Lucía Vijil Saybe*
Para construir modelos democráticos de gestión, vigilancia y conservación de la naturaleza, es necesario que las instituciones gubernamentales, mediante el diálogo, reconozcan a todos los actores comunitarios y acaten las demandas ciudadanas sobre la gestión de sus bienes comunes, antes de que el modelo extractivo termine de destruirnos.
En los últimos años se ha avanzado en la discusión ambiental y el planteamiento de los sujetos sociales frente a la variabilidad climática. Sin embargo, las transformaciones discursivas pueden traer consigo contradicciones y encuentros. Se ha avanzado en acuerdos sobre los abrumadores cambios climáticos globales y la forma en que estos afectan las diferentes poblaciones del mundo. Por la realidad que vivimos, la discusión sobre los valores y el ambiente, así como la ciudadanía activa por la promoción de mejores prácticas respecto de la naturaleza, ha encontrado eco en contextos de alta conflictividad.
Bajo un modelo extractivista depredador, siempre será necesario plantearse la necesidad de disminuir su esquema hasta que las economías no dependan de las actividades extractivas e imaginar nuevas alternativas para el desarrollo, sobre todo si se consideran las implicaciones de este modelo en los patrones de violación a los derechos humanos y la naturaleza.
En ese sentido, para que una transición extractiva (a la que se aspiraría por la defensa de los bienes comunes) tenga como resultado final el planteamiento de alternativas al desarrollo, deberá considerar los derechos de la naturaleza. Es importante recordar que las alternativas al desarrollo:
Tienen fuertes cercanías con varias críticas de algunos pueblos indígenas, ya que sus racionalidades no están insertas en la ideología del progreso. A su vez, esos saberes se convierten en fuentes privilegiadas para construir alternativas al desarrollo, y entre ellas se destacan las actuales discusiones sobre el “Buen Vivir” en marcha en los países andinos. Parte de las transformaciones a las que se aspira con las alternativas al desarrollo, parten también de la lectura desde algunas corrientes feministas y apuestas que requieren de reformas estructurales en relación al avance en medidas más profundas por la reducción de la incidencia del modelo extractivo en las economías nacionales[1].
Países como Ecuador, Bolivia y Perú, por sus contextos de extracción y conformación de estructuras de poder en torno a ese modelo de producción, han sido capaces de debatir las alternativas entrando en contradicciones con postulados sobre la sustentabilidad. “Las diferentes variedades de desarrollo convencional apuntan al crecimiento económico, mediado por una apropiación intensiva de la Naturaleza, y la conservación queda relegada, sobre todo, a medidas de remediación y compensación ambiental”[2].
La sustentabilidad, según Gudynas, implica tres conjuntos importantes:
a) la sustentabilidad débil, incluye posiciones de tipo reformista que proponen soluciones técnicas para los problemas ambientales, hacen uso intenso de la valoración económica para poder introducir las cuestiones ambientales dentro de los análisis económicos clásicos;
b) la sustentabilidad fuerte, reconoce la importancia de las soluciones técnicas y de la valoración económica, pero advierte que son necesarios otros componentes para lograr la sustentabilidad; y,
c) la sustentabilidad superfuerte, apuesta a cambios todavía mayores, esta posición defiende una valoración plural de la Naturaleza, y por lo tanto el Capital Natural representa solo un tipo de valoración, pero no otros, además, defiende una perspectiva biocéntrica que reconoce los valores intrínsecos de la Naturaleza (mientras que las otras dos posturas coexisten con la perspectiva antropocéntrica)[3].
El planteamiento del desarrollo superfuerte o sobre el buen vivir son ejemplos de alternativas al desarrollo, en tanto son capaces de postular cambios radicales sobre la forma de entender el relacionamiento entre especies, la historia del pensamiento ambiental, el bienestar comunitario, etc. Cualquier cambio que se esté considerando en relación con una ética ambiental, logra posicionar ideas novedosas sobre la forma en que se plantean acciones específicas y concretas sobre la conflictividad socioambiental, derechos humanos y de la naturaleza.
¿Qué pasa en Honduras?
El contexto de conflictividad en el país en los últimos seis meses ha estado marcado por: a) élite económica y política continúa con acciones de despojo comunitario, amparada en un marco extractivista, como ejemplo: i) desalojo y captura de habitantes garífunas de Punta Gorda[4], ii) orden de captura contra campesinos en el valle del Aguán[5] y, iii) tentativa de desalojo en Tierras del Padre[6]; b) poca claridad sobre la política de seguridad y defensa en el marco de los conflictos generados por las empresas extractivas y, acciones gubernamentales que continúan respondiendo a una lógica de mercado internacional y con un bajo enfoque territorial, por ejemplo, los “bonos soberanos de carbono”[7].
A continuación, algunos momentos específicos en los que se podría repensar las formas de abordaje de la conflictividad y la puesta en el centro de los derechos de la naturaleza.
A. Batallón Verde de Protección Ambiental
Desde junio de 2022[8], se hizo oficial el lanzamiento de los batallones verdes de protección ambiental para salvaguardar las áreas protegidas y reservas forestales. Además, tendrán participación activa en combatir la narcoactividad, frenar la tala, pesca y minería ilegal y, simultáneamente, brindar seguridad a la población.
Sobre esta medida se presentan tres acotaciones: i) la presencia de efectivos militares en zonas de alta conflictividad socioambiental continúa reforzando la idea de la necesidad imperante de la fuerza para solucionar los problemas, sin considerar los impactos diferenciados —por ejemplo en las mujeres—, que esa presencia militar implicaría. Además, este tipo de medidas es incapaz de plantearse un diálogo o encuentro intercultural, en el que se superponen concepciones alternas sobre el mundo social y natural; ii) las cosmovisiones de los pueblos indígenas reconocen el ciclo normal de los bosques y su capacidad de reforestación; así, las campañas para que los militares asuman una labor más, también podrían implicar la introducción de especies que no son requeridas o, peor aún, reducir la biodiversidad y acelerar la extinción de los ecosistemas y, iii) los operativos de detención a quienes talan de forma ilegal, si bien es cierto retienen a un responsable (quien maneja el vehículo), no hay precedentes de multas (pensadas más allá de la compensación monetaria al Estado) a las grandes empresas madereras por el corte ilegal; es decir, que el ciclo continúa luego de la detención de la escala más baja en la ruta del ilícito.
Sobre este punto de la protección al medio ambiente por las Fuerzas Armadas, también es importante mencionar lo que plantea Soulé[9] quien, por un lado, describe para la biología de la conservación postulados funcionales y, por el otro, postulados normativos. Entre los primeros se reconoce la importancia de los procesos coevolutivos en las comunidades naturales (las especies no evolucionan aisladamente, sino en relación con otras y con su medio físico). Los procesos ecológicos tienen umbrales y, por encima (o por debajo) de ellos, se puede caer en discontinuidades, detenciones o marchas caóticas.
Los procesos genéticos y demográficos también exhiben umbrales, por debajo de los cuales se generan efectos azarosos o que impiden la adaptación de las especies. Por tanto, uno o varios batallones pensados únicamente para la protección medioambiental, son ejercicios limitados para asegurar la sobrevivencia de las especies raras, o de gran tamaño.
B. Conformación e instalación de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de Conflictos Sociales
Anunciada por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH):
Se trata de un espacio asesorado desde la SEDH e integrado por funcionarios de alto nivel de las diferentes instituciones del Estado, que buscan consolidar, dentro de sus competencias, la formulación de acciones y estrategias para el abordaje de conflictos sociales con un enfoque basado en la promoción y defensa de los derechos humanos. La SEDH dará acompañamiento y asesoría en el abordaje de conflictos sociales, además de contribuir al fortalecimiento de capacidades al equipo interinstitucional que conforma la Mesa; y también definirá las agendas técnicas de seguimiento a la Mesa, en coordinación con la Dirección de Gestión Preventiva del Riesgo a Violaciones de Derechos Humanos y Conflictividad Social[10].
Sobre esta acción, hay varios elementos que se deben exponer: i) el componente formativo es el que más se posiciona en estas mesas; es decir, capacitaciones en normativa internacional de derechos humanos y pueblos indígenas, sin ninguna mención o incorporación de la perspectiva ambiental en el proceso; ii) la dimensión de los conflictos socioambientales es distinta a la de los sociales; por tanto, pretender que la institucionalidad responda a estas dinámicas con elementos subjetivos (sentires comunitarios, modos de organización, etc.) y lo objetivo (datos de impactos ambientales), bajo un mismo concepto, impedirá hacer integral y efectivo cualquier proceso y, iii) el enfoque de derechos humanos sigue siendo desde la concepción clásica, que apunta a una reparación específica a la comunidad, sin replantearse lo ontológico de la justicia y los enfoques de remediación.
C. Comisión especial Comunidad Garífuna de Punta Gorda
Después de un desalojo violento en la comunidad garífuna de Punta Gorda en el municipio José Santos Guardiola, departamento de Islas de la Bahía, el Congreso Nacional decidió nombrar una comisión con el fin de investigar el caso[11].
Tomás Ramírez, presidente de la Comisión de Enlace con Grupos Indígenas y Afro Hondureños, refirió que se solicitó al Legislativo conformar una comisión de parlamentarios para que investiguen lo ocurrido en Punta Gorda y brinden un informe sobre el tema a la mayor brevedad posible. “Hay personas que se quieren apropiar de sus terrenos (…) tienen 225 años de estar en sus territorios y esto se ha solicitado debido a la violencia con la que fueron desalojados”[12], expuso el legislador por el departamento de Atlántida.
Como resultado de la visita de dicha Comisión, según lo publicado por la congresista Silvia Ayala[13], se elaboraron las siguientes recomendaciones:
a) Crear protocolo especial para conflictos en territorios ancestrales, b) reactivar la Mesa de alto nivel que da seguimiento a este tema, c) delimitar la totalidad de territorios de los pueblos originarios, d) dirimir estos conflictos en los juzgados civiles y no en los juzgados penales, e) instruir al IP (Instituto de la Propiedad) sobre el otorgamiento de título de dominio pleno a la comunidad de Punta Gorda, f) reformar la Ley de Propiedad para crear un libro especial de propiedades comunitarias de pueblos originarios y, g) requerir del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad un tratamiento diferenciado a los pueblos originarios en conflictos de tierras.
Al respecto, es importante plantear las siguientes consideraciones: i) el enfoque jurídico está permeado por un esquema que continúa estigmatizando la labor de los y las defensoras de la tierra y el territorio; ii) en ningún momento se plantea la relevancia para el ambiente de los ecosistemas en Punta Gorda o su relacionamiento directo con el equilibrio comunitario y, iii) las medidas establecidas no constituyen ningún planteamiento novedoso en cuanto a la conflictividad socioambiental y la forma integral de abordarla; nuevamente, se invoca a la Secretaría de Seguridad.
Estas tres situaciones evidencian que la conflictividad socioambiental continúa siendo mal abordada por las instituciones estatales y, además, la ausencia del reconocimiento de la naturaleza como un elemento vivo y sujeto de derechos.
¿Qué elementos se podrían considerar, de ahora en adelante, para abordar la conflictividad socioambiental?
- Es necesario que las instituciones gubernamentales hagan un abordaje integral y un ejercicio civil de cualquier conflicto, especialmente los relacionados con la conflictividad socioambiental; además, deberían incorporar un diálogo de reconocimiento efectivo a todos los actores comunitarios, manifestando la voluntad de acatar las demandas ciudadanas sobre la gestión de sus bienes comunes y con la presencia de distintas disciplinas académicas.
- Las tensiones entre el antropocentrismo dominante (el ser humano en el centro de todas las dinámicas y con un fin utilitarista de los bienes comunes) y el biocentrismo (que se expresa en los Derechos de la Naturaleza), deben encontrar eco en espacios de debate para construir modelos democráticos de gestión, vigilancia y conservación de la naturaleza.
- Introducir el pensamiento de la nueva conservación:
Los ecosistemas, y particularmente los del trópico latinoamericano, son muy complejos, el entendimiento sobre su funcionamiento es acotado, y por lo tanto deberían prevalecer posturas de precaución y reconocimiento de incertezas. La nueva mirada pone mucho énfasis en la resiliencia, entendida como la recuperación de la dinámica ecosistémica después de recibir un impacto (asumiendo por momentos que es muy sencillo recuperar un ecosistema natural)[14].
- Cualquier cambio que pretenda llamarse alternativa en contextos de transición, debe incorporar la ética ambiental. Esta no responde al desarrollo académico, sino que evoca la trascendencia. En el contexto actual de crisis ecológica, mientras no se transformen las maneras de relacionamiento con la naturaleza, seguirá latente el proceso de destrucción. Como señala Gudynas,
Esta no es una tarea sencilla, ya que las valoraciones prevalecientes son parte de la esencia de nuestras culturas. Este no es un mero cambio político, sino que apunta a modificar la esencia de las ontologías actuales, los modos de entendernos en el mundo[15]. Despojarse de la mirada antropocéntrica requiere de revisiones colectivas que permitan ampliar el horizonte y radio de acción de la población humana, entender que los ecosistemas podrían permanecer sin los humanos, pero no el humano sin ellos. Es un ejercicio político que podría salvar un espacio, la tierra y el territorio. En un gobierno de transición, son urgentes estos planteamientos centrales contra el modelo extractivo que nos está destruyendo.
[1] Gudynas, Eduardo. 2016. Desarrollo, extractivismo y post-extractivismo, p. 8. Blog: Acción y Reacción. Disponible en: http://accionyreaccion.com/category/lecturas/.
[2] Ibíd., p. 171.
[3] Ibíd., p. 174.
[4] https://cespad.org.hn/alerta-policia-nacional-desaloja-y-captura-habitantes-de-comunidad-garifuna-de-punta-gorda-en-honduras/
[5] https://www.elheraldo.hn/honduras/emiten-orden-captura-contra-nueve-campesinos-bajo-aguan-DD11125600
[6] https://criterio.hn/desalojos-de-tierras-indigenas-en-honduras-desnudan-ausencia-de-protocolos-e-investigacion-interinstitucional/
[7] Televisión Nacional de Honduras. 2022. Honduras asegura $ 32 millones con absorción de carbono. Disponible en: https://tnh.gob.hn/nacional/honduras-asegura-32-millones-con-absorcion-de-carbono/
[8] https://proceso.hn/honduras-contara-con-primer-batallon-verde-de-proteccion-ambiental/
[9] Soulé, M. E. 1985. What is conservation biology? BioScience 35 (11): 727-734.
[10] Secretaría de Derechos Humanos, 2022. La SEDH conforma Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de Conflictos Sociales. Disponible en: https://www.sedh.gob.hn/noticias3/1204-la-sedh-conforma-mesa-interinstitucional-de-prevencion-y-abordaje-de-conflictos-sociales
[11] Televisión Nacional de Honduras. 2022. “CN investigará desalojo en la comunidad de Punta Gorda mediante comisión especial”. En: https://tnh.gob.hn/nacional/cn-investigara-desalojo-en-la-comunidad-de-punta-gorda-mediante-comision-especial/
[12] Proceso Digital, 2022. “Comisión legislativa investigará desalojos en comunidad garífuna Punta Gorda”. En: https://proceso.hn/comision-legislativa-investigara-desalojos-en-comunidad-garifuna-punta-gorda/
[13] Perfil de la Diputada Silvia Ayala, en: https://www.facebook.com/photo/?fbid=573606188108763&set14420…
[14] Gudynas, E. 2014. Derechos de la Naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales, p. 171.Biblioteca Nacional del Perú, Lima.
[15] Ibíd., p. 194.
* Licenciada en Comercio Internacional. Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo y máster en Estudios Socioambientales. Asesora en Justicia Ambiental y Transparencia en el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).