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Ismael Moreno (sj)*

Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía, serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. Ernesto Sábato


Introducción

Históricamente, Honduras ha carecido de una oposición sistemática y coherente que haya puesto en jaque y en peligro la concepción de lucha política intra-oligárquica que, por más de un centenar de años, ha sustentado el modelo bipartidista[1].

La huelga bananera de 1954 fue un paréntesis de oposición antioligárquica y antisistema, por haber sido el único movimiento social, popular y político que puso en riesgo no solo el modelo bipartidista sino también el modelo político y económico oligárquico. Aún más, logró armonizar la necesidad de transformar las condiciones laborales y socioeconómicas, con una elevada conciencia subjetiva de los trabajadores organizados para impulsar cambios profundos en su sociedad.

La hipótesis del presente ensayo queda formulada en una polémica pregunta de fondo: ¿por qué Honduras no ha alcanzado una oposición antioligárquica y antisistema después de la gesta bananera de 1954?[2].

Todas las alarmas se activaron a lo largo de los 69 días de huelga que en los hechos paralizó el país, al extremo que el Comité Central de Huelga fue identificado en algunos momentos como un gobierno popular de facto, paralelo al oficial.

Las alarmas ya sonaban durante el desarrollo de la huelga y, cuando esta llegó a su fin, los dispositivos oligárquicos, militares, transnacionales y estadunidenses ya estaban activos como contención para debilitar y reducir la fuerza que los huelguistas habían logrado, especialmente después de la cooptación del Comité Central de Huelga. Los principales dirigentes del primer comité de huelga fueron perseguidos y asesinados o sustituidos por nuevos representantes, más dóciles y leales a la transnacional bananera y al gobierno de turno que a los intereses de los campeños.

Tras la huelga —incluso en el transcurso de esta—, la bananera, en asocio con el gobierno y los militares, pusieron en marcha el proceso de reformas que sofocaría cualquier intento de radicalización del movimiento huelguístico que pusiera en peligro los intereses del capital y el modelo político criollo[3].

Las reformas serán el camino que caracterizará las subsiguientes décadas del siglo veinte, y que lograron neutralizar las luchas revolucionarias que dieron identidad a la huelga de los trabajadores bananeros en 1954.

Las reformas como válvula de escape a los conflictos sociales

Las reformas más conocidas se dieron a partir del final de la gran huelga, como el Código del Trabajo (1959) y la creación del Instituto Hondureño de Seguridad Social (1959); un primer intento de reforma agraria (1962), el derecho del voto a las mujeres (1955) y el establecimiento de ocho horas laborales para todos los trabajadores, entre otras leyes decretadas, que tuvieron de fondo la gesta de 1954. Sin embargo, estas se aprobaron sin los huelguistas, y no necesariamente representaban sus intereses.

En paralelo a estas reformas, a finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, se impulsó una estrategia contrainsurgente y anticomunista que tuvo varios factores simultáneos. Entre otros la formación política de los dirigentes sindicales, muchos de los cuales fueron enviados a Estados Unidos bajo el auspicio de los programas del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL).

A su regreso a Honduras, estos formaban a los dirigentes sindicales intermedios y de base en centros de capacitación construidos para tal fin en Puerto Cortés, La Lima, Tela, La Ceiba y Coyoles Central. Además, se impulsó una intensa campaña mediática anticomunista para advertir del “peligro comunista” que representaba para Honduras el triunfo de la Revolución cubana (1959).

Poco después se puso en marcha la Alianza para el Progreso[4] que, a la campaña mediática, unía programas de asistencia humanitaria en escuelas y comunidades con el propósito de mostrar las bondades de las políticas de EUA a través de ayudas como la merienda escolar y la donación de material didáctico a escuelas y colegios.

A la vez, se impulsó un plan selectivo de represión y eliminación física de dirigentes campesinos, obreros y populares que no encajaban en la estrategia de contención y contrainsurgencia. Una campaña, liderada por las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad que reprimían a las organizaciones campesinas y populares, estableció que las únicas dirigencias sindicales que serían reconocidas eran las que estaban alineadas con el gobierno de turno, los militares y el gobierno de EUA. En ese contexto, fueron sofocados todos los intentos por dar continuidad y retomar las luchas de la huelga bananera de 1954.

El gran momento de los campesinos organizados

La década de 1960 fue el período histórico de mayor organización campesina en Honduras, como resultado del asocio del proceso reformista hondureño con la estrategia contrainsurgente de EUA, que buscaban impedir que el campesinado subvirtiera el orden establecido en torno a la tenencia de la tierra.

Entonces se impulsó la organización campesina orientada a contrarrestar las luchas agrarias que, a finales de la década anterior y el comienzo de los años 1960, impulsaron los campesinos organizados influenciados por el Partido Comunista y liderados, entre otros, por antiguos obreros bananeros como Lorenzo Zelaya en el valle de Sula. Así, en lugar de la Federación Nacional de Campesinos, FENACH, dirigida por Zelaya, se alentó el surgimiento de una agrupación paralela, la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANACH.

De igual manera se alentaron las iniciativas socialcristianas que dieron vida a la Unión Nacional de Campesinos, UNC, y a organizaciones vinculadas al Partido Liberal, como la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria, FECORAH, que surgió para impulsar las recuperaciones de tierras que la compañía bananera había abandonado en la zona de Las Guanchías en el valle de Sula.

Unos años después, a comienzos de la década de 1970, esta organización se extendió al valle del Aguán, donde florecería con mayor brillo en alianza estrecha con los militares que gobernaban en ese tiempo. A finales de los años sesenta, varias organizaciones campesinas y federaciones de cooperativas en el norte, centro y sur del país aglutinaban a unos 80 mil campesinos organizados[5].

Demanda de tierras y nueva reforma agraria

La presión por la tierra, especialmente en el occidente y sur del país, amenazaba la estabilidad política a inicios de la década de 1970. Los campesinos organizados, con fuerte influencia del movimiento socialcristiano surgido en ese tiempo, amenazaban con iniciar una “marcha del hambre” desde sus comunidades hasta la capital del país.

A esta iniciativa le puso fin el golpe de Estado dirigido por los militares a finales de diciembre de 1972, que proclamaron la reforma agraria como “el quehacer fundamental” de su gobierno. Se aprobó el Decreto 8, con el que se inició el nuevo proceso de reforma agraria que sustituiría al de 1962.

Bajo este decreto se puso en marcha el proyecto gubernamental de migración campesina inducida desde el occidente y sur del país hacia el Bajo Aguán, con el auspicio del BID en alianza con el gobierno militar reformista. Se contrató expertos en reforma agraria de Brasil, Perú y México; se logró cooptar a la dirigencia del Partido Comunista y se organizaron cooperativas campesinas en el “sector reformado”, en torno a la plantación extensiva de palma africana.

Una vez más, la tierra se constituyó en válvula de escape[6] para aliviar la presión campesina. Sin embargo, los terratenientes y ganaderos se opusieron al Decreto 8 y la reforma agraria de 1972; vieron amenazados sus intereses, pues percibieron que se les expropiarían tierras que, siendo originalmente del Estado, ahora serían destinadas a la reforma agraria.

En asocio con las compañías bananeras impulsaron una intensa campaña que culminó en otro golpe de Estado, en abril de 1975, contra Oswaldo López Arellano, el reformista de 1972. El retroceso de la reforma agraria estaba en marcha y, apenas dos meses después, se expresaba dramáticamente en la masacre de Santa Clara y Los Horcones en el valle de Lepaguare, departamento de Olancho. Allí fueron asesinados dos sacerdotes, junto a dos mujeres y varios dirigentes campesinos, para sofocar la amenaza que para los terratenientes significaba la organización de los campesinos liderados por la UNC.

La colonización del Aguán con campesinos sin tierra

El valle del Aguán fue una zona estratégica como frontera agrícola para sofocar las luchas campesinas por el acceso a la tierra y, a la vez, para impulsar la industria de la palma africana con financiamiento del BID.

Honduras contó siempre con amplias fronteras agrícolas que se constituyeron en válvulas de escape ante la presión agraria desde el valle de Sula, siguiendo al valle de Leán en el departamento de Atlántida, concentrándose en el valle del Aguán para proseguir hacia el valle de Sico y la extensa zona de La Mosquitia, en Gracias a Dios.

Cuando la reforma agrícola dejó de ser suficiente, la estrategia contrainsurgente recurrió a la represión, persecución y eventualmente a la desaparición física de dirigentes campesinos, como ocurrió con las masacres de El Jute, Los Horcones, La Talanquera, El Bálsamo, El Astillero y muchas otras con menos notoriedad mediática, pero que se podrían calificar como muertes por goteo. Al sumarlas, representan numerosos asesinatos de campesinos.

Históricamente, la tierra ha sido utilizada con ventaja por los sectores oligárquicos y terratenientes conforme a sus intereses. Se les ha dado tierras a los campesinos a cambio de controlar su conciencia y su mano de obra para impulsar proyectos agroindustriales; y se les ha quitado la tierra cuando sus luchas no han representado una seria amenaza y cuando, con facilidad, han podido comprar su conciencia.

El caso del Bajo Aguán es una expresión de ese modo de manejar la tierra y la agroindustria por parte de los sectores oligárquicos y las transnacionales. El gobierno impulsó la reforma agraria y promovió la migración inducida de miles de familias campesinas para asentarlas en el Bajo Aguán; pero, en lugar de una auténtica reforma agraria, surgió la industria de la palma africana. Es decir que, en lugar de la reforma agraria, surgió la agroindustria y floreció la contrarreforma agraria[7].

Una experiencia similar se vivió en la zona de Guaymas, al norte del valle de Sula, donde miles de familias campesinas también se convirtieron en cultivadoras y productoras de palma africana tras las luchas por la tierra impulsadas por los campesinos influenciados por el Partido Comunista y la incidencia del Padre Guadalupe Carney[8].

Reformas y contrainsurgencia hasta 1980

La estrategia de reformas paliativas que surgió tras la huelga de 1954, con todos los hechos anotados, tuvo frutos desmovilizadores en la lucha contrainsurgente que, en su primera etapa, abarcó al menos 25 años. La tierra fue el factor decisivo en dicha estrategia, en tanto que los campesinos organizados conforme al patrón reformista, constituyeron el sujeto catalizador de todo el proceso de desmovilización[9].

Así se logró implantar con éxito la lucha contrainsurgente que, desde 1954 hasta 1980, alcanzó su mayor esplendor en Honduras. El éxito reformista y desmovilizador contribuye a explicar por qué en Honduras no germinó una lucha insurgente político-militar, como sí ocurrió en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

El territorio hondureño sirvió como base de apoyo logístico tanto para las guerrillas de los países vecinos como para los ejércitos centroamericanos y estadounidense, por lo que el país fue internacionalmente conocido como el portaviones “USS Honduras” en los años ochenta, visibilizando con ello el compromiso asumido por Honduras en el marco de la estrategia contrainsurgente de los EUA en Centroamérica. En el extremo opuesto, no hubo en la sociedad hondureña un movimiento insurgente comparable con los movimientos de esa naturaleza en los países vecinos.

El reformismo contemporáneo

De 1954 a la fecha han transcurrido siete décadas, una larga etapa en que la sociedad hondureña ha estado condicionada por un continuo proceso reformista, cuyo principal objetivo ha sido evitar que surjan procesos revolucionarios, a los cuales ha opuesto una barrera de contención para que no se repitan las condiciones que condujeron al estremecimiento de la huelga bananera de 1954.

En este periodo han sido muy pocos los dirigentes sindicales, de organizaciones campesinas y otros gremios que se han atrevido a cruzar la barrera del reformismo. Son escasas las organizaciones sindicales que rompieron con la tendencia economicista y estrictamente gremial, hasta el punto que sus luchas les acabó dando una identidad basada en los contratos colectivos que firman con los empresarios, sin avanzar hacia una propuesta de lucha política revolucionaria. Este rasgo ha caracterizado a las dirigencias sindicales a lo largo de los últimos setenta años de reformismo contrainsurgente y paralizante.

Por otra parte, la mayoría de dirigentes sindicales, políticos y campesinos, hombres y mujeres que rompieron la barrera reformista, fueron perseguidos, encarcelados, torturados, amenazados, desaparecidos y asesinados. Son numerosos los mártires asesinados durante este largo período, pero ninguna organización revolucionaria o contestataria logró sostenerse con firmeza y contrarrestar la presión mediática, represiva, militar y política dominante.

Así tenemos a los campesinos asesinados cruelmente el 30 de abril de 1965 en la montaña El Jute, al norte del municipio de El Progreso en el departamento de Yoro. Los asesinados en La Talanquera y Los Horcones en 1972 y 1975. Los dirigentes políticos desaparecidos o asesinados a finales de los años setenta y a lo largo de la década de 1980 en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. La desaparición del Padre Guadalupe Carney y sus compañeros masacrados en septiembre de 1983, en el departamento de Olancho. Sin olvidar la masacre de El Astillero en mayo de 1991, en el valle de Leán, departamento de Atlántida.

En las condiciones creadas por una lucha desigual, las organizaciones revolucionarias y sus dirigentes tuvieron una existencia casi efímera. Las organizaciones que lograron mantenerse, con frecuencia lo hicieron tras sucumbir a las presiones de sus oponentes o fueron cooptadas por las propuestas reformistas.

Los mártires de la fe y su compromiso liberador

Especial atención se ha de dar a los hombres y mujeres que lucharon comprometidos con la liberación de la conciencia, desde su fe cristiana. No pocos de estos animadores de la fe han vivido su compromiso liberador, sin ser reconocidos por las dirigencias sindicales, los gremios y los políticos de todos los matices durante ese largo periodo de nuestra historia.

Sin protagonismos y sin formación académica acreditada, estos animadores eclesiales dieron a la sociedad hondureña un ejemplo de servicio y compromiso con la transformación social, desde donde estuvieran. Muchos sucumbieron a las embestidas de las políticas represivas y exterminadoras de los cuerpos armados, además de haber sido estigmatizados por los medios de comunicación como violentos, subversivos, guerrilleros y agentes del “comunismo internacional”.

Sin embargo, lograron sostener la resistencia antioligárquica y antisistema. Su lucha perduró con el correr de los años, sin haber sido sobornados o cooptados por dinero o privilegios, salvo escasas excepciones[10].

Para el gobierno de Estados Unidos, los militares y sectores oligárquicos hondureños, la presencia de los cristianos en las luchas sociales significó desde el inicio un peligro, y se prepararon para la contraofensiva. El factor religioso fue incorporado en la estrategia contrainsurgente para sofocarlo.

Se alentó la proliferación de sectas protestantes de corte neopentecostal para contrarrestar el acento comunitario de la fe de las comunidades eclesiales de base. En su lugar se alimentó una fe individualista, que acentuaba la relación del individuo con su dios y su pastor, desatendiendo al creyente involucrado en lo comunitario y lo social.

Por otra parte, se desarrolló una intensa campaña anticomunista dirigida a infundir miedo entre las comunidades de fe y a estigmatizar su labor social como acto de subversión o afinidad con el comunismo.

Poco después estas campañas se hicieron acompañar de amenazas, persecución, encarcelamientos y asesinatos. Los estrategas de la política contrainsurgente de EUA identificaron desde muy temprano el peligro que representaba la unidad de la fe con los espacios abiertos por las luchas sociales, y pronto pusieron en marcha acciones concretas en el marco de su estrategia contrainsurgente.

En Honduras, en Centroamérica y América Latina se siguió el rumbo fijado en el Informe Rockefeller[11] de dividir la acción de los cristianos, incentivando la proliferación de sectas evangélicas, amenazando y estigmatizando a los católicos más beligerantes en las luchas sociales. Los nombres de catequistas, delegados de la Palabra de Dios, religiosas, religiosos y sacerdotes forman parte de la larga lista de mártires que ofrecieron sus vidas, asesinados por su compromiso de fe[12].

La cooperación internacional y las ONG

La cooperación internacional que introdujo, promovió y fortaleció la creación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), dio su toque especial a la sociedad hondureña para convertir todo lo que ha tocado en reformismo y barrera de contención a toda propuesta social que buscara traspasar el límite que sus proyectos imponían a través de las ONG.

Desde el inicio, su estrategia política se propuso lograr que las organizaciones populares y las iniciativas organizativas de los sectores sociales no tuvieran una vida autónoma, que perdieran fuerza identitaria y se pusieran al servicio de las agendas políticas que la cooperación internacional empacaba junto con el financiamiento que sus organismos, mayoritariamente europeos, ofrecían como “ayudas al desarrollo”, pero que en el fondo garantizaban su liderazgo en los procesos internos y una sostenibilidad dependiente de las organizaciones que recibían recursos externos.

El resultado es que la cooperación internacional no solo ha sido un freno a propuestas transformadoras locales, sino que además se ha erigido en definidora de los contenidos, metodologías y ritmos que sutilmente se imponen a las organizaciones beneficiadas con sus donativos[13].

Reformismo e individualismo

En una sociedad atrapada en la sobrevivencia, el rebusque se ha constituido en factor desmovilizador y barrera de contención frente a propuestas antioligárquicas y antisistema.

El rebusque, como actitud ante el estado de sobrevivencia, acentúa las salidas individualistas; cada cual busca resolver sus necesidades sin ver a ninguna otra parte más que hacia sí mismo.

La actitud individualista, propia del rebusque, no alcanza miradas conjuntas y menos aún respuestas colectivas. Pueden existir problemas y necesidades comunes, pero en una sociedad del rebusque, las respuestas suelen ser siempre individualistas[14].

La gente suele ir detrás de quien le hace regalos, y esto lo sabe muy bien el sector de extrema derecha que ha conducido el proceso reformista a lo largo de siete décadas. Este invierte enormes cantidades de recursos en programas de asistencia, sobre la base de sostener expectante a la gente, sabiendo que además de evitar levantamientos, el destino de las ayudas asistenciales es atraer votos a su campaña electoral.

El asistencialismo seduce y desmoviliza

El asistencialismo, más la campaña política, adquiere una gran capacidad cautivadora a la vez que desmovilizadora. Es frecuente, en los ambientes más empobrecidos, escuchar lo siguiente: “A mí ningún político me da de hartar, a mí me da lo mismo quién esté en el gobierno, porque si no trabajo, si no me rebusco, no como”.

La gente que así se expresa y dice que no vive de la política, se inclina finalmente por quienes provocan miedo ante el “peligro comunista”; y al momento de depositar su voto, lo hace a favor de partidos y candidatos de derecha o extrema derecha, porque sus activistas y dirigentes, supuestamente, representan el orden y la estabilidad social; además, suelen ser expertos en dar en el clavo a través del asistencialismo.

Asimismo, en estas poblaciones ha cuajado la mentalidad y cultura militarista, en sintonía con la costumbre del ordeno y mando. En los diversos sondeos de opinión del ERIC, la gente que desconfía de los políticos y las instituciones suele dejar un margen importante de confianza para los militares. Ven con simpatía la presencia de militares y de la Policía Militar del Orden Público en las calles, porque les genera una percepción de seguridad y orden.

A comienzos de la última década del siglo veinte, tras la caída de los paradigmas simbolizados en el Muro de Berlín y la Unión Soviética, el cuestionamiento y debilitamiento de los partidos políticos y las teorías clásicas revolucionarias, emergieron los movimientos indígenas y ambientalistas. Estos lanzaron una crítica frontal contra las estructuras políticas verticales, partidaristas y concentradoras de decisiones.

Los ambientalistas e indígenas recrearon una agenda de lucha con personalidad y pensamiento propio, anticapitalista, anti-oligárquico y anti-patriarcal que estuvieron en la base de las convocatorias –y autoconvocatorias– del Foro Social Mundial (FSM)[15]. Las subsiguientes convocatorias fueron dirigidas a los foros continentales y mesoamericanos.

En Honduras estos movimientos tuvieron su expresión en el surgimiento, en 1993, del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, en los departamentos de Intibucá y La Paz en el occidente y centro del país. En este destacó Berta Cáceres como animadora, convocadora y lideresa popular, indígena, ambientalista y política.

Ella encarnó la mayor expresión de lucha anticapitalista, antioligárquica, antirracista y antipatriarcal; fue asesinada en 2016 por quienes sostienen las estructuras que se vieron amenazadas por un movimiento que rebasó la barrera del reformismo[16]. Otras expresiones similares, aunque con menor incidencia nacional e internacional, se sucedieron a lo largo de los años 1990 y los años que transcurren en el siglo 21.

La oposición que Honduras necesita

La oposición en Honduras siempre será una necesidad, y que esta sea antioligárquica y antisistema es condición para que adquiera capacidad para conducir las transformaciones que representen los intereses y aspiraciones de los sectores oprimidos, que en Honduras son mayoritarios.

Esta necesidad siempre será una deuda, porque en el país sigue pendiente la tarea de una oposición que rompa con el proceso reformista contrainsurgente que se implantó a lo largo de siete décadas. Sin embargo, su concreción no parece estar en correspondencia con la realidad política, en la medida que una oposición de tal naturaleza podría confundirse con propuestas que emergen de la izquierda política y partidaria.

La izquierda en Honduras, y también en Centroamérica, se ha desgastado severamente en el contenido de sus propuestas, sus métodos y la comunicación de su oferta electoral a la población. Dejó de ser atractiva y perdió credibilidad.

En Nicaragua, la izquierda ha adquirido rasgos de un autoritarismo político y un control social que rebasa las dramáticas experiencias estalinistas que dejaron millones de muertes y encarcelamientos en el siglo veinte. Replicar el partido único, cercenar las libertades públicas e individuales, perseguir las ideas y a la Iglesia, por el solo hecho de serlo, redunda en descrédito para la izquierda y sus propuestas.

En El Salvador, la izquierda fracasó en su intento de impulsar una propuesta transformadora y, junto con la extrema derecha, recibió un rechazo casi total de los electores en los comicios de 2019.

En su lugar, se implantó y ha ganado popularidad una oposición que ganó el voto de la mayoría en nombre de la democracia y, con tales credenciales, implantó un régimen cool que combate la criminalidad juvenil con métodos represivos, militaristas y cargados de odio hacia todo lo que pueda significar defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas e individuales.

Nayib Bukele llenó con éxito la necesidad de una oposición popular que aspiraba a respirar sin amenazas y sin extorsiones; y que contrarrestara efectivamente la delincuencia y la corrupción.

Esa oposición popular, hoy convertida en gobierno, goza de la simpatía mayoritaria de la sociedad según diversos sondeos de opinión pública efectuados en El Salvador.

A mediados de 2023 se le consideraba el régimen con mayor popularidad del planeta, gracias al uso exitoso de las redes sociales, pero, sobre todo, por perseguir y encarcelar implacablemente a todo responsable, o sospechoso, de cometer actos delincuenciales.

El fenómeno de las maras y pandillas nunca había sido puesto bajo control, como lo está haciendo el régimen de Bukele, al costo de implantar un régimen autoritario por encima de las reglas de la democracia.

En Honduras, la oposición con signos y lenguaje de izquierda accedió al gobierno por la vía electoral en noviembre de 2021. Sin embargo, a un año y medio de ser gobierno, la población expresaba sentirse frustrada y calificaba a su presidenta con una nota de aplazada[17].

El partido en el gobierno pasó de ser oposición contra la dictadura, a ser barrera de contención para evitar las protestas y movilizaciones de los sectores sociales descontentos[18].

De igual manera, las mayores preferencias en confianza las tienen las iglesias evangélicas y protestantes, por encima de la confianza depositada en la Iglesia Católica, que ocupa el segundo lugar[19].

En sintonía con los demás países centroamericanos, las iglesias protestantes van ganando terreno en la sociedad, una tendencia que, además, se vincula con un nuevo ciclo de ascenso político de la extrema derecha en América Latina y otras regiones del mundo.

Ante un eventual fracaso del gobierno hondureño, el peligro de que la oposición de derecha y extrema derecha tome fuerza es muy grande. Y si se siguen los datos del Sondeo del ERIC, sobre la popularidad que va adquiriendo el protestantismo en Honduras, la unión entre lo religioso y lo político para conformar una oposición política exitosa es un escenario previsible y amenazante para el futuro inmediato del país.

Ejemplo de ello es el siguiente relato. En un fin de semana capitalino, los evangélicos salieron al ámbito de lo público a manifestarse por la paz, la democracia y la defensa de los valores de la familia; contra la corrupción y el nepotismo. Lo interesante de esta acción pública es que la manifestación era encabezada por Salvador Nasralla, el rostro y la voz visibles de la oposición al gobierno de Xiomara Castro, bajo el argumento de que este gobierno es comunista y corrupto.

En sintonía con la tendencia mundial que registra el crecimiento de alternativas políticas de extrema derecha, que propugnan por gobiernos neofascistas para sustituir a gobiernos socialistas o de izquierda, en Honduras se va abriendo camino un tipo de oposición anticomunista que busca armonizar el discurso religioso fundamentalista con el discurso político de extrema derecha.

¿Otra oposición es posible?

Aquella oposición antioligárquica y antisistema que se configuró en la primera mitad del siglo veinte, y cristalizó en la gran huelga bananera de 1954, devino siete décadas después en una oposición anticomunista que armoniza a los sectores protestantes fundamentalistas con un discurso extremista de derecha.

El peligro latente es que esta nueva oposición se convierta en alternativa para ser gobierno, tras lo que podría ser un fracaso de la vacilante izquierda dentro de un partido con reducidos rasgos de izquierda auténtica.

Si en algo se enraizó este largo período de estrategia reformista contrainsurgente, es en haber conformado una mentalidad y una conciencia conservadoras en la sociedad hondureña. Para establecer un criterio que nos permita identificar ganadores y perdedores en este largo periodo, es conveniente echar una mirada de largo alcance.

En tiempos de la gesta histórica de la huelga de 1954, las empresas bananeras, la oligarquía hondureña, los partidos tradicionales Nacional y Liberal, además del gobierno de los Estados Unidos, constituyeron una alianza ganadora de larga duración.

En ese contexto diseñaron y aplicaron la estrategia reformista contrainsurgente. Al pueblo movilizado por el movimiento huelguista de 1954, siguió el paso hacia la desmovilización y la dependencia respecto de los mismos actores que promovían su aletargamiento.

Así se configuró un pueblo arraigado en el patrimonialismo[20], sometido a un modelo productor de desigualdades. Quedó asentada una mentalidad dependiente, en permanente espera que de arriba o de afuera venga alguien a resolver sus problemas, al menos a aliviar su situación de postración.

Un pueblo así no está interesado en transformaciones revolucionarias, sino más bien en mantener las cosas tal cual están, a la espera de una Mamita Yunai”[21], o de un compadre ganadero dispuesto a resolverle el hambre del día. Una mentalidad así es terreno fértil para autoritarismos y discursos fundamentalistas, tanto religiosos como políticos.

Este parece ser el escenario que se estaría configurando para suceder a la actual propuesta populista teñida de izquierda. Se trataría de una oposición convocadora de todas las energías conservadoras, como eje de nuevas configuraciones políticas autoritarias, fundamentalistas y de mano dura.

Y sería de largo aliento, porque buscará reacomodar las fuerzas para reconstruir el modelo económico y organizar una nueva estructura de poder. Podría estar a las puertas un escenario político-religioso fundamentalista de muy larga duración; y más alarmante aún, con respaldo popular.

Las expectativas del momento

En el oscuro panorama que se advierte, Honduras sigue ante el desafío histórico de una oposición antioligárquica y antisistema. Siete décadas después de la gran huelga bananera, no hemos tenido ni se avizora una oposición que desestabilice el sistema y el modelo actual en lo económico, político y social.

En la coyuntura que se abrió con el gobierno que lidera el partido Libre, han surgido oposiciones como la del Partido Nacional o la de Salvador Nasralla, pero estas representan lo contrario a la oposición que necesitamos.

La oposición antisistema y antioligárquica la entendemos como una respuesta organizada de los sectores sociales populares, como fuerza organizada que se sitúa más allá del tradicionalismo político, que cuestiona frontalmente el sistema encarnado en partidos políticos que arrastran las prácticas y concepciones creadas por el antiguo y ya centenario modelo bipartidista.

Por lo consiguiente, se sitúa como alternativa al modelo oligárquico y sus expresiones políticas, sociales, económicas y culturales.

La oposición necesaria

Para impulsar el cambio que la población sigue esperando para mejorar sus condiciones de vida, esta oposición tiene la tarea de diseñar un programa que vaya más allá de buscar el triunfo en las elecciones o ejercer un control absoluto sobre las instituciones del Estado, además de ver en este un botín y una agencia de empleos al servicio de la clientela del partido gobernante.

La oposición que necesita el país debe concentrar su mirada en quienes están sumergidos en la injusticia y la opresión. En toda circunstancia, pero especialmente en tiempos de frustración social y política, cuando parece perderse el horizonte de la justicia, es a la oposición social organizada que corresponde comunicar esperanza y movilizar a los oprimidos hacia la conquista de la dignidad perdida.

En esta perspectiva ha de ser algo más que un partido político, pues no puede limitar su horizonte a la lucha partidaria. Su compromiso primordial es luchar para que los derechos de los oprimidos sean respetados y las mayorías aumenten su participación y tengan más peso y representación en la toma de decisiones sobre el rumbo del país.

Congruente con esa visión, el mayor compromiso de dirigentes y animadores populares será generar conciencia de pueblo, entendiendo por pueblo la suma organizada de los sectores oprimidos que adquieren conciencia de serlo, que identifican a sus opresores y ponen en marcha procesos emancipadores para toda la sociedad. Contribuir a elevar el nivel de conciencia para avanzar hacia la identidad de pueblo es la tarea esencial de los luchadores populares.

El papel de los sectores populares

Que los sectores populares crezcan en identidad y en articulación, hasta vertebrarse como la oposición social que el país necesita, representa un enorme desafío.

Un escenario privilegiado para lograr este objetivo son los municipios, donde hay más condiciones para acortar distancias entre líderes y su base social, pues no se puede ignorar que los grandes problemas nacionales se focalizan en la tierra, el medio ambiente, el empleo, la seguridad ciudadana y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Las experiencias relacionadas con una sociedad alternativa y solidaria, con valores nuevos, tienen más posibilidades de prosperar en los espacios locales, municipales y comunitarios.

El papel de los movimientos sociales

Las teorías políticas tradicionales plantean que a los movimientos sociales les está reservado el papel de auxiliares o “correas de transmisión” de los partidos políticos y los estados, que se conciben como los verdaderos sujetos de los cambios[22].

A los movimientos sociales también se les asigna el papel de organizar a la población para que se movilice por sus demandas e intereses inmediatos. Sin embargo, los objetivos a largo plazo escapan a sus posibilidades.

Es a los partidos y al Estado que se les atribuye, de forma “natural”, el poder para organizar y sustentar estructuras especializadas y gestionar complejas maquinarias burocráticas en los partidos y el gobierno.

Esta división del trabajo conlleva, también de forma “natural”, una jerarquización de funciones: aquellos que son aptos para demandar y movilizar, no lo son para dirigir y gestionar; estas capacidades quedan reservadas al peldaño superior de la pirámide de poder.

 Este es el cambio al que debe aspirar la oposición social, los movimientos sociales y populares para construir una verdadera alternativa de poder desde abajo, en la horizontalidad de la sociedad.

Es un momento de cambio, debemos participar

Una valoración común de diversos analistas internacionales apunta a que estamos asistiendo a un proceso de quiebre o viraje político histórico, tanto teórico como en la praxis política. Hay una irrupción en la escena de los movimientos sociales, no subordinados de manera mecánica a los partidos políticos, que van creciendo en capacidad para presentar y promover propuestas desde su propia fuerza e identidad.

Los movimientos sociales, como aglutinadores de la gente común, estarían contribuyendo a profundizar la crisis y decadencia del imperio del capital liderado por Estados Unidos.

La idea se sustenta en el supuesto de que surja, de dicha crisis y sus consecuencias en la estabilidad política y social, una nueva estructura política conformada no sólo por los grandes empresarios, funcionarios públicos y cúpulas de los partidos políticos, sino también por la gente común en movimiento.

En suma, a los movimientos sociales de hoy se les reconoce capacidad para promover, desde su propia identidad y autonomía, la configuración del mundo que surgirá de la crisis global del capitalismo.

Con esta lógica y esta esperanza entendemos la oposición social y política que necesitamos construir en Honduras para superar el agotamiento de esa larga etapa gobernada por el reformismo contrainsurgente, cuyo principal logro ha sido condicionar a su estrategia la lucha política de la oposición hondureña durante siete décadas continuas.

El capitalismo se afianzó a lo largo de cinco siglos a través del Estado y de las grandes empresas transnacionales, de manera que los Estados y las empresas son el “hogar real del capitalismo”[23].

Así, los empresarios tienen su hogar: sus empresas; los políticos de oficio tienen su propio hogar: los partidos políticos. Pero, ¿cuál es el hogar de la gente común, del ciudadano corriente? Sin duda los movimientos sociales.

Por esa razón, según nuestra hipótesis, la oposición que necesitamos se define a partir de los movimientos sociales, hogar de la gente común.

Volver la mirada y el corazón hacia la gente común y establecer con ella una relación de confianza, es indispensable para construir una auténtica oposición que encabece la lucha por un país más compartido y solidario, donde toda la gente quepa con su dignidad y derechos soberanos.


*       Ismael Moreno –P. Melo– es analista e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), El Progreso, Yoro.

[1]       Este ensayo tiene su inspiración original en el artículo publicado en la revista Envío-Honduras, núm. 7, abril de 2005, reproducido en el libro Paso a Paso, dos décadas de coyuntura hondureña, Tomo I, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2022, pp. 81-85.

[2]       La huelga de los obreros bananeros se extendió del 30 de abril a julio de 1954. Inició en El Progreso, La Lima, Tela y Puerto Cortés, y pronto se extendió al resto de los campos bananeros. También incidió en San Pedro Sula, la capital Tegucigalpa y otras ciudades hondureñas. Las demandas fundamentales se sustentaban en mejoras salariales, respeto a la jornada de ocho horas, al derecho a la salud y al derecho de organización sindical, entre otros. A inicios de mayo de 1954, treinta mil obreros se tomaron la ciudad de El Progreso; las presiones de la transnacional bananera en las primeras semanas, en lugar de amedrentarlos, fortalecieron la lucha y la solidaridad hacia las demandas de los campeños. Cfr. Marvin Barahona. El silencio quedó atrás. Testimonios de la huelga bananera de 1954. Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 1994.

[3]       Cfr. Marvin Barahona. Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Editorial Guaymuras, 2005. Este estudio, aunque limitado a los años subsiguientes a la huelga bananera, sirve de base para sostener nuestra hipótesis de un proceso reformista que neutralizó y cooptó las diversas iniciativas revolucionarias que se sucedieron tras la gesta obrera de 1954.

[4]       La Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica, política y social del gobierno estadounidense destinado a los países latinoamericanos, efectuado entre 1961 y 1970. Su origen está en la propuesta oficial del presidente John F. Kennedy, en su discurso del 13 de marzo de 1961, en una recepción en la Casa Blanca a los embajadores latinoamericanos. En sus diez años de duración se situó en el contexto de una estrategia anticomunista y contrainsurgente en el continente americano. Se proyectó una inversión de 20.000 millones de dólares. Sus fuentes serían los EUA, las agencias financieras multilaterales (BID y otros) y el sector privado, canalizadas a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo.

[5]       Cfr. Breve reseña histórica del movimiento campesino de Honduras. Autor anónimo.

[6]       Cfr. Ismael Moreno. “El país de las válvulas de escape”. Paso a Paso. Dos décadas de coyuntura hondureña. Tomo II. Editorial Guaymuras, 2022, pp. 265-279.

[7]       Cfr. Miguel Alonzo Macías. La capital de la contrarreforma agraria. El bajo Aguán de Honduras. Editorial Guaymuras, 2001.

[8]       Cfr. Guadalupe Carney. Solo díganme Lupe. Memorias. ERIC/Editorial Guaymuras, 2003.

[9]       Cfr. Macías, Miguel Alonzo, op. cit.

[10]     Recomiendo el capítulo “Dimensión social de la misión de la Iglesia Católica: una mirada nacional desde la región noroccidental” en Religión, Ideología y Sociedad, ERIC-SJ. Editorial San Ignacio, 2013, pp.102-148.

[11]     El Informe Rockefeller es la expresión de un plan anticomunista dirigido a contrarrestar la influencia de la Iglesia Católica en América Latina. Este informe advertía del peligro de las comunidades católicas, como potenciales enemigas de los EUA. La Iglesia ya no es “un aliado seguro para Estados Unidos”. “Creo que será larga y difícil la absorción de estos países por Estados Unidos, mientras sean países católicos”, dijo el presidente Teodoro Roosevelt en 1912. El informe Rockefeller sostuvo que el catolicismo se había convertido “en un centro peligroso de revolución potencial”. En 1969 fue más allá, asegurando que era preciso reemplazar a los católicos latinoamericanos por “otro tipo de cristianos”. El magnate recomendó a su gobierno promover las llamadas “sectas” fundamentalistas que brotaban del florido árbol pentecostal estadunidense. En 1900 había 250,000 protestantes en América Latina, y en el año 2000 ya eran 45 millones.

[12]     La estrategia “divide y vencerás”, originada en sectores adinerados y políticos de extrema derecha de los EUA, que apoyó económicamente cualquier iniciativa para erosionar a la Iglesia Católica y afectarla en su profetismo a favor de la justicia, la libertad y los derechos, explica en parte el crecimiento de las sectas a partir de los años 1970. El derramamiento de sangre de catequistas, animadores de la Palabra, religiosos y religiosas y sacerdotes fue la letal consecuencia de las políticas de los EUA y recogida en el Informe Rockefeller, financiado y promovido por David Rockefeller.

[13]     Cfr. Ismael Moreno. Paso a Paso, dos décadas de coyuntura política hondureña, tomo I. Editorial Guaymuras, 2022, pp. 97-102.

[14]     Una barriada marginal, informal e improvisada, en las afueras de un centro urbano de la Costa Norte hondureña, con veinte chabolas, cada una de ellas cuenta con una manguera que cada familia ha instalado y traído de la fuente de agua ubicada a unos 300 metros. A nadie se le ocurrió que podrían comprar una sola manguera, más amplia, y cuidar la fuente de agua como un bien común. Cada cual se rebuscó con su propia manguera y la pegó a la fuente de agua; las veinte familias con la misma necesidad, pero cada una se rebuscó individualmente para resolver su necesidad de agua. Lo mismo ocurrió con el tendido eléctrico. Las veinte chabolas tienen electricidad, pero existen veinte pegues de energía que cada familia ha traído desde unos 400 metros de distancia, con una notoria cantidad de cables que improvisadamente cruzan las arboledas y ponen en peligro las viviendas. Cada familia se vincula, individualmente, con quienes les pueden resolver su necesidad, seguramente un pastor evangélico o un directivo del patronato comunal, quien a su vez es activista de un partido político. Una población así alcanza una mirada inmediatista, el mundo tiene el horizonte del final del día, y la gente se va detrás de quien le asegure esa sobrevivencia cotidiana. Ya lo han advertido los resultados de nuestros sondeos de opinión, la gente se inclina levemente por la democracia, pero sobre todo se inclina por aquel régimen que le garantice la subsistencia (Cfr. Sondeo de Opinión Pública, ERIC, 2020). Cfr. “El país de las válvulas de escape”, Paso a Paso, op. cit.

[15]     Creado como un evento contrario al Foro Económico Mundial, que durante años se realiza a fines de enero en Davos, el FSM se estableció en Porto Alegre, Brasil, en 2001. Algunos líderes de la sociedad civil brasileña habían entendido muy bien que el mundo moldeado en Davos por los líderes económicos y políticos mundiales era el de las ganancias neoliberales, de los privilegiados; el mundo del 1% que sigue excluyendo al 99% restante. Estos líderes también sabían que en ninguna parte estaba escrito que el mundo tuviera que ser neoliberal y capitalista. En cambio, pensaron que era necesario unirnos para dar forma a un mundo donde todos tengan su lugar con respeto y dignidad, y compartieron la convicción de que este otro mundo no era una de las muchas utopías de la historia, sino que era posible. Por tanto, el lema “Otro mundo es posible” describe muy bien su visión y programa (Reflexiones de Gilio Brunelli, ex director del Departamento de Programas Internacionales de Desarrollo y Paz, Canadá, e involucrado en el FSM desde sus inicios). De Porto Alegre, el FSM se trasladó a Mumbai, India, en 2004, y progresivamente se fue diluyendo, de manera que el celebrado en Montreal, Canadá, en 2016, fue calificado por varios analistas como la clausura del movimiento.

[16]     Véase mi artículo “El machismo que mató a Berta Cáceres”, en la revista Envío de Nicaragua, núm. 427, octubre de 2017.

[17]     Sondeo de Opinión Pública del ERIC, divulgado en mayo de 2023.

[18]     “Cuando peleábamos en la calle en el tiempo de la dictadura, sabíamos que la lucha era contra el mal, pero no teníamos miedo. Con el gobierno de Libre nos sentimos coartados, incluso amenazados por quienes fueron nuestros compañeros de lucha. Son ellos mismos, con quienes estuvimos codo a codo en las luchas, los que ahora nos desmovilizan y nos dicen que todo está bien, cuando sabemos que no es así. Si protestamos y si salimos a las calles no es porque estemos contra del gobierno y menos que lo queramos destruir. Protestamos y nos manifestamos porque las cosas no andan bien, y porque necesitamos que el gobierno corrija sus errores y que escuche a la gente que la llevó al poder”. Testimonio de una luchadora social frustrada con el gobierno, pero sobre todo con los antiguos activistas de lucha y ahora funcionarios públicos.

[19]     Cfr, Sondeo de Opinión Pública del ERIC, 2023.

[20]     De acuerdo al analista filipino Nathan Quimpo, el patrimonialismo es “un tipo de regla en la que el gobernante no distingue entre patrimonio personal y público y trata los asuntos y recursos del Estado como su asunto personal”, una concepción y práctica muy extendida en Honduras. Los funcionarios y políticos asumen que el Estado es de su propiedad y que pueden disponer de sus recursos para beneficio personal o repartirlos entre sus allegados a cambio de lealtades y favores. Esta práctica está en la base de la corrupción política, desde donde se entienden los favoritismos y el nepotismo como hechos normales y hasta naturales. Para Augusto Zamora, la corrupción política patrimonial es la madre de las corrupciones. Cfr. Revista Envío, Nicaragua, núm. 168, marzo 1996.

[21]     Título de la novela del escritor costarricense Carlos Luis Fallas, publicada en 1941, que denuncia las injusticias sociales y las condiciones miserables en que vivían los trabajadores de la United Fruit Company en Costa Rica. 

[22]     Cfr. Zibechi, Raúl. Los movimientos sociales, nuevos escenarios y desafíos inéditos. OSAL, Observatorio Social de América Latina. Buenos Aires, 2006.

[23]     Ibíd.

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