de justicia y su relación con la policía, así como la cantidad de fiscales disponibles, personas con sentencia firme y las que aún esperan); y una dimensión relativa a los derechos humanos (la capacidad del aparato estatal para brindar protección a los ciudadanos)[4].

Muy probablemente, en los últimos dos años este Índice aumentó debido a situaciones como la pandemia de covid-19, la falta de controles a la institucionalidad, carencias en el acceso a la información pública y nula rendición de cuentas de los gobernantes. Estas mediciones reflejan la situación que se vive en un país cuyo Estado es incapaz de garantizar los derechos de sus ciudadanos, en el que no existe igualdad ante la ley ni independencia entre poderes. En este se utiliza la estructura gubernamental como un instrumento para vulnerar derechos y mantener los privilegios de unos pocos y, mientras esta situación no cambie, seguirá vigente el interrogante: ¿Vivimos efectivamente en un Estado de Derecho?

2. ¿Cuándo se garantizarán los derechos ciudadanos?

Es claro que para que un país funcione en un imaginario mínimo del deber ser, este debe contar con elementos claves como la aplicabilidad de la ley sin condescendencias, y sufragar las necesidades en educación, salud, empleo y seguridad de sus habitantes. Logrando estabilidad y potenciando el crecimiento progresivo de la economía, también se mejoran los indicadores de inversión que se traducen en oportunidades laborales, donde las personas se educan, viven con garantías mínimas de seguridad y el sistema de salud responde cuando es necesario. ¿Se cumplen en Honduras esas condiciones?

El país ha sido gobernado, administrado y saqueado históricamente por militares y una clase política que no ha tenido ningún tipo de compromiso ni empatía con los ciudadanos que los han llevado y colocado en la silla del poder. Por el contrario, solo se han preocupado por beneficiarse, otorgar privilegios a terceros y repartirse el país en función de intereses económicos supeditados a acuerdos políticos y la repartición del engranaje institucional.

El aparato estatal se conforma según los objetivos y necesidades de las elites y grupos de poder que lo instrumentalizan en detrimento de los derechos de los ciudadanos, que conceptualmente deben ser garantizados por el Estado. Lo antes señalado se ha traducido en redes de corrupción que han cooptado las instituciones públicas desde sus entrañas, dirigidas por los agentes internos y externos arriba mencionados.

Las consecuencias en los indicadores de empleo

Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)[5], el 56% de los hondureños en edad para trabajar se encuentran en situación de desempleo que, en cifras brutas, afecta a 3.3 millones de personas.

Por mandato constitucional, corresponde al Estado ser garante de que a los ciudadanos se les respete su derecho a tener un empleo, no solo creando oportunidades en la administración pública, sino generando condiciones propicias para que la inversión nacional y extranjera establezca sus negocios y genere oportunidades laborales.

Sin embargo, la inseguridad jurídica, la inestabilidad política y los elevados niveles de corrupción han provocado que estos agentes económicos se abstengan, e incluso que abandonen el país, aumentando así la tasa de desempleo.

El sistema de salud ha pagado un alto costo

La salud en Honduras ha sido un problema histórico, pero ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años a raíz de la corrupción, la falta de respuesta gubernamental a la crisis del sistema sanitario y los efectos provocados por la pandemia desde 2020.

En este contexto de crisis y deterioro, en el sistema sanitario se produjo uno de los mayores actos de corrupción en la historia del país, que se materializó en dos casos emblemáticos. Por un lado, el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por unos 6,399 millones de lempiras, que sirvió para lucrar a funcionarios y sus familiares, así como para financiar campañas políticas de los partidos Nacional y Liberal[6]. Y el caso más reciente, denominado “hospitales móviles”, efectuado a través de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H). En este se malversaron alrededor de 1,132 millones de lempiras, con los que —según datos del Colegio de Ingenieros de Honduras (CIH)—, se pudo construir al menos veinte hospitales comunitarios permanentes, en lugar de las siete estructuras móviles que ni siquiera cumplieron la finalidad para la cual fueron adquiridas[7].

De igual manera, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en Honduras cada dos horas fallece un niño o niña menor de 5 años debido a la falta de prevención y a factores estructurales en el sistema de salud. Por ejemplo, a mediados de mayo 2022 el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales rondaba el 48%[8]. Evidentemente, el derecho a la salud no está siendo garantizado por el Estado. En la situación actual, el acceso a la salud es un lujo que solo se pueden dar unos pocos que pueden pagar el costo de los servicios privados, excluyendo así a más del 70% de la población que vive hoy bajo la línea de pobreza[9].

La educación no ha sido la excepción

La educación no se queda atrás. Según datos de la ASJ, cada día de clase 491 niños, niñas y jóvenes abandonan el sistema educativo debido a la nula inversión de la Secretaría de Educación en los centros educativos y en crear las condiciones para que los niños se puedan educar.

Esta falencia, respaldada por datos de la Secretaría de Finanzas, refleja que el 96% de los fondos destinados a educación en 2021 fueron ejecutados en pagos al personal[10]. Es decir, existen altos niveles de burocracia acompañados por una casi inexistente política educativa integral que identifique las causas de la elevada deserción, el bajo nivel de la calidad de la educación y las condiciones que les permitan a los educandos culminar al menos la educación básica.

A la vez, según la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 44% de los niños entre 3 y 17 años está fuera del sistema escolar. Por otra parte, el 46% de los estudiantes de tercero de ciclo dejan la educación por falta de recursos económicos, el 4% para ir a trabajar y el 28% ya no quiere estudiar porque la educación recibida no le abre puertas en el mundo laboral[11].

La inseguridad ciudadana, otro factor clave

Otro elemento importante, por el que el Estado no da garantías a sus ciudadanos, es la seguridad pública. En 2020, la tasa de impunidad en homicidios fue de 94.9%, a pesar de que durante el periodo 2012-2022 a la Secretaría de Seguridad se le otorgaron anualmente de 4000 a 7000 millones de lempiras[12]. No obstante, no se obtuvo resultados que materializaran el objetivo de reducir la inseguridad.

Por otra parte, el delito de la extorsión es uno de los flagelos que más afecta a la sociedad hondureña. Cada año crece significativamente: 847,154 personas se han visto afectadas por este ilícito, representando pérdidas anuales por más de 18,000 millones de lempiras[13] (USD 737 millones) que pasan a fortalecer, por ejemplo, a estructuras criminales como las maras y pandillas con vínculos en otros sectores de la sociedad hondureña.

Sin embargo, la política pública para combatir la inseguridad ha sido ineficaz. El Estado, en lugar de ser garante de la seguridad de sus habitantes, es en muchos casos parte del problema por la cooptación de su institucionalidad.

Finalmente, un Estado superado por las condiciones mencionadas y a la vez incapaz de generar las condiciones adecuadas para que exista empleo, salud, educación y seguridad para sus habitantes, se convierte en violador de derechos y promotor de la corrupción que disminuye progresivamente las condiciones de vida de la población más vulnerable.

3. El rol de los sistemas de justicia y el respeto a los derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe “Corrupción y Derechos Humanos: El rol de los sistemas de justicia en América Latina”, cuestiona la relación existente entre la falta de independencia judicial y la corrupción estructural que se vive en América Latina[14].

En el caso hondureño, la primera es la causa y la segunda la consecuencia. Producto de la reducción progresiva de la independencia judicial, en el país se han enraizado y fortalecido las redes de corrupción, a tal punto, que han llegado a controlar al Estado de principio a fin.

Ahora bien, ¿cuál ha sido el rol de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general en este proceso? Las personas que han ocupado dichos cargos en las últimas dos décadas, han sido cuestionadas por decisiones que claramente conllevaron a una reducción de la independencia judicial; entre otras, las cartas de libertad confirmadas a favor del expresidente Rafael L. Callejas, la participación directa de la Corte en el golpe de Estado de 2009, la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la aprobación de la reelección presidencial, la desatención de los recursos presentados como producto de la crisis electoral de 2017 y un mínimo accionar del Poder Judicial respecto de la lucha contra la corrupción a través de sus jueces y fiscales.

Estas condiciones se han agudizado por procesos de selección viciados y altamente cuestionados, como la reelección del fiscal general en 2018 y la elección de la actual Corte Suprema en 2016, que han sido instrumentalizados para blindar y consolidar proyectos políticos continuistas, inmovilizar la lucha contra la corrupción a gran escala y utilizar el poder judicial para criminalizar a defensores de derechos humanos, estudiantes y activistas anticorrupción.

Es claro que la incapacidad del Poder Judicial ha sido manifiesta para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos cuando estos han sido vulnerados, ya que en muchas ocasiones quien los vulnera es el mismo Poder Judicial. Por ejemplo, lo sucedido en 2009[15], cuando el Poder Judicial destituyó a jueces por haber manifestado que lo sucedido en ese año fue un golpe de Estado; o en 2012[16], cuando la Sala de lo Constitucional[17] sufrió un golpe técnico desde el Poder Legislativo. Estos hechos anularon la independencia judicial y la división de poderes en el Estado hondureño.

Asimismo, la CIDH indica que la falta de independencia judicial se debe en gran medida a una dimensión estructural que debe entenderse como “… las propias leyes, e incluso el diseño institucional de las entidades del sistema de justicia, en ciertos casos, está dispuesto para permitir e incluso para favorecer la influencia de la corrupción sobre los operadores de justicia”.

El ejemplo más claro al respecto se da, como lo indica la CIDH, cuando la casi totalidad de las designaciones de altos funcionarios se deja en manos de órganos políticos, sin transparencia y sin formas de escrutinio público, como el caso de Honduras[18]. Efectivamente, se realizan al menos once procesos de selección de altos funcionarios, pero solamente dos (para magistrados de la Corte y el fiscal general) cuentan con procesos lo suficientemente desarrollados normativamente. El resto se desarrolla con un amplio margen de discrecionalidad, falta de transparencia, poca publicidad, nula participación ciudadana efectiva y en cuestionadas elecciones donde es un secreto a voces quién ocupará el cargo en disputa.

Esta fue una práctica recurrente en el gobierno anterior. Sin embargo, la destitución irregular de la ex Procuradora General de la República[19], de forma contraria a lo que mandan la Constitución de la República y la Ley Especial de Juicio Político; así como los cuestionados nombramientos del actual procurador y subprocurador de la República[20] por parte del Congreso Nacional en 2022, que también sobrepasaron los procedimientos establecidos, demuestran que estas prácticas irregulares continúan actualmente.

En consecuencia, mientras el sistema de justicia no tenga independencia y autonomía funcional y no esté libre de injerencia y corrupción por parte de los agentes externos que lo rodean, no podrá ser garante del cumplimiento de los derechos humanos, ni sancionar al victimario y resarcir a la víctima. Por esta incapacidad judicial, Honduras ha sido condenada en múltiples ocasiones en la Corte IDH por violaciones a derechos humanos contra sus propios ciudadanos.

Conclusiones

Honduras aún se encuentra en una fase meramente conceptual respecto a la importancia de ver y tratar la corrupción con un enfoque hacia los derechos humanos. Es necesario, por tanto, potenciar la transparencia, publicidad, acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana en las acciones realizadas por el gobierno en distintos temas transcendentales (seguridad, salud, educación, empleo, etc.) para la vida de los hondureños; también en las decisiones que emanen del Congreso Nacional respecto a la selección de altos funcionarios públicos llamados a ejercer el control estatal a gran escala.

Mientras no se trabaje para construir sistemas judiciales sólidos y con verdadera independencia, Honduras no avanzará en la ruta del desarrollo, la reconstrucción del Estado de Derecho y mucho menos podrá establecer un respeto irrestricto a los derechos humanos y un castigo efectivo a sus violaciones. Y ello puede comenzar con una correcta y transparente elección de los quince magistrados que integrarán la próxima Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030, así como del fiscal general y fiscal adjunto a mediados de 2023.


[1]Transparencia Internacional (2022). Índice de Percepción de Corrupción. En: https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/hnd

[2] World Justice Project (2022). Índice de Estado de Derecho. En: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2022/Honduras

[3] Según el Índice Global de Impunidad 2020, en Honduras la impunidad responde al 59.69%, lo que coloca al país como el segundo a nivel mundial. Ver más en: https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/0-IGI-2020-UDLAP.pdf

[4] Ibíd., p. 43.

[5] El Heraldo (2022). Honduras ocupa el segundo lugar en tasa de desempleo en Centroamérica. En: https://www.elheraldo.hn/economia/honduras-segundo-lugar-desempleo-centroamerica-EY8010666

[6] La Prensa (2018). IHSS el mayor desfalco de la historia de Honduras. En: https://www.laprensa.hn/honduras/ihss-desfalco-honduras-corrupcion-latinoamerica-escandalos-sobornos-

[7] Expediente Público (2021). Con $ 47 millones, Honduras pudo construir 20 hospitales comunitarios permanentes, y no 7 estructuras móviles: Colegio de Ingenieros. En: https://www.expedientepublico.org/con-47-millones-honduras-pudo-construir-20-hospitales-permanentes-y-no-7-estructuras-moviles-colegio-de-ingenieros/

[8]Asociación para una Sociedad más Justa (2022). Estado de país. En: https://estadodepais.asjhonduras.com/salud/

[9] France 24 (2021). Elecciones en Honduras: El próximo mandato recibe un país con un 70% de pobreza. Disponible en: https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20211129-honduras-economia-pobreza-elecciones-presidencia

[10] ASJ, Estado de país. En: https://estadodepais.asjhonduras.com/educacion/

[11] UNICEF-Honduras. En: https://www.unicef.org/honduras/que-hacemos/educación-de-calidad

[12]ASJ, Estado de país. En: https://estadodepais.asjhonduras.com/seguridad/

[13] Asociación para una Sociedad más Justa (2022). “Impuesto de guerra”: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras, p. 58. En: http://biblioteca.asjhonduras.com/wp-content/uploads/2022/11/Estudio-Extorsion-2022.pdf

[14] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019). Corrupción y Derechos Humanos: El rol de los sistemas de justicia en América Latina, p. 9.

En: https://www.dplf.org/sites/default/files/informe_final_audiencia_cidh_corrupcion_y_ddhh_sj_final.pdf

[15] La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras en 2015. Sentencia disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_302_esp.pdf

[16] El caso aún se encuentra activo en la Corte IDH.

En: https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/gutierrez_navas_y_otros.pdf

[17] A raíz de esa acción se creó la Ley Especial de Juicio Político, en 2013. En: https://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Especial%20del%20Juicio%20Politico%20(2,5mb).pdf

[18]Ibíd., p. 10.

[19] Proceso Digital (2022). “Dejo mi cargo por decisión del Congreso Nacional: Estela Cardona”. En: https://proceso.hn/dejo-mi-cargo-por-decision-del-congreso-nacional-procuradora-estela-cardona/

[20] Tunota.com (2022). “La OACNUDH expresa su preocupación por elección del procurador y subprocurador de la PGR de Honduras”. En: https://www.tunota.com/honduras-hoy/politica/onu-expresa-su-preocupacion-por-eleccion-del-procurador-y-subprocurador-de-la-pgr


* Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad por la Universidad de Salamanca y Doctorando en Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca.

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