Lucía Vijil Saybe*
En estas páginas se describe un ejercicio de ecología política desde abajo, que cuestiona las narrativas empresariales de responsabilidad social y de acercamiento a las comunidades, y redefine el significado del territorio. En suma, se observa una disputa de poder: quién define qué es desarrollo, qué es sustentabilidad y qué futuro es posible en el territorio.
A cuatro meses de la instalación del Campamento “René Alemán y Pedrina Melgar” es importante hacer una lectura de este conflicto que, desde la ecología política, nos permita integrar categorías de análisis para su abordaje y comprensión. Este escrito, resultado del acompañamiento directo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), expone la cronología del conflicto, describe el ejercicio de resistencia comunitaria, y analiza la experiencia desde las categorías de la ecología política.
A. Cronología del conflicto
En 2004 se otorgó a Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA), mediante la Resolución 003/04/05, el derecho minero no metálico, por tiempo indefinido, para un área de 1,000 hectáreas (ha) en la Cantera Sapadril (Puerto Cortés). Las comunidades aledañas son Brisas de Tramade, Sapadril Arriba, Sapadril Abajo, La Unión 1, La Unión 2 y Treinta de Enero. En la zona de influencia se encuentran tres cuerpos de agua: Río Sapadril, Quebrada Brisas del Mar y Río Medina.
Mediante una investigación en la Municipalidad de Puerto Cortés, las personas afectadas por la actividad minera se enteraron de que la Licencia Ambiental 075-2019, categoría 3-II, otorgada por Resolución 0175-2019 de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), vencía en enero de 2024.
Hechos relevantes:
• Todo proyecto minero requiere de fuentes de agua para su funcionamiento y este no es la excepción. AGRECASA tiene asignada una Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales en la Quebrada Brisas del Mar, de acuerdo con la Resolución No. 951-2021. Esta Contrata venció en septiembre de 2022 y su renovación se solicitó el 11 de agosto de 2022. El agua extraída de la quebrada es bombeada hacia dos tanques clarificadores y, posteriormente, a un tanque al que llega el agua sin sedimento; el volumen de esos tanques es de 701,429.47 galones. De la quebrada extraen 54,000 galones por día, que utilizan en su totalidad, más 701,429.47 galones para un período de operación de la planta de 15.53 horas; esto equivale a 60,000 galones por hora (SERNA, Resolución 951-2021).
• AGRECASA solicitó a la Secretaría de Defensa (SDN no. 167-2023) la autorización de importación, compra local y directa, traslado, manipule y uso de material explosivo comercial en los períodos de noviembre de 2023 a noviembre de 2024. El permiso, otorgado en la Resolución No. 020-2023, venció en enero de 2024 (folio 59 al 60 de la PS-DAC-2024). Aún está sin registro la renovación en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).
• El 13 de mayo de 2024, la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) indicó que del 22 al 24 de mayo de 2024 se realizaría inspección de campo a la Cantera Sapadril. Esta notificación, de acuerdo con el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), informa sobre la conformación de una comisión interinstitucional que visitará el predio de la mina. La integran, entre otras, Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), Secretaría de Salud (SESAL), Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Municipalidad de Puerto Cortés y DECA.
• El 24 de mayo de 2024, AGRECASA notificó a la DECA información sobre certificados de recolección de residuos, permisos de operación de bombas de patio, plano de volúmenes de lagunas de captación, hojas de datos de seguridad con los químicos utilizados e informe social 2023. Lo relevante es el informe social de 2023, en el que AGRECASA notifica, como parte de sus objetivos, el cumplimiento legal, la responsabilidad social, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de vínculos. En 2023, esta empresa ya había donado L 2,080,128.84 a la comunidad, en celebraciones de fechas especiales, alumbrado público, calles y mobiliario en centros educativos, entre otros.
• Después de la visita de la Comisión Interinstitucional, la COPECO informó sobre daños ambientales. En el apartado sobre explosivos indica que la empresa utiliza ANFO, un agente de voladura a base de nitrato de amonio tipo prill, mezclado con combustible: “Una vez detonado el explosivo, se genera una gran concentración de gases nitrosos, considerados como tóxicos y que terminan afectando la calidad del aire”.
Los hallazgos de la inspección se resumen en: i) la cantera no cuenta con perímetros que delimiten sus instalaciones y las viviendas se encuentran cerca del plantel, ii) las lagunas de sedimentación no son impermeables y habilitan en tiempos de lluvia la contaminación directa al Río Sapadril, iii) por el uso de dinamita, existen daños a las viviendas, iv) plantel sin señalamiento y, v) contaminación acústica.
• El informe técnico de la SERNA, luego de la visita de la Comisión Interinstitucional, indica en sus hallazgos que las 31 medidas consideradas para el proyecto y su funcionalidad no son efectivas para cumplir con el objetivo de preservar, restaurar y conservar los recursos naturales. En el punto 9, la empresa afirma que “no hay especies de interés en la zona que tengan que tomar en cuenta para su protección”. Un aspecto importante son los deslizamientos de tierra y la contaminación visual que implica la remoción de especies. Algunas personas de la comunidad han documentado videos sobre desplazamiento de especies, monos alejados de sus entornos y deambulando, luego de las grandes explosiones con dinamita.
• La Secretaría de Salud entregó un informe sobre el estado de salud de los habitantes de las comunidades aledañas a la concesión minera (Oficio No. 963-UVS-2024). Se visitó un total de 177 viviendas en las que habitaban 831 personas. Los resultados relevantes son: i) se identificaron afecciones dermatológicas (181 personas) como dermatitis, y respiratorias (174 personas) relacionadas con resfriados, asma y bronquitis; ii) se identificaron afecciones auditivas (hipoacusia y otitis en relevancia) y trastornos mentales (ansiedad, nerviosismo y depresión) y, iii) el 75.7% de las viviendas presentaron fisuras por explosión.
Las observaciones finales de la Secretaría de Salud presentan la relación entre el polvo generado por la mina y las enfermedades respiratorias presentes en las personas; los ruidos causados por la empresa están relacionados con las enfermedades auditivas, y los trastornos mentales son desencadenados por ruidos, explosiones y movimientos de maquinaria.
De hecho: “la ubicación de la mina es una extensión del área urbana de Puerto Cortés, por lo que es incompatible con la salud pública de las comunidades”. Y, de acuerdo con los artículos 54 y 55 del Reglamento de Salud Ambiental, “se concluye que la mina no debe operar en el lugar donde está ubicada actualmente”.
• Luego de conocerse los informes citados, mediante Resolución No. 151/2024 se declaró procedente la suspensión de las actividades mineras el 9 de mayo de 2024. Sin embargo el INHGEOMIN, a través de la Resolución SG-262/2024, se pronunció sobre un recurso de reposición interpuesto por AGRECASA ante la suspensión de actividades, en el cual solicitó autorización, con carácter urgente, para el acarreo y posterior exportación de material de piedra triturada que se encuentra en el plantel de la empresa, a fin de evitar que por las lluvias, se produzcan escorrentías que lleguen a los afluentes de agua cercanos a la carretera Sapadril.
La autoridad minera indica que AGRECASA presentará un plan de remediación donde se presenten mejoras para asegurar un buen drenaje superficial con cunetas y estructuras receptoras adecuadas, instalar controles para manejar el nivel del agua y posibles excedentes en caso de lluvias fuertes inesperadas, definir alturas seguras y reforzar laderas. También se propone impermeabilizar con geomembranas, según los estándares usados en depósitos de desechos mineros, aplicar un sistema de monitoreo constante en la superficie y con piezómetros (para el agua subterránea) en la laguna de lodos, además de controlar contaminantes. Se recomienda incluir instrumentos como inclinómetros, estimar la vida útil de las estructuras, construir obras que eviten erosiones profundas y mejorar la capacidad de contención frente al agua que arrastra sedimentos finos.
Y en abierta contradicción el INHGEOMIN, a través de la Resolución 30-2025, ordenó la reactivación inmediata de las operaciones de AGRECASA, argumentando que la empresa cumplía administrativamente con planes de remediación, manejo de aguas y medidas de seguridad industrial. Esa decisión contradecía por completo los dictámenes de la DECA.
El 22 de mayo de 2025, la Dirección Legal de la SERNA, con base en los informes técnicos 94/2025, 167/2025 y 393/2025, en los que la DECA recomendó no renovar la licencia ambiental de AGRECASA, ratificó el criterio de clausura definitiva, invocando el principio de precaución, y recomendó trasladar el caso a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente.
B. Sobre la movilización social en el marco del conflicto
Desde 2010, las comunidades de Brisas de Tramade, Sapadril Arriba, Sapadril Abajo, La Unión 1, La Unión 2 y Treinta de Enero han realizado manifestaciones y bloqueos de carreteras exigiendo el cierre definitivo de la mina. En mayo de 2024 las protestas fueron reprimidas violentamente, resultando en heridos y estrategias de criminalización de los defensores y las defensoras del ambiente. En julio de 2024 se realizaron movilizaciones haciendo eco a los impactos ambientales de la actividad minera, y en abril de 2025 la población se movilizó nuevamente al anunciarse la reactivación de operaciones.
Como parte de las diversas formas de movilización, las comunidades afectadas decidieron instalarse en la entrada de AGRECASA de forma indefinida. A esta actividad, las y los ambientalistas la han denominado “Campamento René Alemán”, y por más de cuatro meses ha significado un ejercicio complejo de sensibilización e información a la comunidad nacional e internacional sobre sus demandas.
Durante el campamento se desarrollan juegos, cocinas, bailes, celebraciones de cumpleaños, y es un permanente espacio de preguntas y respuestas entre las comunidades, en especial sobre qué será luego de que todo termine. En Honduras, los campamentos han sido una forma recurrente de protesta y resistencia, por ejemplo: el Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida; en julio de 2018, miembros de las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro y el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos se establecieron en las vías de acceso a las concesiones mineras ASP1 y ASP2. El Campamento Feminista Viva Berta en abril de 2021, impulsado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), en busca de Justicia para Berta Cáceres y, el Gran Campamento por la Democratización de la Tierra instalado en septiembre de 2024 por iniciativa de la Mesa Tierra y Territorio de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), que plantea demandas históricas por el acceso y la titulación de la tierra para grupos campesinos y pueblos indígenas.
Estar en el campamento es un llamado de atención sobre las distintas formas de liderazgos y ambientalismo, y una apertura a la diversidad de percepciones que se ubican en el espacio de resistencia y la transformación (que se ha visto) de los discursos y narrativas que permean la dinámica.
C. Reflexiones desde la ecología política
Una de las corrientes de la ecología política es la estudiada por Joan Martínez Allier a través de la economía ecológica, que establece que los conflictos ambientales no son simples externalidades del desarrollo, sino el resultado de procesos de acumulación. En este caso, AGRECASA ha sido titular de un derecho minero no metálico de más de mil hectáreas desde 2004, que le asegura acceso a recursos estratégicos como agua y bosques. La frontera que ha construido alrededor del plantel es la expresión misma del despojo del territorio, pues ha reducido los espacios públicos de interacción, a lo que se suma la vigilancia territorial por la empresa de seguridad y, claramente, la contaminación de las fuentes de agua que limita el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano.
El Estado de Honduras ha cumplido un cuestionable rol histórico al facilitar a la empresa privada e inversión extranjera el acceso a los bienes comunes. El otorgamiento de licencias ambientales y contratos de aprovechamiento de aguas nacionales subordina la dinámica de lo común a lo mercantil. El proceso de acumulación por desposesión no se da únicamente en el acceso y uso de los bienes comunes, sino que también se expresa en la pérdida de calidad de vida en las comunidades.
Los informes de la Secretaría de Salud documentan enfermedades respiratorias, dermatológicas, auditivas y psicológicas directamente vinculadas con la operación minera. La población no solo es despojada de su territorio, sino que asume los costos a través de sus cuerpos, que se trasladan a costos económicos; al final es un ciclo complejo que perpetúa la situación de vulnerabilidad.
El lento deterioro de los sistemas ecológicos en la zona, también como resultado de años de actividad minera en el Sector Medina, es lo concreto de la violencia ecológica en términos de devastación, contaminación de fuentes de agua, pérdida y desplazamiento de especies.
Los impactos recaen sobre territorios y poblaciones históricamente marginalizadas y excluidas de los procesos de decisión. Pareciera que está normalizada la idea de que ciertos territorios —generalmente rurales, empobrecidos y periféricos— son sacrificables en nombre de la economía extractiva.
Uno de los elementos más visibles en este conflicto es la contradicción entre instituciones estatales. Por un lado, la DECA y la SERNA han hecho su trabajo y han producido informes técnicos contundentes sobre la inviabilidad ambiental y sanitaria de las operaciones, incluso señalando la posible comisión de delitos ambientales. Y por otro lado el INHGEOMIN, que ha sostenido una narrativa de cumplimiento administrativo, que ha servido de justificación para reactivar y validar las actividades de la minera.
Este Estado fragmentado refleja lo que autores como Eduardo Gudynas denominan flexibilización ambiental; es decir, la manipulación y adaptación de los marcos regulatorios para favorecer la continuidad de proyectos extractivos, pese a las evidencias de daño. Esta contradicción interinstitucional no es accidental: responde a presiones empresariales y visibiliza la forma en que los intereses capturan la autonomía de la institucionalidad. Al final, es la reproducción de las prácticas extractivas corruptas que han debilitado la legitimidad del Estado y trasladan los costos a las comunidades.
En Sapadril, la minería también puede analizarse desde la categoría de desterritorialización. Las explosiones, la remoción de cobertura vegetal y la contaminación de cuerpos de agua no sólo transforman la ecología local, sino que distorsionan las actividades cotidianas y productivas en las comunidades. Así, el territorio deja de ser un espacio de reproducción comunitaria y se transforma en un espacio privatizado.
La resistencia manifiesta en el Sector Medina, sin pretender encasillarla, es un ejercicio de ecología política desde abajo, en tanto revela los impactos sobre la especie humana y no humana, cuestiona las narrativas empresariales de responsabilidad social y de acercamiento a las comunidades, y redefine el significado del territorio.
En la documentación y el seguimiento al caso, en términos jurídicos y de incidencia territorial, se observa una disputa de poder: quién define qué es desarrollo, qué es sustentabilidad y qué futuro es posible en el territorio.
D. ¿Qué lecciones nos deja este conflicto?
1. Históricamente, la minería ha sido promotora de conflictos ecológico-distributivos, en los que los beneficios se concentran en la empresa, mientras que los costos recaen sobre comunidades y ecosistemas. Al final, es la privatización de las ganancias y la distribución de los costos en sectores históricamente vulnerabilizados.
2. La acumulación por desposesión no sólo se materializa en la extracción de bienes comunes, sino en la pérdida de modos de vida, de relacionamiento y de salud comunitaria.
3. Defensores y defensoras ambientales se encuentran haciendo labores de resistencia territorial frente a un Estado fragmentado y capturado por intereses empresariales que, en definitiva, no prioriza su protección.
Este caso no se trata únicamente de una disputa por una mina, sino que expresa las tensiones históricas más profundas entre extractivismo, Estado y comunidades. En este marco, la ecología política permite comprender que la defensa del territorio no sólo es una cuestión ecológica, sino que está nutrida de significados en los que se define cuál es el espacio de la comunidad, de apuestas por la construcción de otras formas de vivir al margen de la extracción de la minería, y de prácticas de resistencia como un campamento, que ha sido motor para articular a las comunidades y para informar lo que está pasando a nivel internacional.
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