0Shares

Lidia S. Cálix Vallecillo*

¿Cómo equilibrar la estabilidad legal con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios y desafíos culturales del país? Esta reflexión invita a considerar cómo la colaboración y el diálogo entre diferentes actores pueden contribuir a fortalecer el tejido cultural y artístico, promoviendoasí el desarrollo humano y la cohesión social.


Introducción

La importancia de la cultura y las artes en la sociedad hondureña ha sido reconocida por la administración de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, quien incluyó en su plan de gobierno la promesa de consensuar una Ley de Cultura y Artes[1]. Este compromiso ha generado un debate sobre la idoneidad de una ley específica frente a una política pública más amplia en el ámbito cultural.

Al explorar esta cuestión, surge un diálogo entre expertos que ofrecen diferentes perspectivas. La antropóloga Ana Hasemann Lara, del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), plantea interrogantes sobre la viabilidad de regular la economía creativa a través de una Ley de Cultura y Artes, destacando los desafíos de conciliar diversas cosmovisiones culturales con los criterios económicos predominantes[2].

Por otro lado, la Dra. Ana Ortega, oficial de Derechos Humanos de la OACNUDH, aboga por una política pública que incluya una Ley de Cultura, enfatizando la importancia de respaldar las políticas culturales con un marco legal sólido para garantizar su continuidad más allá de los cambios de gobierno[3].

La historia reciente muestra intentos de establecer una Ley de Cultura en Honduras, con desafíos evidentes en su aprobación. Sin embargo, es alentador ver esfuerzos recientes como la colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH) en la formulación de una política pública cultural participativa.

La creación de políticas culturales efectivas debe abordar una gama de aspectos, que van desde la protección de los derechos culturales hasta la promoción de la expresión artística y la inclusión social. En este sentido, elementos como la descentralización y la mediación cultural desde lo local emergen como aspectos cruciales para atender las necesidades de cada comunidad en el país.

Es evidente que la articulación entre la mediación y las políticas culturales requiere un compromiso continuo con los principios de participación y equidad, que fortalecerán la base de apoyo y la efectividad de las acciones culturales, lo que contribuirá a su aceptación y continuidad en el tiempo, promoviendo así una cultura más inclusiva y participativa.

Finalmente, es importante reconocer que una política pública sin respaldo legal puede ser vulnerable a los cambios políticos; por tanto, contar con una Ley de Cultura ofrece estabilidad y continuidad a largo plazo. Sin embargo, el respaldo social es esencial para conferir legitimidad a las políticas públicas, considerando que son las personas las que se verán afectadas en última instancia por sus disposiciones.

Por tanto, el objetivo de este artículo es, por un lado, destacar la importancia de contar con una legislación que respalde las políticas culturales y, por otro, recordar que la creación de políticas públicas en materia de cultura debe ser un ejercicio democrático que refleje verdaderamente los intereses y valores de la sociedad en su conjunto. Solo así se podrá asegurar su efectividad en el desarrollo cultural y artístico del país. Esta interacción entre la acción local, la política cultural y la legislación proporciona un marco sólido para abordar la diversidad cultural, promover la cohesión social, el respeto y el desarrollo cultural sostenible en el país.

I.      Hitos en el horizonte: Avances y desafíos en la creación de una Ley de Cultura en Honduras

Los esfuerzos previos por establecer una Ley de Cultura y Artes se remontan al Programa Conjunto “Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local” de 2007, en virtud del cual se gestó un anteproyecto de Ley para el Fomento de la Cultura y las Artes[4]. Sin embargo, según testimonios de artistas y gestores culturales participantes, como Mario Jaén[5] y Karla Posas[6], este no fue aprobado en el Congreso Nacional de la República.

En marzo de 2023, la administración actual de la SECAPPH convocó al sector cultural en la Biblioteca Nacional “Juan Ramón Molina” en Tegucigalpa, y presentó un borrador preliminar de la Ley Marco de Cultura. Sin embargo, se identificó una carencia significativa: la ausencia de un diagnóstico exhaustivo a través de consultas con diversos actores regionales y sectoriales del ámbito creativo y cultural.

En septiembre de 2023, la UNAH, en colaboración con la SECAPPH, emprendió un proyecto sin precedentes: la creación de una política pública de cultura. Esta iniciativa, que desde la UNAH fue coordinada por la Maestría en Estado y Políticas Públicas, representa un hito histórico para la concreción del compromiso de gobierno de la presidenta Castro.

Divina Alvarenga, coordinadora de la maestría en mención, explicó a los comunicadores del periódico de la UNAH, Presencia Universitaria, que el esfuerzo surgió considerando la comprensión de que el desarrollo de las naciones está intrínsecamente vinculado a su cultura[7]. Y agregó, que, a pesar de las limitaciones institucionales y la falta de políticas públicas participativas, se ha avanzado considerablemente en la formulación de la propuesta.

Alvarenga destacó que el proceso de elaboración de la política pública cultural fue inclusivo, con la participación de consultantes de 150 municipios y que se espera concluir el texto en diciembre, cuando será presentado al Poder Ejecutivo y sometido a un referéndum nacional para su aprobación definitiva[8].

El proceso de creación de una ley en Honduras implica varios pasos y actores clave. Comienza con la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso Nacional, lo cual pueden hacer los diputados, la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral o ciudadanos mediante iniciativa ciudadana.

Luego, el Congreso discute y debate el proyecto, seguido de una votación para su aprobación. Si es aprobado, el proyecto se envía al Poder Ejecutivo para su sanción, con la posibilidad de veto. Después de la sanción, el decreto se publica en el Diario Oficial La Gaceta y entra en vigor[9].

Con relación a la política pública, la Secretaría de Planificación Estratégica estableció unas directrices para su formulación y aprobación[10]. En su contenido se afirma que la interacción y deliberación entre actores sociales y políticos son fundamentales en este proceso, ya que las políticas públicas son el resultado de la construcción conjunta. Reconocer el papel de los poderes públicos es crucial para el diseño estratégico y lógico de las políticas públicas[11].

Las directrices establecen que la participación en la formulación de políticas públicas comienza con la identificación y mapeo de los actores involucrados, que pueden ser individuos o grupos que influyen en el diseño e implementación de políticas, así como en sus resultados.

Los actores públicos incluyen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones administrativas y judiciales, gobiernos locales, sociedad civil, agencias de cooperación, organizaciones gremiales y profesionales, academia, movimientos sociales y populares. Los actores privados se pueden clasificar en grupos-objetivo (quienes causan el problema público), beneficiarios finales (afectados directamente por el problema y beneficiados por su solución) y grupos terceros (afectados indirectamente por el problema o la política).

Una política pública puede ser vulnerable ante los cambios de gobierno, pues pueden conllevar cambios en las prioridades y enfoques, lo que podría afectar la implementación o incluso la existencia misma de la ley que respalda la política pública. De ahí la importancia de construir consensos y apoyo amplio para dichas políticas. Esto puede implicar, además de la búsqueda de consensos, el establecimiento de mecanismos que garanticen estabilidad y continuidad en la ejecución de las leyes culturales, independientemente de los cambios de liderazgo político.

En cuanto a si es mejor crear sólo la ley o una política pública que albergue la ley, no hay una respuesta única y definitiva, ya que depende del contexto específico y de los objetivos que se deseen alcanzar. La creación de una ley puede ser necesaria para establecer normas jurídicas específicas y obligatorias, mientras que una política pública puede ser más adecuada para abordar problemas complejos que requieren una acción coordinada y multifacética de diferentes actores.

En algunos casos, puede ser más efectivo desarrollar una política pública integral que incluya la creación de una ley específica como parte de un enfoque más amplio para abordar un problema o necesidad pública. Esto puede permitir mayor flexibilidad y adaptabilidad en la implementación de las políticas, así como la participación de múltiples actores en su formulación y ejecución.

En resumen, lo más importante es que cualquier enfoque adoptado para abordar la necesidad subrayada, tenga en cuenta los principios de amplia participación, transparencia, equidad y eficacia para garantizar el logro de los objetivos propuestos para el bien común.

II.     La elaboración de la política pública en cultura: ¿Un proceso exclusivo del gobierno o un esfuerzo colaborativo entre instituciones y ciudadanía?

La elaboración de políticas culturales se encuentra en una encrucijada fundamental: ¿debería ser un proceso controlado exclusivamente por el gobierno o debería transformarse en un esfuerzo colaborativo que involucre tanto a instituciones gubernamentales como a la ciudadanía?

Este dilema refleja la complejidad inherente a la cultura, la cual trasciende las simples expresiones artísticas para abarcar una rica diversidad de aspectos que definen la identidad colectiva de una sociedad.

La cultura, entendida en su sentido más amplio, permea los aspectos espirituales, materiales y emocionales de una comunidad, moldeando los modos de vida, los sistemas de valores y las tradiciones arraigadas en su tejido social.

Por tanto, su valor va más allá de la mera generación de ingresos económicos; es un pilar fundamental que sustenta la cohesión social y el desarrollo humano en todas sus dimensiones.

En este contexto, es crucial reconocer que el arte y la creatividad no solo enriquecen la vida de las personas individualmente, sino que también tienen el potencial de catalizar la innovación y el progreso económico.

La Economía Creativa ha surgido como un marco conceptual que valora y fomenta las actividades creativas no solo por su contribución al empleo y al crecimiento económico, sino también por su capacidad para generar impacto social, promover la equidad y la sostenibilidad[12].

En Honduras, donde se están explorando enfoques alternativos basados en principios de bienestar social y sostenibilidad, es imperativo comprender a fondo el panorama del sector creativo.

Esto implica llevar a cabo un mapeo exhaustivo que examine las dinámicas, necesidades y potencialidades de este sector, involucrando activamente en el proceso a una amplia gama de actores regionales y sectoriales.

Este mapeo es crucial para identificar oportunidades que fomenten y protejan la cultura, así como para enfrentar los desafíos que actualmente restringen su impacto en la sociedad hondureña.

Entre estos desafíos se encuentran la falta de datos económicos precisos, la escasez de financiamiento estatal, la ausencia de investigaciones continuas y la necesidad de actualizar las infraestructuras y políticas culturales.

Asimismo, es fundamental reconocer que el valor de un bien cultural no puede limitarse únicamente a su aspecto monetario. En un modelo económico basado en los principios de los derechos humanos y el bien común, la actividad económica debe priorizar el interés general sobre la búsqueda de beneficios individuales, fomentando así una distribución más equitativa de los recursos y una mayor inclusión social.

En resumen, el proceso de elaboración de políticas culturales debe trascender las divisiones tradicionales entre gobierno y sociedad, y adoptan un enfoque colaborativo y participativo que reconozca y valore la diversidad de perspectivas y experiencias dentro del sector creativo y cultural. Solo de esta manera se podrá aprovechar plenamente el potencial transformador de la cultura para el desarrollo integral y sostenible del país.

III.    Prioridades en la agenda cultural: ¿Qué temas y áreas deberían recibir especial atención en la formulación de la política pública y la ley cultural en Honduras?

La creación de una política pública o una Ley de Cultura debe ser el resultado de un proceso inclusivo, participativo y democrático, que tome en cuenta las características y necesidades específicas del sector cultural. Ambas opciones tienen sus ventajas y desafíos, por lo que es fundamental evaluar cuidadosamente cuál sería la más adecuada para garantizar el desarrollo y fortalecimiento del sector cultural en el país.

Una política pública o Ley de Cultura debería comenzar reconociendo y protegiendo los derechos culturales como base fundamental. Estos derechos abarcan la participación en la vida cultural, el acceso a los bienes culturales, la diversidad cultural, la identidad cultural y la protección del patrimonio cultural y natural[13]. Integrar estos principios en la legislación proporcionaría un marco legal sólido para el desarrollo cultural en el país.

Además, es crucial promover la expresión artística y la creatividad en todas sus formas. La creatividad es esencial para el progreso humano y el bienestar, ya que fomenta la innovación, mejora la calidad de vida y enriquece la identidad cultural de la sociedad. Por lo tanto, la política cultural debería facilitar el acceso y apoyo a diversas expresiones artísticas.

La comercialización de las artes también debe abordarse cuidadosamente. Si bien puede ser beneficiosa para promover y difundir el arte y la cultura, también plantea desafíos en términos de preservar la autenticidad y la integridad artística. Es importante establecer regulaciones que equilibren la promoción del arte con la protección de su calidad y valor cultural.

Otro aspecto fundamental es garantizar la protección social de los artistas y trabajadores culturales. La cultura no debe ser exclusiva ni estar limitada a ciertos grupos, por lo que medidas como la seguridad social, los servicios sociales y la protección laboral son esenciales para garantizar un acceso equitativo a la cultura y promover la inclusión social en el sector cultural.

La descentralización de la administración de la cultura también puede fortalecer el desarrollo cultural. Al transferir poder y responsabilidades a las autoridades locales y regionales, se puede facilitar el acceso a la cultura y promover la diversidad cultural en todo el país.

La mediación artística e intervención social también pueden ser herramientas poderosas para abordar problemas sociales y promover la inclusión y el diálogo intercultural. Integrar la mediación artística en las políticas culturales puede contribuir a resolver conflictos, mejorar la salud mental y fortalecer el tejido social en nuestra sociedad.

Honduras puede beneficiarse de la adhesión a tratados internacionales sobre cultura, que proporcionarían un marco legal y normativo para la protección y promoción del patrimonio y los derechos culturales en el país. Estos tratados pueden ayudar a fortalecer el desarrollo cultural y proteger la diversidad cultural.

En el contexto de la formulación de políticas culturales, es fundamental abordar otros temas clave que impactan directamente en el desarrollo y fortalecimiento del sector cultural. Uno de estos es la definición de prioridades en la agenda cultural, un proceso que puede enriquecerse significativamente mediante la mediación cultural desde lo local.

La mediación cultural implica la intervención de la comunidad en la definición de las políticas culturales, permitiendo que las necesidades y aspiraciones locales influyan en la toma de decisiones a nivel nacional.

Además, es esencial considerar la estructura organizativa y la descripción general del sistema cultural, así como los tipos de cooperación en la toma de decisiones y administración en este ámbito. Esto incluye crear mecanismos de coordinación entre diferentes instituciones y organismos culturales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para garantizar una gestión eficaz y coherente de las políticas culturales.

En cuanto a la normativa, es necesario contar con una legislación que proteja los derechos de autor, promueva la inversión en el sector cultural y establezca incentivos para estimular la producción artística y cultural. Esta debe ser actualizada y adaptada a los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector cultural, sin olvidar el acceso de la población a los productos artístico-culturales.

La financiación es otro aspecto crucial a considerar en la formulación de políticas culturales. Es necesario garantizar recursos suficientes y sostenibles para apoyar la creación, producción y difusión cultural, así como para proporcionar ayudas directas e indirectas a los artistas y promover la participación en la vida cultural.

Las instituciones culturales desempeñan un papel fundamental en la promoción y preservación del patrimonio cultural y artístico de una sociedad. Sin embargo, también es importante reconocer y apoyar a nuevos actores, como colectivos artísticos independientes, espacios culturales comunitarios y proyectos innovadores que surgen a nivel local.

En resumen, la formulación de políticas culturales efectivas debe abordar una variedad de temas interrelacionados: desde la definición de prioridades en la agenda cultural, hasta la financiación y el apoyo a nuevos actores en el campo cultural.

La mediación cultural desde lo local puede ser una herramienta poderosa para garantizar que estas políticas sean inclusivas, participativas y adaptadas a las necesidades y realidades de cada comunidad.

IV.    Diversidad en acción: La mediación artística como motor de inclusión y participación

La mediación artística situada como parte integral del proceso de creación de políticas públicas en materia de cultura, representa un enfoque fundamentalmente inclusivo y participativo.

Este enfoque reconoce y valora la diversidad inherente a la cultura, entendiendo que es un fenómeno dinámico y cambiante, moldeado por una multiplicidad de factores sociales, históricos y naturales.

En una nación como Honduras, donde coexisten diversas culturas con prácticas, expresiones y cosmovisiones distintas, la mediación artística emerge como una herramienta para abordar las necesidades y aspiraciones culturales desde una perspectiva local y contextualizada.

La democratización en la cultura implica, en este sentido, la creación de espacios de diálogo y participación que permitan una interacción directa entre el gobierno y la comunidad cultural. La escucha restaurativa[14] se presenta como un recurso clave para comprender y atender las demandas sociales, incluyendo aquellas relacionadas con el ámbito artístico y cultural.

A través de asambleas, mesas de trabajo y otras formas de participación ciudadana, se establece un puente de comunicación entre las autoridades y la comunidad cultural, garantizando así mayor legitimidad y representatividad en la formulación de políticas culturales.

La demanda ciudadana se convierte así en un motor para la transformación y el fortalecimiento del sector cultural. Desde la restauración de instituciones culturales hasta la promulgación de leyes y políticas que dignifiquen al sector, las demandas sociales se traducen en acciones concretas que buscan garantizar el acceso equitativo a la cultura y promover la diversidad cultural en el país.

La creación de una Ley de Cultura y Artes se vislumbra como un paso fundamental hacia la consolidación de una política cultural inclusiva y participativa que refleje las necesidades y aspiraciones de la sociedad hondureña en su conjunto.

El proceso de mediación cultural y artística implica, por tanto, un diálogo constante y colaborativo entre los diferentes actores del ámbito cultural. Desde creadores y artistas hasta agentes culturales y autoridades gubernamentales, todos tienen un papel importante que desempeñar en la construcción de una cultura democrática y participativa.

Esta colaboración se basa en el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de expresiones culturales presentes en el país, así como en el respeto por las distintas visiones y cosmovisiones que conforman el tejido social hondureño.

En última instancia, la mediación cultural y artística situada busca generar nuevos sentidos, deconstruir los existentes y habilitar nuevas formas de vida en comunidad. Al promover la inclusión, la participación y el empoderamiento de los ciudadanos, esta práctica contribuye a enriquecer el patrimonio cultural, así como a fortalecer la cohesión social y el desarrollo sostenible del país.

Conclusiones

En un entorno donde la cultura y las artes juegan un papel fundamental en la identidad y cohesión social, la articulación entre la mediación situada y las políticas culturales se presenta como un desafío clave. Por tanto, la propuesta de una Ley de Cultura y Artes o de una política pública cultural enfrenta interrogantes sobre su idoneidad para abordar la complejidad de la Economía Creativa y las diversas cosmovisiones presentes en el país.

El diálogo con expertos y la revisión de experiencias resaltan la necesidad de un enfoque inclusivo y participativo en la creación de políticas culturales. La falta de consenso y la ausencia de un diagnóstico exhaustivo destacan la importancia de involucrar a diversos actores regionales y sectoriales en el proceso de elaboración de la ley.

Por otro lado, una política pública que carezca de respaldo legal mediante una ley, corre el riesgo de volverse vulnerable ante los cambios de gobierno. Esta vulnerabilidad radica principalmente en que las políticas públicas, al no contar con un fundamento legal sólido, quedan sujetas en gran medida a la voluntad y continuidad de la administración en el poder.

La ausencia de una base legal establecida deja a las políticas culturales y artísticas expuestas a modificaciones o incluso a la eliminación por futuros gobiernos que no compartan la misma visión o prioridades.

Hay una diferencia significativa entre optar únicamente por una ley en contraposición a desarrollar una política pública integral. Mientras que una ley proporciona un marco normativo específico, una política pública abarca un enfoque más amplio y flexible para abordar los desafíos culturales de manera holística.

Es decir, una ley establece reglas y regulaciones específicas, mientras que una política pública puede incluir múltiples leyes, programas y estrategias para abordar un tema de manera más amplia y adaptable a diferentes contextos y necesidades.

 En este sentido, la priorización de derechos culturales, la promoción de la creatividad y la protección social de los artistas emergen como aspectos cruciales en una política cultural efectiva. La descentralización y la integración de la mediación artística situada en las políticas culturales pueden contribuir a fortalecer la cohesión social y el desarrollo sostenible en el país.

En última instancia, la articulación efectiva entre la mediación situada y las políticas culturales requiere un compromiso continuo con los principios de participación, transparencia y equidad. Solo a través de un proceso colaborativo y democrático se podrá alcanzar los objetivos de enriquecimiento cultural y desarrollo humano.

Así, mientras que una política pública sin respaldo legal puede ser vulnerable a los cambios de gobierno, una ley de cultura proporciona una base legal que garantiza estabilidad y continuidad a las políticas culturales a lo largo del tiempo.

Esta distinción resalta la importancia de contar con una legislación que respalde las políticas culturales para asegurar su perdurabilidad y efectividad en el fomento del desarrollo cultural y artístico.

La complejidad y la importancia de abordar la cultura y las artes en Honduras de manera integral y participativa son evidentes. Esto implica construir políticas culturales sólidas, respaldadas por una base legal, pero también una aproximación inclusiva, de acuerdo a la diversidad y necesidades de la sociedad.

En este contexto, surge la interrogante sobre cómo equilibrar la estabilidad legal con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios y desafíos culturales del país.

Esta reflexión nos invita a considerar cómo la colaboración y el diálogo entre diferentes actores pueden contribuir a fortalecer el tejido cultural y artístico del país, promoviendo así el desarrollo humano y la cohesión social.

Además, es crucial reconocer que el éxito de las políticas culturales no se mide por su publicación, sino por su implementación y su impacto en la sociedad. Es necesario un compromiso continuo de todos los involucrados, desde el gobierno hasta la sociedad civil y el sector privado, para garantizar que estas políticas sean una realidad palpable, que enriquezca y revitalice la vida cultural y artística de Honduras.


*      Doctora en Artes Visuales y Educación por la Universidad de Sevilla y máster en Salud Mental por la Universidad de León (España), investigadora, docente y mediadora artística en la UNAH.

[1]       Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático. 2022-2026, p. 46. Consultado el 1 de febrero de 2024. Accesible en:https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-de-gobierno-para-refundar-honduras-2022-2026-de-honduras

[2]       Comunicación personal, 30 de agosto de 2022.

[3]       Comunicación personal, 04 de marzo de 2023.

[4]       Ley para el fomento de la cultura y las artes. Consultado el 7 de febrero de 2024. Accesible en: https://derechodelacultura.org/wp-content/uploads/2015/02/3_6_1_hon_ley-de-fomento_cultura_artes_1997.pdf?view=download

[5]       Comunicación personal, 30 de abril de 2023.

[6]       Comunicación personal, 04 de mayo de 2023.

[7]       “UNAH y Secretaría de Cultura construyen Política Pública Cultural con los distintos territorios del país”. En Blog DIRCOM UNAH. 20 de septiembre de 2023. Consultado el 2 de febrero de 2024. Accesible en: UNAH y Secretaría de Cultura construyen Política Pública Cultural con los distintos territorios del país – Blogs UNAH.

[8]       Ídem.

[9]       S. f. Cna.hn. Consultado 7 de febrero de 2024c. https://mic.cna.hn/gobernanza-2/.

[10]     “SPE – Guía para la Formulación de Políticas Públicas 2022”. n.d. Gob.hn. Consultado 2 de febrero 2024. https://spe.gob.hn/posts/140.

[11]     Ídem, p. 12.

[12]     Cálix Vallecillo, Lidia S. (2020): Mediación artística. Intervención social a través del arte y la cultura en Honduras. En Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica Social. EISSN 2603-6681.

[13]     Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2016). Los derechos humanos culturales. Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, p. 3.

[14]     La escucha restaurativa es una técnica empleada en la práctica y justicia restaurativa que se centra en lograr la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo. Se clasifica dentro de las prácticas restaurativas informales y se considera una herramienta esencial. Consiste en concentrarse genuinamente en lo que el interlocutor comunica, fomentando la empatía y el entendimiento mutuo. Esta práctica busca generar un ambiente de confianza y seguridad para que las personas puedan expresar sus sentimientos y reflexionar sobre el daño o conflicto causado. Canto, Patricia, 2020. “Tipos de Prácticas Restaurativas Formales y No Formales”. Diario de Mediación, 30 de marzo de 2020. https://www.diariodemediacion.es/tipos-de-practicas-restaurativas-formales-y-no-formales/.

0Shares