Cronología de su ascenso y caída[*]
1. Juan Orlando Hernández escaló todas las posiciones en la vida política e institucional del Estado de Honduras por la vía irregular y fraudulenta. En 1998, luego de ser ayudante de diputados del Partido Nacional, pasó a ser diputado por encima de la ley, que se lo impedía, por tener un hermano en un alto cargo de la administración pública.
Fue secretario del Congreso Nacional y, desde esa posición, propició negociaciones entre los partidos políticos para aprobar leyes que favorecían a empresarios de la industria de la energía, las comunicaciones, las empresas extractivas, la industria maquiladora y los tratados de libre comercio.
2. Siendo diputado y secretario del Congreso Nacional en la administración nacionalista de Ricardo Maduro (2002-2006), facilitó las condiciones para colocar a su hermano Juan Antonio (Tony) Hernández en posiciones para establecer y consolidar las estructuras del narcotráfico en la región occidental, con sede en Gracias, Lempira, y en estrecha coordinación con los hermanos Ardón y los hermanos Valle Valle en Copán y, en la región noreste, con la banda de Los Cachiros.
3. Tras participar activamente en el golpe de Estado de junio de 2009, logró la presidencia del Congreso Nacional en 2010; desde esa posición creó todas las condiciones para convertirse en candidato del Partido Nacional a la Presidencia de la República, que alcanzó en enero de 2014, tras las cuestionadas elecciones de noviembre de 2013. Y con fraude electoral y atropellando la Constitución de la República, se reeligió como presidente en noviembre de 2017.
4. Fue durante su período como presidente del Legislativo cuando consolidó las estructuras del crimen organizado más violento en la historia del país, hasta convertirse en líder del narcotráfico hondureño y de diversas redes de negocios lícitos, sobre todo los vinculados con la institucionalidad del Estado. Entre 2010 y 2013, logró que los hilos legales fundamentales, y sobre todo los ilegales, dependieran de su decisión personal.
5. En su período como presidente del Congreso Nacional fue cuando más concesiones se otorgaron para la explotación minera y la industria extractiva en general; y nuevamente atropellando la Constitución de la República, aprobó las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), también conocidas como Ciudades Modelo. Como muestra de su indiscutible control del poder, en diciembre de 2012, impulsó una acción inconstitucional para defenestrar a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que votaron en contra de la aprobación de la ley de las ZEDE. Al único magistrado que votó a favor de dicha ley, lo impuso como Fiscal General de la República, y lo reeligió para un segundo mandato.
6. Entre 2010 y 2013 se produjo el ensanchamiento del narcoestado, cuando la mayoría de los diputados se plegó al poderío alcanzado por Juan Orlando Hernández y diversas instancias del Estado legitimaron los actos ilícitos que emanaron de la presidencia del Congreso Nacional. Fue entonces cuando los dineros ilícitos —procedentes del narcotráfico y el saqueo de las instituciones públicas— sirvieron para financiar su campaña presidencial.
7. Durante el mismo período, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se convirtieron en protectoras del tráfico de drogas, por vía terrestre, aérea y marítima, que tenía lugar en el territorio nacional. Los capos de la droga también gozaron de la mayor protección de los cuerpos armados del Estado. Fue cuando se impuso, en 2011, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad[2], que se convirtió en el máximo órgano de decisión, incluso por encima de los tres poderes legítimos del Estado republicano. Por este medio, las decisiones pasaron exclusivamente a manos del presidente del Ejecutivo[3]. Mientras, Juan Orlando Hernández consolidaba su poder desde el Congreso Nacional, lo que le abriría las puertas a la Presidencia de la República.
8. Como Presidente de la República dio los pasos necesarios para ejercer un control absoluto sobre las redes criminales, sin rivales en su camino. Su período como presidente del Ejecutivo (2014-2018 y 2018-2022) coincidió con los mayores ajustes de cuentas, masacres vinculadas con grupos irregulares y confrontaciones exacerbadas entre pandillas juveniles. Además, creó la Policía Militar del Orden Público (PMOP), concebida como su guardia pretoriana, dispuesta a defenderlo de amenazas externas a su clan y de eventuales traiciones en su entorno.
9. El período glorioso de Juan Orlando Hernández fue también el de mayor auge para su hermano Juan Antonio (Tony), convertido en el mayor exportador de drogas a los Estados Unidos y uno de los principales controladores de los corredores de la droga en territorio hondureño. Mientras, su hermana Hilda administraba todos los fondos destinados a programas sociales y asistenciales a través de ONG ficticias que captaban millonarios fondos para la campaña política que lo catapultaría a la reelección presidencial y que, además, engrosaban el patrimonio del clan familiar.
Desde 2010, ella fue la todopoderosa administradora del Presupuesto General de la República, además de la estratega de comunicaciones de Casa Presidencial. Su trágica muerte en un accidente de aviación ocurrió el 16 de diciembre de 2017, en la víspera de la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral, que reconoció a JOH como presidente electo de la República, tras el fraude consumado en las elecciones del último domingo de noviembre de 2017.
10. Juan Orlando Hernández fue extraditado a EUA el 21 de abril de 2022 para enfrentar acusaciones por narcotráfico[4]. Dejó un país destrozado y una institucionalidad damnificada. Dejó un narcoestado que necesitará mucho tiempo para rehacerse como Estado de Derecho, donde funcione el sistema de justicia y se promueva el respeto a los derechos humanos. Al final de todos los recuentos, queda el desafío de construir institucionalidad y asumir una conducta cívica que rompa con la impunidad y la criminalidad, la ilegalidad y la violencia.
[*] Reflexión del Consejo de redacción de la revista Envío Honduras ante hechos que no podemos ni debemos olvidar.
[2] Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad contenida en el decreto 239-2011, aún vigente, pese a los intentos de la oposición por derogarlo. Véase El Heraldo del 25 de mayo y del 22 de agosto de 2022, entre otras publicaciones.
[3] En ese momento era Porfirio Lobo Sosa.
[4] Casi dos años después, en febrero de 2024, inició su juicio en un tribunal federal en Manhattan.