GUSTAVO ZELAYA*
Este recorrido por casos emblemáticos de corrupción indica que la condición normal de gran parte de la «clase política» hondureña consiste en vivir dentro y para la corrupción, sin importar el color del partido en el poder. Así, puede creerse que la corrupción es el estímulo vital de la actividad política en Honduras.
Arrendar y conceder partes del territorio nacional es una práctica de larga data entre los políticos tradicionales, que siempre han aspirado a que el país sea territorio apto para el expolio. Incluso, un representante de las generaciones conservadoras contemporáneas propone que el país sea parte de los Estados Unidos de América para que todos los migrantes hondureños adquieran automáticamente la nacionalidad de esa potencia. Y, como aquí veremos, los ejemplos sobran.
EL SUEÑO DE UNIR EL TERRITORIO NACIONAL
Un rápido rastreo histórico de las formas de gobernar el país mediante comportamientos corruptos, nos da un modesto indicio de la esencia de los políticos:
La construcción del Ferrocarril Interoceánico es uno de los asuntos en materia de relaciones internacionales que consumió recursos y talentos, además de llenar de ignominia el rostro de Honduras. Desde 1850 la visión por construir una línea que integrara Honduras desde Puerto Caballos al Golfo de Fonseca se convirtió de un sueño en una obsesión… Se otorgaron concesiones y se suscribieron préstamos. Todo para convertir en realidad ese sueño de los actores fundacionales de la nacionalidad hondureña. Según el Ministro en Londres, Carlos Gutiérrez Lozano, Francisco Ferrera fue el primer hondureño que publicó un aviso en Nueva York sobre las condiciones que presentaba Honduras para desarrollar un proyecto de ferrocarril interoceánico.
Los empréstitos contratados superaron la cantidad de 243,000 pesos. Parte de estos se utilizó para indemnizar a ciudadanos británicos agraviados por efectos de las guerras internas. Tales exigencias monetarias fueron garantizadas con la presencia de barcos de guerra ingleses y con la ocupación militar de Amapala y la Isla del Tigre.
En 1859, el gobierno de José Santos Guardiola suscribió un tratado con Gran Bretaña para reconocer la soberanía nacional en Islas de la Bahía y en el actual departamento de Gracias a Dios; a cambio, el Estado hondureño hipotecó por diez años los bosques de ese departamento para poder pagar indemnizaciones a los pobladores locales que habían perdido su condición de súbditos británicos.
Los empréstitos contratados en Nueva York y Londres fueron la forma de acumular capital para algunos funcionarios públicos, y tal cuestión se convirtió en la normalidad de la práctica política en la que se complica encontrar excepciones.
No es un atrevimiento sostener que entre los primeros años de la independencia nacional y 1860 se edificó parte de la esencia de la identidad de los políticos hondureños, lo que se puede percibir en el descarado robo que significó la supuesta construcción del ferrocarril interoceánico en el siglo XIX.
Frente al descalabro financiero y el cúmulo de deudas estatales, el Estado suscribió un empréstito por 90,000.00 libras esterlinas. Sumado a lo anterior, tres magistrados fueron acusados de prevaricato, aunque sin ningún efecto, pues uno de ellos fue nombrado Gobernador Político de la capital. Este sujeto se llamaba Valentín Durón y a sus descendientes se les consideró connotados ciudadanos que, además, ejercieron importantes cargos públicos: desde rectores universitarios hasta secretarios de Estado.
UN NUEVO IMPULSO PARA EL FERROCARRIL
Cuando el general José María Medina asumió el poder, el proyecto del ferrocarril tomó más fuerza y, en 1866, el General, junto a los principales representantes del gobierno de Honduras en Europa, mostraron una nueva actitud en cuanto a la disponibilidad de realizar todas las diligencias pertinentes para concretizar el proyecto del ferrocarril. Los diplomáticos hondureños Carlos F. Gutiérrez y Víctor Herrán, representantes de Honduras en Londres y París, respectivamente, le dirigieron una entusiasta misiva, fechada el 21 de marzo de 1866, al entonces Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de Honduras, Ponciano Leiva.
En la carta, ambos embajadores expresaban al Gobierno hondureño las grandes «facilidades» que Inglaterra y Francia ofrecían para materializar el proyecto ferroviario; y pedían al Gobierno el poder absoluto para llevar a cabo el proyecto sin interrupciones desde Comayagua, en ese entonces capital del país.
Le exponían al gobierno la entera disposición de los colaboradores europeos para desembolsar el primer préstamo para el financiamiento de la construcción, y referían que la situación era tan propicia para el pueblo y Gobierno de Honduras, que el mismísimo Barón de Linier (acaudalado Lord de la Corte inglesa) había cedido voluntariamente el contrato y el derecho de construcción que antes tenía sobre el ferrocarril, y que por lo tanto éste quedaba a disposición del Gobierno de Honduras.
Algunos aspectos de ese empréstito ilustran el «patriotismo» y la catadura ética de los diplomáticos Gutiérrez y Herrán, del gobernante Medina y su canciller Leiva; la forma de garantizar el contrato, entre otras cosas, decía:
Los títulos que se emitan serán garantizados: 1) Por las rentas generales de la República; 2) Por las rentas del propio ferrocarril; y 3) Por los terrenos baldíos del Estado, cuyos pormenores se enviarán ulteriormente.
Se estableció la cantidad de un millón de libras esterlinas, pero el gobierno sólo tomó cien mil. Después se supo que no se recibió un centavo y tampoco se investigó el destino de ese dinero. Además, la contrata estableció que cien mil libras esterlinas se destinarían para sobornar funcionarios:
… a las personas que puedan ayudarle para asegurarle buen éxito al empréstito, sin que tengan que dar cuenta de la distribución al Gobierno y sin que sean obligados a nombrar a las personas a quienes la mencionada distribución fuera hecha.
Esto muestra la larga tradición de los políticos hondureños, aunque sus herederos son más listos porque, seguramente, no estarían de acuerdo con que ese tipo de convenios sea de consumo público.
El expresidente ultraconservador conocido como «Medinón», en 1871 recibió 50,000.00 pesos (cincuenta mil) en bonos del tercer empréstito de la cuenta del ferrocarril. El general don Casto Alvarado, comisionado para este fin, negoció dicha cantidad por cuenta particular del general Medina, con un descuento de 10,000.00 pesos (diez mil) sobre todo el monto y como esta operación se ha ejecutado sin autorización competente extrayendo fondos nacionales de su aplicación legítima, el general Medina, no niega los hechos.
Otro estudio sobre ese acto de corrupción sostiene que, según el representante hondureño en Londres, Carlos Gutiérrez, «la venta de los bonos apenas si alcanzó las £ 100,000.00. En 1875, ocho años después, un informe de la Comisión Británica que investigó el asunto dejó en evidencia las mentiras de Gutiérrez, ya que se indicaba que del primer empréstito se habían vendido bonos por valor de £ 138,306.00; lo que daba una diferencia de £ 38,306.00 con respecto a lo que indicaba Gutiérrez. A la luz de los hechos que siguieron, es muy probable que esa diferencia haya ido a parar a las manos del representante hondureño en Londres».
De esa situación fue informado León Alvarado por el representante Víctor Herrán, quien hizo la denuncia no como producto de su genuina preocupación por los intereses nacionales sino porque, del lucrativo negocio que realizaron Gutiérrez y compañía, no obtuvo ningún beneficio personal.
Herrán hizo la denuncia el 12 de noviembre de 1868, seis meses después de que él mismo, junto con Gutiérrez y Bischoffshein y Goldschmidt, le habían otorgado al francés Lefevre el poder para negociar bonos. Herrán indicó que Gutiérrez y Lefevre habían ganado entre £ 300,000.00 y 400,000.00, mientras el Gobierno de Honduras quedaba endeudado con un millón de libras esterlinas.
Todos esos sujetos: Herrán, Gutiérrez, Alvarado, tenían cargos diplomáticos; mientras que Durón, Fiallos y Botelo eran magistrados de la Corte Superior de Justicia. Ninguno está inscrito en las notas rojas de la historia hondureña ni aparecen en los casos criminales no resueltos.
Fue un asunto convenientemente complejo. El banco inglés se declaró en quiebra, y los comisionados hondureños, al parecer, desviaron fondos para su propio peculio. Cuando el escándalo llegó al parlamento británico, los financistas alegaron que había sido cuestión de «mala suerte».
TAMBIÉN CORROMPEN EL LENGUAJE
La forma de calificar a los miembros de la «clase política» también corrompe el lenguaje; hay unos cuantos ejemplos tomados de textos de la época y otros de «historiadores» y periodistas encargados de erigir mitos: a Valentín Durón le decían «Poeta»; era considerado como «de brillante actuación en la vida pública», ubicado entre «estos valientes hombres».
Francisco Xavier Botelo, según Esteban Guardiola, «En la historia de nuestra vieja universidad, ocupará una página de honor… ilustre ciudadano». «Francisco Cruz, distinguido hombre público». «León Alvarado, Benemérito de la Patria». De Carlos Gutiérrez se dice que fue «connotado diplomático», aunque con Herrán fue destituido por Marco Aurelio Soto por los malos manejos financieros en la contrata del ferrocarril; pero no se les llevó a los tribunales. A otros se les ubica entre los «comprometidos con la justicia». «Honestos». «Honorables», con «liderazgo y respeto».
En el elogiado período de la Reforma Liberal encabezada por Marco Aurelio Soto, se intentó desarrollar la economía e insertar al país en el sistema capitalista mundial. Lo que no quedó en intento fueron las concesiones mineras en la zona del Rosario y San Juancito, a través de una empresa con capital norteamericano y con buena parte de acciones a nombre del presidente Soto, por supuesto.
En 1883 Soto cayó en desgracia y se vio obligado a dimitir. Lo sucedió Luis Bográn, que estuvo en el cargo hasta 1891, cuando Ponciano Leiva volvió al poder en unas elecciones manipuladas. A pesar de ser un liberal, Leiva intentó gobernar como dictador absoluto; es decir, como buen liberal al estilo hondureño.
Toda esa serie de actos de corrupción no ha impedido tejer mitos alrededor de figuras como Luis Bográn y Ponciano Leiva, para erigirlos como ilustres patriotas nacidos en el departamento de Santa Bárbara, «cuna de tres presidentes». Si fuéramos más objetivos y rigurosos con la historia nacional, esos sujetos serían motivo de vergüenza y su labor política se clasificaría como otro hecho delictivo digno de un lugar en los archivos policiales.
CONTINUIDAD DE LA CORRUPCIÓN Y LA VIOLENCIA EN EL SIGLO XX
El presidente Terencio Sierra inició su gestión en 1899, y en su periodo de gobierno ocurrió uno de los hechos históricos más importantes en la vida económica y política del país: se concesionaron tierras para producir y comercializar bananos en la Costa Norte, otro capítulo de corrupción política.
Luego asumió Manuel Bonilla; muy sumiso ante las bananeras, les otorgó dispensas tributarias, permisos para construir puertos, carreteras y líneas de ferrocarril. Gobernó el país en dos períodos presidenciales, entre 1903 y 1913. Uno de sus principales logros fue la fundación del Partido Nacional, otra facción del partido conservador y lugar destacado en la formación de políticos saqueadores del país. La otra ala conservadora se llama Partido Liberal.
Todavía albergamos la esperanza de que no aparezca otra facción dentro del partido conservador que gobierna el país desde la ruptura de la Federación Centroamericana. En consonancia con la tradición historiográfica nacional, la forma de dirigir la educación pública y la mítica popular, se le ha dado el nombre de Manuel Bonilla a centros de educación pública y su estatua es motivo de romerías entre sus seguidores.
De 1920 a 1933, en medio de la depresión económica, la historia hondureña se tiñe de hechos violentos: más de quince levantamientos armados, guerras civiles, intentos de golpes de Estado, intervenciones foráneas, tropas norteamericanas desfilando por ciudades hondureñas; y de esa violencia surge un actor fundamental de la caverna política en forma de doctor en leyes y general, el leviatán de Zambrano, encargado de dar forma al futuro nacional.
Durante 16 años, con látigo y pistola en una mano y el telégrafo en la otra, impuso orden, seguridad, encierro y destierro para los opositores. Tiburcio Carías Andino salda las cuentas nacionales, inicia la modernización militar, impone las elecciones estilo Honduras donde todos votan por él como sea, con o sin votantes, y transforma el país en un Estado al servicio de las compañías bananeras; gobernó desde 1932 hasta 1949.
Este sujeto, a quien sus aduladores llamaban el «hombre más bello de Honduras», tuvo los siguientes «méritos»: su administración se mantuvo gracias al apoyo de las compañías bananeras y del gobierno estadunidense, valga la redundancia; reprimió la oposición política y liquidó todo intento de organizar huelgas y paros laborales por la conquista de derechos en las compañías fruteras y mineras. Anticipándose al humanismo cristiano de sus herederos, modernizó la fuerza aérea y dotó con fusiles semiautomáticos al ejército. Es decir, estuvo muy activo manteniendo la paz de los cementerios.
Cuando se aburrió de tanta rutina, hizo que se eligiera al abogado de las bananeras norteamericanas como sucesor presidencial, Juan Manuel Gálvez, su ministro de Guerra durante la masacre de mujeres en San Pedro Sula, el 6 de julio de 1944.
Durante el gobierno de Gálvez se impulsan reformas que modernizan el Estado. Pero reprime al naciente movimiento sindical y colabora con el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Árbenz Guzmán en Guatemala. Gálvez previó lo que sería práctica normal en otros gobiernos hondureños, al prestar el territorio nacional como base de intervención militar contra Guatemala.
Apenas se estaba en la mitad del siglo XX y la simiente corrupta de la política tradicional ya mostraba formas algo modernas, sin dejar atrás el estilo provinciano y servil hacia la potencia del norte.
Sin entrar en detalles sobre el papel del movimiento popular y de la oposición política, sin tratar de mostrar la fundamental importancia del desarrollo económico en todo ese sistema de contradicciones que es la historia nacional, puede decirse que después ocurren situaciones accidentales, casi simples episodios como los gobiernos de Ramón Villeda Morales (1957-1963), Oswaldo López Arellano (1963-1971) y Ramón Ernesto Cruz (1971-1972) que, aunque influyeron en el desarrollo general, sólo incorporan otros matices al carácter corrupto de la «clase política»; se observan intentos reformistas que, a la vez, hacen de la represión su herramienta favorita para manipular, conducir y mediatizar la organización popular.
LA CORRUPCIÓN, UNA PRÁCTICA COMPARTIDA
Con López Arellano y las reformas respaldadas por los militares, se impulsa el país por los caminos de siempre y los resultados acostumbrados desde los tiempos de Juan Lindo en el siglo XIX; se profundiza la corrupción y esta se convierte en una práctica compartida por militares, políticos y empresarios.
Es cuando se hace de la corrupción una institución respetable y venerada por muchos personajes. Es el momento de la CONADI, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), la Corporación Hondureña del Banano (COHBANA) y el surgimiento de fortunas que crecieron geométricamente, al igual que la pobreza.
En los anales de la corrupción se encuentran los nombres de Miguel Facussé, Abraham Bennaton Ramos y Oswaldo López Arellano, implicados en la quiebra de esas instituciones. Aunque para la organización gremial de los empresarios Miguel Facussé es uno de los «héroes y heroínas» que han hecho posible el desarrollo nacional.
En 1974, el jefe de Estado López Arellano y su ministro de Economía, Bennaton Ramos, se involucran directamente en el soborno bananero de la United Brands; el caso es tan asqueroso, que renuncian a sus cargos. Sobre esto hay una importante publicación en un diario norteamericano: «Rastrean un soborno de $1,25 millones» que, según dice, fue pagado por la United Brands a Abraham Bennaton Ramos, exministro de Economía de Honduras, a través de la sucursal en París del Chase Manhattan Bank a la oficina en Zúrich del Banco de Crédito Suizo.
Los textos de los mensajes, que se entiende fueron transmitidos en código Morse fueron revelados por una comisión investigadora del gobierno hondureño encabezada por el entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, después de investigar los sobornos durante de tres semanas en Estados Unidos y Europa.
El 3 de septiembre de 1974 la United Brands, antes conocida como United Fruit Company, envió el siguiente telegrama al Chase en París:
Por favor, transfiera hoy, por cable, al Banco Suizo de Crédito, Paradeplatz, Zúrich, 1,25 millones de dólares, valorado el 4 de septiembre, a favor de Abraham Bennaton, a cargo de Joseph Schildklecht… identificado como un banquero suizo…
Reina dijo que los fondos fueron transferidos el mismo día, y provenían de la United Brands en los Países Bajos, United Fruit Continental, Rotterdam. El mensaje decía:
Atención Sr. Joseph Schildklecht, valor 4 de septiembre de 1974, acreditar bajo notificación inmediata al Sr. Abraham Bennaton, orden de la United Fruit Continental Rotterdam cubre el mismo valor de cable Chase New York.
El Chase comunicó a la United Brands, un día después, que había completado el pago; el mensaje decía: «Suyo del 3 de septiembre de 1974, favor Abraham Bennaton care Swiss Credit Bank, Zurich. Pago debidamente efectuado, valor 4 de septiembre de 1974».
El Sr. Reina dijo en una entrevista telefónica, antes de su partida hacia los EUA, que el equipo investigador llevaba la autorización del Sr. Bennaton para examinar sus cuentas bancarias en el extranjero. Pero cuando el grupo ya estaba en Zurich, recibió una llamada telefónica de Honduras en la que le dijeron que el Sr. Bennaton había retirado su autorización, alegando que se había obtenido bajo coacción.
Por esa razón, dijo Reina, la comisión no pudo probar que el Sr. Bennaton había actuado en nombre del expresidente López Arellano, quien fue depuesto porque no autorizó el examen de sus cuentas bancarias.
El informe del Sr. Reina afirma que, en mayo de 1974, en una reunión con dos funcionarios de la United Brands, al presidente López se le ofrecieron «muchos cientos de miles de dólares» para ayudar a obtener una reducción en los impuestos a la exportación de banano, entonces de un dólar por caja. Los funcionarios eran Eli M. Black, expresidente de la United, quien se suicidó en febrero de 1975, y John A. Taylor, vicepresidente senior a cargo de las operaciones bananeras de la United Brands.
El Sr. Reina relató además que, en julio, cuando las negociaciones sobre el banano estaban «en un punto difícil», el Sr. Black recibió una llamada telefónica en Nueva York, «supuestamente del Sr. Bennaton», sugiriendo otra reunión sobre la propuesta al Presidente unos meses antes. Ni la empresa ni ninguno de sus funcionarios quisieron comentar sobre el informe del Gobierno. Sin embargo, fuentes internas de la compañía han relatado que Haney W. Johnson, vicepresidente de la división de banano, se reunió con Bennaton en Miami donde, según dijeron, el ministro exigió cinco millones de dólares.
El informe de la comisión ubicó a Johnson y Bennaton en el Hotel Fontainbleau en Miami Beach a mediados de agosto. También ubicó a Bennaton y Taylor en Zúrich, el 3 y 4 de septiembre. A principios de 1975, la comisión dio un informe sobre la investigación, en el que identificó como culpable al ministro de Economía Abraham Bennaton Ramos, y dejó serias dudas sobre López Arellano. Bennaton fue recluido en la Penitenciaria Central y quedó libre luego de pagar 1,650 lempiras de fianza .
Al retirarse de la vida pública, Oswaldo López Arellano se transformó en importante empresario en diferentes rubros, manteniendo la imagen de hombre bonachón y simpático que de un solo «pencazo» resuelve conflictos. Cuando falleció en 2010, el gobierno de turno consideró que era «una irreparable pérdida para la sociedad hondureña» por «los valiosos servicios prestados» al país.
LA CONADI
Hay dos documentos que indican qué empresas fueron favorecidas con la existencia de la Corporación Nacional de Inversiones, CONADI, y qué montos de inversión estuvieron en juego. Uno de esos documentos se hizo público por medio de una consultoría realizada por Erwin J. Kruger, profesor en Southwest Texas State University que, sobre la reestructuración de la CONADI, dice:
… con un total de préstamos obtenidos en el mercado de Eurodólares de 188.7 millones de lempiras, CONADI ha otorgado préstamos a la industria por un monto de 132.4 millones de lempiras, mostrando un obvio desbalance de 56.3 millones de lempiras en esta actividad de intermediación financiera bancaria… Por otra parte, CONADI ha venido realizando una serie de actividades bancarias tales como: aperturas de cartas de crédito, emisión de aceptaciones bancarias, operaciones diversas de descuento y redescuento, otorgamiento de avales y garantías bancarias, etc. Es importante señalar que el monto total de avales y garantías bancarias emitidos por CONADI, al 30 de septiembre de 1981, ascendía a Lps. 247.111.227.61. Los préstamos… fueron contratados en dólares, y algunos de estos préstamos… están vencidos debiéndose el principal e intereses a la fecha. El Banco Central de Honduras canceló a nombre de la institución los intereses vencidos al 30 de octubre, quedando pendiente los intereses por los meses de noviembre y diciembre… Los activos a largo plazo los componen préstamos e inversión accionaria con un total de L143,931.483.02.
Tanto los préstamos como las inversiones están concentrados en las mismas empresas, las cuales enfrentan problemas empresariales diversos… Es importante señalar, a estas alturas, la excesiva concentración de inversiones y préstamos en ciertas empresas entre las cuales merecen especial mención… Azucarera Central S.A., Azucarera Yojoa, Mejores Alimentos, INCEHSA.
El segundo documento también muestra la forma de actuar de ciertos gobernantes hondureños en momentos coyunturales, convenientemente aprovechados para lograr ventajas, supuestamente para el país. En un análisis elaborado por el economista inglés Ian Walker:
A nivel interno fue el sector público el que dirigió el proceso de acumulación de capital por la vía de la Inversión pública directa (por ejemplo, en el sector forestal) y de financiamiento por agencias públicas, sobre todo de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) para inversión privada. Sobre esta base, Honduras logró una tasa real de crecimiento del PIB de casi 9 por ciento en los años 1976-79. El sector industrial logró una tasa promedio de crecimiento de 8.7%, comparado con 8.5% en el agro… Con el rompimiento de los acuerdos con el FMI, solamente los EEUU estuvieron en una posición para presionar sobre la política económica general del país. En enero de 1982, el entonces embajador de los EEUU, John D. Negroponte, preparó un documento conocido como «Reaganomics for Honduras», con el propósito de influir en el gobierno liberal de Roberto Suazo Córdova, el primero desde el retorno a la democracia. Se trató de la necesidad de privatizar empresas estatales, de eliminar el control de precios, de reformar la estructura fiscal para incentivar al capital, de dar incentivos para las exportaciones y para la inversión extranjera. El marco general es la reducción del papel del Estado en el manejo económico….
LA PRESENCIA DE LA CONTRA NICARAGÜENSE
El estudio de Walker sostiene que «la presencia de la Contra nicaragüense constituyó una garantía para Honduras contra el riesgo de recortes de fondos de EEUU y, por tanto, no fue fácil para la AID presionar en el campo de la política económica. Las revelaciones, durante el proceso legal contra Oliver North, han confirmado que había un acuerdo explícito entre el presidente Suazo Córdova y los EEUU en cuanto a recursos económicos a cambio de permitir la presencia de la Contra en el país».
«Hasta 1985, el mantenimiento de un gobierno civil en Honduras y la promoción de la guerra contra Nicaragua fueron más importantes que las reformas económicas. Los políticos hondureños supieron que la ayuda llegaría, cualquiera que fuera su política económica, siempre que se mantuviera el gobierno democrático y que se permitiera la presencia de la Contra.
«Cuando la guerra civil en Nicaragua llegara a su final, el simple hecho de hospedar a la Contra dejaba de ser una garantía de que el apoyo económico llegaría a Honduras sin condiciones. La resolución de la crisis constitucional de 1985 y el traslado de mando al recién electo presidente José Azcona Hoyo en 1986, afianzó la permanencia del gobierno civil.
«Durante la administración de Azcona, EEUU empezó a presionar con más firmeza por reformas económicas. Al acordar los Programas de Estabilización y Recuperación Económica, también se establecieron programas de política económica, a los cuales se sujetó la entrega de fondos. Esta presión fue reforzada por la firma, en agosto de 1988, de un Programa de Ajuste Estructural (PAE I) por $ 50 millones con el Banco Mundial, apoyado con $ 50 millones de fondos paralelos de Japón. Esto marca una nueva fase en la dependencia externa y la condicionalidad». Hasta aquí parte del análisis de Ian Walker.
SUAZO Y AZCONA: CIEGOS, SORDOS Y LOCUACES
Los gobiernos de Suazo Córdova y Azcona Hoyo no destacaron por sus logros económicos o culturales; tampoco por el desarrollo científico nacional y la profundización de la democracia. Hicieron del país la base militar más importante de los EUA en el Caribe para reprimir movimientos populares en la región y efectuar en Honduras una sistemática persecución de hombres y mujeres opuestos al entreguismo de esos gobiernos.
Hicieron suyas las técnicas de vigilancia y tortura aprendidas de argentinos, chilenos, israelitas y, en especial de norteamericanos, que no vacilaron en desaparecer personas y en cometer abusos, violaciones y golpizas sobre las personas que luchaban por democratizar el país.
Estos gobernantes desarrollaron una estética de la mentira, al negar los hechos con frases burlonas; sostenían que no existían los desaparecidos y que seguramente estaban en Marte o en Saturno, por eso no los mirábamos; cuando se les preguntaba por la crisis económica respondían, molestos: «¿Cuál crisis?, yo no la veo».
NEOLIBERALISMO Y CORRUPCIÓN EN TIEMPOS DE CALLEJAS
Los expertos en asuntos económicos le atribuyen al presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) el logro de haber reanudado la asistencia monetaria de los organismos financieros internacionales. Otros afirman que él inauguró los ajustes fiscales con las llamadas políticas neoliberales. Pero donde se muestra buena parte de los efectos de su gobierno es en las políticas sociales, que impactaron negativamente en las organizaciones populares, sindicales, gremiales y, en especial, en la economía familiar.
Sobre este individuo, el Centro de Investigación en Relaciones Internacionales de Barcelona (CIDOB) escribió:
Pocos meses después de dejar la jefatura del Estado, Callejas, junto con algunos colaboradores, parientes y miembros de su gobierno, apareció presuntamente involucrado en varios casos de corrupción relacionados con el tráfico de pasaportes para ciudadanos asiáticos, el desvío a la partida reservada de la Casa Presidencial, de ingentes cantidades de dinero asignadas al Fondo de Estabilización Petrolera, y la venta irregular de maquinaria de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes (Secopt) a entidades privadas. A pesar de abrírsele a instancias de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía contra la Corrupción cuatro sumarios por los supuestos delictivos de abuso de autoridad, fraude y falsificación documental, Callejas escurrió ulteriores consecuencias penales al no prosperar la iniciativa de la Corte Suprema para que el Congreso le despojara de su inmunidad como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y pudiera ser enjuiciado… El expresidente de Honduras Rafael Callejas falleció en Atlanta, Estados Unidos, el 4/4/2020, a los 76 años de edad, mientras esperaba sentencia de la justicia estadounidense por su implicación en delitos de corrupción cometidos de 2002 a 2015, en que presidió la Federación de Fútbol de Honduras, Fenafuth.
En los gobiernos siguientes, encabezados por los liberales Carlos Roberto Reina (1994-1998) y Carlos Flores Facussé (1998-2002), Callejas fue procesado por casos como el «Petrolazo», «Comunitas», «La Familia I», «La Familia II», Brazos de Honduras, Ciudad Mateo y el «Chinazo»; en ninguno se probó su culpabilidad.
Esas acusaciones más bien sirvieron para que su nombre se inscribiera en libros de récords al obtener 16 cartas de libertad, en parte por el extraordinario trabajo de su abogado defensor, pero, sobre todo, por la incapacidad jurídica de juezas y jueces.
Pero aquí nada es casual; toda esa madeja fue cuidadosamente hilvanada y jurídicamente respaldada. El sujeto investigado insistió en que le probaran que era corrupto, pero en ningún instante tuvo que demostrar que era inocente.
LA RUMBA TODAVÍA SE BAILA
Muchos años después, la situación es parecida. No hay juicios criminales, se dictan sobreseimientos, medidas sustitutivas o se otorgan cartas de libertad por falta de pruebas y se les rinde homenaje a los corruptos.
Casos como el del Ferrocarril Nacional, la CONADI o el Bananagate están sellados bajo siete candados en el fondo de los archivos, lejos de la memoria y del escrutinio público, como evidencia del papel histórico de la impunidad en la salvaguarda de la corrupción y sus protagonistas.
Cuando se hizo público el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el entonces presidente Porfirio Lobo declaró públicamente que él sabía de ese robo, pero que era mejor el silencio ya que había que salvar la democracia; a la letra, dijo:
Lo detectamos nosotros el año pasado, pero no se hizo la intervención antes de las elecciones porque iba a generar un relajo enorme y había que hacer el proceso, se trataba de consolidar la democracia en Honduras.
Cuatro años después se retractó; dijo que «Nadie sabía del desastre que había en el Seguro Social… hicieron tan bien las cosas, que ni la junta del Seguro se dio cuenta del desfalco».
Desde el fraude y robo en el proyecto del ferrocarril interoceánico en el siglo XIX, pasando por el Bananagate, el fracaso de la CONADI, el asalto al IHSS y las compras fraudulentas en la pandemia de la covid 19, hasta el saqueo de la Tasa de Seguridad y otros casos similares, existe un hilo conductor: todos han sido y serán pagados con los impuestos y contribuciones del pueblo hondureño. Ni un centavo saldrá de las cuentas bancarias de políticos, militares y empresarios señalados en actos de corrupción como los aquí mencionados.
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