Ismael Moreno (sj)*
A partir de nueve conflictos cruciales, aquí se propone propiciar un debate nacional para construir consensos e identificar los potenciales detonantes de crisis mayores, que solo favorecerán a quienes se benefician de la inestabilidad y el caos. Los conflictos internos y la desesperación por alcanzar cuotas de poder debilitan y empañan la propuesta oficial, y oscurecen lo que de democratizador pudo tener en su origen.
En el marco de lo que consideramos la contradicción fundamental del actual período coyuntural[1], que se expresa en la confrontación del gobierno con los poderosos y activos grupos fácticos, cuyo quehacer principal es debilitar hasta destruir el proyecto que preside Xiomara Castro Sarmiento, ponemos en la mesa de debate algunos conflictos nacionales relevantes en este momento.
Aquí anotamos nueve conflictos, todos estrechamente vinculados, que a la vez pueden propiciar un debate nacional para la búsqueda de consensos, o para identificar los potenciales detonantes de otras crisis mayores, de las que únicamente salen gananciosos los grupos oscuros que se benefician de la inestabilidad y el caos político y social.
Existen muchos otros conflictos, como los de salud, educación, juventudes, género y etnias, entre otros. Sin embargo, en este análisis, preferimos remitir a aquellos desde los que se puede tener una mirada de conjunto en el contexto en que interactúan.
1. El conflicto agrario
El primer conflicto es el agrario, acumulado y nunca resuelto desde hace al menos seis décadas[2]. Todas las respuestas de las distintas administraciones públicas han sido para acumular su conflictividad y utilizarla en función de intereses de grupos de poder o para campañas proselitistas.
Siempre se dijo que en Honduras quien tiene la tierra tiene el poder, y hoy sigue siendo así, pero acrecentado por el control territorial de otros protagonistas. Los actores tradicionales en el campo, terratenientes, empresarios y campesinos ya no son los principales, sino el crimen organizado, que no tiene especial interés en la tierra para la producción o el comercio, sino para ejercer su control territorial para fines ilícitos y el trasiego de negocios sucios y el narcotráfico.
Muy mala señal da el gobierno con la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, que privilegia los desalojos y la criminalización de las organizaciones campesinas, por encima de una reorganización agraria que trastoque efectivamente la tenencia de la tierra, en cuya base radica la histórica conflictividad agraria de Honduras. Mientras no se aborde este tema de fondo, toda respuesta será como dar palos de ciego, de prolongación del conflicto, agravándolo o atendiendo primordialmente las presiones y chantajes de la élite empresarial oligárquica.
Los asesinatos de defensores de la tierra, especialmente en la región del Aguán, se suman a la sangre derramada a lo largo de muchos años de este conflicto acumulado y nunca resuelto. De seguir dando respuestas superficiales, no solo se continuará dando tumbos, sino que además tendremos que seguir lamentando y llorando más derramamiento de sangre campesina.
El llamamiento a los sectores sociales y populares se ha de orientar a ejercer el derecho a la presión y la movilización social, para que el gobierno apruebe e implemente políticas públicas que –en lugar de ser apagafuegos y responder a presiones de grupos de poder–, se sitúen en el compromiso de tocar a fondo la tenencia de la tierra como el nudo fundamental del conflicto agrario; y como condición para avanzar en estas políticas de reordenamiento agrario, exigir al Congreso Nacional la derogación de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola[3] como condición para construir un escenario en que el campesinado sea actor decisivo en la construcción de propuestas agrarias integrales.
2. El conflicto ambiental y ecológico
El segundo conflicto es el ambiental ecológico, que está dejando como recuento sangriento la muerte de ambientalistas y defensores de ríos, bosques, territorios y culturas; a lo que se suma la estigmatización, criminalización y judicialización de quienes se oponen con fervor comunitario y patriótico al despojo de los bienes naturales, sus territorios y culturas.
Así ocurrió el asesinato de Berta Cáceres y así ocurren los asesinatos de defensores del ambiente en la región del Aguán, específicamente en la comunidad de Guapinol, en la zona del río San Pedro. Y con defensores ambientales de las tribus de los tolupanes en las montañas del departamento de Yoro, entre otros.
Reiteramos que este conflicto ambiental tiene de fondo la confrontación entre dos modelos: el modelo de desarrollo basado en el despojo y la explotación infinita de los bienes de la naturaleza con fines comerciales y de lucro; y en el otro extremo, el modelo del buen vivir basado en la armonización entre los bienes de la naturaleza y los seres humanos[4].
Los seres humanos tenemos derechos que defender y promover, como la naturaleza tiene derechos que debemos defender y promover. Esta armonización es la que nos dará vida, porque así la naturaleza nos dará lo que necesitamos para vivir y alcanzar bienestar, y nosotros daremos vida y protegeremos a la naturaleza como nuestra madre.
Nuestra apuesta ha de situarse con las comunidades y organizaciones que protegen y defienden la naturaleza, y desde la lucha contra el modelo de desarrollo extractivista, con el fin de contribuir a que el modelo del buen vivir avance hasta consolidarse, y que el modelo de desarrollo extractivista se debilite y reduzca drásticamente su dinámica destructora.
La contradicción entre estos dos modelos está en la base de la violencia, las amenazas a la vida y los asesinatos de ambientalistas y luchadores sociales y populares. Muy mal queda el gobierno si promueve respuestas tibias y ambiguas en un conflicto que incuba tanta violencia, y sin situarse desde la defensa de la vida de dirigentes y comunidades y del modelo del buen vivir.
Respuestas así solo contribuyen a prolongar este conflicto y a dejar bajo mayor amenaza a quienes defendemos el modelo del buen vivir. Un llamamiento al gobierno para que defina su posición con políticas públicas orientadas a fortalecer el modelo del buen vivir, donde se inserte el compromiso de defender a quienes protegen y dan la vida por sus bienes naturales, sus territorios y su cultura.
3. El conflicto por los derechos humanos
El tercer conflicto es el de los derechos humanos, que se inserta en una sociedad donde no solo se violan individualmente, sino que la sociedad entera está sometida a un modelo que, estructuralmente, viola los derechos humanos. En esta clave de lectura se inscriben los conflictos agrarios, ambientales y todos los relacionados con la ausencia de una institucionalidad de justicia y una legalidad en manos de quienes atentan contra los derechos humanos y laborales de los trabajadores, vinculados a su vez con las élites empresariales, políticas y criminales.
La violación de los derechos humanos en Honduras se sitúa en un contexto de impunidad y corrupción. Atender los temas relacionados con los derechos humanos de manera aislada, sin una mirada de conjunto, como parece hacerlo la administración pública, es seguir dando palos de ciego[5].
La conflictividad en el campo requiere responder a la demanda de respeto a los derechos humanos con una mirada abarcadora y estructural, que vincule el compromiso con los derechos humanos a la temática agraria y ambiental, que frene la violencia desde la justicia con una opción por los oprimidos y marginados.
4. El conflicto de la violencia y la inseguridad
El cuarto conflicto es la situación de violencia e inseguridad. Vivimos y somos testigos de situaciones dramáticas y extremas de violencia, como lo ocurrido en el centro penitenciario femenino de Támara, en Francisco Morazán; los hechos sangrientos vinculados con operativos y asesinatos en el marco del crimen organizado; y las matanzas frecuentes que dejan ríos de sangre, como la ocurrida en Choloma el 24 de junio, que dejó al menos a 13 personas masacradas, en un contexto en el que unas 25 personas murieron violentamente en un solo día en la Costa Norte.
La escalada de violencia ocurre, simultáneamente, con actos y decisiones que, aparentemente aislados, pueden situarse en el propósito de debilitar y restarle credibilidad nacional e internacional al Gobierno que lidera Xiomara Castro. La violencia preocupa y es un síntoma del deterioro social e institucional, además de una manifestación de la debilidad y los desaciertos del gobierno ante la inseguridad ciudadana y la presencia activa y amenazante de las estructuras de la narcodictadura establecidas en las administraciones anteriores.
Este contexto es consecuencia de varias décadas de crecimiento de la espiral de violencia, desde los años noventa del siglo pasado, cuando el Estado perdió el control sobre la administración y el monopolio del uso de la fuerza, que fue “delegado” a sectores no estatales por medio de las Fuerzas Armadas y la Policía[6]. En ese momento fueron cobrando fuerza los grupos irregulares y violentos como los del narcotráfico, las maras y pandillas. Luego de varias décadas, el Estado perdió el control y acabó siendo víctima de estos grupos irregulares, que asumieron el uso de la fuerza y el ejercicio de la violencia, una función asignada estrictamente al Estado.
El crimen organizado, sin duda, busca poner en jaque al gobierno para debilitarlo y destruirlo; a la vez, busca medir fuerzas para definir quién en Honduras tiene el poder real. El llamamiento es al gobierno, para que no sea la desesperación ni las amenazas lo que conduzca a la toma de decisiones frente a la violencia y la inseguridad.
Advertimos que no es el peso de la fuerza ni las armas lo que resolverá el fenómeno de la violencia. Este flagelo está inserto y remite a problemas de orden estructural, entre ellos algunos de los ya señalados aquí. Pero hemos de insistir: no es la salida militar la que resolverá la inseguridad provocada por la violencia. Los militares han sido fuente de problemas y protagonistas en la violación a los derechos humanos en la historia de nuestro país, y nada distinto ha ocurrido como para esperar un cambio significativo en su proceder y comportamiento ante la ciudadanía.
Malos consejeros son quienes se pronuncian a favor de la prolongación del Estado de excepción, al modo en que también se hace en El Salvador. Responder ante la inseguridad que enfrenta la ciudadanía solo con fuerza y violencia, conduce únicamente a engendrar nuevos dinamismos de violencia.
Lo pertinente en la coyuntura actual, es que el gobierno convoque a diversos sectores de la sociedad para que, junto al gobierno y una instancia internacional, se conforme un organismo que aborde la violencia desde la perspectiva estructural y coyuntural, que conduzca a diseñar una propuesta de corto, mediano y largo plazo para enfrentar con solvencia el problema de la inseguridad ciudadana y sus consecuencias.
5. El conflicto de la ingobernabilidad
El quinto conflicto es la ingobernabilidad. El gobierno tiene una cuota de poder, pero la presidenta Castro cuenta con la más baja cuota de ese poder, y no pocas de las decisiones residen y se toman fuera de las instituciones formales de los tres poderes del Estado. Los grupos de poder fáctico usan esa prerrogativa para canalizar y ratificar decisiones que se toman en otros espacios, incluso fuera de las instancias gremiales, como lo dijo un empresario: “Yo no necesito del gobierno, tomo mis decisiones y luego las canalizo a través de mis gremios”[7].
El poder se hace sentir fuera del gobierno y en las instancias formales y no formales, irregulares y subterráneas, que frecuentemente inciden en las decisiones que se toman en Casa Presidencial, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia.
El poder está diseminado en distintos lugares y espacios, y desde ahí se ejerce presión y se condiciona al gobierno. Estos son los poderes fácticos, de los que emanan manipulaciones y arbitrariedades que constituyen y dan consistencia a la impunidad, la corrupción y la violencia. Es lo que podemos identificar como ingobernabilidad. Poderes autónomos, cual reino de taifas, cada uno promoviendo sus propias dinámicas y buscando imponer sus intereses, en detrimento del poder y de los intereses del Estado porque, a fin de cuentas, cada poder actúa como si en efecto fuese el Estado.
El llamamiento es a aportar en la construcción de enlaces y vínculos entre diversos sectores sociales, para contribuir a rehacer los tejidos rotos en nuestra sociedad y, a la vez, establecer alianzas entre organizaciones y juntar tantos “vigores dispersos”[8] para articular propuestas, presentarlas y defenderlas ante el gobierno.
Cuanto más fortalezcamos el poder desde abajo, enlazando a diversos sectores, más se aportará a construir un poder popular que presione por la satisfacción de sus propias demandas. Y cuanto más poder popular se construya, más incidencia se podrá ejercer ante el gobierno. De esta forma, se estaría trasladando el poder social que el gobierno necesita para impulsar propuestas y políticas públicas por encima de los poderes fácticos, que buscan imponer sus directrices al Estado.
La alianza entre sectores populares enlazados horizontalmente, con un gobierno al que se le entrega poder para que lo administre desde los intereses populares, es una tarea política primordial en estos tiempos de ingobernabilidad.
6. El conflicto por la CICIH
El sexto conflicto es la CICIH[9]. Todo mundo habla y demanda su presencia e instalación en Honduras como una instancia internacional que, adscrita a la ONU, contribuya a investigar y conducir a juicio y condena a quienes, desde las redes criminales, sostienen la institucionalidad de la impunidad y la corrupción en nuestro país.
Esta instalación ha de estar en plena sintonía con las instancias nacionales de justicia, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público. Si estas instituciones no funcionan, o responden a intereses ajenos a los establecidos por la Constitución de la República, muy poco podrá hacer una instancia internacional como la CICIH.
Decisiones adoptadas por el pleno de la Corte, como acordar que un confeso narcotraficante se defienda en libertad, envía muy malas señales desde este poder del Estado. De igual manera, tener en la agenda de la Corte, como punto número uno en su primera sesión plenaria, el tema de reformar el auto acordado que rige las extradiciones, advierte que esta institución se sigue moviendo de acuerdo a los intereses de los poderes fácticos y no en virtud de la función que le dicta la Constitución de la República.
En la misma perspectiva, si la elección del Fiscal General y Adjunto resulta de negociaciones y acuerdos tomados bajo la mesa por el tripartidismo (Libre, Partido Nacional y Partido Liberal), significaría que el procedimiento establecido para la selección de candidatos a estos honrosos cargos ha sido apenas un protocolo, y que el Ministerio Público seguirá cooptado por los poderes fácticos. En estas condiciones, es poco lo que cabría esperar de una instancia internacional como la CICIH.
El llamamiento es, por tanto, a los sectores sociales y populares, para mantener la mirada y vigilancia en que la instalación de la CICIH se logre sin las presiones y condicionamientos de las cúpulas de los partidos políticos, los gremios empresariales y el crimen organizado. Por el contrario, respaldar que esta se mantenga independiente, incluso del gobierno en turno, para lograr su objetivo de investigar a fondo las redes criminales[10].
7. El conflicto de las ZEDE y la Ley de Justicia Tributaria
El séptimo conflicto tiene que ver con las ZEDE[11] y la propuesta de Ley de Justicia Tributaria. A las ZEDE las insertamos en la confrontación fundamental entre el sector oficial y los grupos fácticos, porque tiene que ver con la lucha por derogar instrumentos que son un atentado directo contra la soberanía nacional, detrás de los cuales se yerguen intereses de empresas trasnacionales que, en asocio con la élite empresarial hondureña, buscan consolidar el modelo neoliberal capitalista en su expresión más radical y extremista. Sus principales impulsores se autodenominan “libertarios”[12] que, sin ambigüedades, arrasan con la territorialidad, los bienes naturales y la potestad del Estado de proteger la soberanía nacional por mandato constitucional.
El llamamiento es claro para que los sectores sociales y populares se unan para exigir al Congreso Nacional que ratifique en esta legislatura el voto para la derogación definitiva de las ZEDE, como expresión de una demanda popular, para que en Honduras ejerzamos el derecho a la soberanía que nos otorga la Constitución de la República. Y la unimos a la iniciativa de ley que el Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional para aprobar el instrumento llamado de Justicia Tributaria[13]. Este se orienta a ejercer control sobre las decisiones financieras y económicas, con el fin de reducir desde la institucionalidad del Estado los desajustes y desigualdades económicas que se producen en las relaciones comerciales, productivas, financieras y tributarias.
En Honduras no solo hemos sido empobrecidos porque los medios de producción están en muy pocas manos, y por la decisión de depender de economías externas a las dinámicas endógenas, sino también porque la población produce la riqueza socialmente, pero el sistema de tributación conduce a que sea apropiada individualmente.
La gente asalariada paga lo mismo que los grandes empresarios, y con la figura jurídica de Justicia Tributaria se busca cambiar las reglas para que la gente tribute al Estado de acuerdo a sus ingresos y ganancias. Aplaudir esta iniciativa es propio de quienes creemos y valoramos las transformaciones sociales y populares, a la vez que se ha de exhortar a todos los sectores sociales, populares y patrióticos a coincidir en la lucha por exigir su aprobación en el Congreso Nacional.
8. El conflicto en el sector energético
El octavo conflicto es el energético. Somos un país con privilegiadas condiciones naturales y de biodiversidad como para disponer de energía efectiva y de reserva para cubrir las necesidades energéticas presentes y futuras. No obstante, experimentamos y padecemos las consecuencias de una administración corrupta y malvada en diversos componentes del sector energético, desde gobiernos anteriores. Su orientación y uso ha estado al servicio de fines particulares, favorables a la privatización de su administración.
Sin embargo, por mucho tiempo, las respuestas del Estado han sido irresponsables o al menos mediocres. Hoy pagamos la factura de dicha negligencia, que además va dejando la energía en manos de la élite empresarial oligárquica y empresas transnacionales.
El llamamiento es para que el gobierno coloque en la administración de la energía a personal competente, profesional, honesto y con mirada de futuro, que solucione la crisis actual de la mano con sectores patriotas del país y con el apoyo de personas y países con experiencia en el tema como Brasil, México, Noruega y China, para poner en marcha una propuesta integral que provea de energía limpia a toda la sociedad; que se garantice que esta no será privatizada y se involucre a diversos sectores populares y de la sociedad civil para velar por el saneamiento de la administración de energía y que esté asociada con la defensa y protección del medioambiente.
9. El conflicto por las relaciones con China
El noveno conflicto se relaciona con la política exterior. Luego de vivir en un contexto estándar de relaciones diplomáticas internacionales condicionadas por los intereses de los Estados Unidos, el gobierno de Xiomara Castro decidió establecer relaciones diplomáticas con China Popular, y que Taiwán hiciera efectiva la decisión de retirar su representación diplomática, al romperse la condición de que Honduras no estableciera relaciones con China Popular. Esta decisión –en opinión de diversos sectores económicos y sociales– abre enormes expectativas y oportunidades[14], y se espera que el gobierno sepa aprovecharlas para convertirlas en posibilidades de bienestar para los sectores tradicionalmente excluidos.
A la vez, se aspira a que esta oportunidad camine de la mano con el compromiso del gobierno de impulsar propuestas internas que permitan avanzar hacia la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la justicia social, evitando que las relaciones con China Popular se conviertan en un nuevo factor de dependencia que actualice la “nostalgia bananera”[15].
Preocupación y exhortación
El contexto actual es de mucha preocupación, por el deterioro que se advierte en la administración pública en razón de los conflictos internos derivados de luchas por cuotas de poder y con la mirada excesivamente puesta en la próxima contienda electoral. Este deterioro interno agrava el deterioro del ambiente social y político, que sitúa al país entero en estado de alarma y de peligros. En lugar de enfocarse en la contradicción fundamental en el actual período, sectores gubernamentales y partidistas oficiales se debilitan en infructuosas y estériles luchas intestinas que van convirtiendo la institucionalidad del Estado en una plataforma electoral.
Con un ambiente y una problemática configurados de esta manera, toda la sociedad pierde porque este gobierno, en medio de sus contradicciones e incoherencias, surgió como una de las pocas tablas de salvación con que cuenta el país para construir una propuesta democrática.
La responsabilidad de hacer cuestionamientos críticos oportunos, a la vez que sostenerlos y enriquecerlos, no puede ser exclusiva de un partido político, con frecuencia atrapado en sectarismos y conflictos internos. La responsabilidad de mantener esta tabla de salvación es de todas las personas y organizaciones sociales, populares, políticas y eclesiales que creen y apuestan por la democracia y el respeto al Estado de derecho.
Si este proyecto fracasa, como lo buscan y lo impulsan los sectores antidemocráticos nacionales e internacionales, y como lo abonan algunos grupos al interior del gobierno, no se advierte otra oportunidad democrática en el corto y mediano horizonte. Si esta propuesta se desbarata y destruye, previsiblemente, a la sociedad le espera un retorno al reciente pasado, pero con mayor radicalidad y extremismo.
Los actores de la narcodictadura se están reagrupando y utilizan todas las contradicciones, errores, debilidades y desaciertos para destruir e impedir que esta propuesta se constituya en un proyecto nacional democratizador, y así impulsar su propuesta, que se expresaría en una amplia coalición, en torno de un proyecto de extrema derecha fundamentalista, política, ideológica, religiosa y militarmente concebida como neofascista.
Estos sectores tienen su proyecto claro, y avanzan en dirección a hacerlo realidad en la próxima contienda electoral; puede expresarse en un partido político, como el Nacional o el Liberal, en coalición con el partido Salvador de Honduras. También podría expresarse en una alianza de partidos y movimientos religiosos fundamentalistas, representada por un “outsider”.
Este proyecto pasa por la condición de desprestigiar y aprovechar las incoherencias, conflictos internos y demandas sociales no resueltas para destruir el proyecto que podría ser democratizador, y que lidera el gobierno de Xiomara Castro. La derecha y la extrema derecha tienen claridad y firmeza en su propuesta y buscan consolidarse para implementarla.
Los sectores que se aglutinan en torno de la institucionalidad del Estado se revuelcan en sus propias contradicciones internas y, al perder la mirada de conjunto y la atención sobre la contradicción fundamental en esta coyuntura, agrandan sus conflictos y se comportan como si estos fuesen esenciales. Esgrimen mucho lenguaje agitador y de consignas, pero con muy poca solidez.
Mientras, los conflictos internos y la desesperación por alcanzar cuotas que los posicionen con algún poder para hacer realidad sus aspiraciones político-electorales, no solo debilitan y empañan la propuesta oficial, sino que oscurecen lo que de democratizador pudo tener en su origen. En los hechos, quienes así proceden, torpedean la propuesta democratizadora y, a fin de cuentas, favorecen al proyecto antidemocrático, cuya sombra crece cada vez más y hace sentir sus pasos de animal grande.
El llamado es a quienes se aglutinan en torno del actual gobierno, para que revisen responsablemente sus actuaciones y actitudes, y se enfoquen en la contradicción fundamental que confronta la propuesta democratizadora del gobierno con los poderes fácticos, poniendo sus intereses particulares y de grupo en un lugar secundario.
El tiempo se agota, y los enemigos de la democracia y del Estado de derecho acechan y amenazan. No hay tiempo que perder: o se sitúan las diferencias e intereses en el lugar secundario que les corresponde, o seremos testigos de la emergencia de una coalición fundamentalista neofascista que aplastará las aspiraciones populares[16].
El llamamiento es especial a las organizaciones sociales, populares, ambientalistas, agrarias, étnicas, juveniles, femeninas, eclesiales y organismos de incidencia, a acentuar la mirada en el conjunto y a sustentar un análisis crítico y a la vez propositivo.
Esta es una oportunidad para que las organizaciones y los movimientos sociales se abran a los enlaces y las coordinaciones, acentuando sus coincidencias por encima de sus diferencias, desconfianzas y protagonismos secundarios. Avanzar a que la mirada de conjunto se exprese orgánicamente en convocatorias que inviten a presionar organizadamente en torno a demandas nacionales acompañadas de propuestas de solución.
Está bien insistir en que no se busca ni se quiere ser gobierno, reconociendo a la vez que en la coyuntura actual el gobierno no es un enemigo. Es necesario fortalecer las estructuras convocadoras del movimiento popular, y así contribuir a establecer vínculos con instancias del gobierno, siempre respetando la autonomía y garantizando la identidad de los movimientos sociales organizados.
El llamado final es a crear todas las condiciones de conciencia, organizativas y de militancia, para convertir este período en el tiempo del liderazgo y la fuerza coordinada de los movimientos sociales.
* Investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) y de Radio Progreso.
[1] Esta formulación de contradicción fundamental en la actual coyuntura es resultado de un análisis que he compartido con el político y analista Mario Membreño, miembro de la coordinación nacional de la organización convocadora y articuladora hondureña Convergencia Contra el Continuismo. Esta surgió como resultado de análisis y debates entre dirigentes populares y analistas políticos, en junio de 2017, en el marco de la lucha contra el continuismo de la dictadura de Juan Orlando Hernández y el modelo neoliberal.
[2] Recomendamos el trabajo de investigación realizado en 2008, bajo la responsabilidad del COCOCH, Reforma Agraria, agricultura y medio rural en Honduras (La agenda pendiente del sector campesino), el cual sitúa la acumulación del conflicto agrario desde el periodo colonial. Sin embargo, focaliza su interés en la segunda mitad del siglo veinte, particularmente en los decretos ley número 8 y 170 de 1972, y en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, decreto No. 31-92 de 1992 (https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/134-ley-para-la-modernizacion-y-el-desarrollo-del-sector-agricola).
[3] Al respecto, se recomienda el trabajo de Fúnez, F. y Rubén, R. La compra-venta de tierras de la Reforma Agraria, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 1993.
[4] El modelo del Buen Vivir es liderado por pueblos originarios de Suramérica, especialmente de Ecuador, Brasil y Colombia, cuyo eco se ha hecho sentir en la Encíclica del papa Francisco, Laudato si’, publicada en Roma en mayo de 2015.
[5] El tratamiento de los derechos humanos solo puede ser efectivo desde una mirada estructural y no a partir de visiones sectoriales o aisladas de contextos conflictivos más amplios. Es violación a los derechos humanos el maltrato físico a las mujeres o a la niñez, a las personas defensoras del ambiente o de los derechos laborales. Pero la violación a los derechos humanos es un problema estructural cuando la tenencia de la tierra es fuente de violencia contra las poblaciones campesinas, o cuando las leyes permiten la instalación de una industria minera que pone en riesgo la vida de las personas y las comunidades, que amenaza los territorios de los pueblos indígenas y garífuna y pone en riesgo la continuidad de sus culturas ancestrales.
[6] Comenzó formalmente con la creación de las agencias privadas de seguridad, cuyos propietarios son altos oficiales del ejército. Con el tiempo, estas proliferaron y nutrieron sus contingentes, hasta alcanzar cifras mayores a los 150 mil efectivos, muy por encima del total de efectivos militares y policías. Esta “delegación” de la protección a las agencias privadas de seguridad tuvo un alcance tan extendido, que los vigilantes privados pasaron a desempeñar funciones propias del ejército y la policía. Igual “delegación” se dio a grupos paramilitares de empresarios privados, como el difunto Miguel Facussé en la región del Aguán; o los Atala en zonas del occidente y la Costa Norte. Una de las consecuencias inmediatas de este hecho, fue el crimen cometido por estos grupos contra la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres.
[7] Según informes y testimonios de algunos empresarios, las principales decisiones sobre los problemas de interés público no siempre se toman en instancias formales u oficiales como ministerios, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, gremios empresariales, o corporaciones municipales. Más bien se suelen tomar en ambientes informales, fiestas de cumpleaños u otras celebraciones. Una vez tomadas las decisiones, se suelen pasar a tomadores de las mismas en las instancias formales. Así funciona el poder, diseminado entre la institucionalidad pública y privada, cuyas cuotas están concentradas en grupos o incluso en personas con alto poder de incidencia.
[8] De Rubén Darío, poeta nicaragüense, “Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos; formen todos un solo haz de energía ecuménica”. Del poema “Salutación del optimista”, incluido en Cantos de vida y esperanza, Madrid, 1905.
[9] Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras.
[10] Como parte de la firma del acuerdo de entendimiento, entre la presidenta Castro y el Secretario General de la ONU, desde el mes de julio se ha hecho presente en el país el Grupo de Expertos que, a través de varias visitas, se propone explorar las condiciones para establecer un mecanismo internacional como la CICIH, bajo el auspicio de la ONU. Las visitas han incluido reuniones con diversos sectores, que han dejado buen sabor de escucha e interés hacia una instalación independiente y autónoma de la CICIH. Las organizaciones de sociedad civil ven con optimismo este proceso.
[11] Zonas Especiales de Desarrollo Económico.
[12] Un término que se vincula con sectores extremistas, que van mucho más allá del neoliberalismo y que propugnan por insertar los negocios e inversiones de transnacionales ya no solo irrespetando las legislaciones nacionales, sino también por despreciar el papel del Estado y avanzar hacia la consolidación de propuestas que garanticen la independencia de las inversiones de las legislaciones nacionales y se sitúen por encima de la soberanía territorial.
[13] Una iniciativa de ley que generó un ambiente de polémica, que empantanó el proceso en una confrontación en el Congreso, que ha imposibilitado sacar adelante la agenda legislativa. En el Congreso Nacional se experimenta, con toda su fuerza, la ingobernabilidad en la cual se expresa la contradicción fundamental entre gobierno y grupos de poder fácticos.
[14] Las expectativas crecen en la medida que el gobierno fortalece su publicidad sobre las bondades de esta apertura diplomática. Se habla de inversiones chinas para un eventual canal interoceánico, entre muchas otras. Las expectativas se fortalecen tras el nombramiento de Sir Salvador Moncada, un prestigioso científico, como Embajador de Honduras en China. Las grandes expectativas en el gobierno y sus allegados, recuerdan aquella mentalidad dependiente de los hondureños, la “nostalgia bananera”, que creció con el enclave bananero en el pasado siglo. Es la mentalidad de esperar que desde afuera y desde arriba vengan las respuestas a las angustias y necesidades nacionales. La dependencia con respecto a Estados Unidos, hoy se amplía con la búsqueda de dependencia ante China.
[15] Cfr. Moreno, Ismael. Revista Envío-Honduras. ERIC. Año 19, Número 66, julio, 2021, pp. 1-12.
[16] Una posibilidad que se prevé adquiera fuerza, en la medida que se aproxime el calendario electoral, cuando el gobierno estará mucho más condicionado por el ambiente proselitista que por la implementación de políticas públicas de mediano y largo plazo. Esta posibilidad está en sintonía con la tendencia internacional de aumento de movimientos políticos de extrema derecha que coinciden con un fervoroso neofascismo que, especialmente en Europa, adquiere mayor auge, a la que se suma la tendencia extremista estadounidense liderada por Donald Trump.