GERMAN ROSA (SJ)*
La instalación de la CICIH es crucial para fortalecer el endeble sistema de justicia en el país, plagado de normativas que protegen a los corruptos. De instalarse, se concretarían las expectativas de amplios sectores de la población, que exigen el cumplimiento de esta promesa de campaña de la Presidenta Xiomara Castro.
A cinco años de la cancelación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la promesa de la Presidenta Xiomara Castro de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) sigue sin cumplirse debido a la resistencia de élites políticas y económicas que, en complicidad con estructuras de corrupción e impunidad, buscan proteger sus intereses y obstruir las investigaciones anticorrupción.
Esta resistencia se manifiesta principalmente en el Congreso Nacional, donde se obstaculiza la aprobación de instrumentos jurídicos como la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de aquellas que facilitan la impunidad. Además, limitaciones estructurales como la vulnerabilidad de los operadores de justicia a la injerencia política en el sistema judicial, dificulta la capacidad institucional para investigar y procesar casos de corrupción de alto impacto.
A lo anterior se suma la falta de transparencia en las negociaciones del gobierno con la ONU, que ha causado desconfianza en la sociedad civil y los movimientos sociales, instancias que podrían asumir mayor protagonismo en el proceso de la CICIH.
Dada esta realidad, el establecimiento de la CICIH dependerá de la destreza social para superar la resistencia de las élites y grupos corruptos de poder, así como de una participación ciudadana más activa y un apoyo decidido de la ONU y la comunidad internacional para asegurar el proyecto. Analicemos ahora cómo se está realizando el proceso de instalación de la CICIH.
LA CREACIÓN DE LA MACCIH: UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en 2015, que implicó el desfalco de sumas millonarias destinadas a la asistencia sanitaria de hondureños y hondureñas, desencadenó manifestaciones masivas que popularizaron la lucha contra la corrupción.
Así surgió el movimiento de la Marcha de las antorchas, que demandó la formación de una comisión internacional para luchar contra la impunidad. Esto provocó la exigencia de crear una entidad que se asemejara a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), reconociendo así su efectividad para enfrentar la corrupción en aquel país.
La creación de la MACCIH estableció un precedente significativo en nuestro país, ya que no existía una institución que investigara y judicializara casos de corrupción relacionados con los grupos de poder, a pesar de que los resultados pueden parecer modestos frente a los enormes desafíos de corrupción e impunidad en Honduras.
La MACCIH actuó con total autonomía e independencia; se regía por el convenio suscrito por la Organización de Estados Americanos (OEA) con el Estado de Honduras el 19 de enero de 2016 y, en ese marco, por las instrucciones de su Secretario General. La MACCIH inició operaciones el 19 de abril de 2016 y funcionó durante cuatro años, hasta su cancelación el 19 de enero de 2020. En un comunicado de prensa de la OEA, se informó así:
En el día de hoy han culminado las negociaciones entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) respecto a la renovación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Lamentablemente, no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del mandato de la Misión, razón por la cual la MACCIH finalizará sus funciones el 19 de enero de 2020.
Durante su funcionamiento, la MACCIH logró los siguientes resultados:
1. La creación de un sistema judicial dedicado exclusivamente a procesar casos de corrupción. Esto ha posibilitado una persecución más efectiva de los delitos relacionados con la corrupción y la impunidad, asegurando un enjuiciamiento transparente y justo.
2. La creación de una entidad para investigar y resolver la corrupción: la MACCIH ayudó a establecer los Juzgados Anticorrupción y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). Esto ha mejorado la capacidad de investigación y solución de casos de corrupción, pues estas organizaciones han colaborado para llevar a cabo investigaciones minuciosas y procesar a quienes cometan delitos relacionados con la corrupción.
3. La implementación de reformas y leyes para mejorar y fortalecer el marco legal en la lucha contra la corrupción. La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, cuyo objetivo es asegurar la transparencia en la administración de los partidos políticos y en el financiamiento de las campañas políticas, es un ejemplo significativo.
4. Además, la MACCIH fomentó otras reformas legales que ayudan a fortalecer el sistema de justicia y combatir la corrupción. La implementación de mecanismos de rendición de cuentas, la mejora de la transparencia en el sector público y la lucha contra la impunidad son algunas de estas reformas.
5. La investigación y judicialización de numerosos casos de corrupción, incluyendo el peculado y el enriquecimiento ilícito, el desvío de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el caso «Caja Chica del Milenio» son algunos de los más destacados. Estas investigaciones comenzaron a desmantelar las redes de corrupción y así poder llevar a los responsables ante la justicia, transmitiendo un mensaje claro de que no se permitirá la impunidad.
6. El primer juicio oral: este se llevó a cabo en el marco de la investigación penal del caso «Caja Chica de la Dama».
7. La eliminación de redes de corrupción: se desarticuló una red de malversación de fondos públicos, supuestamente para obras sociales, liderada por diputados de diferentes partidos políticos.
8. Inició algunos cambios paradigmáticos en la lucha contra la corrupción: los casos judicializados más recientes, como «Pandora» y «Pacto de Impunidad», propiciaron cambios decisivos para enfrentar la corrupción.
9. Otros casos como «Arca Abierta», «Fraude sobre el Gualcarque», «Licitación Fraudulenta del Seguro Social», «Caja Chica del Hermano» y «Patuca III – Colusión y Corrupción», se sumaron al proceso de judicialización.
10. Varias instituciones nacionales recibieron capacitaciones para mejorar sus habilidades en la lucha contra la corrupción.
11. La organización y participación de la Sociedad Civil fueron destacadas como un aporte significativo por el Observatorio de Justicia Penal de la MACCIH.
Estos logros demuestran el impacto de la MACCIH en la lucha contra la corrupción, a pesar de los desafíos y dificultades que enfrentó. Como lo expresó el Foro Social Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH),
la MACCIH logró llevar ante la justicia un total de 12 casos relacionados con actos de corrupción, involucrando 113 funcionarios públicos, entre ellos 26 diputados y exdiputados.
Esto explica en parte por qué el gobierno de Juan Orlando Hernández canceló la MACCIH, evidenciando una vez más cómo el régimen estaba coludido con la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.
PROMESAS Y DESAFÍOS
PARA INSTALAR LA CICIH
La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) se ha propuesto como la alternativa para continuar la lucha contra la corrupción después de la salida de la MACCIH en enero de 2020, cuyos avances y logros marcaron un punto de partida digno de continuidad en el tiempo.
Así, la iniciativa de la CICIH es motivada por la necesidad de afrontar los casos de corrupción que la MACCIH comenzó a procesar en el periodo 2016-2020, y los que se han presentado en lo sucesivo.
CINCO AÑOS DESPUÉS DE LA MACCIH
El 15 de diciembre de 2022 se firmó un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Honduras y las Naciones Unidas, que establece una evaluación de la legislación vigente y las capacidades del sistema judicial hondureño como punto de partida. Esta etapa se consideró indispensable para los siguientes pasos, como la derogación de leyes que impiden investigaciones efectivas, y luego definir el funcionamiento de la CICIH, su financiamiento y protocolos.
Pese a los avances iniciales, persisten significativos desafíos para establecer la CICIH; entre otros, superar la falta de voluntad política y la ausencia de consenso entre los partidos políticos, que se evidencia en la persistente división en el Congreso Nacional para aprobar las reformas jurídicas necesarias. Por tanto, tenemos que recuperar las lecciones que dejó la MACCIH y aprender de los errores del pasado para fortalecer el mecanismo anticorrupción de la CICIH, en caso de que llegue a concretarse.
En esa dirección, los principales desafíos serían los siguientes:
a) Realizar las reformas legales requeridas, como la derogación de leyes promulgadas por el régimen anterior, que limitan la capacidad del Ministerio Público y reducen las penas por delitos de corrupción. Esto incluye el Decreto 130-2017, que reduce las sanciones por corrupción, y el Decreto 117-2019, que da inmunidad parlamentaria.
b) Aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, estableciendo los procedimientos para obtener información verificable y veraz en los procesos de investigación penal. Esta ley de derecho penal premial puede ofrecer beneficios como la reducción de la pena, libertad condicional y hasta la suspensión de la persecución penal, a cambio de testimonios y pruebas que puedan desarticular redes criminales de alto impacto, como es la corrupción.
c) Crear la figura jurídica de querellante autónomo para la CICIH, que no existe en la Constitución de la República ni en el Código Procesal Penal, y tampoco en la Ley del Ministerio Público. Esta figura le permitiría a la CICIH recibir denuncias, aplicar criterios de selección de denuncias y hechos a investigar según la gravedad, el daño o perjuicio del delito cometido. También le permitiría tener atribuciones y facultades de Acusador Privado para el ejercicio de la acción penal pública, con el acompañamiento del Ministerio Público.
d) Lograr consensos políticos en el Congreso Nacional y superar las tácticas dilatorias que han estancado el proceso de instalación de la CICIH.
e) Activar la movilización de la sociedad civil y los movimientos sociales para exigir la instalación de este organismo internacional.
f) Mantener el apoyo internacional para que los actores políticos se comprometan con el establecimiento de la CICIH.
Según el Dr. Joaquín A. Mejía Rivera, deben incluirse, además, las reformas siguientes:
1. Reforma del artículo 4, inciso a, del Decreto 04-22 (Decreto de Amnistía);
2. Reforma del artículo 8 del Decreto 04-2022 (Decreto de Amnistía), que establece que el gobierno escogerá a los miembros de la CICIH;
3. Derogación del Decreto 117-2019 (contiene una reforma del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo), que es una amnistía anticipada para diputados y diputadas;
4. Reformar algunas normas de la Ley de Municipalidades y otras leyes relacionadas con inmunidades a personas funcionarias municipales y nacionales.
Una vez superados los desafíos en Honduras, la Asamblea General de la ONU debe aprobar una resolución que otorgue al Secretario General el mandato de establecer la CICIH. Además, el gobierno nacional tiene que solicitarla formalmente. En esta transición que va de la MACCIH al proceso de establecimiento de la CICIH, se pueden percibir eventos importantes en el contexto político. Estos son:
a) La MACCIH y la CICIH surgen de una demanda de la población, que nació con la Marcha de las antorchas ante la realidad de corrupción e impunidad existente en el país. La MACCIH fue la primera respuesta a la movilización y demanda popular contra la corrupción, hasta su clausura en enero de 2020. La segunda respuesta se produjo cuando la candidata presidencial Xiomara Castro convirtió la CICIH en una promesa de campaña electoral. Sin embargo, hasta el día de hoy, seguimos en espera de su creación.
b) En 2022, el Congreso Nacional creó la Comisión Anticorrupción, una instancia del poder legislativo encargada de preparar el marco legal para la instalación de la CICIH. Con tal propósito, esta comisión ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil para identificar las reformas legales necesarias.
Para lograr tal objetivo, ha habido avances importantes entre los que cabe mencionar la derogación de los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021, que posibilitaban la impunidad y bloqueaban la lucha contra la corrupción, particularmente durante el gobierno de Juan Orlando Hernández.
No obstante, sigue pendiente la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y las reformas al Código Penal que permitirían a la CICIH actuar como querellante autónomo. Así, podría llevar a cabo investigaciones y presentar ante los tribunales de justicia a personas implicadas en tales delitos.
OTROS DESAFÍOS PENDIENTES
La bancada del Partido Nacional ha manifestado que no votará a favor de una Ley de Colaboración Eficaz, alegando que sería utilizada para perseguir a la oposición política. No obstante, la supresión de la inmunidad parlamentaria es indispensable para que los diputados puedan ser procesados judicialmente por delitos cometidos durante el ejercicio de su función pública.
La derogación de varios decretos que facilitaron, durante el gobierno anterior y en el actual, los conocidos como «pactos de impunidad», es primordial para recuperar la confianza pública en las instituciones, combatir la corrupción y acabar con la impunidad.
Otro punto importante ha sido la propuesta de elevar a rango constitucional la CICIH, que no reunió los votos necesarios para su aprobación en el Congreso Nacional. Sin embargo, esta propuesta no es una condición de la ONU para establecer la CICIH. Más aún, dificulta y dilata su posible instalación.
No obstante, el gobierno hondureño y la ONU han acordado una nueva extensión del Memorándum de Entendimiento. Este documento es crucial, por tratarse de un acuerdo que establece las condiciones y requisitos mínimos para crear la CICIH.
Otro tema pendiente es la desclasificación de documentos relacionados con las negociaciones de la ONU y el gobierno hondureño sobre la CICIH que, de no hacerse, obstruiría la transparencia y la participación ciudadana. La población está cansada tanto de los pactos oscuros como de la opacidad en el quehacer de la política, y ahora exige procesos incluyentes y transparentes.
Es evidente que, en un contexto de alta polarización política, exacerbado por los escándalos de narcotráfico que salpican a algunos políticos, y en un ambiente crispado por las recientes elecciones primarias e internas en los partidos mayoritarios, se dificultaría la aprobación de dicha ley. En consecuencia, se genera una mayor incertidumbre para el establecimiento de la CICIH a corto plazo.
La instalación de la CICIH dependerá, además, de la capacidad de construir consensos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, para que se cumplan los requisitos solicitados por la ONU. En tal contexto, la transparencia del proceso y la participación ciudadana serán cruciales para mantener la presión y el apoyo público hacia esta iniciativa anticorrupción.
La CICIH puede desempeñar un papel fundamental si se concreta y realiza su trabajo con independencia; es decir, investigando los casos de corrupción, impunidad y criminalidad, sin interferencias políticas. Con el soporte del Ministerio Público y otras instituciones puede realizar una labor efectiva, sin olvidar la importancia del papel que puede desempeñar la comunidad internacional en asegurar condiciones para que la CICIH se establezca.
LOS PRINCIPALES CAMINOS PARA AVANZAR EN ESA DIRECCIÓN
Hay caminos insoslayables para que se haga realidad la creación de la CICIH:
a) Es imprescindible que se apruebe la Ley de Colaboración Eficaz y las reformas requeridas del Código Penal, para que pueda realizar su trabajo sin camisas de fuerza y afrontar las estructuras de la corrupción y el narcotráfico.
b) La construcción de consensos, espacios de diálogo y concertación entre los partidos políticos, para aprobar las reformas necesarias en el Congreso Nacional.
c) Incrementar la transparencia y fomentar el debate público e informado en la sociedad civil y los movimientos sociales. La pregunta es: ¿Será posible desclasificar la información del gobierno y la ONU sobre la CICIH, para favorecer la transparencia en este tema fundamental?
d) Fortalecer la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional para preparar y ejecutar el marco legal que requiere la CICIH en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
e) Que el gobierno mantenga una firme determinación para que se instale la CICIH, evitando que se quede en promesa de campaña electoral.
f) La comunidad internacional puede influir positivamente para que se concrete este compromiso, respaldando todo esfuerzo que conduzca a los consensos necesarios entre los partidos políticos para aprobar el marco jurídico que requiere la CICIH.
ASPECTOS RELEVANTES PARA CREAR LA CICIH
La CICIH es una mediación fundamental para fortalecer el sistema de justicia y el Estado de Derecho en Honduras. Sin embargo, conviene considerar otros aspectos que no podemos pasar desapercibidos para que se concrete esta gran iniciativa.
Hay tareas imprescindibles de los líderes políticos, que deben mostrar su compromiso con la lucha contra la corrupción, más allá de sus intereses partidarios.
La aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y las reformas al Código Penal son necesarias, pero no serán posibles sin la participación de los diputados. De ahí la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales presionen a los actores políticos con el fin de avanzar en la instalación de la CICIH. La participación ciudadana es insustituible. Hay que promover la educación y la participación ciudadana para trabajar activamente por la instalación de la CICIH.
La voluntad política ciudadana debe prevalecer sobre las tensiones y diferencias entre las fuerzas políticas, enfatizando en la demanda por acuerdos políticos para que la CICIH se establezca en el menor tiempo posible. La confianza en las instituciones públicas, incluso en el sistema judicial, requiere procesos transparentes, por lo que se debe cumplir con la tarea pendiente de hacer pública la información sobre lo tratado entre el gobierno y la ONU sobre este tema.
LA DESCONFIANZA DE LA POBLACIÓN Y LA LARGA ESPERA DE LA CICIH
La desconfianza hacia las instituciones nacionales, exacerbada por los escándalos de corrupción y la impunidad que han prevalecido durante décadas, es razón suficiente para agilizar el establecimiento de la CICIH. La falta de transparencia y de rendición de cuentas puede conducir a la erosión del Estado de derecho, pero también a la insatisfacción y la protesta social y política.
Desde 2015, Honduras ha experimentado una serie de protestas a gran escala contra la corrupción y la impunidad. Estas fueron iniciadas por organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y ciudadanos, para exigir reformas importantes y proponer un mecanismo internacional para enfrentar la corrupción.
La comunidad internacional, incluyendo la OEA y la ONU, han apoyado la iniciativa de establecer la CICIH como un medio para fortalecer el Estado de derecho y encarar la corrupción en Honduras, y también para fortalecer el sistema nacional de justicia.
La agenda cronológica del gobierno nacional con la ONU, basada en el Memorándum de Entendimiento, ha transitado las siguientes etapas para llegar a un acuerdo definitivo sobre la CICIH:
1° El 15 de diciembre de 2022, la Presidenta Xiomara Castro formalizó la demanda y el compromiso del gobierno hondureño para abordar la corrupción con apoyo internacional.
2° La ampliación inicial extendió el acuerdo hasta el 15 de junio de 2024.
3° La segunda vez, el Memorándum se extendió hasta el 15 de diciembre de 2024.
4º Para dar más tiempo a la negociación y aprobación de las reformas necesarias, se firmó una prórroga más, hasta el 3 de diciembre de 2024, que extendió su vigencia hasta junio de 2025.
La CICIH puede fomentar un sistema judicial independiente para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. También puede desempeñar un papel crucial en la recuperación de la confianza ciudadana al contribuir a la impartición de una justicia competente, independiente e imparcial:
La esperada instalación de la CICIH, la correcta selección de la nueva Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, y las reformas adecuadas del Código Penal, pueden generar el terreno fértil para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
HONDURAS HA IDO CUMPLIENDO ALGUNAS CONDICIONES, PERO AÚN FALTA…
Ana María Calderón, ex vocera de la MACCIH, manifestó en junio pasado su preocupación por la falta de condiciones necesarias para instalar la CICIH y expresó que, tanto de parte del Poder Ejecutivo como del Legislativo, no había un espacio de diálogo y voluntad política para lograr este objetivo.
Pese a los avances en algunas reformas legislativas, persisten disposiciones legales que posibilitan la impunidad. En realidad, Honduras sigue siendo catalogado como uno de los países con los niveles más bajos de transparencia y con mayor percepción de corrupción en el continente americano. Se ubica en el cuarto lugar entre los países latinoamericanos más corruptos.
La instalación de la CICIH es fundamental para fortalecer el sistema endeble de justicia en el país, cuestionado por estar plagado de normativas que protegen a los corruptos quienes, además, tienen el poder de limitar la aplicación de la justicia para beneficio propio. De instalarse, se concretarían las expectativas de amplios sectores de la población, que exigen el cumplimiento de esta promesa de campaña de la Presidenta Xiomara Castro.
No obstante, ante los argumentos que favorecen la instalación de la CICIH, hay claras resistencias de grupos de poder económico y político, así como de sectores gubernamentales que impiden la creación de este organismo avalado por la ONU.
La incertidumbre sobre la llegada de la CICIH se ve reforzada porque, en el juicio seguido a Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fueron mencionados nombres de personalidades de los partidos políticos mayoritarios en Honduras, que han salido implicados en las redes del narcotráfico nacional e internacional.
En este contexto, no sorprende que los tres partidos mayoritarios no aprueben leyes que los lleven ante los tribunales, incluso los de la justicia hondureña. En consecuencia, se perpetúan los pactos de impunidad entre los grupos de poder.
Otro aspecto que hay que tener presente, es que estamos en un año electoral, la excusa perfecta para no avanzar en el tema de la CICIH. Además, sigue presente el flagelo del financiamiento ilícito de las campañas políticas, que no parece ser una cosa del pasado.
La denuncia del tratado de extradición y el narco-video que involucra a figuras políticas afines al gobierno, han creado un clima de desconfianza, mayor incertidumbre y tensión política. La inquietud que surge ante estas acciones, es si el gobierno realmente está dispuesto a instalar la CICIH, considerando los altos costos políticos que esto supone, por su descrédito público. Además, las acciones concretas del gobierno han sido limitadas y contradicen el discurso anticorrupción y la buena voluntad que expresa respecto de la CICIH.
En ese contexto, no parece que el diálogo entre los partidos políticos esté en el horizonte inmediato, en un momento de aguda y continua polarización. Por otra parte, si persisten las leyes que propician y amparan la impunidad, el alto índice de corrupción y la ausencia de acuerdos políticos por la falta de diálogo, no parece posible que se instale la CICIH.
Tengamos presente que la MACCIH fue clausurada, precisamente, por la falta de voluntad política del gobierno de Juan Orlando Hernández y que, en ese período, se promulgaron leyes que obstaculizaron el trabajo de las instituciones encargadas de perseguir los delitos de corrupción. Si estas estructuras continúan, no querrán que se instale la CICIH, ni hoy ni nunca.
Sin embargo, la instalación de la CICIH es fundamental pues, a pesar de la fragilidad de su sistema de justicia, desempeñaría un papel crucial en la erradicación de las redes de corrupción, el crimen organizado y la impunidad.
En definitiva, el pueblo hondureño reclama lo justo. Y la justicia se aplica a personas, acciones e instituciones. A nivel ético lo justo es lo bueno, y en el plano de la obligación lo justo se expresa en lo legal, pero también se manifiesta en la sabiduría práctica en las situaciones concretas y en el contexto actual.
El pueblo hondureño, con su sabiduría práctica, clama por la justicia para terminar con la corrupción, la criminalidad y la impunidad en el país.
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