Ismael Moreno (SJ)*
En el Sondeo de 2024 se han acentuado los problemas que la población percibe como los que más la agobian y que, a lo largo de los trece sondeos hasta ahora realizados,
aún no han tenido respuestas. Ya es tiempo de abrir el debate y buscar caminos con otros y junto a otros, ante los grandes desafíos y demandas de la población.
Percepción sobre cruda realidad
La percepción, es cierto, está cargada de mediaciones y condicionamientos. Pero es sobre la realidad histórica, y la nuestra es cruda y recoge los destrozos de millones de hondureñas y hondureños, cuyas percepciones quedan recogidas en los sondeos de opinión pública que, desde hace trece años, realiza el ERIC-SJ, y cuyos últimos resultados dan pie a este análisis[1].
La percepción que el Sondeo recoge está condicionada por el factor mediático, especialmente las redes sociales, y también por el papel que juegan las iglesias y la escuela.
El proceso de elaboración del instrumento y el diseño del cuestionario, pasando por la realización del trabajo de campo, la tabulación y el ingreso de los datos al sistema hasta llegar a su divulgación, es rigurosamente supervisado para garantizar de principio a fin el respeto a lo dicho por las personas entrevistadas y no embarrarlo con intereses de quienes tienen la responsabilidad del Sondeo.
Las encuestas se aplicaron en 16 departamentos a finales de febrero y comienzos de marzo de 2024. Y lo que expresa la población es que esa realidad es muy dura, aunque no por ello pierde las esperanzas en un futuro distinto. Al menos así lo manifiesta cuando se inclina más por la esperanza que por el miedo. A nosotros, como ERIC-SJ, nos corresponde transmitir lo que ha dicho la gente en este sondeo de opinión pública.
Los grandes problemas y demandas son tareas para los tomadores de decisión
En el Sondeo de 2024 se han acentuado los problemas que la población percibe como los que más la agobian y que, a lo largo de los trece sondeos hasta ahora realizados, percibe que no ha tenido respuestas.
El mayor de todos es el desempleo, seguido por la inseguridad económica y ciudadana y, más adelante, por la corrupción. De nuevo se ratifica aquello de que si le preguntan a una persona de a pie qué le pediría al gobierno, sin duda diría que le den trabajo, seguridad a su vida y que metan a la cárcel a los corruptos.
El desempleo es el meollo de la problemática nacional, porque remite a la vulnerabilidad humana y la inestabilidad económica, social y política. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 73 por ciento de la población en edad de trabajar tiene un empleo precario; es decir, está expuesta a lo que el patrono quiera pagar, sin prestaciones sociales, vacaciones ni seguro social.
Es el mundo del empleo subterráneo, del sálvese quien pueda. De acuerdo a declaraciones del economista y vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, cerca del 90 % del empleo reside en la empresa privada; es decir, que el poco empleo formal que existe depende en gran medida de la iniciativa de los empresarios, mientras que un reducido porcentaje se emplea en las instituciones del Estado.
Esto significa que ese altísimo desempleo depende, en primer lugar, de la capacidad o incapacidad del empresario privado, pero también de la incompetencia de quienes han conducido el Estado para promover políticas de empleo y proteger a la clase trabajadora. En otras palabras, la población está expuesta a las decisiones del sector privado, pero también a la habilidad de los gobiernos para crear condiciones que propicien el empleo digno.
¿Qué ocurre con quienes lideran el sector privado? Ocurre que solo ven desde sus intereses la derogación —dos años atrás— del empleo por hora, al tiempo que condicionan su relación con el gobierno a que se apruebe nuevamente la ley derogada, porque minaba los derechos laborales.
En pocas palabras, el empresariado se aprovecha del altísimo desempleo para argumentar que vale más que la gente tenga un empleo inseguro y precario, a que esté de plano en el desempleo.
Y el Sondeo recoge el parecer de la sociedad hondureña: el 92 % dice que quiere empleo estable y seguro, y apenas el 6.6 % acepta el trabajo por hora. La población trabajadora es pobre, pero digna. El 50 % de las personas encuestadas no tiene trabajo, y quizá trabaja en la rebusca, pero no quiere vivir bajo la esclavitud.
En este Sondeo queda establecido que eso del «empleo por hora» es invento de un sector codicioso del empresariado, y a la vez hace un llamado a los tomadores de decisión para que, en las políticas públicas, se privilegie la creación de condiciones para que aumente el empleo digno y garantizar que los empresarios no aprovechen el desempleo para chantajear al gobierno y a la población ofreciendo empleos a costa de irrespetar sus derechos.
Fragilidad y tendencia de país
Es cierto que un sondeo de opinión pública, como el de este año, representa una muestra cuyos resultados son frágiles, como frágil es la vida de la inmensa mayoría de la población. Los resultados tienen que ver con un trabajo de campo que se realizó en un tiempo específico y en una coyuntura precisa. Es, como decimos constantemente, una fotografía con la tonalidad propia de lo que la gente piensa y siente en un momento determinado.
Pero cuando esos resultados se cotejan con los obtenidos a lo largo del tiempo, como es el caso de nuestro Sondeo, que se ha realizado durante trece años continuos, se observan coincidencias y persistencias; los resultados obtenidos dejan su fragilidad para establecer una tendencia de país y de sociedad. Y al equipo que realiza los sondeos nos dan la autoridad para afirmar, por ejemplo, que tanto los partidos políticos como las instituciones de justicia y especialmente las que tienen una clara dimensión política —como el Congreso Nacional y las entidades vinculadas a los procesos electorales—, no gozan de la confianza de la mayoría de la población. Y a ellas les sigue el conjunto de la institucionalidad del Estado.
La población percibe al Estado lejos de sus comunidades, y a sus funcionarios no solo los percibe distantes en intereses y sentimientos, sino muy lejos de sus funciones como servidores públicos. Los ven distintos del común de los ciudadanos y, en lugar de verlos como servidores, los perciben como aprovechados de sus cargos para su beneficio personal y familiar.
Además, son vistos como el principal símbolo de la corrupción, que utilizan la política de trampolín para alcanzar posiciones en el gobierno para beneficio personal y familiar. Así han quedado retratados los políticos en los trece sondeos que ha realizado el ERIC-SJ, y así quedan en esta última edición.
En promedio, 8 de cada 10 personas consultadas expresaron su desconfianza y rechazo hacia los partidos políticos y las instancias donde estos tienen particular incidencia. Y este porcentaje es similar en los sondeos precedentes.
Pertenencias religiosas en movilidad
Es notable la disminución del número de personas que dicen pertenecer a la Iglesia católica; el decrecimiento constante se ha venido advirtiendo a lo largo de los años, al igual que el aumento del número de personas que dicen pertenecer a las iglesias evangélicas o protestantes.
El 34.5 % de la población confiesa ser católica, mientras que el 42.7 % expresa su pertenencia a una denominación, entre las muchas que existen, de las iglesias evangélicas. Estos porcentajes están en sintonía con las confianzas, puesto que el 41.4 % tiene mucha confianza en las iglesias evangélicas, mientras que solo el 35.6 % dice confiar mucho en la Iglesia católica.
En su conjunto, la pertenencia a confesiones religiosas ha disminuido, mientras que ha crecido el porcentaje de quienes dicen no pertenecer a ninguna; en esta edición del Sondeo llega al 21.6 %. Estos porcentajes indican una notoria movilidad de la población en el universo religioso. Pero donde más se nota la movilidad es en el decrecimiento del número de católicos y el aumento de evangélicos.
En el primer Sondeo, realizado en 2010, el porcentaje de quienes dijeron pertenecer a la Iglesia católica fue de 49.3 %, que ha venido decreciendo progresivamente hasta llegar al 34.5. Los evangélicos eran el 34 % en 2010, cada año aumentaron, hasta llegar al 42.7 % en 2024.
Por otra parte, en 2010, solo el 11.5 % afirmó no pertenecer a ninguna confesión religiosa; pero este porcentaje siguió en aumento, hasta llegar al 21.6 % en 2024. Estos datos muestran a la población hondureña con una conciencia religiosa en movimiento.
Los desafíos para la Iglesia católica son más que evidentes. Y los desafíos para los tomadores de decisión en el mundo de la política también son notables, si quieren tomarse en serio la advertencia sobre los líderes evangélicos interesados en incursionar en los asuntos políticos, lo que además podría implicar eventuales alianzas con sectores políticos en extremo conservadores.
Movilidad partidista
En el campo de los partidos políticos, los núcleos o votos duros se van concentrando más en quienes se consideran activistas o tradicionalistas. Los nacionalistas, los liberales y los libres son menos que antes, al menos en este Sondeo. La pertenencia a partidos políticos va adquiriendo nuevas configuraciones.
Así como los católicos son menos que antes, los nacionalistas y los liberales son igualmente menos que antes. Las estructuras políticas tradicionales ya no son tan sólidas; hoy hay más fluidez y movilidad. Es cierto que las estructuras de poder de los partidos siguen siendo muy rígidas, pero hoy se configuran alianzas como el «tripartidismo», que busca borrar los malos recuerdos del pasado reciente. Esta configuración tripartita es tan sólida, que ha logrado desplazar, e incluso invisibilizar, a los demás partidos del mapa político hondureño. Así lo indica el Sondeo de 2024, al evaluar las preferencias partidarias de las personas consultadas.
Movilidad, búsqueda y tendencias
La movilidad y la búsqueda es lo que va caracterizando a la sociedad, tanto en lo religioso como en las preferencias partidarias. Hoy, en mayo de 2024, aparecen preferencias partidarias específicas, pero nadie puede asegurar que así será dentro de tres o seis meses; y mucho menos decir cómo estará esta configuración al momento de las elecciones generales en noviembre de 2025.
Esto es así por la notable movilidad de las preferencias en la población, y en esto, como en tantos otros temas, el papel crucial lo juegan los medios de comunicación, las redes sociales y la actividad de los precandidatos de los partidos políticos y sus corrientes internas.
Sin embargo, pese a la movilidad en cuanto a preferencias partidarias, la tendencia apunta a mantener la creciente pérdida de confianza en las instituciones públicas, a la par de una sostenida y creciente demanda de empleo de la población que busca inclusión y seguridad económica.
Líderes outsiders
La movilidad de la conciencia en el entorno religioso y político puede ser una advertencia de las fragilidades que acechan la confianza de la ciudadanía en sus certezas del pasado que, en circunstancias tan precarias, puede ser el caldo de cultivo de donde podrían emerger líderes outsiders que, proviniendo de otros campos de actividad, podrían seducir a una población ansiosa de alternativas.
Sin rodeos: el peligro de que en Honduras surja un Milei[2], en un mundo que va privilegiando las tendencias de extrema derecha —como ocurre en Europa y se advierte en las elecciones estadunidenses de noviembre próximo—, es real y posible en una sociedad precaria, desencantada e insegura como la hondureña. Pese a las consecuencias desastrosas que decisiones de tal naturaleza pueden provocar, las tendencias identificadas por el Sondeo de 2024 advierten sobre esa posibilidad.
Líderes improvisados
Recordemos que líderes así ya han asomado en algunas zonas del territorio nacional, donde reconocidos narcotraficantes han sido aclamados y defendidos por algunos grupos cuando las autoridades los han acusado por ese delito. Igual lógica se deduce del comportamiento social ante predicadores de último minuto que, con un lenguaje vulgar y milenarista, que entronca con los bajos niveles de escolaridad, pueden atraer votantes ansiosos de nuevas ofertas electorales.
Es decir que, en un ambiente de precariedad material y emocional, la población podría deslizar su preferencia política al ámbito religioso protestante con ofertas milenaristas atractivas, pero superficiales a la vez.
Por consiguiente, no es casual que en zonas como el Bajo Aguán coincidan atracciones como el narcotráfico, algún predicador que provoca furor por su chabacanería e insultos machistas y los discursos populistas de líderes políticos, con la influencia que ejercen las redes sociales en el consumo de contenidos que buscan manipular la conciencia pública.
La amalgama de factores altamente tóxicos como el milenarismo religioso, la influencia del crimen organizado, el militarismo y el discurso de extrema derecha, podría entrar en correspondencia con una sociedad ávida de respuestas inmediatas a sus demandas de empleo, seguridad económica y seguridad ciudadana.
En general, los adherentes a estas posturas cuentan con escasos recursos para un discernimiento maduro de las ofertas electorales, tanto por la distracción centrada en las redes sociales como por el activismo de las sectas protestantes. El Sondeo indica que la mayoría de la población apenas ha cursado la primaria completa (72.7 % del universo entrevistado).
El narcotráfico no es el gran problema
Como en los sondeos anteriores, en el de 2024 llama la atención que la población no identifica al narcotráfico entre los grandes problemas del país, pese a que este constituye una realidad muy viva e influyente en la sociedad.
La gente ubica al narcotráfico en un lugar lejano, casi imperceptible, pese a que el mismo Sondeo recoge la percepción de que hay funcionarios públicos vinculados con el tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, esa no es la principal preocupación en algunas zonas de los departamentos de Olancho, Colón, Atlántida, Yoro y parte del Occidente del país.
Esta actitud sintoniza con la tendencia a ver en los narcotraficantes no solo actores que actúan al margen de la ley, sino también como benefactores sociales que redistribuyen algunos de sus beneficios en los lugares donde actúan. El caso del expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente condenado como narcotraficante por la justicia estadunidense, ilustra esta situación.
Cuando el Sondeo preguntó sobre los daños provocados por el exgobernante al país en sus ocho años de gobierno, el 21.6 % respondió que no hizo ningún daño; no obstante, el 70 % indicó que este criminal sí dañó al país, porque lo convirtió en un narcoestado, violó las leyes y saqueó las arcas del Estado.
Este dato debe preocupar a las instituciones públicas y a la sociedad civil ante las ofertas políticas que puedan surgir para las elecciones de 2025. En otras encuestas, el porcentaje de 21.6 % que en el Sondeo 2024 exculpa al expresidente de haber provocado perjuicios a la sociedad, se corresponde con quienes, dentro del Partido Nacional, prefieren a la esposa del condenado en Estados Unidos como candidata presidencial en la próxima contienda electoral.
Violencia y feminicidios
La sociedad hondureña percibe que la violencia está asociada con la precariedad del respeto a los derechos humanos y, de igual manera, con el aumento de la criminalidad, la extorsión y el narcotráfico.
Pero, así como el 66.2 % advierte que han aumentado la violencia y los asesinatos, el 70.6 % afirma que se siente seguro en su entorno local. Y lo reafirma el 78.2 %, al señalar que no ha sido víctima de ningún acto de violencia.
Esto indica que por lo menos en este ámbito, la violencia es más percepción que realidad vivida. Es decir, la gente no se siente segura en un país en el que percibe mucha violencia, aunque en su vida y entorno personal tiende a percibirse como más segura. Por otra parte, la mitad consultada percibe que el Estado de Excepción establecido por el gobierno por más de un año, no ha resuelto la situación de violencia en el país.
La violencia hacia las mujeres es, sin duda, uno de los datos que más impacta. El 85.6 % percibe que aumentó el número de asesinatos de mujeres, y 8 de cada 10 vincularon la muerte violenta de mujeres a realidades de su entorno, o que son asesinadas por situaciones en las que tienen alguna responsabilidad. Entre otras, el machismo y los celos que provocan; por estar vinculadas con el crimen organizado; por andar en la calle o porque ellas se lo buscaron.
Solo el 6.1 % identificó al Estado como responsable de los feminicidios, lo que puede indicar su ausencia en el lugar de los hechos, o la tendencia en la población más vulnerable a individualizar la responsabilidad, incluso sobre sí misma.
En estos datos encontramos la más pavorosa señal de la victimización que la sociedad ejerce sobre las mujeres; y no solo de parte de los hombres, sino de toda la sociedad en la que también se encuentran las mujeres; ellas representan el 52.6% de la muestra que respondió a las preguntas del Sondeo.
Estos datos estarían confirmando la presencia de una sociedad con una cultura fuertemente patriarcal, que se expresa tanto en la vida pública como en el ámbito privado de la familia, el espacio religioso y el escenario político. Por mucho que a la legislación hondureña se le reconozcan avances por la suscripción de convenios internacionales, y el trabajo de concienciación que realizan diversas organizaciones femeninas, muy poco se ha avanzado en una conciencia de género que rompa con el patriarcado enraizado en la cultura y conciencia de la sociedad.
La conciencia de igualdad de género se reduce a círculos elitistas, según los datos recabados por el Sondeo 2024. El aumento de los feminicidios y la responsabilidad que sobre las mujeres hace recaer la sociedad, advierte del desafío que supone tanto para el Estado como para las instituciones privadas, feministas y de derechos humanos, avanzar hacia nuevas relaciones de género.
Las cinco instituciones con mayor confianza
Se ratifica a las iglesias como las instituciones que reciben la mayor confianza de una población escéptica y recelosa ante la institucionalidad estatal. Sin embargo, las iglesias no están solas.
Hay cinco instituciones que logran un nivel alto de confianza pública, cuya calificación oscila entre 40 y 60 por ciento de quienes dicen tenerles mucha o algo de confianza. En primer lugar están las iglesias evangélicas (60 %), lo que las convierte en la institución que históricamente ha alcanzado más confianza en la percepción de la sociedad.
Antes de 2024 ninguna iglesia había superado el 50 % en este indicador. Siempre habían ido de la mano los evangélicos y católicos, separados por un estrecho margen de diferencia. Sin embargo, en este Sondeo, la Iglesia católica pasó al tercer lugar. La diferencia se sitúa en 8 %.
El segundo lugar lo ocupa la Secretaría de Educación (52.6 %); el tercer lugar la Iglesia católica (52.2 %); en cuarto lugar aparece la Secretaría de Salud (47.4 %) y, en quinto lugar, los medios de comunicación social (40.8 %).
Políticos y ámbito público
Las confianzas en estas cinco instituciones nos colocan ante una población que reniega de los partidos políticos y, en general, de la política; sin embargo, su percepción la conduce a no desentenderse del ámbito de lo público, y lo hace por la confianza depositada en las iglesias, principalmente las evangélicas.
También confía en las secretarías de Educación y de Salud, quizá como una aspiración y a la vez como una demanda ante la necesidad de educar a sus hijos e hijas; a la vez, interviene la manifiesta necesidad de un pueblo crónicamente enfermo que, con urgencia, requiere la atención médica del Estado.
Sin duda, la reparación de edificios escolares y la preocupación por construir edificios hospitalarios en los dos últimos años, en contrapartida al desvío de los recursos financieros del Estado durante la pandemia, se reflejan en esta percepción positiva respecto de ambas secretarías.
Mayor desconfianza en los políticos
Un interés casi ausente por la política, y el hecho de ubicar a los políticos en el nivel de mayor desconfianza, superando el 83 %, debería ser una preocupación de todas las agrupaciones políticas y de los tomadores de decisión en la sociedad y el Estado.
Este es el rasgo que más se repite en los trece sondeos llevados a cabo por el ERIC hasta 2024. La percepción es que la ciudadanía asiste a las urnas no por creer en la democracia y los políticos, sino como una tradición iniciada en 1980 con la transición de los gobiernos militares a los gobiernos civiles. Y para aprovechar la oportunidad que ofrecen los políticos de adquirir beneficios a corto plazo.
La gente está convencida de que los políticos nunca resolverán los problemas de fondo, y que apenas habrá un asistencialismo inútil, aunque costoso. La tradición ha impuesto una percepción de la política como un recurso para escalar cargos y posiciones de poder, obtener empleo y colocar a la familia en las instituciones públicas para beneficio propio, no para servir a la comunidad.
La escuela del nepotismo, una vez instalada como clientelismo partidario y reducto familiar, se convierte en una práctica que, desde la esfera política, se desliza hacia las instituciones privadas, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y, en general, a las organizaciones sociales.
Tanto es así, que tales prácticas ayudan a que pocas familias concentren un poder tan grande, que no solo se comportan como las propietarias de partidos e instituciones, sino que también adquieren el derecho de heredar el poder a su parentela y su círculo de allegados. Estas prácticas de la política tradicional hondureña se reflejan en la percepción que la gente común tiene de la política, de los partidos y del Estado, como el mayor nido de corrupción del país.
Tirar la toalla
El dato de que el 42.9 % de la población piensa en irse del país, es sencillamente pavoroso. Y más todavía si esa voluntad de emigrar se va normalizando. Tal parece que tanto el gobierno, como las iglesias y la sociedad civil —en lugar de buscar conjuntamente soluciones para que la gente no se vaya y apueste a rehacer su vida aquí—, han tirado la toalla.
Tampoco se ve que prosperen las propuestas para que el Estado invierta más recursos y voluntad en dar protección y seguridad a la población migrante, especialmente a la que está en tránsito en la arriesgada ruta hacia el Norte, pero también a los migrantes ya ubicados en el extranjero.
Aceptar que la migración continúe significa aceptar que no pudimos —y peor aún—, que ya no podremos transformar el país. Y aquí salta nuestra valoración fundamental: tan importante es atender a los migrantes como no renunciar a crear las condiciones para que cada vez más personas decidan hacer su vida aquí.
Dos miradas
El fenómeno migratorio se relaciona directamente con las grandes preocupaciones de la gente en cada comunidad: principalmente el desempleo, la precariedad económica y la inseguridad ciudadana. Lo que el Sondeo identifica es que la gente dice que se va de su país porque no tiene trabajo, porque le angustia su situación económica y teme ser extorsionada o caer en manos de la criminalidad.
Para buscar respuestas a estas grandes preocupaciones, se requieren dos miradas que se corresponden entre sí. La primera es la inmediata, en la coyuntura del momento. Es decir, acciones urgentes que se concreten en el día a día para atender necesidades indispensables. Aquí se valen los programas de asistencia social para paliar la crisis, con el riesgo de que se mantengan en el perenne asistencialismo tradicional, que queden atrapados en el proselitismo y el clientelismo político del momento.
La segunda mirada es la del mediano y largo alcance, que contribuya a fortalecer los fundamentos institucionales con políticas públicas que afronten las tres grandes y más importantes demandas nacionales: la demanda agraria, la demanda ambiental y la demanda de justicia, con sus institucionalidades fortalecidas sobre la base del respeto a los derechos humanos.
Mientras estas demandas sigan estancadas en el conflicto que hoy son, y se mantengan postergadas y abordadas con respuestas de corto plazo, seguirán acumulándose nuevos conflictos derivados de la inercia y negligencia gubernamental de resolverlos en tiempo y forma.
La complejidad de las demandas no resueltas en lo que va de este siglo y las últimas décadas del siglo anterior, y la insatisfacción de las necesidades básicas de la población, es lo que provoca válvulas de escape como la migración al extranjero o el comportamiento violento.
Relación taimada
Haber postergado la solución de esos grandes conflictos ha contribuido en gran medida a la desconfianza de la población hacia los políticos y a establecer con ellos una relación de mutua dependencia, de aprovechamiento recíproco, en la que ha florecido una conducta y una mentalidad que desconfía del demagogo inútil.
En los hechos, no haber dado respuesta a estas grandes demandas ha conducido a un alto grado de escepticismo hacia los políticos y también hacia el futuro de Honduras. La mentalidad desconfiada, escéptica y limitada a las 24 horas del día, contribuye a explicar por qué la gente ha colocado a los políticos en el nivel más alto de la desconfianza ciudadana.
Y es que en el proceso, la conciencia ciudadana y la institucionalidad pública se han degradado mutuamente: el trato entre los políticos y la población es una relación taimada. El uno no confía en el otro. Ninguno se para frente al otro para expresar lo que de verdad piensa y quiere. Cada cual busca sacar lo que le interesa del otro.
La gente quiere que se le beneficie con asistencialismo y regalías gubernamentales y, de ser posible, con un puesto de trabajo. Y el político quiere convertir a la gente que busca beneficios, en un voto que infle las urnas a su favor.
La CICIH en el radar de la desconfianza ciudadana
Más de la mitad de la población consultada (55.8 %) percibe que la CICIH[3] no se instalará, mientras que el 43.3 % cree que sí. En esto, como en otros temas, la percepción está muy condicionada por la incidencia pública de algunos organismos de la sociedad civil que adversan al gobierno, porque se trata de un hecho con claras implicaciones políticas que condiciona la enclenque institucionalidad de justicia. Sin embargo, esta percepción ciudadana está asociada a la desconfianza que se le tiene a la palabra de políticos y funcionarios públicos.
El sensible tema de la corrupción ocupa el tercer lugar entre los principales problemas identificados por la población, junto al desempleo y la inseguridad económica y ciudadana. Al asociar a la CICIH con funcionarios públicos, sobre todo con diputados, la sombra de la corrupción salpica el escenario; por ello, un alto porcentaje de los encuestados cree que, finalmente, no se hará lo suficiente para que ese mecanismo internacional se establezca en Honduras.
Esto se contrapone a la necesidad que se advierte de una entidad de tal naturaleza, puesto que así se sale al paso para que las investigaciones de casos de corrupción, abundantes desde hace décadas, no estén bajo el control de instituciones de justicia en las que la ciudadanía no confía. Así como al inicio mucha gente no creyó en la MACCIH[4] cuando se instaló en 2016, tal vez porque era el resultado de un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA), hoy se duda también del establecimiento de la CICIH.
Sin embargo, mucha gente la sigue esperando porque esta vez no se trata de la desacreditada OEA sino de la ONU, con la que el gobierno actual ha iniciado las gestiones para su llegada y establecimiento en el país.
Pese a reconocer los primeros pasos dados en esa dirección, el escepticismo ciudadano reflejado en el Sondeo del ERIC-SJ respecto de la instalación de la CICIH, tiene además otras razones. El gobierno no ha dado todos los pasos indispensables para lograr ese objetivo y esto es así porque, años atrás, los políticos y empresarios comprometidos con la corrupción, siempre intocables, reaccionaron a la defensiva una vez que sintieron amenazados sus intereses. Levantaron sus trincheras y concentraron sus fuerzas, hasta lograr la aniquilación de la MACCIH en 2020.
A partir de esa experiencia, no están dispuestos a engendrar un nuevo hijo que, una vez nacido y crecido, les cuente las costillas. Dado el caso, aceptarían la CICIH si esta funcionara dentro del pacto tripartito de impunidad, como ya funcionan todas las instancias relacionadas con decisiones judiciales, políticas, de control presupuestario y del proceso electoral.
Quienes dirigen estas instancias han sido elegidos en el marco de negociaciones y acuerdos en el seno del tripartidismo. En este predomina la misma lógica que gobierna el actual pacto de impunidad, que propone que primero se firme el acuerdo con la ONU, y después se aprueben o deroguen las leyes y decretos que esta ha señalado como prerrequisito para dar su visto bueno al establecimiento de la CICIH.
Al menos el «memorando de entendimiento» ha sido prolongado por seis meses más, hasta finales de 2024. El camino ideal a seguir sería que, tan pronto como sea posible, el Congreso Nacional actúe conforme a los compromisos establecidos con la ONU en cuanto a reformar o derogar leyes y decretos que pueden entorpecer las labores de la CICIH, así como aprobar otros instrumentos que allanen el camino para su instalación.
Herramienta para cotejar, no para confrontar
Afirmar que las percepciones que recoge el Sondeo 2024 son lo que piensa el ERIC-SJ, es la manera más fácil de evadir el debate y quitarnos el bulto de discutir y buscar caminos con otros y junto a otros, ante los grandes problemas y demandas de la población, que identifica este instrumento de consulta social.
El Sondeo es una herramienta, un instrumento de trabajo; no es ni pretende ser respuesta ni palabra intachable. Es un servicio para cotejar lo que pensamos y hacemos con datos que proceden de la percepción que, con un alto nivel de responsabilidad, hemos recogido de la población. Lo hacemos con la autoridad que nos da el hecho de no pertenecer a ningún partido político ni de responder a intereses confesionales, aunque el ERIC-SJ sea una obra apostólica de la Compañía de Jesús.
Por lo consiguiente, el Sondeo no refleja el pensar y sentir de los jesuitas, ni siquiera del Apostolado Social de los jesuitas al cual estamos adscritos. Creemos que ni el gobierno ni los partidos políticos, ni los gremios de la empresa privada y los diversos sectores de sociedad civil y tampoco las organizaciones populares, deben ser vistos como enemigos. Las diferencias son necesarias y siempre han de ser ocasión para abrir oportunidades al debate y la búsqueda, no para confrontarnos.
Este Sondeo de Opinión Pública es un insumo para que los diversos sectores de influencia en la sociedad y la opinión pública tengan un punto de referencia para abrir sus puertas al encuentro con los demás. Para impulsar políticas públicas que no busquen el interés particular, sino para responder a las grandes demandas sociales que emergen de la percepción captada por el Sondeo de Opinión Pública del año 2024.
* Ismael Moreno, el padre Melo, es analista e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), El Progreso, Yoro.
[1] Para cotejar lo que se va diciendo sobre el Sondeo, invitamos a seguirlo en: www.sop-eric.org
[2] El actual presidente de Argentina.
[3] Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
[4] Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.