German Rosa (SJ)[1]
La crisis democrática en Honduras se caracteriza por el deterioro de los derechos humanos, la polarización política, la corrupción sistemática y la impunidad institucionalizada. Así, no es casual que en la ciudadanía persista una percepción negativa sobre el respeto a los derechos humanos y una crisis de credibilidad y confianza en la institucionalidad responsable de protegerlos, defenderlos y promoverlos.
La democracia está amenazada por la polarización política, el autoritarismo y el populismo, pruritos que pululan en la realidad política de nuestra querida Honduras. El informe Latinobarómetro 2023 analiza el estado de la democracia en América Latina y destaca dimensiones como la visión de los ciudadanos sobre la democracia, la confianza en las instituciones, la estabilidad política y la participación ciudadana.
Las preocupaciones sobre el declive de la democracia en la región son causadas por graves problemas como la corrupción, la desigualdad, la inseguridad y la polarización política. Desde esta perspectiva, para fortalecer la democracia, se requiere aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, promover la participación ciudadana y fortalecer las instituciones democráticas. El Informe Latinobarómetro 2023 presenta los siguientes resultados para Honduras:
1º. Sólo el 32% de la población apoya la democracia, una de las tasas más bajas de la región. Además, entre 2020 y 2023, la preferencia por el autoritarismo aumentó entre 10% y 12%.
2º. Honduras y Guatemala tienen los niveles más altos de indiferencia hacia el tipo de régimen, lo que indica una falta de compromiso o interés en las instituciones democráticas.
3º. Honduras se caracteriza por ser un país con una democracia débil, donde el descontento con el funcionamiento del régimen es evidente y donde prevalecen actitudes populistas y autoritarias[1].
Honduras también está afectada por el virus de la recesión democrática[2], por las siguientes razones:
a. La decadencia democrática: después de más de una década, a raíz del golpe de Estado de 2009, la democracia hondureña ha sido afectada por un declive y ahora tenemos una democracia frágil. Esto se manifiesta en la baja satisfacción con la democracia, la indiferencia hacia la forma de gobierno y la preferencia por la dictadura. Según el Sondeo de Opinión Pública del año 2024 (SOP 2024) del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), al 35.4% de los hondureños y las hondureñas les da lo mismo un régimen democrático que un régimen autoritario; el 14.2% expresó que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario a uno democrático, mientras que el 48.2% prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno[3].
b. Las debilidades de los líderes políticos: muchos han sido acusados de corrupción y son muy cuestionados por señalamientos de vínculos con el narcotráfico, la corrupción e impunidad. En el Sondeo reciente, el 13.9% de la población dice que la lucha contra la corrupción y la impunidad es uno de los principales desafíos del gobierno de la presidente Xiomara Castro[4].
Asimismo, la población percibe un vaivén de opiniones que provoca incertidumbre ante el futuro de nuestro sistema judicial y la necesaria instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Así lo manifiesta en el SOP 2024:
La CICIH, un mecanismo externo para combatir la corrupción y la impunidad, fue una promesa del actual gobierno y una demanda histórica de la ciudadanía. Sin embargo, el 55.8 por ciento de la población no cree que la CICIH se instalará, mientras que el 43.3 por ciento aún mantiene la esperanza de que sí se concrete. A los que opinaron que sí se instalará, se les preguntó sobre las principales acciones que debería llevar a cabo en el país: el 38.3 por ciento mencionó desmontar las estructuras de corrupción en el Estado, el 20 por ciento mencionó fortalecer el Ministerio Público, el 19.1 por ciento priorizó desmantelar las estructuras de los narcotraficantes, y el 18.4 por ciento sugirió investigar el lavado de activos en el sistema financiero[5].
Estas realidades socavan la confianza en las instituciones democráticas.
c. El colapso de la actividad gubernamental: la satisfacción de los ciudadanos con respecto a las acciones gubernamentales disminuye, lo que afecta negativamente la democracia real.
d. La preferencia por el autoritarismo: esta es una tendencia que se ha ido observando en América Latina, y Honduras no es la excepción; cada vez más personas están dispuestas a aceptar gobiernos autoritarios que puedan resolver los problemas nacionales.
e. Las actitudes antidemocráticas: estas van aumentando en la región, incluido el apoyo a golpes de Estado y la concentración del poder en manos del presidente. Y en Honduras todavía somos víctimas de las consecuencias del golpe de Estado de 2009.
f. Los cambios en las reglas electorales. Algunos países han cambiado las reglas electorales para permitir reelecciones, lo que puede mantener a los líderes en el poder y socavar la democracia. Este fantasma asusta a la población hondureña, porque ya ocurrió en el período presidencial de Juan Orlando Hernández y no se excluye que pueda repetirse en el futuro.
En este contexto, la crisis democrática en Honduras tiene las características de un grave deterioro de los derechos humanos, una alta polarización política, una corrupción sistemática y una impunidad institucionalizada, sin una respuesta eficaz del sistema de justicia a las exigencias y demandas de la ciudadanía para resolver estos acuciantes problemas; en consecuencia, constatamos que en la población en general existe una percepción negativa sobre el respeto a los derechos humanos, y una crisis de credibilidad y confianza en el Ministerio Público y la Corte Suprema.
En este análisis nos centraremos en la crisis de credibilidad y la desconfianza en el sistema de justicia en Honduras, a partir de la crisis de los derechos humanos y la evolución de la opinión pública, teniendo como base los resultados de los Sondeos de Opinión Pública del ERIC-SJ durante el período 2010 – 2023.
1. Crisis del sistema judicial
La eficacia, independencia y credibilidad son los grandes desafíos del sistema de justicia en nuestro país. Nos percatamos que antes, durante y después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, ha habido una crisis en el sistema judicial.
Es importante recordar que, en 2008, un grupo de fiscales inició una huelga de hambre con el fin de manifestar su descontento con la corrupción y promover el valor de la justicia y la dignidad. La protesta, que comenzó con cuatro fiscales y luego se extendió a alrededor de sesenta personas, mostró la inestabilidad estructural de la sociedad hondureña marcada por la injusticia, la exclusión social y la corrupción arraigada en el sistema político.
Los huelguistas no tuvieron el impacto deseado, aunque la huelga fue asumida por muchos como un grito desesperado ante la situación del Estado de Derecho que estaba controlado por políticos corruptos. No obstante, despertaron una gran simpatía y sentaron las bases del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), que busca aumentar la conciencia social y mantener la lucha contra la corrupción.
En Honduras, el desarrollo humano y social, así como el respeto a los derechos humanos, se ven obstaculizados por la impunidad y la corrupción. En el marco de la huelga de 2008, los ciudadanos cuestionaban cómo las elecciones se habían convertido en una farsa controlada por grupos de poder durante décadas y, al mismo tiempo, cuestionaban la falta de liderazgo en la política de izquierda y derecha. Es imprescindible establecer una política alternativa que ponga fin a la hegemonía política actual y promueva una democracia verdadera[6].
La desintegración del sistema político-jurídico del país alcanzó su punto máximo con el golpe de Estado ocurrido en 2009, cuando el gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti destituyó al presidente Manuel Zelaya. El sistema judicial era endeble y deficiente cuando se rompió el orden constitucional. El golpe de Estado tuvo un gran impacto nacional e internacional, incluyendo daños materiales y pérdidas económicas como consecuencia de las protestas y la represión posterior.
El artículo 308 de la Constitución de la República establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la autoridad judicial más alta del país. El sistema judicial necesita de su independencia, pero la corrupción y la influencia política lo han afectado históricamente. Los tribunales de justicia manejan asuntos administrativos, civiles y penales; estos incluyen los tribunales de apelación y los juzgados de primera instancia.
Pero podemos constatar que existe una carga acumulada excesiva, debido al gran volumen de casos que deben procesar; falta de recursos humanos, financieros y tecnológicos en muchos tribunales; casos de corrupción e injerencia política en algunos procesos judiciales; los sectores más vulnerables enfrentan barreras para acceder a los tribunales por problemas como los altos costos, grandes distancias y falta de conocimiento legal; algunos tribunales carecen de jueces y personal con la especialización necesaria para procesar casos complejos, y esto puede afectar la calidad de las resoluciones.
El Ministerio Público tiene una función específica en el artículo 232 de la Constitución de la República:
… es el organismo profesional, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia político sectaria.
El Ministerio Público goza de autonomía administrativa, técnica, financiera y presupuestaria; al efecto, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República tendrá una asignación anual de manera gradual hasta completar el tres por ciento (3%) de los ingresos corrientes (…).
Sin embargo, no ha podido resolver los casos de corrupción e impunidad que han afectado al país gravemente. La impunidad, la corrupción, la violación de los derechos humanos y la mora judicial, que retrasa los procesos judiciales y afecta el acceso a la justicia y la resolución de conflictos de manera oportuna, son los principales desafíos que el Sistema Judicial enfrenta desde hace décadas.
2. La crisis de confianza se profundiza
La crisis de credibilidad del Sistema Judicial en Honduras se ha ido profundizando en los últimos años debido a una serie de escándalos de corrupción e injerencia política que han afectado la independencia y transparencia de las instituciones judiciales. No es raro en este contexto que el 70.8% de la población opine que con los nuevos magistrados de la CSJ será «más de lo mismo»[7].
Algunos de los principales problemas señalados son: la falta de nombramiento de jueces y magistrados por méritos, presiones políticas sobre el Poder Judicial, demoras excesivas en la tramitación de casos, y resoluciones judiciales cuestionadas por falta de imparcialidad. Solamente el 7.5% manifiesta tener mucha confianza en la CSJ; el 12.8% expresa tener alguna confianza, mientras que el 34.6% dice tener poca confianza y el 44.0% no tiene confianza en la CSJ[8].
Una jueza hondureña, en una entrevista de hace pocos años, narraba cómo son las relaciones de poder y la falta de independencia en el sistema judicial:
En Honduras existen procesos para la elección de magistrados, magistradas, jueces y juezas; sin embargo, se ven viciados por la falta de transparencia y el control político de quienes ostentan el poder en el país. Para ser magistrada y magistrado de justicia se llega por recomendaciones o por influencia de alguien que quiera comprarlo. Le mentiría si le dijera que entré por concurso o por idoneidad, porque no es cierto. En nuestro país no hay forma de entrar al poder judicial mediante un concurso realmente objetivo; hubo esta posibilidad hasta en 2002, cuando se inició el proceso de reforma procesal penal. La primera y segunda generación de jueces de sentencia ingresó por concursos bastante transparentes y mucha observación internacional[9].
La simbiosis del poder político, el poder económico y el sistema judicial es casi total en Honduras. Así lo expresó la jueza entrevistada:
El sistema de justicia enfrenta varias amenazas y, definitivamente, la política partidaria constantemente amenaza y controla, pero también están los grupos de poder económico; por ejemplo, los vemos en el tema de las hidroeléctricas, en temas de defensa de la naturaleza y los territorios. El poder que se enfrenta es precisamente ese y para los jueces es muy difícil sustraerse. En nuestro país no hay diferencia entre la clase política y la clase económicamente poderosa; son ellos quienes controlan[10].
Por esta razón es importante fortalecer nuestro sistema de justicia. Desde esta perspectiva, se comprende la exigencia y demanda de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Sin embargo, la propuesta de crear la CICIH, similar a la exitosa CICIG en Guatemala, provoca incertidumbre entre diversos sectores. Mientras algunos la ven como una oportunidad para combatir la corrupción, otros temen que pueda afectar la soberanía nacional.
El 1.6% de la población piensa que uno de los principales logros de la presidenta Xiomara Castro en su segundo año de gestión es la firma del convenio para instalar la CICIH[11]. No obstante, la ciudadanía está dividida sobre este tema. Ante la incertidumbre de la instalación de la CICIH, el 43.3% piensa que sí se instalará y el 55.8% opina que no se instalará[12].
Los principales problemas y obstáculos para ello se relacionan con obtener el apoyo político necesario, definir claramente su alcance y competencias, y garantizar su independencia y eficiencia en la investigación de casos de corrupción de alto nivel.
3. La evolución de la opinión pública sobre la falta de confianza
según los sondeos del ERIC-SJ
desde 2013 hasta 2023
Vamos a analizar cómo ha evolucionado la opinión pública desde la perspectiva de la confianza en el sistema judicial hondureño.
Es de suma importancia que la población se exprese, esté informada y consciente del problema fundamental de la injusticia en Honduras, así como de la falta de confianza y la percepción de corrupción e impunidad por parte de los líderes políticos y funcionarios públicos en diferentes niveles del Estado.
Del mismo modo, es fundamental tener en cuenta que, según sea la percepción que la ciudadanía tenga de las instituciones, se puede generar confianza, legitimidad y apoyo público a la institucionalidad. O también puede ocurrir lo contrario. Aún más, la percepción determina en gran medida las actitudes y el comportamiento de las personas, aunque no se corresponda plenamente con la realidad objetiva.
Al analizar los resultados de las encuestas en los sondeos de opinión pública del ERIC-SJ por más de una década, se observan las tendencias y pautas de comportamiento de la población a lo largo del tiempo, lo que sugiere que no se trata de percepciones aisladas o inestables. Por otra parte, los resultados se confirman con otros indicadores y fuentes de información relativos al funcionamiento del sistema judicial.
Podemos afirmar que, para elaborar los SOP, el ERIC-SJ ha seguido rigurosamente el proceso de selección de la muestra poblacional, la elaboración de los instrumentos de investigación y el levantamiento de datos; ha revisado cuidadosamente los resultados, así como el análisis de estos, y ha seguido los procedimientos de las ciencias sociales para este tipo de estudios[13]. En consecuencia, la opinión que expresan los sondeos cumple con los estándares internacionales y lo establecido por la comunidad científica de las ciencias sociales.
Contrastando los resultados de los sondeos de opinión pública del ERIC-SJ con la información de otras fuentes fiables, como informes de organismos internacionales, estudios académicos y estadísticas oficiales sobre la realidad nacional, se confirma que la percepción de la ciudadanía expresa la realidad objetiva del país.
Los resultados con evidencias específicas, como casos de corrupción, decisiones judiciales impugnadas, denuncias de organismos internacionales, entre otros, demuestran que la percepción negativa de la ciudadanía se basa en hechos, no en impresiones subjetivas.
Con la disposición de refutar cualquier postura que la realidad muestre como falsa, inadecuada o insatisfactoria, creemos que los sondeos se han llevado a cabo con la máxima objetividad, y expresan la opinión pública tal y como se presenta. La objetividad es parte esencial de la actitud profesional y científica del ERIC-SJ.
Sin ignorar la complejidad de este tema por la identidad parcial del sujeto y el objeto de la investigación, la pretensión de los sondeos es conocer qué piensan y sienten los hondureños y hondureñas tal como lo viven, y no como idealmente quisiéramos que fuera. En última instancia, el carácter científico de los sondeos se confirma con la praxis y fuerza de imposición de la realidad de los ciudadanos[14].
Los sondeos hacen sentir que la opinión pública es fundamental, porque tienen un efecto práctico sobre el funcionamiento y la legitimidad del sistema político-jurídico democrático. Y con respecto a nuestro tema, tienen un impacto directo pues, resolver las crisis de confianza en las instancias gubernamentales, fortalece el Estado de Derecho.
Finalmente, el objetivo de los SOP realizados por el ERIC-SJ es evaluar las percepciones y opiniones del público, en lugar de emitir juicios de valor subjetivos sobre la «realidad». En cuanto a nuestra investigación, el objetivo es conocer cómo viven los habitantes de Honduras y cómo evalúan el funcionamiento del sistema de justicia, lo cual es esencial para comprender la crisis de credibilidad que lo afecta.
4. Evolución de la opinión pública sobre derechos humanos
Comenzaremos analizando la opinión de las y los ciudadanos sobre los derechos humanos. Luego estableceremos una relación con la percepción sobre el sistema de justicia en nuestro país.
¿Por qué es importante analizar la opinión sobre este tema? Honduras tiene una larga historia de violaciones a los derechos humanos, especialmente respecto a la seguridad ciudadana, la justicia y la impunidad. Además, el sistema judicial ha sido criticado y cuestionado por su falta de independencia, corrupción y lentitud en procesos de violación de los derechos humanos tales como homicidios, crimen organizado y violencia de género; estigmatización y ataques contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, y la falta de acceso a la justicia y recursos para víctimas de violaciones a los DD.HH.
La opinión pública sobre la situación de los derechos humanos manifiesta que ha mejorado poco durante el período 2010 – 2023. Analicemos los datos que presentan los SOP del ERIC-SJ durante este período.
Lo primero que vemos en los datos de la tabla es que, con el tiempo, la percepción de la situación de los derechos humanos en el país está empeorando. En 2010, solo el 26,3% creía que la situación había empeorado. Sin embargo, este porcentaje ha aumentado, llegando al 37,2 % en 2013 y al 21,9% en 2018. Una proporción significativa (16% en 2023) percibe un deterioro, a pesar de que ha habido una mejoría leve en los últimos años.
| ¿Considera usted que este año la situación de los derechos humanos ha mejorado, ha empeorado o ha seguido igual en el país? | ||||
| Año | Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | NS/NR |
| 2010 | 22.5% | 26.3% | 49.7% | 1.2% |
| 2011 | 11.1% | 42.1% | 44.4% | 2.5% |
| 2012 | 14.0% | 24.4% | 60.4% | 1.2% |
| 2013 | 8.2% | 37.2% | 51.8% | 2.8% |
| 2014 | 18.9% | 15.3% | 63.6% | 2.2% |
| 2015 | 19.0% | 15.6% | 63.3% | 2.1% |
| 2016 | 18.0% | 14.0% | 64.2% | 3.8% |
| 2017 | 14.8% | 21.3% | 62.4% | 1.5% |
| 2018 | 13.8% | 21.9% | 62.5% | 1.8% |
| 2019 | 14.5% | 16.5% | 67.1% | 1.9% |
| 2021 | 19.8% | 10.9% | 66.8% | 2.5% |
| 2022 | 15.0% | 14.2% | 69.1% | 1.7% |
| 2023 | 13.7% | 16% | 68.7% | 1.6% |
Nota: En el año 2020 no se realizó el SOP por la pandemia de la COVID 19.
El porcentaje que considera que ha mejorado (13-19%) y que ha empeorado (10,9-21,9%) se mantiene relativamente estable desde 2017 hasta 2023. El porcentaje de «no sabe/no responde» es bajo, del 1.2 al 3.8 por ciento, indicando así que la población tiene una opinión sobre el tema de los derechos humanos, o que muy pocas personas no están informadas.
Es necesario analizar cuáles son los factores que contribuyen a transformar la opinión pública y elaborar estrategias para restaurar la confianza de la población. Vamos a recuperar los antecedentes históricos que nos permitan comprender los datos que aportan los SOP del ERIC-SJ sobre la crisis de confianza en el sistema judicial.
Hubo una tendencia a opinar que había empeorado la situación de los derechos humanos en los años sucesivos al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Entre 2011 y 2013 es el período en que se opinaba con mayor frecuencia que había empeorado la situación de los derechos humanos, durante la presidencia de Porfirio Lobo Sosa (2010 – 2014).
En ese periodo, Honduras recibió una serie de críticas significativas en relación con la violación de derechos humanos, provenientes de diversas organizaciones internacionales y locales, que señalaron varios aspectos preocupantes:
El crimen organizado continúa afectando a la sociedad hondureña y obliga a muchas personas a abandonar el país. Los grupos más vulnerables a la violencia son los periodistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) y personas con discapacidad. La impunidad continúa siendo la norma. Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de la seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz[15].
Las principales críticas de violaciones de derechos humanos durante el período del presidente Porfirio Lobo fueron sobre actos de violencia e intimidación contra periodistas y defensores de derechos humanos. Los derechos socioeconómicos y culturales también se deterioraron. Además, la impunidad y la falta de justicia en los delitos cometidos contra defensores de derechos humanos, pues las autoridades no llevaron a cabo investigaciones efectivas ni castigaron a los responsables.
Durante el mandato de Juan Orlando Hernández, que se extendió desde el 27 de enero de 2014 hasta el 27 de enero de 2022, la percepción mejoró ligeramente entre 2014 y 2016. Pero la situación prevalente es que la violación de los derechos humanos seguía aumentando con leves modificaciones a la baja, entre el 60% y 68% de los entrevistados, que opinaban que la situación seguía igual durante el período 2012 – 2023.
Hernández tuvo dos períodos presidenciales. El primero de 2014 a 2018 y el segundo de 2019 a 2022. Juan Orlando Hernández ha sido el primer presidente —desde 1980 cuando inició el proceso de transición a la democracia— en reelegirse violando la Constitución de la República. Respondió represivamente a quienes protestaron por su cuestionada e ilegítima reelección presidencial.
Durante su prolongado mandato, fue criticado por numerosas violaciones a los derechos humanos como la represión de protestas y manifestaciones populares, el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos policiales, la militarización de la misma policía, la impunidad. De hecho, militarizó la seguridad pública. Así lo expresó en 2018 la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, María Soledad Pazo, quien enfatizó en la necesidad de desmilitarizar la seguridad pública:
Esto es algo que venimos diciendo desde que llegamos; no se puede continuar con una Policía Militar que no está entrenada para hacer tareas de Policía Civil, porque los riesgos de violaciones a derechos humanos son altos.
En la misma línea se expresó en 2016 la Comisión Contra la Tortura, que mostraba su preocupación por la normalización de la militarización de la seguridad pública. Estas preocupaciones se sustentaban en los informes anuales del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), donde se puede ver cómo, año tras año, hay denuncias por malos tratos, torturas, detenciones arbitrarias, homicidios, allanamientos y asesinatos por parte de estas fuerzas[16].
La militarización ha sido un modo de coerción contra los movimientos sociales y la sociedad civil para controlarlos y reprimirlos, provocando una atmósfera de miedo y desconfianza en la población. En este contexto, también se fueron fortaleciendo las estructuras del crimen organizado y del narcotráfico, que permearon al Estado hondureño, que fue calificado como un narco-Estado durante el período de Juan Orlando Hernández.
Este es el contexto, histórico y político, que nos da una visión amplia del porqué la evolución de la opinión pública en materia de derechos humanos ha sido fluctuante, pero sin cambios notables, pues la violación de los derechos humanos de la población y la inoperancia del sistema judicial hacen que la opinión pública no cambie significativamente a ese respecto.
El período de la presidenta Xiomara Castro ha heredado todas estas fracturas y deficiencias del sistema judicial y la mora de la crisis de los derechos humanos. Los retos que ha tenido por delante han sido complejos y diversos, considerando los antecedentes de los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. Continúan la corrupción, la impunidad y la urgencia de fortalecer el Estado de Derecho. Persisten altos niveles de violencia e inseguridad en la población y, además, persiste la falta de independencia del poder judicial y, en general, la debilidad institucional del sistema de justicia.
En el informe del 24 de marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda al Estado hondureño reforzar las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, investigar y perseguir los delitos, especialmente los casos de violencia de género, asesinatos de defensores de derechos humanos y personas LGTBTI, desmilitarizar la seguridad pública, proteger a los grupos vulnerables y promover políticas integrales para solucionar los conflictos agrarios y ambientales[17].
5. La percepción sobre
el Ministerio Público
Veamos los datos de la percepción de la población sobre el Ministerio Público.
| Confianza y desconfianza en el Ministerio Público | |||
| Año de percepción | Confianza | Desconfianza | NS/NR |
| 2010 | 23.9% | 73.6% | 1.6% |
| 2011 | 18.3% | 78.4% | 3.3% |
| 2012 | 15.8% | 84.2% | 0% |
| 2013 | 22.9% | 77.0% | 0.1% |
| 2014 | 25.4% | 72.9% | 1.7% |
| 2015 | 52.0% | 47.0% | 1.0% |
| 2016 | 29.3% | 69.7% | 1.0% |
| 2017 | 29.6% | 69.8% | 0.6% |
| 2018 | 21.4% | 78.0% | 0.6% |
| 2019 | 23.5% | 75.9% | 0.6% |
| 2021 | 27.4% | 71.7% | 0.9% |
| 2022 | 23.6% | 75.7% | 0.8% |
| 2023 | 25.4% | 73.9% | 0.7% |
Nota: El año 2020 no se realizó el SOP del ERIC-SJ, por la pandemia de la COVID 19.
Desconfianza en el Ministerio Público: esa es la tendencia general durante el período 2010-2023. A lo largo de los últimos trece años, la población hondureña ha perdido confianza en la institución del Ministerio Público. En 2010, el 73,6% de la población consultada manifestó desconfianza; este porcentaje aumentó en los años siguientes y alcanzó su punto máximo de 84,2% en 2012.
Entre 2015 y 2017 la confianza aumentó, alcanzando un máximo del 52% en 2015. Este es un cambio significativo. Sin embargo, entre 2016 y 2021 la confianza disminuyó, con fluctuaciones moderadas entre el máximo de 29,6% y el mínimo de 21,4%. La confianza es de 23,6 % y 25,5% en 2022 y 2023, lo que indica que la percepción no ha mejorado significativamente.
Además, la cantidad de personas que «no tienen conocimientos o no responden» sigue siendo muy baja, siempre por debajo del 3,3%. La persistencia de altos niveles de desconfianza es un desafío grave, que podría afectar la legitimidad y eficacia de esta institución clave para el Estado de Derecho. A pesar de algunos aumentos temporales de confianza, que no se mantuvieron, los datos muestran una tendencia alarmante de desconfianza ciudadana hacia dicha institución.
La desconfianza sigue siendo alta, con un rango del 47% al 84,2%, lo que indica que, a pesar de los picos de confianza, la mayoría de la población sigue desconfiando en el Ministerio Público. La desconfianza sigue siendo la norma, lo que indica que se requieren acciones importantes para mejorar la efectividad y la imagen de esta institución.
El Ministerio Público tiene desafíos institucionales que enfrentar. La desconfianza puede ser resultado de problemas de gestión o de carácter estructural. Esto indica que se requieren cambios profundos y mayor transparencia en sus operaciones.
Además, necesita una estrategia de comunicación para superar las percepciones negativas y crear confianza; por tanto, debe implementar estrategias de comunicación efectivas y establecer relaciones cercanas con la ciudadanía.
No hay que olvidar que la percepción de la eficacia en la resolución de casos, la corrupción y la relación con otros organismos de justicia, entre otros, son factores que afectan la confianza, y también la desconfianza.
6. La tendencia a la desconfianza
en la Corte Suprema de Justicia
Analicemos los datos que nos presentan los Sondeos de Opinión Pública del ERIC-SJ que presentamos en la tabla siguiente.
| Confianza y desconfianza en la CSJ | ||
| Años de percepción | Confianza | Desconfianza |
| 2010 | 22.4% | 74.2% |
| 2011 | 19.9% | 76% |
| 2012 | 16.8% | 83.1% |
| 2013 | 22.9% | 77.1% |
| 2014 | 25.4% | 73.1% |
| 2015 | 44.7% | 53.9% |
| 2016 | 27.2% | 72.8% |
| 2017 | 25.4% | 74% |
| 2018 | 17.8% | 82.2% |
| 2019 | 18.7% | 80.3% |
| 2021 | 25.0% | 73.7% |
| 2022 | 21.6% | 76.2% |
| 2023 | 20.3% | 78.6% |
Nota: El año 2020 no se realizó el SOP por la pandemia de la COVID 19.
Entre 2010 y 2023, la opinión pública sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) muestra una notable tendencia hacia la desconfianza. En general, durante este período, la confianza en dicha institución ha sido bastante baja, con un porcentaje de desconfianza promedio del 75,9%. En tanto que la confianza disminuyó significativamente, pasando de 22,4% en 2010 a 16,8% en 2012.
En 2013 la confianza se incrementó notablemente, y en 2015 creció ligeramente. Sin embargo, persistía una elevada desconfianza. Entre 2010 y 2014, la desconfianza se mantuvo entre 74,2% y 73,1%, con bajos niveles de confianza. El mayor porcentaje fue en 2012, con 83.1% de desconfianza. La confianza ha fluctuado. El pico de confianza de 44.7% ocurrió en 2015, pero no logró mantenerse. La desconfianza se ha mantenido por encima del 72% desde 2016, con algunos ligeros altibajos, pero sin recuperar los niveles de confianza de 2015.
En 2018 la confianza disminuyó nuevamente, alcanzando un mínimo de 17,8%. La desconfianza se mantuvo elevada, con 72,8% y 82,2% en los años 2016 y 2018, respectivamente.
Durante el período analizado, el nivel más bajo de confianza (17,8%) y el más alto de desconfianza (82,2%) se registraron en 2018. La confianza se mantuvo por debajo del 25.4% después de 2018, mientras que la desconfianza promedio fue alrededor del 78.2%. En 2021 la confianza experimentó una ligera recuperación; sin embargo, los niveles de desconfianza siguieron siendo elevados, cerrando 2023 con 78,6%.
Como podemos constatar, los datos muestran una tendencia general a la baja confianza y a la alta desconfianza de la opinión pública hacia la Corte Suprema de Justicia durante el período 2010 – 2023. Hubo un momento de mayor confianza en 2015, pero no logró mantenerse en los años siguientes.
¿Cuáles son las relaciones que podemos establecer entre los derechos humanos y la crisis del sistema judicial según los datos presentados? La percepción sobre la situación de los derechos humanos y la confianza en el Ministerio Público y la CSJ están relacionadas. A medida que la percepción sobre la situación de los derechos humanos ha empeorado, la confianza en las instituciones judiciales ha disminuido.
La crisis en la protección de los derechos humanos se refleja en la falta de confianza en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Y si la desconfianza perpetúa la percepción negativa de la situación de los derechos humanos, esto puede crear un círculo vicioso. Si los habitantes sienten que sus derechos no son prioritarios para ser protegidos, es probable que su confianza en esas instituciones disminuya.
Cuando la mayoría de los encuestados opina que la situación de los derechos humanos «sigue igual», están expresando a la vez su falta de expectativas en que pueda mejorar la situación, y esto puede llevar a un creciente desencanto respecto del sistema de justicia en general, al no observarse cambios positivos y significativos en sus instituciones.
Los hallazgos en el análisis de los datos sugieren que el sistema de justicia y la protección a los derechos humanos necesitan cambios profundos para restaurar la confianza pública. Se observa que, en los casos que disminuye la opinión favorable a una mejora de la situación de los derechos humanos, al mismo tiempo disminuye la confianza en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto, es fundamental que la CSJ tome medidas de rendición de cuentas y transparencia para recuperar la confianza pública. Percepciones de corrupción, falta de independencia y politización del poder judicial han llevado al deterioro de la credibilidad del sistema judicial hondureño en los últimos años.
El establecimiento de la CICIH se ha convertido en un tema polémico que provoca muchas preguntas. Algunos grupos piensan que es una forma de combatir la corrupción, mientras que otros se preguntan si la CICIH también puede ser utilizada como instrumento político de unos grupos de poder en detrimento de otros.
Los numerosos casos de corrupción en diversas instancias gubernamentales, que involucran a altos funcionarios del sistema de justicia, minaron la confianza pública y credibilidad en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia durante el período 2010-2023. A lo anterior se agrega la impunidad, pues, casos de corrupción y otros delitos graves no fueron investigados ni penalizados.
Tal pareciera que la justicia es ciega para los poderosos, pero tiene los ojos abiertos para condenar a los más vulnerables y empobrecidos. La población percibe que las decisiones judiciales están viciadas, en muchos casos porque predominan los intereses de grupos de poder; así se socava la independencia del Poder Judicial y la confianza en que la justicia sea para todos por igual.
La opacidad y la falta de transparencia en la toma de decisiones y la gestión de casos judiciales son otro tema importante que plantea serias dudas sobre la forma en que la justicia funciona en Honduras. A esto se suman los retrasos en la resolución de casos judiciales y la falta de eficiencia y eficacia en la operatividad institucional. Los casos que se conocen trascienden porque están involucradas personas de los diferentes poderes del Estado, aunque la mayoría se mantiene en total impunidad.
Vivimos una etapa crucial en la historia política del país. No cabe duda de que, para fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho, es necesario promover la participación ciudadana en la sociedad civil y en los movimientos sociales, que actualmente están ausentes o no tienen protagonismo en la presente coyuntura política.
Las características que se observan indican el aumento de la preferencia por los regímenes autoritarios en un contexto de fragilidad democrática; a la vez, van surgiendo líderes con notables rasgos populistas y autoritarios. Es una situación peligrosa, en un período de elecciones primarias e internas en los partidos políticos mayoritarios, teniendo como horizonte las elecciones generales de noviembre 2025.
La corrupción, la impunidad y el narcotráfico han contaminado las instancias gubernamentales, pero también a los líderes de distintos partidos políticos. La gran esperanza, hasta ahora puesta en la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, cada vez se debilita más y su concreción se va postergando ante una flagrante falta de voluntad política.
La crisis del sistema de justicia se explica por la falta de credibilidad y confianza pública, pero también por la falta de independencia ante los poderes de facto, así como por la corrupción e impunidad que lo han afectado.
Fortalecer el sistema judicial, tal como lo hemos señalado, implica hacer justicia a las víctimas; entre otras, los comunicadores sociales, las mujeres asesinadas y desaparecidas, los migrantes amenazados y forzados a abandonar sus territorios por causa de la violencia, las concesiones mineras o los megaproyectos; o por la presencia en sus comunidades del crimen organizado y el narcotráfico; así como a las personas defensoras del medio ambiente y sus territorios, como ha ocurrido recientemente con el horrendo crimen de Juan López en el valle del Aguán.
Es decir que, para fortalecer la justicia en Honduras, es imprescindible luchar, reconocer y garantizar plenamente los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas, como lo mandan las leyes en nuestro país.
[1] Cfr. Informe Latinobarómetro 2023: La recesión democrática de América Latina, pp. 27-28. Ver el documento en el siguiente enlace: https://www.latinobarometro.org/lat.jsp?Idioma=724
[2] Concepto político empleado por el Informe Latinobarómetro 2023, en cuyas conclusiones dice lo siguiente en la p. 49: «La recesión de la democracia en tantos países como se ha señalado en este informe deja a la región vulnerable y más abierta al populismo y a regímenes no democráticos, y retrasa el proceso de consolidación de las democracias, cuyo camino se observa lleno de obstáculos. La recesión democrática es la desilusión de los ciudadanos con la democracia, que no está cumpliendo lo que decía el primer presidente de la transición en Argentina, Raúl Alfonsín: «Con la democracia se come, se cura y se educa».
[3] Cfr. ERIC-SJ, 2024. Sondeo de Opinión Pública 2024. El Progreso, Yoro, p. 14.
[4] Cfr. ERIC-SJ, 2024, p. 5.
[5] ERIC-SJ, 2024, p. 12.
[6] Cfr. I. Moreno. La huelga de hambre empieza a rendir frutos. Revista Envío-Honduras, noviembre 2008, pp. 22-26.
[7] Cfr. ERIC-SJ, 2024, p. 12.
[8] Cfr. ERIC-SJ, 2024, p. 27.
[9] Joaquín A. Mejía Rivera, Orlando Posadas, Karla Rivas, et. al. Hay jueces en Berlín. Crónicas sobre Independencia Judicial en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. El Progreso, Yoro. ERIC-SJ, 2017, p. 94.
[10] Ibid., p. 95.
[11] Cfr. ERIC-SJ, 2024, p. 4.
[12] Ibid., p. 13.
[13] Cfr. Soriano, R. R., 1993. Investigación Social Teoría y Praxis. México, D. F., Plaza y Valdés Editores.
[14] Cfr. Posas, M. 1988. Sociología. Tegucigalpa, Editorial Universitaria, pp. 33-35.
[15] Ver el siguiente enlace: https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/honduras
[16] Ver el enlace: https://pbi-honduras.org/es/news/2021-09/la-otra-cara-de-la-militarizaci%C3%B3n-vulneraciones-de-derechos-humanos
[17] Ver el siguiente informe: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2024/informe-honduras.pdf
[1] Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).
[1] Agradezco a mi amigo, el Lic. Orlando Posadas, por su invaluable colaboración en sistematizar los datos de los Sondeos de Opinión Pública del 2010-2023 del ERIC-SJ para analizarlos en este artículo.