Marvin Barahona[1]*
El hecho inevitable de la crisis agraria contemporánea es que las políticas aplicadas por el Estado han resultado insostenibles. Desde esta perspectiva se leen los esfuerzos de los gobiernos del periodo 2010-2021 para ejecutar sus políticas de compensación social, que no avanzaron hacia políticas sociales que superaran las insuficiencias y erradicaran los vicios del asistencialismo tradicional.
Introducción
Las crisis políticas han sido recurrentes en Honduras en el siglo actual. La abundancia de información en esta materia contrasta con las insuficiencias observadas en los temas de índole socioeconómica. El anuncio hecho recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre la elaboración de un nuevo censo agrícola nacional, treinta años después de la publicación del último que conoció el país (1993), es una muestra del grado de abandono en que se han encontrado la agricultura, la población del campo y la situación socioeconómica en las áreas rurales.
El hecho destaca no solo por el anuncio del INE, sino también por la decadencia actual de la agricultura nacional y la descomposición en la que ha entrado el grupo más tradicional de la economía hondureña: el campesinado. Negar la crisis que agobia las áreas rurales sería como tapar el sol con un dedo, obviando así los cambios que se han producido en las relaciones que antes vinculaban la política con la economía, determinando a la vez sus tiempos de crisis y ciclos de recuperación.
Es durante la segunda década del siglo actual, particularmente en el periodo 2010-2021, cuando la crisis de la economía rural se fermenta en la crisis política, creando situaciones insospechadas hasta ese momento.
El hecho inevitable de la crisis agraria contemporánea es que las políticas desplegadas por el Estado, en diferentes momentos de su historia, han resultado insostenibles. En tanto que los esfuerzos del sector privado se han visto limitados a los pequeños enclaves en que se inserta la producción agrícola de exportación, por lo general representada por monocultivos que hoy también lucen insostenibles, agotándose en plazos cada vez más breves.
Desde esta perspectiva se leen los esfuerzos de los gobiernos del periodo 2010-2021 para implementar sus políticas de compensación social, que durante el mismo periodo no avanzaron hacia políticas sociales que superaran las insuficiencias y erradicaran los vicios del asistencialismo tradicional. Históricamente, este se ha asociado con tradiciones políticas clientelares y rígidas formas verticales de ejercicio del poder, cada vez más centralizadas y autoritarias.
Por otra parte, el estancamiento de estas políticas hace pensar que la conformación definitiva del Estado nacional no ha concluido su proceso en Honduras. Paradójicamente, la necesidad actual de marchar a una velocidad y un ritmo más acelerados, se debe a que el temor de los grupos tradicionales de poder al cambio necesario, incluso aquel que pudo haber sido impulsado a plazos en reformas de larga duración, fue obstaculizado por las elites económicas y políticas más vinculadas al ejercicio del poder autoritario y la concentración del poder económico.
En presencia de un contexto rural casi inamovible, se llega a la coyuntura actual en que la descomposición del campesinado tradicional puede conducir también a una crisis similar en los vínculos sociales tradicionales de la política y la economía, por el desequilibrio que produce la desaparición de uno de los actores fundamentales en la economía y la política nacional. Sin embargo, este no se despoja de su rol tradicional por haberse transformado en un finquero moderno, en propietario y ciudadano con pleno reconocimiento del Estado, razón por la que no se debe sentir nostalgia alguna por una situación de vida que los mismos campesinos rechazan.
En esa dirección, este artículo argumenta que parte del fracaso de la economía nacional y de las penurias particulares de la economía rural se deben, entre otros factores, al hecho de haberse perpetuado la dureza de las condiciones de vida de la población del campo durante un periodo tan prolongado. Asimismo, se arguye que el reconocimiento de la situación del campesinado contemporáneo como un momento de crisis profunda, debe conducir también al reconocimiento del fracaso de las políticas estatales en el agro nacional, para que el esfuerzo del Estado se concentre hoy en una identificación precisa de las transiciones (climáticas, ecológicas, energéticas, económicas y organizativas) que debe emprender para impulsar transformaciones significativas en la sociedad rural y mejorar la calidad de vida de su población.
1. El campesinado, antes de las caravanas migratorias de 2018
En 2016, un informe del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) se refería al imperativo de «…reconocer que es necesario un trabajo multisectorial y multidimensional sobre la situación de las condiciones de vida del campesino, realizar estudios multisectoriales. También es preciso reconocer el tema de la migración y el abandono del campo, como un tema focal»[1].
La importancia que se le atribuía a la situación del campesinado, así como la urgencia de implementar las recomendaciones que se hacían para subsanar la problemática identificada, se producían tras advertir que
La falta de relevo generacional en el campo es otro de los graves problemas que existen en la región, a criterio del Comisionado. Uno de los puntos más importantes que se debe trabajar es la educación agrícola o educación para la producción ya que de los problemas más serios que se tienen es que los jóvenes ya no quieren cultivar el campo, sino que se están yendo para las maquilas; están migrando.
Sin embargo, no se culpaba a los jóvenes labriegos que migraban, más bien se señalaba como causa «…la dificultad sobre las condiciones injustas y la falta de reglas claras en los mercados y la conexión del productor con los mercados»[2].
Aunque el informe citado en este ejemplo se limitaba al departamento de Olancho y sus colindancias en el costado oriental del país, constituye una muestra representativa de la situación del campesinado; por tanto, localizable en otras regiones del país igualmente afectadas por la migración de su población. Era el caso de la Región 14 Río Lempa, en la que el informe destacó que «La mayor ausencia o mayor ausente es el tema de desarrollo económico sostenible, participativo, basado en capitales; estas son muchas de las razones del subdesarrollo, la deforestación, la crisis en tema de agua y la seguridad alimentaria»[3]. Los problemas de esta región eran incluso mayores que los identificados en las regiones 6, 7 y 8, señalando por ejemplo que
El impulso de este tipo de agricultura [granos básicos, papas, huertos familiares] se relaciona al poco acceso a crédito, el deterioro, la contaminación de los suelos, y los elevados precios de los insumos químicos que no se logran cubrir con los costos de la producción[4].
En la misma región se ubica la subregión del Trifinio, con la particularidad de estar constituida por tres zonas fronterizas que abarcan porciones territoriales de Honduras (40%), El Salvador (15.3%) y Guatemala (44.7%). En total, cubre 7,541 Km2 y representa alrededor del 13% de la superficie total de los tres países; en 2019 concentraba, aproximadamente, el 3% de la población total de estos (818,920 habitantes)[5].
Los principales centros urbanos del Trifinio son Esquipulas (Guatemala), Nueva Ocotepeque (Honduras) y Metapán (El Salvador), que «facilitan los flujos y las dinámicas trinacionales»[6]. Según el Plan Integral de Desarrollo Estratégico Territorial Trinacional (PIDET) de dicha área, los problemas más importantes constituían una larga lista de necesidades básicas insatisfechas. Entre estas destacaban las siguientes:
• Sistemas de agua potable con déficit de infraestructuras para la captación, tratamiento y distribución de agua para consumo humano y actividades productivas, sobre todo en los asentamientos del ámbito rural.
• Las ciudades dominantes de los diferentes subsistemas se ven forzadas a absorber masas de campesinos y agricultores empobrecidos y al mismo tiempo pierden capital humano y capacitado en edad laboral óptima.
• Uso de técnicas inadecuadas de cultivo.
• Dificultades en la conectividad terrestre intermunicipal, dado el mal estado de las carreteras principales pavimentadas CA-4 y CA-11 en Honduras.
• Deficiente manejo integrado de cuencas hidrográficas, con pérdidas de calidad y cantidad de agua en microcuencas.
• Riesgos por incendios forestales, 100 mil hectáreas amenazadas.
• Aglomeración de población pobre e indigente en territorios carentes de los servicios.
• Fuerte proceso de urbanización anárquica y precaria, sobre todo en las ciudades dominantes del Subsistema Corazón Trifinio, Subsistema NorOriente y Subsistema Copán-chortí.
• Mala imagen urbana y déficit de equipamientos en los puntos fronterizos de la Región Trifinio.
• Escasa cobertura de agua potable en las áreas rurales.
• Focos de inseguridad y narcotráfico en la Región Trifinio.
• Falta de socialización de programas y proyectos por parte de las autoridades competentes.
• Planes y estrategias mayormente orientadas al tema de conservación y medio ambiente, lo que reduce el impacto en otras áreas de desarrollo en temas productivos y sociales.
• La gestión integrada de riesgos no se incorpora a los procesos de planificación.
• La Inseguridad Alimentaria y Nutricional afecta a gran parte de la población[7].
Más allá del enclave trinacional del Trifinio, la Región 14 Río Lempa estaba constituida por 46 municipios, de los 298 del país, ubicados en cuatro departamentos[8]. Según el informe de veeduría social, «… la mayoría de las familias no poseen títulos de propiedad, pero la aspiración es poder estar regulados por la ley. La problemática de la tenencia de la tierra es evidente en la Asomada y Lempira, que amerita atención. (…). En este sentido, es importante que los fondos FIRSA [Fideicomiso del Programa de Reactivación del Sector Agroalimentario], se democraticen y se re-direccionen para que lleguen a la base campesina». Asimismo, «… múltiples dificultades no favorecen el proceso de promoción de la seguridad alimentaria. Las distancias, los caminos inaccesibles, el clima de la zona, las familias no cuentan con tierra (alquilan o les prestan), son algunas de las dificultades».
El bosque también era presionado por factores externos, naturales y humanos. La gestión de las consecuencias del gorgojo descortezador sobre el bosque de pino provocaba decisiones gubernamentales que campesinos y organizaciones locales rechazaban. Consideraban que el corte de los árboles afectados no era la solución, porque «… afectan al bosque por recibir pagos, y por cumplir con metas de corte de árboles dañados y sanos».
El informe de veeduría atribuía la situación a una «… desconexión institucional en el abordaje de las problemáticas en el bosque», señalando, además, que el ICF [Instituto de Conservación Forestal] y las autoridades locales «… toman decisiones sin contar con la población, como consecuencia, los pobladores hacen los reclamos y huelgas, por no corresponder con la socialización pertinente».
Por la misma razón se reprobó la conducta gubernamental porque «… otorgaron permisos para colocar 150 antenas, a cada antena se le iba a cercar un área grande, y los campesinos hicieron reclamos internacionales. Las alcaldías municipales estaban de acuerdo con esta intervención. El proyecto no fue ejecutado por las presiones internacionales, más que por consensos nacionales interinstitucionales».
En 2019, tras las caravanas migratorias de 2018, la Región 14 Río Lempa resentía la situación migratoria que se agudizaba en sus áreas urbanas y rurales. Según el informe citado, en el municipio de Ocotepeque, cabecera del departamento del mismo nombre, «La migración tiene una gran incidencia en el Municipio debido a las pocas oportunidades, sobre todo económicas, para la población económicamente activa…»[9].
Por su parte, el Director Municipal de Educación en Cololaca, Lempira, informaba que «… en el sistema de educación, el mayor problema es la alta deserción escolar por temas de migración»[10]. A la vez, este municipio presentaba un movimiento migratorio inverso que amenazaba la seguridad de su hábitat,
… afectado por la migración interna, de personas de dudosa reputación de las grandes ciudades, quienes buscan estos lugares para esconderse o vienen huyendo de las maras y pandillas; también se da mucho la desintegración familiar como resultado de la emigración[11].
En tanto que en el municipio de Mapulaca, Lempira, «Las familias están migrando con sus hijos, pensando en que con menores tienen mayores oportunidades de ingresar a los Estados Unidos» [12].
2. Situación de las redes sociales territoriales
Una de las formas de organización territorial, institucional y social mencionada en los informes consultados, es la presencia de redes de distinta naturaleza en todas las regiones en que fue dividido el territorio nacional.
En general, son redes formales dispuestas territorialmente para prestar servicios, agrupar organizaciones sociales dedicadas a labores similares y otras que agrupan a múltiples actores territoriales locales y extraterritoriales de países vecinos, como en el caso de las redes comerciales establecidas, incluso históricamente, en la subregión del Trifinio.
En las condiciones que presenta el contexto de las regiones aquí consideradas, las redes más importantes son las asistenciales en el área de salud, así como las creadas para viabilizar y fortalecer la educación pública. En 2016 ya existían varias redes integradas en salud y educación, que también presentaban vacíos y problemas por la falta de recursos, de coordinación institucional y la incidencia de factores externos, como el ya señalado caso de la migración al extranjero.
La metodología organizacional establecía varias características como requisitos indispensables en el funcionamiento de las redes vinculadas institucionalmente al Estado. El marco general era el «nuevo modelo nacional en salud», que contaba con cuatro equipos de trabajo en salud familiar para fortalecer las redes integradas en salud. Cada equipo estaba integrado por un médico, una enfermera y un promotor comunitario.
No obstante, según el informe consultado, estos equipos «… carecen de muchos aspectos logísticos que imposibilitan que la labor se desarrolle de la manera más efectiva, los recursos son escasos y los aprendizajes limitados». El objetivo de los equipos era «… trabajar en la salud primaria [y] difundir una cultura sanitaria en medicina preventiva [y] que las familias se realicen chequeos constantemente».
Por otra parte, el nuevo modelo nacional en salud no contaba con un apoyo institucional unánime para sus redes integradas; por ejemplo, el informe menciona que uno de los problemas «… es que la municipalidad apoya mínimamente esta instancia municipal y no coordina acciones con la regional de salud [y] no se cuenta con un reporte de los recursos que por ley la municipalidad está obligada a invertir en salud»[13].
En otros departamentos, como es el caso de Intibucá, fueron creadas tres redes de salud en Jesús de Otoro, San Isidro y Macaguara [Masaguara]. El primer nivel de atención contaba con 62 centros, pero no tenía ningún centro en el segundo nivel de atención (policlínicos); y en el tercer nivel de atención contaba con un hospital de referencia. El propósito del modelo organizativo era crear
… una nueva estructuración y entrega de los servicios de salud pública, entre ellas la descentralización de dichos servicios para llegar a las comunidades más postergadas. En este modelo los desafíos se vinculan a la mejora [de la] infraestructura, el acceso a medicamentos y la re-dirección del presupuesto en salud… debido a que la demanda es creciente y los recursos son escasos.
En el mismo departamento, el informe enfatizaba en la atención primaria en salud para el fortalecimiento de grupos a nivel comunitario, no personas individualizadas, para la prevención sanitaria a través de los equipos de salud familiar. Las patologías más recurrentes en la zona eran la adicción a las bebidas alcohólicas y la drogadicción, «… y asociada a esta fenomenología, hay violencia familiar». La alternativa, «… acercar servicios de salud en estas áreas»[14].
Las redes educativas integradas presentan un cuadro más complejo, sobre todo en la medida que involucran aspectos como la ejecución de fondos nacionales o externos para la construcción o mejora de su red infraestructural. Según el informe consultado,
… los fondos son ejecutados prioritariamente en centros educativos integrados en redes educativas de las regiones más pobres en los seis (6) departamentos localizados en el Occidente de Honduras: La Paz, Intibucá, Ocotepeque, Lempira, Copán y Santa Bárbara.
La integración de varios departamentos y diversas regiones para la ejecución de proyectos educativos, dejaba al descubierto la finalidad primaria de las redes educativas integradas como brazos ejecutores de políticas asistenciales en la educación pública. Además, revelaba el predominio de la pobreza en los departamentos occidentales con una importante presencia de población indígena lenca y chortí.
El uso de la palabra «comunidad», para referirse a los lugares de ejecución de los proyectos implicaba, además, un estrecho vínculo conceptual entre la población indígena y la población campesina en general, que en los informes consultados es también objeto de un tratamiento colectivo de su problemática socioeconómica respectiva.
Por ejemplo, cuando los indígenas y los campesinos son los beneficiarios de «Proyectos Ejecutados por la Comunidad» (PEC), «que asegura una fuerte participación de las comunidades en la planificación y la ejecución de cada una de las obras del programa, lográndose altos niveles de apropiación e identificación por parte de los alumnos (as) y padres de familia beneficiados, lo cual atribuye el valor agregado de la sostenibilidad y blindaje de proyecto».
3. La economía rural asociativa, ¿una economía intermedia?
La economía social identificada en algunas regiones por los informes de veeduría social, es tratada por separado respecto de otras modalidades de la economía rural. La economía social en el campo es heredera de la reforma agraria decretada por el gobierno militar de Oswaldo López Arellano en diciembre de 1972. Por consiguiente, el referente institucional gubernamental es el Instituto Nacional Agrario (INA), por estar vinculado legalmente al «sector reformado» en el agro nacional.
Un ejemplo de su funcionamiento, sus problemas y retos específicos, es el de la Región 16 Santa Bárbara, en el occidente del país. Por lo general, se trata de «Empresas Asociativas Campesinas», de cooperativas campesinas y, en general, de fincas modernizadas de tamaño variable y con vocación hacia el modelo de «finca integral» relacionada con el mercado y a la vez con la seguridad alimentaria de la familia.
Sin embargo, la asistencia estatal a este modelo de economía induce a la especialización productiva al vincular a las empresas, cooperativas y fincas a proyectos focalizados en temas como la producción y diversificación agrícola, el café, la palma y otros monocultivos de exportación.
Por ejemplo, el informe relativo a esta región establece que el Proyecto de Ganado en Santa Bárbara ha beneficiado a 37 empresas, 300 personas individuales y 39 empresas con proyectos productivos. Asimismo, señala que en tres años y medio ha sido históricamente el periodo en que más proyectos productivos ha tenido este departamento, «de los 28 municipios que lo conforman 27 han sido beneficiados con proyectos»[15].
Por otra parte, destaca que el INA ha brindado asistencia técnica a las empresas campesinas en aspectos organizativos y administrativos, «asimismo sobre el proceso productivo y de comercialización, los socios han participado activamente en la evaluación de la ejecución del proyecto para determinar los impactos (…) Otro de los objetivos de este proyecto es impulsar la repoblación bovina en el país con mecanismos de mejoramiento de pastos, controles de sanidad animal, mejoramiento genético-reproductivo y suplementación mineral de los hatos con que ya cuentan las Empresas Asociativas Campesinas de Producción beneficiarias del proyecto»[16].
El INA informó que en el departamento de Santa Bárbara entregó 775 cabezas de ganado bovino, ovino y caballar, divididas en 45 Empresas Asociativas Campesinas que representan 90 beneficiarios individuales y 670 familias campesinas. Según dicha institución,
Al ser ganado incautado el convenio estipula prohibida su venta, cambiar ni regalar, para el cuido y producción y consumo familiar y en la escuela. Este está identificado y es monitoreado tanto por una comisión de la OABI [Oficina Administradora de Bienes Incautados] y del INA a nivel regional[17].
Además, el organismo agrario aseguró que en todo el departamento se implementaban 39 proyectos productivos «como parte del Programa de Reconversión Empresarial que pretende dinamizar la economía campesina y las organizaciones campesinas para que puedan operar y fortalecerse económica y técnicamente»[18].
La intervención estatal en este sector de la economía buscaba, principalmente, «aprovechar el potencial productivo y organizativo» de las empresas campesinas. El financiamiento, también otorgado por el INA, establecía que las empresas beneficiarias «se ven en la responsabilidad de devolver únicamente el 50% y la condicionalidad es que el 50% restante les sirva como capital semilla para generar a ellos un fondo de nueva inversión»[19].
Por otra parte, algunas empresas eran beneficiadas con ganado, peces y plátanos, «… lo que demuestra que tienen un nivel organizativo, de trabajo y de cumplimiento de obligaciones puntuales, demuestran las condiciones que son evaluadas previamente para asegurar que las empresas sean aptas, sostenibles y productivas»[20].
Diversos ejemplos identificados en los informes de veeduría social dan cuenta de la presencia de varias formas de propiedad y usufructo de la tierra, incluso en áreas forestales protegidas. Entre estas se perfila una economía intermedia, que no se ubica entre los productores agrícolas más ricos y tampoco entre los más pobres, cuyos titulares invierten fondos propios en sus emprendimientos, pero también reciben fondos o apoyo técnico de cooperantes internacionales y de entidades del Estado hondureño.
Las estructuras empresariales creadas por esta modalidad de desarrollo agrícola presentaban diversas formas de organización, todas asociativas, desde las cooperativas y las empresas asociativas hasta organizaciones de desarrollo comunitario. Su tamaño, origen social y cronológico, como también el uso de tecnología en el proceso productivo y su grado de inserción en el mercado, pueden variar de una empresa a otra. En algunos casos forman parte de redes de organizaciones dedicadas a la misma actividad en otras regiones, o porque tienen en común un financiador externo que ha creado una plataforma orgánica para asistir y dar seguimiento a sus proyectos en diversas áreas del territorio hondureño.
Otro factor común, tal vez el rasgo más definitorio de la identidad de esta economía asociativa, es su dependencia de recursos financieros, técnicos y comerciales de entidades externas e instituciones estatales cuyo quehacer es el desarrollo agrícola, la legalización de la propiedad de la tierra como en el caso del Instituto de la Propiedad (IP) y el Instituto Nacional Agrario (INA), la Secretaría de Ganadería y Agricultura [SAG] y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), entre otros que intervienen en la definición y el sostenimiento de esta modalidad de economía asociativa.
Ello dificulta asegurar que se trata de una economía semi-rural o semi-urbana, social o privada, en la medida que su existencia y desarrollo depende en alto grado de su cercanía a los mercados consumidores, pero también de una inserción en áreas agrícolas o de esa tradición, e incluso en áreas protegidas de vocación forestal, en las que se instalan bajo convenio de colaboración en la protección del ambiente como requisito para acceder a la tierra, el bosque, el agua y recursos institucionales nacionales o externos[21].
Un ejemplo de lo antes dicho, sin ser el único en los informes de veeduría social sobre las diversas regiones establecidas en el periodo gubernamental 2010-2014, es el de la Cooperativa Agropecuaria Valle de Yoro (COAVAY), que reúne la diversidad de características ya mencionadas sobre la economía asociativa, siendo además una de las más antiguas entre las contempladas en los planes de visita para elaborar dichos informes.
La COAVAY fue creada en 1985, con 85 socios, que en 2016 se habían reducido a 35, seis de ellas mujeres. El informe correspondiente a ese año establece que «Al principio se organizaron como un grupo campesino y actualmente es una cooperativa». Los socios entrevistados «Manifestaron que muchas cooperativas que se organizaron con el tiempo fueron desapareciendo. Han recibido capacitación del INA y PROMECOM [Proyecto para Incrementar la Competitividad Económica Rural en Yoro]. La cooperativa se especializa en vender la semilla de frijol, la cual comercializan a diferentes productores como a la Red PASH [Red de Productores Artesanales de Semilla de Honduras], y complementan con la provisión de servicios de arado».
El Proyecto PROMECON les apoyó con un porcentaje en la compra de una báscula digital; el Programa Mundial de Alimentos (PMA) les apoyó con la reconstrucción del techo de la instalación. El mismo informe indica que en ese año la empresa tenía una mora con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), «… de tres millones de lempiras incluyendo intereses, que han venido arrastrando desde el Huracán Mitch [1998], cuando perdieron sus cultivos. La garantía es de 240 manzanas que pertenecen a la Cooperativa. Poseen además 700 manzanas que las tienen sin cultivar y no tienen relevo generacional (los hijos y nietos no tienen interés en el trabajo en el campo)».
La tecnificación de la producción enfrentaba, en 2016, una merma en la productividad de la tierra y pérdidas irreparables. Según el citado informe, «Tenían sistema de riego; pero tanto este sistema como la báscula de bronce fueron robados. Tienen dos años de sequía, por lo que producen 15 quintales por manzana, y no 80 como era lo normal»[22].
En suma, lo antes expuesto en los informes describe la funcionalidad de una estructura económica impactada por hechos cotidianos, internos y externos, que desafían la «pureza» de los modelos de desarrollo rural y sus lógicas equívocas, carentes de la realidad concreta de los contextos instituidos socialmente y su carga de realidad determinante.
Dos momentos en la transición de las estructuras sociales rurales
Los problemas hasta aquí planteados, relacionados con los obstáculos que la población hondureña enfrenta, especialmente en las áreas rurales; los vínculos de esta con el Estado y sus políticas sociales selectivas, así como las consecuencias de estas en la configuración de nuevas realidades socioeconómicas, conducen a la vez a una discordancia entre las estructuras sociales rurales y su funcionalidad contemporánea, lo cual se manifiesta en el impacto que las nuevas políticas estatales producen en el tejido social rural. En conjunto, las consecuencias del desajuste y confrontación de estructuras viejas y nuevas en el agro, solo pueden conducir a un contexto de crisis por su descomposición socioeconómica y su disfuncionalidad social.
En consecuencia, se presentan aquí dos casos de transición y crisis en la economía rural hondureña, ubicado el primero a inicios de la década de 1980, y el segundo en el pasado reciente del siglo actual. Esta delimitación temporal permite comparar la situación que prevalecía en el campo al iniciarse la transición a la democracia en Honduras, y las transformaciones operadas en la segunda década del siglo actual, que produjo en la democracia y la economía campesina una situación de deterioro y a la vez propuso el reto de replantear su futuro hacia nuevas transiciones (climática, ecológica, energética), indispensables para su supervivencia.
Respecto del primer caso, en 1981 el sociólogo Edelberto Torres Rivas hacía un balance de la situación de la tierra y del campesinado en la región centroamericana, en el contexto de las transformaciones que en ese momento se operaban en América Latina. Se hablaba ya de la «descomposición» del campesino «tradicional» y de la transformación de otros estratos de la fuerza laboral en el campo, debido al desarrollo de las «relaciones capitalistas de producción» y la concentración de la propiedad de la tierra y la producción en pocas manos.
Según Torres Rivas, los trabajos antropológicos hablan de sociedad campesina «… para referirse no solamente a una forma de cultura productiva sino a toda una manera genérica, total, de existencia social». Y cita a John D. Powell (1974), quien afirmaba que en la sociedad campesina «las actividades productivas y características culturales distintas están influenciadas, moldeadas o determinadas en grado importante por forasteros poderosos»[23].
Así, introducía en su análisis el peso de un factor externo en la determinación del perfil de la fuerza laboral rural que no había alcanzado el estatus de «finquero», por carecer de tierras y encontrarse empobrecido por su condición de excluido en la sociedad.
Después de señalar que la visión teórica eurocéntrica excluye a largo plazo la posibilidad de sobrevivencia de la economía campesina, porque la considera un obstáculo para el crecimiento de las fuerzas productivas, afirma que
… la pequeña producción mercantil es asumida como una forma transitoria, históricamente condenada a desaparecer. La falta de verificación de esta ‘fatalidad’ en América Latina, significa al menos que la economía familiar campesina vive una larga transición, siendo capaz de mantenerse en constante redefinición; este vigor se explica, tanto por las raíces mismas del campesinado como por la naturaleza parasitaria del capital, que al dominar a aquél, lo vincula para extraer excedente[24].
Además, «… una vez sometido a esa lógica, la proletarización es una posibilidad, así como su redefinición como campesino totalmente articulado al mercado, es otra»[25]. Por otra parte, argumenta que
… el crecimiento demográfico, el agotamiento de la frontera agrícola inmediata, pero sobre todo, la brutal asimetría en las tenencias de la tierra, han creado situaciones de miseria explosiva, de desocupación de la población trabajadora (un 40% de la PEA agrícola en América Latina está sub o desocupada), que se ha intentado resolver por medio de diversas soluciones de reforma, cuya profundidad y alcance son, desde cualquier óptica, sumamente limitadas[26].
En el caso de Honduras, según el mismo autor, «A comienzos de la década de los setenta, Honduras experimentó el más amplio movimiento campesino de toma de tierras, especialmente en el Sur. La extensión y combatividad de las organizaciones campesinas pueden explicar el intento, ahora frustrado, de Reforma Agraria del gobierno de López Arellano (1972)»[27].
En suma, en 1981 se ponía de relieve la extrema exclusión social del campesinado empobrecido, así como las respuestas que emergieron desde el campesino organizado para obtener tierras y, por esa vía, mejorar su inclusión en la sociedad, con apoyo del Estado y sus políticas de inserción de la población campesina en un esquema modernizado de economía rural, vinculado estrechamente al Estado y los mercados. En ese momento no se produjo el desahucio del campesinado, todavía se pensaba en «redimirlo» de su marginalidad socioeconómica.
En el segundo caso, las formas asociativas en la economía rural, en los términos ya señalados, aparecen como el reinicio de un modelo que, desde 1990 y la imposición del neoliberalismo y la Ley de Modernización del Sector Agrícola (1992), tendrá otros fines y otros actores socioeconómicos y sociopolíticos.
Tras el desmantelamiento del «sector reformado» creado en el decenio de 1970, se restablecen posteriormente formas asociativas de economía rural, pero con fines de lucro y en franco desacato de las leyes de protección ambiental y de los esfuerzos organizativos comunitarios para evitar el impacto de esa modalidad económica en la Naturaleza.
Es el caso del Parque Nacional Jeannette Kawas, cuya existencia e importancia saltó a la palestra pública en 1995 con el asesinato de la reconocida ambientalista nacida en el puerto de Tela, cuyo nombre le fue dado al Parque Nacional[28].
En 2016, un incendio forestal provocó la pérdida de 219 hectáreas de bosque en cinco días. El incendio, según el informe de veeduría social de 2018, «… fue provocado, hasta la fecha no ha sido judicializado, el motivo de la quema era sembrar Palma Africana en la zona núcleo del parque»[29].
El mismo informe sostiene, basándose en cifras oficiales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que el área de cultivo de la palma africana era de 190,000 hectáreas en 2018 «y creció en estos últimos años en 43,000 hectáreas».
El área cultivada se situaba en ese año desde el antiguo puerto de Omoa en el departamento de Cortés, parte del de Yoro y los departamentos de Atlántida y Colón en la Costa Norte hondureña. Uno de sus efectos principales en las estructuras sociales agrarias precedentes, es que «Muchos productores que antes se dedicaban a ganadería, citricultura, banano, arroz han cambiado su giro productivo por palma africana porque el precio del aceite de palma es más rentable. El precio del aceite varía y lo establece el mercado internacional. En estos dos últimos años ha descendido»[30].
Por otra parte, el mismo informe identificó «…tres cooperativas asentadas, por lo que sería necesario concientizar y buscarle otras alternativas que puedan generar ingresos y que ellos brinden protección al parque como podría ser pago por servicios ambientales»[31].
En síntesis, en la experiencia latinoamericana de relativo éxito de las formas asociativas de producción orientadas al desarrollo rural hasta principios de los años 80 destacaron, según Torres Rivas, dos factores clave. El primero fue la
Participación o no de las masas campesinas en la elección del modelo asociativo. Por lo general, los campesinos no han participado en la gestación, pero han tenido una participación diferenciada en impulsar dicho modelo, una vez aceptado por sectores de ellos. Se puede decir, entonces, que los modelos han sido impuestos desde fuera en el medio rural, lográndose una participación activa o pasiva de los campesinos en su propagación.
Un ejemplo destacado en la comparación de experiencias exitosas en el continente fue «la activa participación que las organizaciones campesinas y de obreros agrícolas tuvieron en impulsar las formas asociativas en Honduras»[32].
El segundo factor clave: «El apoyo del Estado al desarrollo de las formas asociativas ha sido substancial para la consolidación de las mismas en cada país. En una medida u otra, han dependido de las orientaciones ideológicas dominantes en las esferas gobernantes de los respectivos países. (…). Las formas asociativas han estado ‘atadas’ a los organismos gubernamentales a cargo de los procesos de reforma agraria o de colonización, los que, a través de la acción presupuestaria, han sido determinantes para la consolidación de las organizaciones»[33]. En el caso de Honduras,
… el papel de las masas ha sido determinante para la propagación de dichas organizaciones debido a que las empresas asociativas nacen a instancias de una fuerte presión campesina y la modalidad de organización contribuye de manera decisiva al éxito del experimento[34].
En último término, sostenía Edelberto Torres Rivas en 1981: «Estos pocos ejemplos llevan a afirmar que dentro del Estado capitalista, las formas asociativas han representado un apoyo a la modernización de la agricultura, pero cuando la penetración del capital financiero en la economía se hace significativa y los patrones de acumulación se modifican, las empresas comunitarias dejan de ser útiles como instrumentos. En la mayoría de los países donde estas organizaciones tuvieron importancia, hay actualmente claras tendencias a paralizarlas en su desarrollo»[35].
En suma, el caso hondureño, por lo menos hasta inicios de los años 1980, indica la existencia de una suerte de pacto socioeconómico entre el Estado y los campesinos a través de la reforma agraria decretada por el gobierno militar a finales de 1972. Esta vía representó la mayor experiencia en la creación de formas asociativas campesinas en la economía rural que, además, logró establecer vínculos con el mercado externo por la exportación de sus productos, especialmente la palma africana.
En el segundo caso, relacionado con las formas de economía asociativa creadas principalmente en el siglo XXI, se trata de un modelo basado más en intereses privados que colectivos, adoptando la intervención del Estado el papel de socio minoritario informal, más interesado en articular esta modalidad económica al clientelismo político del partido gobernante, que en integrar la economía asociativa a un proyecto nacional más amplio e inclusivo.
El ejemplo que mejor ilustra la vía seguida por dicho modelo en el siglo XXI, es que una de sus principales falencias es la escasa vinculación de las empresas asociativas creadas con el mercado, incluso con el mercado interno. Asimismo, contrario a lo observado en la reforma agraria de los años 1970, el Estado no ha facilitado el acceso a la tierra o la legalización de las parcelas ocupadas por los productores, que se ven obligados a obtenerlas por medio de arrendamiento bajo contratos con propietarios privados, o concedidas temporalmente en préstamo por instituciones del Estado bajo ciertas condiciones.
El acceso negado a la propiedad y sus consecuencias sociales
En 2017, la Región 16 Santa Bárbara enfrentaba problemas cada vez más agudos en la situación legal de la propiedad de la tierra, afectando principalmente a los campesinos y los centros educativos públicos. Estos son atribuidos a la ineficiencia de la burocracia estatal, particularmente del Instituto de la Propiedad (IP) y del INA. Según el informe de veeduría social de ese año,
En los últimos tres años se han emitido una gran cantidad de títulos pero estos no han logrado ser inscritos, porque el IP pide una serie de requisitos difíciles de acceder y además solicita 4 constancias tanto de IP, como ICF, la Municipalidad y Regulación Predial que eleva los costos y burocracia en el tema de la legalización de tierras, este problema se presenta a nivel nacional gastando recursos del Estado por no haber entendimiento ni acuerdos entre IP, ICF e INA. Estos asuntos se han elevado a nivel de Directorios, pero que aún no se ven los resultados entre las Instituciones[36].
El número de títulos de tierras sin inscribir en dicha región ascendía a 1,200, «… lo cual representa un problema para legitimar la posesión de dichas tierras». Asimismo, cien escuelas ubicadas en los municipios de Macuelizo, Quimistán, Azacualpa y San Luis, «… no cuentan con título de propiedad donde se construirán escuelas PROMINE, cuyos requisitos de financiamiento requieren ordenar la documentación y legalización de esas tierras»[37].
En 2018, la Oficina Regional del INA, que por razones de operatividad abarcaba los departamentos de Copán, Lempira, Ocotepeque y dos municipios de Santa Bárbara (Naranjito y Protección), enfrentaba «grandes problemas». Estos consistían en la falta de inscripción en el IP de 5,000 títulos de tierras y 300 más correspondientes a centros educativos, «… estando definidas las jurisdicciones para ejercer la titulación se siguen presentando casos de esta naturaleza, siendo el INA al que corresponde la titulación del área rural, por lo tanto a nivel de región tienen claramente demarcada la naturaleza jurídica de la tierra»[38].
Paradójicamente, el objetivo de legalizar la propiedad de la tierra era que «… mediante este proceso de titulación de tierras al campesino y a las etnias se proporciona estabilidad al productor y la posibilidad que estos puedan tener acceso a financiamiento para mejorar sus cultivos, condiciones de trabajo, mejor uso de la tierra y su productividad en el campo, mejorando de esta manera no solo sus ingresos sino también la seguridad alimentaria para su familia y la oportunidad de generar empleo»[39].
Los requisitos exigidos por el IP, para titular las tierras solicitadas por los indígenas y campesinos son, entre otros
… la exigencia de la constancia predial que, para obtenerla, deben los campesinos trasladarse a Tegucigalpa generándoles costos de traslado, a veces hospedaje que no pueden costear, otras constancias como la del Comité de desarrollo comunal y del ICF son también requeridas, algunos de los beneficiarios de escasos recursos que no tuvieron acceso a la educación y requieren de asesoría legal no cuentan con recursos para pagar Abogados[40].
En otros casos, cuando las tierras habían sido tituladas y comenzaba la obligación de pago al INA «… algunos de estos grupos están siendo mal asesorados y hasta engañados por personas que mediante falsas promesas influyen para que estos no cumplan con las obligaciones contraídas diciéndoles que no deben pagarlas»[41].
Las consecuencias de los hechos relacionados con la falta de titulación de la tierra a favor de los campesinos e indígenas de la Región 03 Occidente fueron consignadas en las conclusiones del informe citado:
En el área rural, los mayores retos de la Región están asociados a la inseguridad alimentaria así como al acceso de servicios básicos acceso a agua para consumo humano, energía eléctrica, la promoción de medios productivos, construcción de caminos para favorecer la comunicación de las poblaciones más lejanas a los centros proveedores de bienes, salud y educación[42].
En contraste, pese a no poseer tierras propias, la situación de la Empresa Asociativa de Producción del Centenario, organizada en 2009 por un grupo de 42 campesinos en Santa Bárbara, enfrentaba retos grandes, pero en mejores condiciones que los campesinos e indígenas de la Región 03 Occidente.
Se estableció en un predio alquilado de 96 manzanas a un costo de L 90,000 pagados anualmente en dos cuotas. Según el informe de veeduría social, «La Empresa sub alquila a los campesinos para siembra de ayote, maíz, sandía y granos básicos de manera individual, menos productos que requieran un producto en largo plazo por el tipo de contrato»[43].
De acuerdo con el informe, por sus atributos, esta empresa asociativa era considerada un «modelo», por tanto,
… se les quiere apoyar para poder acceder a la compra de la tierra que han venido alquilando por años, mediante gestión del Diputado Pérez en el Congreso Nacional para conseguir fondos para 5 empresas campesinas para compra de tierras, entre 6 y 7 millones de Lempiras y a través del INA unos tres a 4 millones que les permitirán negociar la adquisición de las tierras que ocupan… Esta empresa se encuentra trabajando con el 50% del financiamiento recibido por el INA y con las utilidades que sus cultivos les dejaron[44].
En suma, durante el periodo 2010-2021, el apoyo estatal apuntaba más al fortalecimiento de las modalidades de economía asociativa vinculadas al mercado por su ubicación cercana a centros de importancia poblacional y comercial, que en este caso podría incluir a la ciudad de San Pedro Sula, el principal mercado para los productos de Santa Bárbara desde el siglo anterior. En contraste, la falta de facilidades y los obstáculos puestos por el Estado, su burocracia e instituciones a los campesinos e indígenas de otros departamentos occidentales, parecen estar determinados por una política social selectiva y por tanto excluyente, así como por la falta de voluntad política para favorecer a la población más rezagada en dicha región, además de proyectar una imagen semicolonial de indígenas y campesinos en situación de pobreza extrema y exclusión social.
El corolario es que una determinación de tal naturaleza, que solo reafirmaba el patrón de desigualdad social predominante, es el hecho fundamental en la descomposición del campesinado y la implícita desaparición de este tipo específico de campesino empobrecido, sin seguridades de ninguna clase para garantizar su supervivencia y la de su familia.
Asimismo, la política estatal hacia este grupo de población, durante el periodo bajo estudio, deja al descubierto que —para bien y para mal— el papel del Estado y su voluntad para crear una sociedad inclusiva en lo social y democrática en lo político son esenciales también para impulsar la economía nacional desde la pluralidad de sus formas de propiedad y de producción, para la subsistencia y para el mercado. Además, revela que la situación colonial que afecta a las poblaciones indígenas, e incluso al campesinado mestizo empobrecido, no es asunto del pasado, sino del presente.
[1] Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Informe de veeduría social independiente, Regiones 6, 7 y 8, Cordillera de Nombre de Dios, Norte y Valles de Olancho, 2016, p. 39.
[2] Ibíd., p. 38.
[3] FONAC, Informe de la Región 14 Río Lempa 2019. Productividad, innovación y medio ambiente. La gestión municipal y la actuación de las mancomunidades en la planificación del desarrollo local, p. 36.
[4] FONAC, Informe de veeduría social independiente, Región 14 Río Lempa, 2016, p. 12.
[5] FONAC, Informe de la Región 14 Río Lempa 2019, doc. cit., p. 33.
[6] FONAC, Informe Región 14 Río Lempa 2019, doc. cit., p. 35.
[7] FONAC, Región 14 Río Lempa 2019, doc. cit., pp. 34-35. Y PIDET, Tabla 1: Síntesis de problemas, pp. 11-13 del Resumen Ejecutivo.
[8] En La Paz: Cabañas, Marcala, Santa Ana, Santa Elena y Yarula. En Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcinse, Guarita, La Campa, La Virtud, Mapulaca, Piraera, San Andrés, San Francisco, San Juan Guarita, San Manuel Colohete, San Sebastián, Santa Cruz, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia y San Marcos de Corquín. En Intibucá: La Esperanza, Camasca, Colomoncagua, Concepción, Dolores, Intibucá, Magdalena, San Antonio, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito, Santa Lucía, Yamaranguila y San Francisco de Opalaca. En Ocotepeque: Belén Gualcho, Ocotepeque, Concepción, Dolores Merendón, La Fraternidad, Mercedes, Santa Fe y Sinuapa. Cfr., FONAC, Informe veeduría social independiente, Región 14 Río Lempa, 2016, Introducción, p. 6.
[9] FONAC, Informe Región 14 Río Lempa, p. 31.
[10] FONAC, Informe Región 14 Río Lempa, 2019, p. 37.
[11] Ibíd., p. 39.
[12] FONAC, Informe de veeduría social independiente, Región 14 Río Lempa, 2019, p. 43.
[13] FONAC, Informe de veeduría social independiente, Región 05 Valle del Aguán, 2016, p. 17.
[14] FONAC, Informe veeduría social independiente, Región 14 Río Lempa, 2017, Conclusiones, pp. 76-80.
[15] FONAC, Informe de veeduría social independiente, Región 16 Santa Bárbara, año 2017, p. 61.
[16] Ibid., p. 61.
[17] Idem.
[18] Ibid., p. 62.
[19] Idem.
[20] Idem.
[21] Véase, por ejemplo, el caso de la Cooperativa Agroforestal Siempre Viva, fundada en 2010 con 34 socios y socias. «El ICF les asignó 3,000 hectáreas para protección y conservación, tienen su plan de manejo, el área es fuente de agua y de recursos naturales por lo que la Cooperativa presta los servicios de vigilancia, para su sostenibilidad aprovecha los árboles que están de corte previo a la autorización de la oficina regional del Instituto de Conservación Forestal en Ceiba». Cfr., FONAC, Informe de veeduría social independiente, Región Valle de Leán, 2018, p. 12.
[22] FONAC, Informe de veeduría social independiente, Región 06, 07 y 08 (Valle de Olancho, Norte de Olancho y Cordillera Nombre de Dios), 2016, pp. 15-16.
[23] Torres Rivas, Edelberto, «Estructuras sociales rurales en América Latina», Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Proyecto Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe, DEALC/26, febrero 1981, p. 49. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/dd33d2f4-5ee5-484a-a555-447e0c96add3/content
[24] Torres Rivas, E., art. cit., p. 56.
[25] Idem.
[26] Ibid., p. 59.
[27] Idem.
[28] Blanca Jeannette Kawas (1946-1995). Cfr., https://es.wikipedia.org/wiki/Blanca_Jeannette_Kawas
[29] FONAC, Informe de veeduría social independiente, Región Valle de Leán, julio de 2018, pp. 52-53.
[30] Ibid, p. 53.
[31] Ibid., p. 54.
[32] Torres Rivas, op. cit., p. 62.
[33] Torres Rivas, op. cit., pp. 61-62.
[34] Torres Rivas, op. cit., p. 62.
[35] Torres Rivas, op. cit., p. 64.
[36] FONAC, Informe de veeduría social independiente, Región 16 Santa Bárbara, 2017, p. 63.
[37] Idem.
[38] FONAC, Informe de veeduría social independiente, Región 03 Occidente, 2018, p. 71.
[39] Ibid., pp. 70-71.
[40] Ibid., p. 70.
[41] Ibid., p. 71.
[42] Ibid, Región 03 Occidente, p. 117.
[43] FONAC, Informe de veeduría social independiente, Región 16 Santa Bárbara, 2017, p. 63.
[44] Ibid, p. 64.
[1] Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.