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Marvin Barahona*

¿Cuál es el balance de la política asistencialista del periodo 2010-2021, cuando se ejecutaron iniciativas delineadas en la Visión de País y Plan de Nación? Esta necesaria reflexión indica que, además de la falta de soluciones viables y eficaces, el fracaso obedeció, en esencia, a que nunca se buscó empoderar a las comunidades porque nunca fueron los sujetos principales de la política gubernamental.


Introducción

El territorio y la gestión territorial se encuentran hoy en un primer plano, debido al cambio climático, el retroceso de la agricultura, la demanda de tierras del campesinado, la inseguridad jurídica, la demanda interpuesta por la ZEDE[1] Próspera en un tribunal de arbitraje internacional y los conflictos agrarios que se producen cada vez con mayor frecuencia en diversas regiones.

Los factores que inciden en el territorio y la geografía nacional, como los mencionados, están entre los más visibilizados, pero no son los únicos en ejercer presión y producir efectos negativos en su interacción con la sociedad y la Naturaleza.

Es el caso de la aplicación de una nueva distribución de las jurisdicciones territoriales bajo un esquema de ordenamiento territorial regional, fundamentado en la Visión de Nación y Plan de País del periodo 2010-2022[2], un lapso de tiempo en el que tres administraciones gubernamentales fueron encabezadas por el mismo partido político.

Este artículo se propone explorar algunos rasgos y problemas esenciales identificados en la ejecución de los programas y proyectos insertos en dicho esquema de organización y gestión territorial, para lo cual se utiliza como fuente principal los informes de veeduría y verificación independiente del cumplimiento de dicha Visión y Plan elaborados por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), organismo gubernamental de apoyo en esta materia. El estudio se concentra en los informes del periodo 2015-2017, una etapa intermedia entre el cumplimiento de los objetivos propuestos y su continuidad en el quinquenio siguiente.

La turbulencia política predominó en Honduras durante esos años, pero no fue el único contexto de crisis con múltiples consecuencias. Sequías e inundaciones, merma en la producción agrícola y ganadera, pérdidas materiales y de vidas humanas en catástrofes ambientales, conflictos sociales y violencia generalizada, así como la masificación de la migración al extranjero y el desplazamiento interno forzado, se presentaron en paralelo con la crisis política.

La irrupción de muchas crisis simultáneas y a la vez devastadoras, propició análisis y estudios diversos, pero no se puede decir lo mismo de estudios focalizados en el deterioro de la relación entre la gestión política y la gestión territorial, intermediada por las políticas asistencialistas establecidas en la agenda estatal en un esquema de concentración del poder en el partido gobernante.

Pese a la magnitud de las crisis sociales y ambientales, el discurso político predominó sobre otros temas de interés público en el periodo señalado, hasta convertirse en hegemónico. Lo “nuevo” es que la creciente visibilidad alcanzada por otras de las crisis señaladas, dejó al descubierto la desproporción entre la atención pública y mediática dispensada al discurso político y su poca incidencia en la propuesta de soluciones a las crecientes necesidades y demandas sociales, relegadas discursivamente y, peor aún, postergadas para nunca resolverse.

Al ubicar estas necesidades y demandas en el contexto de la ejecución de los programas y proyectos del Plan de Nación, la mirada se amplía y dirige hacia los problemas concretos de la población, a la vez que se evalúa la respuesta estatal en las regiones establecidas en la reorganización territorial. Sin embargo, lo nuevo en el ordenamiento territorial converge con figuras de larga data como el clientelismo político y su relación con las políticas públicas de corte asistencialista.

Se configuró así un eje conformado por la gestión política, la gestión territorial y las políticas asistencialistas conducidas por el Estado; a la vez, se construyó una estructura con funciones relacionadas con dicho eje, controlada por el partido gobernante a través de los comisionados regionales, los gobernadores políticos, los comités de desarrollo regional y de las cuencas hidrográficas, las mancomunidades de municipios y los Guías de Familia en las localidades, entre otros actores locales identificados.

Las respuestas de las poblaciones involucradas en los programas y proyectos gubernamentales eran intermediadas por tal estructura, sin poder evitar cierto grado de resistencia, pasiva o activa, ante la intervención externa impulsada por el Estado y sus instituciones.

De la identificación y análisis de las relaciones que se produjeron entre los componentes del eje mencionado, emerge una visión más clara sobre la correlación de fuerzas y las relaciones de poder en las regiones, municipios y comunidades objeto de la gestión política, la gestión territorial y la política asistencialista del Estado.

Esta perspectiva permite realizar una aproximación al tejido organizacional, institucional, social y político en el despliegue del ordenamiento territorial regional, así como visibilizar algunos actores locales que emergen de la sociedad civil, pero también el vacío producido por una raquítica participación social en las políticas gubernamentales, que obtuvieron resultados tan limitados como aleccionadores.

La clave es los recursos estratégicos y su posesión

El agua, el suelo, la biodiversidad, el bosque y los hidrocarburos son los recursos identificados como estratégicos en los informes de veeduría y verificación independiente consultados para esta investigación.

Tal y como se presentan en los informes, se trata de recursos ubicados en el sector primario de la economía con una proyección al sector generador de energía limpia, la agroindustria y el sector agroforestal. No son –excepto contados casos–, recursos expuestos a procesos de transformación en transición hacia su industrialización.

Destaca el hecho de que es el sector primario de la economía –que aparenta contar con el mayor número de recursos a su disposición– el que presenta en los municipios y comunidades el mayor deterioro, procesos cíclicos de escasez y carencia de lo indispensable para la supervivencia de la población, entre otras consecuencias de su depresión continua.

En ese contexto se identifica la carencia o el limitado acceso al agua por parte de las poblaciones, como un rasgo común a las regiones en que se subdividió la configuración territorial precedente. En torno del agua se concentran las carencias y también las esperanzas de supervivencia en municipios y comunidades, hasta constituirse –para los veedores– en un problema de obligada consulta en cada una de las regiones consideradas.

Las respuestas fueron tan variadas como el número de poblaciones indagadas, y dejaron al descubierto la elevada incidencia de las políticas públicas y la presencia de importantes intereses económicos en los contextos evaluados.

Su valor es inestimable, considerando que es alrededor de los recursos identificados como estratégicos que surge un glosario de temas que facilita su abordaje analítico; entre otros, el ordenamiento territorial; el acceso al agua, la tierra y el bosque; la pobreza relativa y extrema; los medios de supervivencia; el desempleo y el crédito estatal, así como la falta de articulación entre las instituciones púbicas, que imposibilitó la ejecución integral de sus programas y proyectos.

El ordenamiento territorial y sus problemas

El rasgo dominante es la ausencia de planes de ordenamiento territorial en casi todos los municipios y regiones, aunque ocasionalmente existen y en otros casos estaban en proyecto. Este problema parece ser más agudo en los municipios más densamente poblados, donde la ausencia de ordenamiento territorial es más evidente en el conjunto de problemas que enfrentan.

Los municipios de Omoa y Choloma, en la Región 01 Valle de Sula, ilustran situaciones en las que el avance de la urbanización, el crecimiento demográfico y el establecimiento de enclaves económicos son protagonistas determinantes en la necesidad de reordenar el territorio. En el primero, el informe respectivo sugería:

Es necesario un reordenamiento territorial y que se tomen las medidas de prevención, protección ambiental por lo que se hace la aplicación de la Ley General del Ambiente, Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Ley Marco de Agua potable y Saneamiento[3].

En ausencia del ordenamiento territorial sugerido, los problemas se acumularon y manifestaron en diversas formas. Según el informe,

La población del Municipio de Omoa es de 50,000 habitantes, más la población flotante que poseen casas de playa, no se tiene un censo actualizado. El municipio no cuenta con relleno sanitario, no hay red de alcantarillado y el agua para consumo se contaminó debido a que en la zona núcleo se ha construido una hidroeléctrica, al remover el terreno rompió la tubería de agua, fue reemplazada pero el agua siempre sale turbia, hay planos para un proyecto nuevo de agua potable [que] tendrá un costo de 205 millones de Lempiras[4].

La problemática ambiental se aborda también desde la perspectiva del ordenamiento territorial ausente; por ejemplo, se reconocía que formalmente el municipio tiene tres áreas protegidas declaradas y una en proceso de reconocimiento, sin embargo,

…en estas áreas ya hay comunidades ubicadas y se necesita tener planes de manejo además que el INA ha titulado terrenos “ociosos”, habiendo propietarios con títulos anteriores lo que ha causado litigio, y desalojo. Lo perjudicial es que alguno de los terrenos está en la zona de amortiguamiento, han talado en la parte alta para cultivo contaminando y provocando deslaves por las malas prácticas[5].

Se reconocía, además, que “… se han instalado Empresas de Palma Africana en la zona de Cuyamel cercano a los humedales, el área comprende 2,300 hectáreas, el efecto de este cultivo será la desertificación. Por otro lado, las variedades de mangle que se tenía era blanco, negro y rojo ya queda poco, así como el gualiqueme”. Asimismo, “… hay 5 proyectos para la instalación de hidroeléctricas de los cuales tres están dentro de la jurisdicción de Omoa”[6].

En el caso de Choloma, el informe es categórico: “Hay una debilidad permanente y es el tema de ordenamiento territorial, por ejemplo, no hay mapas de uso de suelo”[7]. El municipio fue caracterizado como “el punto focal de empleo del país por la industria maquiladora y textileras”.

Un censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) le otorgó 260 mil habitantes, pero en 2017 el alcalde municipal informaba que la población de su jurisdicción fluctuaba entre 360 y 400 mil habitantes, a la que subdividía en población “permanente, semipermanente y rotatoria”.

El alojamiento era cubierto por “1658 cuarterías, de 40 a 50 cuartos”. La conclusión del informe señaló: “Hay un déficit de desarrollo: el crecimiento acelerado de la población supera la oferta de servicios básicos para los habitantes. En este sentido, la intervención del Estado debería igualar la dinámica poblacional y económica del municipio”[8].

Desde la misma perspectiva fueron abordados otros temas, relacionando el rubro estratégico principal con los problemas más significativos: “Las maquilas no pagan impuestos al municipio, pero sí traen sus problemas. La mayor parte de poblaciones son trabajadores de otros municipios. El problema de la inseguridad del Municipio está vinculado a la industria maquiladora y textilera”[9]. Por otra parte,

…la industria textilera necesita de agua abundante para soportar su actividad económica. Según estudios, en 15 años el territorio no tendrá agua para consumo humano, porque las industrias están extrayendo más agua que el mismo proceso de regeneración natural de los acuíferos. La Municipalidad, en este sentido, hace uso de energía eléctrica para acceder al agua, lo que ocasiona que la factura sea más cara que en otros municipios aun cuando tienen fuentes generadoras en la Cordillera del Merendón. Los proyectos de esta naturaleza son muy caros[10].

Los costos del enclave industrial son considerados de cerca en el informe, sobre todo porque la Alcaldía de Choloma resentía que las consecuencias de las políticas estatales (establecimiento de la industria maquiladora y concesiones de explotación en su territorio) recayeran principalmente en el municipio.

Según el informe, si la empresa más importante del sector textil “… pagara el 5% (tal como lo pagan los usuarios) de agua, representaría alrededor de L. 10,000,000, al mes, que podría compensar o conservar la cobertura vegetal de los acuíferos”[11].

En cuanto a otras concesiones otorgadas por el Estado en esa jurisdicción, el informe señala que “INGEOMIN, por ejemplo, sin comunicar a la municipalidad, ha otorgado permisos de explotación minera en tierras al lado de residenciales, sin corresponder con los planes de regulación y de uso”[12].

El agua como problema y solución

Entre otros casos expuestos en los informes, destaca uno de la Región 16 Santa Bárbara, por ilustrar el nudo de relaciones en torno del ambiente, el agua, las actividades económicas dirigidas a la exportación de sus productos, así como el comportamiento de las instituciones y organizaciones presentes en la zona.

Lo informado por la Unidad Municipal Ambiental (UMA) del municipio de Santa Bárbara, cabecera departamental, no dejaba lugar a dudas de la extensión y profundidad de los problemas relacionados con el agua:

En temas ambientales y agua, el mayor desafío lo representa las pocas oportunidades de conservación del mayor patrimonio de la Región 16 Santa Bárbara, el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara.

La protección de este Parque Nacional es compartida con tres municipios más: Las Vegas, Concepción del Sur y Gualala[13]. Según lo informado por la UMA, el problema relevante para la conservación del Parque

deriva de la ineficiencia e inaplicabilidad de la Ley: pese a que se nombró un Fiscal de Ambiente en el Ministerio Público en Santa Bárbara, no hay agilidad legal y responsabilidad por hacer respetar la categoría de Parque Nacional, territorio estratégico para la superación de los temas del agua en la Región.

No obstante, su deforestación “se conoce por la vigilancia mensual o bimensual sobre la montaña, no a través de la denuncia”[14]. El problema iba más allá de los descombros para cultivar en zonas boscosas, como se observa en otras partes de Honduras. Según el informe,

Bajo las condiciones de cultivo actuales, persisten incongruencias entre la actividad cafetalera, la conservación del bosque y el agua, presión que se ha intensificado por los altos precios de los cafés de altura en el mercado internacional, ganados por productores hondureños.

Y sentenciaba que, si las instituciones rectoras del sector cafetalero no inducían a prácticas de cultivo amigables con el ambiente, entre estas “la diversificación de cultivos y coexistencia bajo sombra”, se pondría en riesgo la sostenibilidad de los bosques “y como consecuencia el agua para la Región 16”.

Además señalaba que en la deforestación “casi tocando la zona núcleo, participan personas influyentes política y económicamente hablando; persiste la caza ilegal y los habitantes tienen miedo de denunciar, según la UMA”[15].

En cuanto a otra explotación económica de interés en la región, el informe indicaba que “…la Mina de [El] Mochito ha extraído los minerales y agua del Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, porque esta actividad es altamente extensiva en el uso del agua, que a su vez contamina”. Y recomendaba:

Es necesario revisar las condiciones contractuales de explotación de los recursos naturales nacionales (en reparo del bienestar de las comunidades), y sobre [todo] considerar el desarrollo sostenible como opción…[16].

Además, descubre una debilidad en la institucionalidad estatal que podría estar relacionada no solo con la falta de consenso en las organizaciones civiles, sino especialmente con el clientelismo político, un factor que tiende a polarizar y enfrentar a la sociedad hondureña. Al respecto, señala:

Queda el reto de integrar la gama de programas que maneja el Gobernador Departamental de tal forma que ofrezca una gama de acciones e intervenciones integrales, efectivas así como focalizadas en las comunidades más pobres de Honduras[17].

Agua, agroindustrias y contaminación ambiental

Los problemas que vinculan estos tres factores están por doquier en las regiones consideradas en este estudio, por lo que solo se utilizan algunos casos paradigmáticos para ilustrar la problemática.

El primer caso, situado en el Golfo de Fonseca, incluye además aspectos relacionados con el cambio climático y los desafíos en una región que enfrenta múltiples problemas en su economía y situación ambiental.

En la primera parte del informe, correspondiente al año 2016, se afirmaba: “Todo el Golfo tiene contaminación por la carga de basura que se genera en la parte alta de la Cuenca del Río Nacaome y Goascorán así como el Choluteca, la playa queda saturada y representa una carga muy alta para las poblaciones locales, particularmente las que se dedican al turismo”[18]. En cuanto a los efectos del cambio climático “sobre el lecho costero”, se aseveraba:

…las aguas costeras han aumentado alrededor de 14 pulgadas, que afecta el nivel freático y hace que las costas sean más frías, por lo tanto las tortugas no eclosionan, y por otra parte, el aumento del agua de mar inunda las fuentes [de] agua dulce, por lo que hay que pensar en desalinizar el agua. Lo anterior también impulsa mutaciones e impulsa el crecimiento de parásitos que producen enfermedades: un tipo de sanguijuelas que producen dolores al ingresar el cuerpo de los curileros [consumidores del curil][19].

En la región del Golfo no se presentaron quejas por la falta de legislación adecuada para la protección ambiental; en 1992 se hizo la primera declaratoria de áreas protegidas, impulsada por un proceso de organización comunitaria que logró, en 1998[20], una declaratoria formal del Estado para proteger las áreas sugeridas desde 1992. Según el informe de veeduría independiente,

Con la reducción de los manglares pese a las declaratorias de áreas protegidas, se destruyen los nichos ecológicos y ecosistemas, alejando la fauna, los peces y camarones que no arriban a las lagunas de invierno, que son los sitios de pesca artesanal. Cada nicho ecológico representa el hábitat de muchas especies como la corvina, la babosa, el bagre, curiles, cascos de burros, almejas, garzas, pelicanos, gaviotas, sitios de descanso de aves migratorias, tigres, venados, entre otros. Hay especies que están desapareciendo como el mapache, la iguana verde y el garrobo[21].

En esta área, la gestión territorial se relacionó estrechamente con la defensa de los derechos humanos a través de la organización comunitaria, una combinación de espacios de diálogo, organización y acción política impulsada también por asociaciones conservacionistas históricamente relevantes, pero actualmente con menor peso en el espacio nacional. Según el informe citado,

La promoción de los derechos humanos a través de la defensa de los territorios, constituye una de las luchas de CODEFFAGOLF[22], debido a que la vigilancia privada de los emprendimientos de melón, sandía, caña y particularmente las camaroneras, reprimen u obstaculizan el paso de los habitantes de las comunidades en su acceso a los manglares y esteros para faenar (servidumbre de paso). Entre 1992 y 2000 murieron alrededor de 15 pescadores, las condiciones en que ocurrieron no están claras. Los avances sobre la destrucción de los humedales, las retenciones de agua y las descargas de aguas contaminadas, son otros puntos de agenda de lucha[23].

Adicionalmente, las fuentes de consulta utilizadas en la elaboración del informe referido dan a conocer la estructura y el potencial que se le otorga a la organización comunitaria relacionada con la protección y conservación de los recursos naturales de la región. Para el caso, sugiere que

El impulso del desarrollo regional se puede hacer a través del desarrollo de los Consejos de Cuencas, porque son las instituciones para hacer realidad la gobernanza del agua; además, todas las actividades económicas y sociales convergen en la cuenca (agua): son las plataformas de consenso, diálogo y negociación, en relación al tema hídrico que vincula otras temáticas.

Y señala el papel crucial del agua como factor convocante de la organización social, el diálogo en la diversidad y el establecimiento de acuerdos suscritos colectivamente:

Los consensos permeados por el agua representan mayores oportunidades para generar procesos de gobernanza y democracia en el uso de estos bienes, de forma equitativa y sostenible. Por ello se deben vincular los cañeros, meloneros, y otros grandes productores que consumen agua.

La estructura y función mencionadas, son rasgos típicos del origen social de la movilización comunitaria en defensa de los derechos humanos y la Naturaleza en la región del Golfo de Fonseca; por ello es única entre las regiones hondureñas donde, excepcionalmente, se hace pensar en la posibilidad de combinar la gobernanza con la democracia a través del uso de los bienes naturales, en términos de equidad y sostenibilidad[24]. La propuesta se ilustra señalando que:

Un Consejo de Cuenca permite incidir en el Consejo de Desarrollo Regional y generar políticas públicas en el tema: para ello se requiere el desarrollo de los cinco grandes consejos de cuenca de las cuencas hidrográficas (Goascorán, Nacaome, Sampile, Negro y Choluteca), para fortalecer el espacio regional[25].

La tierra

En los informes consultados, la tierra aparece entre los temas de carácter multifactorial y multisectorial; es algo más que parcelas o grandes extensiones delimitadas en el territorio nacional. Para los pequeños agricultores, cuya supervivencia y la de sus familias depende de sus siembras y cosechas anuales, la tierra es cuestión de vida o muerte.

En casi todos los casos, la tierra aparece en una configuración en la que predomina la vulnerabilidad. Por consiguiente, su carácter multidimensional le da una complejidad que obliga a identificar sus particularidades y determinar el lugar que ocupa en cada caso. En zonas de la región central, como en casi todas las demás,

La mayoría de las familias se dedican a la agricultura, pero no poseen tierras para trabajar por lo que la mayoría trabaja para otros y reciben un pago de L. 120.00 a L. 130.00 diarios, pero solo trabajan dos o tres días a la semana por lo que el ingreso de la familia es poco al mes[26].

En Santa Bárbara, las comunidades señalaron que su mayor demanda “son programas y proyectos productivos así como poder tener acceso a la tierra”[27]. En municipios de la Cordillera de Nombre de Dios, Norte y Valles de Olancho, se informó que “muy pocos poseen vivienda propia y casi ninguno posee titularidad de la tierra”.

En las mismas áreas, la plaga del gorgojo descortezador del pino dejó devastadas, solo en Olancho, unas 210 mil hectáreas de bosque. A falta de alternativas, las poblaciones locales

…desde ya están sembrando frijoles y maíz en áreas donde había cobertura boscosa, por lo que el reto es hacer convivir la nueva naturaleza de la actividad económica con la recuperación de la cobertura vegetal de cara al deslave de la tierra, el aumento de la vulnerabilidad del país, los posibles futuros incendios y los azotes del fenómeno de La Niña…[28].

La tierra como centro de conflictos, para el caso en el Valle de Leán, aparece en términos de “la mayoría de los problemas de invasión de tierras se observan en tierras ejidales por el Municipio de Jutiapa”[29].

En el Valle del Aguán, uno de los cultivos que ha impulsado el Gobierno es la siembra de palma africana para la producción de aceite, desplazando cultivos tradicionales como los cítricos y los granos básicos y en ciertos lugares el arroz. Pero las plantaciones de palma también afectan la tierra provocando sequía; el principal problema es que talan o incluso queman miles de hectáreas de bosque para poder plantar en su lugar la palma[30]. Otros conflictos agudos en la zona, como las disputas de tierras, no se mencionan en el informe respectivo[31].

El bosque

En Olancho se observó que la agricultura migratoria es la causa principal de la pérdida de bosques.

La tendencia general de estos agricultores es la de asentarse a lo largo de caminos que atraviesen el bosque, talar una parcela de tierra y utilizarla para la plantación de cultivos de subsistencia o de cultivos comerciales. Al descombrar y cultivar en ladera la producción será menor por lo que es necesario el construir en las montañas o en los cerros de forma escalonada[32].

La precariedad de los pequeños agricultores se inscribe, por consiguiente, en un contexto de vulnerabilidad ambiental causada por múltiples factores. Desde el reconocimiento de este escenario empobrecedor, el informe correspondiente a tres regiones vinculadas geográfica, económica y socialmente, consideró relevante llamar la atención del gobierno sobre “… la situación de las condiciones de vida del campesino, realizar estudios multisectoriales. También es preciso reconocer el tema de la migración y el abandono del campo, como un tema focal”[33].

El cuidado del bosque se presenta como una figura compatible con la recuperación de su capa vegetal a través de una acción coordinada y simultánea del “entramado institucional”, en un proceso de recuperación de diez años de duración. Siendo esta una responsabilidad que recae principalmente en el Estado, se propone que

En esta tarea, el ICF como líder de grupo debe promover alianzas con los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias a fin de tener varios frentes de ataque, tomando en cuenta que toda acción requiere de acciones contravalor: es decir qué ventajas y beneficios se ofrecen a las poblaciones locales que hagan de la siembra, la lucha contra los incendios, la recuperación vegetal, sostenimiento y conservación de los bosques, una acción rentable para todos[34].

El referido “entramado institucional” incluía, además del Instituto de Conservación Forestal (ICF), a los gobiernos locales, Mi Ambiente, las universidades presentes en la zona, las ONG y proyectos vinculados, las mancomunidades y organizaciones comunitarias, visibilizando así a los principales actores institucionales y sociales y algunos actores privados con presencia en esas tres regiones.

Las “barreras críticas” identificadas por el informe fueron organizadas en un núcleo principal en el que se agrupó los temas relacionados con “políticas, mercados, finanzas, gobernabilidad, la planificación del manejo de recursos y apoyo técnico del sector agrícola y ganadero, con abordajes multisectoriales y con la participación de los sectores involucrados: instituciones de Gobierno, gobiernos locales, la academia, la sociedad civil, la cooperación y las empresas privadas”. La identificación de las barreras críticas respondía al

…reconocimiento de la baja producción, la contaminación, la deforestación, la degradación de la tierra, la baja oferta de mercado, el aumento poblacional local, de la mano del acrecentamiento en la demanda de la producción de leche y carne, coloca evidentemente con prioridad el tema de la ganadería y agricultura sostenible, de cara a promover la seguridad alimentaria y nutricional, la conservación de la biodiversidad en coherencia con la promoción de medios de vida sostenibles[35].

Los pueblos indígenas de la región occidental

En 2017, a poco menos de un año del asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y ambientalista del área lenca del occidente de Honduras, el panorama de su pueblo no podía ser más desolador: 44 de los 52 municipios más pobres, clasificados como municipios con “altos rezagos económicos”[36], se concentraban en la Ruta Lenca.

El informe señaló los puntos específicos de intervención en las comunidades lencas y describió la estrategia que se pretendía seguir, anclada en la relación de la cultura indígena con su propio desarrollo socioeconómico. Se trataba de fortalecer la cultura como fuente de creatividad y supervivencia de la población lenca y el objetivo principal era

la reducción de la extrema pobreza, focalizando su esfuerzo en la cultura lenca y su herencia expresada en el arte y la artesanía, con prioridad en la mujer y los jóvenes como ejes transversales[37].

Asimismo, el programa “consideró ciertos criterios para su focalización: el más importante es la presencia de la cultura lenca por arriba del 30%. La potencialidad es el desarrollo de productos culturales y su vinculación a las cadenas productivas, circuitos y carreteras de acceso, por tanto, es culturalmente sostenible”.

Sin embargo, el informe reconoce que “La riqueza cultural que no parece permear todas las acciones del desarrollo, pese a la gran riqueza marcada por la herencia cultural lenca”, se relaciona con “la utilización y manipuleo de las comunidades étnicas para justificar y concretar logros privados y no colectivos, entre otros”[38].

Las regiones indígenas de Gracias a Dios

En 2017, la situación de los pueblos indígenas de La Mosquitia y la Biosfera del Río Plátano, ubicadas en las regiones 09 y 10, donde se concentra el mayor número de pueblos originarios no mesoamericanos de Honduras, muestra una situación incluso más grave que la de la población lenca.

Una diferencia sustantiva, resaltada por el informe sobre ambas regiones tras sostener una reunión informativa con sus autoridades militares, es que “ha sido identificado el Territorio de Gracias a Dios, como un punto crucial para el trasiego de drogas y con mayor actividad en los municipios de Brus Laguna, Puerto Lempira y Villeda Morales”.

En consecuencia, el esfuerzo institucional se focalizó –tras establecer la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA)– en abordar el problema señalado “con la misión de hacerle frente al delito internacional del narcotráfico, formando con su estructura un escudo aéreo, marítimo y terrestre a lo largo y ancho de todo el departamento de Gracias a Dios, desde donde se monitorean todas las actividades que puedan representar una amenaza para la soberanía nacional”. Y agregaba:

… en el caso de la Mosquitia, no se trata de una zona de guerra, pero sí de alto combate al narcotráfico y ante ese movimiento se presta a la circulación de armas, movimiento de acarreo y consumo de drogas, dejando una alta incidencia en violencia doméstica, mas no en homicidios[39].

La gestión territorial bajo los principios del Plan de Nación inició en 2015, con la entrega de “títulos de propiedad a los 12 Consejos Territoriales de la Mosquitia (…) De estos títulos otorgados, tres (3) que pertenecen a organizaciones y nueve (9) que pertenecen a Asociaciones Agroforestales, que están inscritas en el sistema agroforestal”. En ese marco se propuso “elaborar una reforma forestal indígena”, sosteniendo en ese año dos jornadas de diálogo”[40].

El ordenamiento territorial sería canalizado a través de planes de manejo de uso múltiple que permitirían “el uso sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en las comunidades misquitas”.

Con asistencia del ICF se estaba concientizando y organizando las juntas de agua. Sin embargo, los problemas del departamento de Gracias a Dios superaban con creces –como en el presente– las brechas de desarrollo y las carencias sociales observadas en otras regiones de Honduras.

En 2017 ocupaba el segundo lugar entre los departamentos con el mayor número de incendios forestales; por tal causa, registraba una superficie afectada de 25,126 hectáreas en 2016 y 9,000 más en los primeros meses de 2017.

El mismo informe identificó otros problemas ambientales de la región, entre estos “la deforestación, el avance de la frontera agrícola, el deterioro de la calidad del agua para consumo humano, el aumento de basura sólida y excretas [que] están siendo vertidas a los ríos y lagunas, provocando la muerte de peces”[41]. En la dimensión social,

La violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y las violaciones, se perfilan como los delitos con mayor incidencia en los seis (6) municipios del Departamento de Gracias a Dios. Los mismos tienen un arraigo cultural dominado por el patrón sumiso de la mujer misquita y el perfil machista proveedor de recursos en el ámbito familiar[42].

Pese al reconocimiento de algún avance en el ordenamiento territorial desde 2015, en las conclusiones y recomendaciones se estableció que

Uno de los temas de interés es la gobernanza de las tierras y el tipo de intervención, particularmente agrícola por lo que es necesario capacitar y tecnificar sobre el manejo de los territorios (usos agrícolas, forestales y pesqueros)…(…) además del reto del manejo de los recursos de forma sostenible, como los peces, los mariscos, la madera, el manglar, los tubérculos, entre otros, en precario frente a la sobre explotación, el avance de la ganadería y la destrucción del bosque, y los incendios forestales[43].

En suma, “Las comunidades de los grupos originarios y afro hondureños no reconocen en el Estado la promoción de su desarrollo. En tanto, éste se ha aislado o no ha asumido su compromiso de promover su bienestar. La legitimidad del Estado debe ser recuperada entre los grupos tribales con evidente apoyo a través de programas y proyectos de desarrollo y con la presencia de las diferentes instituciones del Estado; empezando con el Registro Nacional de la Personas, para empezar a darles una identidad que aun hoy no tienen”[44].

La cohesión social

Aparece principalmente en la caracterización del área de Gobernabilidad, con el propósito de establecer el grado de congruencia en los objetivos, de convergencia en la persecución de metas compartidas colectivamente, pero no necesariamente en el sentido de una “integración social”, debilitada por la inequidad y la exclusión identificadas en todas las regiones evaluadas.

En Santa Bárbara, la región “carece de cohesión, los esfuerzos aislados no han permitido un planteamiento ni fortalecimiento en la presentación de las demandas del Departamento, a pesar de la existencia de algunos programas del Gobierno dirigidos a activar la economía no se conjuntan ni armonizan entre los sectores para tener un impacto integral”[45].

En las regiones identificadas como Cordillera de Nombre de Dios, Norte y Valles de Olancho, la cohesión social se ubicó entre otros tantos requerimientos para fortalecer el potencial de desarrollo en territorios como el departamento de Yoro, para el que se sugirió “trabajar la cohesión y fortalecimiento organizacional e interés de los jóvenes para asegurar el relevo generacional”[46]. En el mismo sentido se presenta en las conclusiones sobre el Valle del Aguán:

Es necesario que haya cohesión social en la que todos los sectores participen y sean tomadores de decisión para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la región[47].

El mismo imperativo aparece en las conclusiones correspondientes a La Mosquitia y la Biosfera del Río Plátano en el departamento de Gracias a Dios:

Este departamento requiere de fortalecimiento institucional, cohesión social, voluntad política y mecanismos de diálogo y coordinación para lograr trabajo conjunto en temas comunes, más aun cuando se habla en temas tan sensibles para la población como la seguridad alimentaria, la salud, la educación y la seguridad[48].

En la Región Central la cohesión se presenta como ausencia y freno a la vez para impulsar una nueva red de salud en la zona, que incluye al Distrito Central como capital de la República. Según el informe correspondiente,

No existe cohesión social alrededor de los procesos de salud a nivel nacional y eso hace menos posibles el desarrollo de las actividades en salud y por tanto las respuestas ofrecidas son completamente aisladas[49].

La cultura

Un aspecto importante es que se incluyó la cultura; en primer lugar, como parte de la agenda investigativa y de los objetivos focales de la veeduría en su labor de campo. En la introducción a los informes se asevera que

Esta agenda se caracterizó por la integración de temáticas marcadas por los potenciales, conectividades territoriales, elementos culturales, problemáticas estructurales arraigadas, retos y desafíos particulares de la Región (…) trata, a través de este proceso, [de] medir el avance de objetivos, metas e indicadores del Plan de Nación y Visión de País (VPPN)[50].

En tales informes la cultura adquiere un carácter polisémico; por tanto, de uso múltiple para ser aplicada a diversos contextos y situaciones. En el caso de la región de Santa Bárbara, se utilizó como ingrediente para indicar la participación de la mujer en el sentido de que “Se percibe un leve cambio cultural en la participación de las mujeres en las entidades comunitarias”[51].

Además, se reconoce el peso del cultivo del café en el departamento, señalando: “Este contexto cultural es condicionado por la actividad productiva del café, otro elemento a tomar en cuenta”.

En otros departamentos del occidente la palabra cultura sirvió para identificar un aspecto sobresaliente y con potencial económico, por ejemplo, del pueblo lenca. A la vez, el fortalecimiento de la cultura se ubicó como meta de programas y proyectos gubernamentales, argumentando que el objetivo “es la reducción de la extrema pobreza, focalizando su esfuerzo en la cultura lenca y su herencia expresada en el arte y la artesanía…”[52].

Y también para traducir, en términos de “hábitos culturales”, algunos problemas sociales presentes en la zona. Por ejemplo, para acentuar que “Muchas de las condiciones de exclusión se expresan en el embarazo adolescente, las violaciones, el incesto y violencia de género e intrafamiliar, en la cultura lenca…[53].

En relación con la economía y la producción artesanal en circuitos mercantiles se utilizó la expresión “culturalmente sostenible”, para reafirmar la difusión de la producción artesanal, especialmente entre las mujeres lencas. Y en la Región Río Lempa, también con presencia de comunidades lencas, se utilizó el vocablo “cultura” asociado con “riqueza” y como motivo de reclamo por la poca influencia de la cultura en el desarrollo de los proyectos.

Así, “La riqueza cultural que no parece permear todas las acciones del desarrollo, pese a la gran riqueza marcada por la herencia cultural lenca…”; por tanto, la cultura fue asumida como una referencia clave para comparar la riqueza simbólica con la pobreza material.

En Olancho, se relacionó la cultura con un espacio público convertido en lugar de encuentro y diálogo de pobladores y líderes comunitarios según una agenda de temas y reuniones:

Todos los miércoles se reúnen en la casa de la cultura; en este momento se está discutiendo si las térmicas tienen espacio o no, también están trabajando con el rescate del río Juticalpa y tienen otra bonita iniciativa que se llama un árbol y yo[54].

En la Región de La Mosquitia se asoció “cultura” con “denuncia”, para matizar el peso del silencio en mujeres víctimas de violencia en el hogar: “Se manifestó la alta incidencia en violencia doméstica originada mayoritariamente por la alta ingesta del alcohol en los pobladores de la zona, la poca cultura de la denuncia representa un reto primordial”[55].

En las regiones indígenas de Gracias a Dios se utilizó el vocablo “cultura”, además, como fuente de las profundas raíces observadas en dos pautas de comportamiento, uno sumiso y otro dominante entre mujeres y hombres. Según el informe, estos “tienen un arraigo cultural dominado por el patrón sumiso de la mujer misquita y el perfil machista proveedor de recursos en el ámbito familiar”[56].

También se asoció la cultura con un medio esencial para el espacio privado y la calidad de vida de la población, al considerar la política de vivienda de los programas y proyectos gubernamentales, en la que señalaron incongruencias entre lo hecho y lo deseable en La Mosquitia: “… las casas no se han construido de acuerdo a la cultura e idiosincrasia de la población…”[57].

En este caso, el vocablo “idiosincrasia” fue asociado a la cultura para reforzar una referencia inherente a la arquitectura y formas de construcción de las culturas indígenas de Gracias a Dios; y, además, para reconocer el carácter externo de la intervención del Estado en la región, sin satisfacer las expectativas de la población en materia de vivienda propia.

En Santa Rita de Yoro, municipio de la Región 01 Valle de Sula, se utilizó una comparación para evidenciar la aculturación de la población que ha emigrado al extranjero, mostrando las huellas culturales que arrastran los migrantes que se reinsertan en su comunidad de origen con un ingrediente de diferenciación social. Según el informe,

La migración es una constante en este municipio ya que muchos habitantes se van en busca de mayores oportunidades y otras familias entran a diario al municipio. Ejemplos del impacto de este tema se encuentran en las Aldeas de Pinalopa y Casino ya que ahí se ven viviendas (mansiones con estilos no propios de nuestro país) que desentonan con las comunidades y esto es producto de la migración y de la asimilación cultural[58].

¿Problemas del desarrollo o del subdesarrollo?

La falta de concierto, convergencia o armonía entre las instituciones a la hora de ejecutar programas y proyectos en las regiones, creaba un escenario similar al producido en los municipios y comunidades por la falta de cohesión social señalada en los informes consultados.

Un ejemplo clave, relacionado con la calificación profesional y la ejecución sincronizada de la planificación estatal, fue identificado en el departamento de Olancho. Según el informe respectivo:

En Juticalpa en este momento se tienen 5 Universidades, sin embargo, su oferta académica no está en función de las capacidades productivas de la zona; por ejemplo, en la Universidad Católica acaban de egresar 350 abogados y esa no es una prioridad en el departamento[59].

Además, afirmaba que el mayor problema del departamento “ya no es la inseguridad, sino el desempleo; en ocasiones es falta de mano de obra calificada, perjudicando y evadiendo que grandes inversionistas lleguen a realizar sus obras”.

Focalizando la crítica en las incongruencias de la educación que se impartía y la que estas regiones requerían, por ejemplo en el nivel medio de enseñanza, el informe señala:

En los Municipios del norte [de Olancho] en donde se ha logrado un montón de bachilleres técnicos en computación y el potencial es el bosque, la pregunta es ¿por qué no se puede orientar la educación a la capacidad técnica de la localidad?, tenemos que entrar en un proceso de organización en donde todo esto queda claramente establecido[60].

Con el propósito de reafirmar la perspectiva desde la que se debía abordar la educación para evitar su divorcio de la realidad identificada en las regiones, el mismo informe deja al descubierto un panorama más amplio al revelar otros problemas de la economía rural. Por ejemplo: “La falta de relevo generacional en el campo es otro de los graves problemas que existen en la región, a criterio del Comisionado”.

Por consiguiente, se debía “trabajar en la educación agrícola o educación para la producción ya que de los problemas más serios que se tienen es que los jóvenes ya no quieren cultivar el campo, sino que se están yendo para las maquilas; están migrando”. A la vez, reconocía las causas de tales comportamientos:

Es importante mencionar la dificultad sobre las condiciones injustas y la falta de reglas claras en los mercados y la conexión del productor con los mercados. Además, es necesaria la vinculación de la universidad con el productor y la asistencia técnica que le puede brindar a él, se está planteando hacer un convenio con la UNAG[61].

Sin embargo, entre más soluciones se proponían, más obstáculos salían a relucir y más factores se sumaban a la explicación de los problemas:

En algunos sectores de la sociedad, hay preocupación sobre la Universidad Nacional de Agricultura que ya no está ofreciendo profesionales de calidad porque se ha preocupado por dar acceso y no calidad y esto no contribuye con la necesidad de progreso del país y productividad. La UNA pasó de manejar L 32,000,000.00 a L 400,000,000.00[62].

Los problemas aquí planteados se relacionan con el subdesarrollo cuando se mantienen en el mismo estado de estancamiento, sin una evolución relacionada con los nuevos retos de la realidad socioeconómica y con el desarrollo.

Aproximación a las conclusiones

En el periodo 2010-2021 se aceleró la disolución del orden jurídico tras el golpe de Estado de 2009, seguido por la ilegítima destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2012 y el fraude electoral de 2017 para reelegir ilegítima e ilegalmente al gobernante en turno desde 2014.

Varias transiciones se produjeron durante el mismo periodo en el orden político y social. Las más importantes fueron la aceleración del paso de la violencia tradicional a la violencia contemporánea; el desarraigo comunitario por la migración masiva al extranjero; el debilitamiento de la familia nuclear por la migración y el desplazamiento forzado causado por el desempleo y la violencia criminal; el deterioro acelerado del orden político por el aumento de la polarización ideológica y partidarista; y el progresivo deterioro ambiental por el fenómeno climático con repercusiones en la economía agrícola y la seguridad alimentaria de la población.

En la gestión territorial se puso en riesgo la soberanía nacional por el aumento significativo de concesiones territoriales otorgadas a agentes privados y agentes ilícitos establecidos en la economía sumergida durante el crecimiento de los tráficos ilícitos en el territorio en el mismo periodo.

En suma, se produjo un traslado significativo de la soberanía del Estado a agentes privados legítimos e ilegítimos, afectando gravemente la soberanía popular, la seguridad jurídica del territorio, la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado por el protagonismo y poder adquirido por agentes ilícitos en la conducción del Estado.

En ese contexto deben verse los temas abordados en los informes de veeduría y verificación elaborados por el Fonac en dicho periodo, y que han servido como referencia principal de este trabajo.

La primera valoración a tener en cuenta es que la gestión territorial en esa década estuvo asociada estrechamente con el clientelismo político tradicional, y esta relación es una fuente de exclusión y desigualdad social.

Desde tal perspectiva se formula la pregunta sobre cuál es el factor más importante en la gestión territorial y cuál en la gestión política para propiciar inclusión y equidad social. La pregunta no es ociosa considerando el fracaso de ambas gestiones en el periodo estudiado, del que aquí se ha presentado una muestra relevante.

Los recursos territoriales reconocidos como estratégicos fueron el agua, la tierra, el bosque y los recursos del subsuelo; sin embargo, no se estableció una relación estrecha entre estos y las demandas de acceso de la población a tales recursos, indispensables para la supervivencia y para mejorar su calidad de vida en términos sostenibles.

En este punto, crucial para asociar la gestión territorial con la gestión política, interviene la asociación parasitaria de ambas con el clientelismo político mediante políticas asistencialistas improductivas e insostenibles como remedio a la pobreza y la demanda de servicios sociales indispensables para la vida de la población.

En tal coordenada, la deficiencia principal del modelo aplicado fue no haberlo orientado a impulsar el empoderamiento comunitario, local y municipal, sino más bien a estrechar el vínculo de la población con el clientelismo político, el partido y el gobierno de turno.

Esencialmente, se puede considerar que esta relación, comprendida en el contexto de un periodo de doce años ininterrumpidos del gobierno ejercido por un solo partido, es una clave explicativa a ubicar entre las más importantes –sino la más importante–, en tanto que nodo fundamental del poder en su construcción y sustentación continuada desde el inicio de las políticas de compensación social instauradas por el neoliberalismo en 1990.

Su prolongada vigencia no se explica únicamente por la falta de rupturas importantes en su evolución, sino porque tanto la gestión territorial como la gestión de las políticas asistencialistas han sido objeto de procesos modernizadores que convirtieron la relación de la gestión territorial con la gestión de la política asistencialista en una estructura compleja, política e institucionalmente, bajo el control del partido gobernante, pero sustentada con recursos públicos y fondos externos.

¿Cuánto fue el costo de la política asistencialista del Estado en el periodo 2010-2021? ¿Cuánto debió crecer exponencialmente para obtener los recursos financieros que sustentaran sus programas y proyectos en las regiones intervenidas por la Visión de País y Plan de Nación?

Pese a su complejidad político-institucional y su elevado costo financiero y social, su fracaso obedeció a la falta de soluciones inmediatas, viables y eficaces para superar las brechas sociales identificadas en las regiones; a la falta de reconocimiento social de la legitimidad de los gobiernos del periodo, que se tradujo en ausencia de respaldo social manifestado en la escasa participación de la base de la sociedad en los programas y proyectos gubernamentales, que no fueron legitimados en la cotidianidad de su ejecución.

La falta de integralidad de las políticas asistencialistas dejó sin respuesta los problemas vinculados a la ausencia de justicia, el combate efectivo de la corrupción y el establecimiento de una política económica para empoderar a las comunidades empobrecidas del campo y la ciudad que, además, superara los vacíos de las políticas asistencialistas conectadas con el clientelismo político y el afán de continuidad del partido gobernante en la conducción del Estado.

En síntesis, el fracaso más importante de la asociación establecida entre la gestión política, la gestión territorial y la gestión de la política asistencialista, se debió a que esta nunca buscó empoderar a las comunidades donde focalizó la ejecución de sus programas y proyectos, porque nunca fueron los sujetos principales de la política gubernamental en esa materia.

Y tampoco se propuso desarrollar una gestión territorial democrática y participativa, y mucho menos una política de equidad territorial vinculada a la justicia ambiental que, tras una nueva década perdida, constituye el principal reto para el Estado, la sociedad civil y los movimientos sociales de Honduras.


*      Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.

[1]       Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, establecidas por el gobierno de Juan Orlando Hernández como proyecto de concesión territorial para la atracción de inversión extranjera a Honduras, violentando la soberanía nacional. Cfr., https://cespad.org.hn/que-ha-pasado-con-las-zede-en-honduras-y-cual-es-su-estatus/

[2]       República de Honduras Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022. Presentados para consideración del Soberano Congreso Nacional – enero 2010.

[3]       Foro Nacional de Convergencia (FONAC), “Informe Gira Región 01 Valle de Sula”, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País Plan de Nación”, año 2017, p. 70.

[4]       Ibid.

[5]       Ibid.

[6]       Ibid.

[7]       Ibid., p. 73.

[8]       Ibid.

[9]       Ibid.

[10]     Ibid.

[11]     Ibid, p. 74.

[12]     Ibid.

[13]     Unidad Técnica Foro Nacional de Convergencia, “Informe Gira Región 16 Santa Bárbara”, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País y Plan de Nación, año 2017, pp. 84-88.

[14]     Ídem.

[15]     Ibid., p. 41.

[16]     Ibid, Conclusiones y Recomendaciones, pp. 84-88.

[17]     Ídem.

[18]     FONAC, Informe Gira Región 13 Golfo de Fonseca, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País y el Plan de Nación, 2016, p. 11.

[19]     Ibid, p. 12.

[20]     Ibid, p. 10. “Las áreas protegidas son 11: la Bahía de Chismuyo, el Archipiélago del Golfo, la Isla del Tigre en su parte más alta, la Bahía de San Lorenzo, Los Delgaditos, Los Jicaritos, Punta Condega, San Bernardo y La Berbería, Cerro Guanacaure y La Botija. El mangle está en nueve (9) áreas con excepción de Guanacaure y La Botija. Los tipos de mangle son isóforo, el gateador, el rojo, blanco, botoncillo y negro”, p. 10.

[21]     Ibid, pp. 10-11.

[22]     Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca.

[23]     Ibid, p. 10. “La organización comunitaria a lo largo del Golfo, se estructura para luchar por la defensa de los humedales y las lagunas de invierno, son 19 seccionales u organizaciones comunitarias, que aglutina hasta 12 caseríos, cada seccional tienen un representante en CODEFFAGOLF”, p. 11.

[24]     Uno de los objetivos expuestos en los informes de veeduría, vinculado con la democracia, es el que propone “Una Honduras que se desarrolla en Democracia con seguridad y sin violencia”.

[25]     Informe Gira Región 13 Golfo de Fonseca, p. 26.

[26]     FONAC, Informe Gira Región 12 Centro, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País y el Plan de Nación, año 2015, p. 35.

[27]     Véase las conclusiones y recomendaciones correspondientes a la Región 16 Santa Bárbara, op. cit.

[28]     FONAC, Informe Gira Región 6 Cordillera Nombre de Dios, Región 7 Norte de Olancho y Región 8 Valle de Olancho, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País y el Plan de Nación, 2016, p. 46.

[29]     FONAC, Informe Gira Región 04 Valle de Leán, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País y Plan de Nación, 2016, p. 41.

[30]     FONAC, Informe Gira Región 5 Valle del Aguán, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País y el Plan de Nación”, 2016, pp. 37-38.

[31]     Al respecto véase: CESPAD, Coyuntura desde los territorios | Reflexiones sobre cómo gestionar el conflicto agrario en el Bajo Aguán, disponible en: https://cespad.org.hn/coyuntura-desde-los-territorios-reflexiones-sobre-como-gestionar-el-conflicto-agrario-en-el-bajo-aguan/

[32]     FONAC, Informe Gira Región 6 Cordillera Nombre de Dios, Región 7 Norte de Olancho y Región 8 Valles de Olancho, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País y el Plan de Nación, 2016, p. 33.

[33]     Ibid, p. 39.

[34]     Ibid, p. 46.

[35]     Ibid., pp. 46-47.

[36]     FONAC, Informe Gira a Región 14 Río Lempa, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País Plan de Nación, enero de 2017, p. 60.

[37]     Ibid, pp. 59-60.

[38]     Ibid.

[39]     FONAC, Informe Gira Biosfera del Río Plátano Región 09 y La Mosquitia Región 10, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País Plan de Nación, año 2017, pp. 47-48. En cuanto a la población, “En ambas regiones cohabitan cinco grupos étnicos: Misquitos, Pech, Tawahkas, Garífunas y ladinos, integrados en 13 consejos territoriales organizados, con una gran biodiversidad formada por pantanos, manglares, lagunas, costas marinas, canales naturales y bosques (de pino, sabanas, tropicales, coníferas, matorral y enanos)”, pp. 10-11.

[40]     Ibid, p. 73.

[41]     Idem.

[42]     Ibid., pp. 65-66.

[43]     Ibid., p. 111.

[44]     Ibid., p. 45.

[45]     Región 16 Santa Bárbara, Conclusiones y Recomendaciones, informe citado, pp. 84-88.

[46]     Regiones Cordillera de Nombre de Dios, Norte y Valles de Olancho, informes citados, p. 45.

[47]     Región Valle del Aguán, informe citado, p. 37.

[48]     Regiones La Mosquitia y Biosfera del Río Plátano, Conclusiones y Recomendaciones, informe citado, p. 109.

[49]     Región Central, informe citado, p. 15.

[50]     Cfr., Región 11 El Paraíso, Introducción, p. 5.

[51]     FONAC, Informe Gira Región 16 Santa Bárbara, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de Nación Plan de País, 2017, p. 40.

[52]     FONAC, Informe Gira Región Río Lempa, p. 59.

[53]     Ibid., pp. 59-60.

[54]     Informe Región Olancho, p. 37.

[55]     Informe regiones La Mosquitia y Biosfera del Río Plátano, p. 49.

[56]     Ibid, pp. 65-66.

[57]     Ibid., p. 109.

[58]     Informe Región 01 Valle de Sula, ya citado, p. 20.

[59]     FONAC, Informe Gira Región 6 Cordillera Nombre de Dios, Región 7 Norte de Olancho y Región 8 Valles de Olancho, Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País y el Plan de Nación, año 2016, p. 36.

[60]     Ibid, p. 37.

[61]     Ibid, p. 38.

[62]     Ibid, pp. 38-39.

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