0Shares

Crisbel Talavera*

El neoextractivismo como modelo de desarrollo, que históricamente ha beneficiado a la oligarquía hondureña y a las transnacionales, sigue afianzando la desigualdad y el racismo estructural de larga data, atropellando los derechos de los pueblos indígenas y garífuna.


Introducción

En 2021, unos doscientos defensores del medio ambiente y la Tierra fueron asesinados, lo que equivale a cuatro personas por semana[1]. Estos ataques mortales siguen produciéndose en medio de un amplio abanico de amenazas a los defensores por parte de los gobiernos, las empresas que explotan los recursos naturales y otros actores no estatales, a través de la violencia, la intimidación, las campañas de desprestigio y la criminalización. Esta situación es especialmente preocupante en América Latina, donde se produjeron más del 75% de los ataques[2].

La violencia se produce en el contexto de la resistencia contra las crecientes iniciativas extractivas que profundizan el modelo de desarrollo extractivista. Esta tendencia ha llevado a una creciente conflictividad, que ha alimentado tanto el aumento de la violencia estatal y paraestatal, como la criminalización de los conflictos socioambientales[3].

Maristela Svampa define los conflictos socioambientales como conflictos por el control y acceso al territorio y los recursos naturales, que involucran a actores opuestos con intereses y valores contrapuestos. Estos actores están involucrados en el contexto de una enorme asimetría de poder[4].

En Honduras se han exacerbado la violencia y la represión en medio de los conflictos socioambientales, situándose entre los cinco países más peligrosos para el activismo medioambiental[5]. La resistencia a los proyectos extractivistas se ha traducido en violencia directa contra la población indígena.

La peligrosa situación de los activistas hondureños saltó a los titulares en 2016, tras la muerte de la conocida activista indígena y ecologista Berta Cáceres, que provocó indignación en todo el mundo. Cáceres fue asesinada por sicarios debido a su oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca[6].

De esta manera, la violencia contra las y los defensores del ambiente no solo representa un incumplimiento de las empresas y los gobiernos de sus responsabilidades legales, sino también un componente central de la política medioambiental, y de la interacción entre las empresas y los derechos humanos.

Entonces, la pregunta clave es: ¿Cómo contribuye el neoextractivismo, como modelo de desarrollo, al creciente acaparamiento de tierras y la generación de violencia en los territorios indígenas de Honduras?

Este ensayo busca ofrecer un análisis empírico del neoextractivismo como causa de los desalojos en las comunidades garífunas y el acaparamiento de sus tierras ancestrales, que amenazan su supervivencia como pueblo afroindígena en Honduras.

¿Qué es el neoextractivismo?

La conquista y colonización de América en los inicios del capitalismo europeo son las raíces del extractivismo. En esencia, el extractivismo ha sido una constante en la vida económica, social y política de muchos países de la región[7]. Así, con diferentes grados de intensidad, todos los países de América Latina se ven afectados por estas prácticas[8].

La dependencia respecto de los centros metropolitanos a través de la extracción y exportación de materias primas ha permanecido prácticamente inalterada hasta nuestros días.

Y aunque unos países han conseguido modificar algunos aspectos relevantes del extractivismo tradicional mediante una mayor intervención del Estado, más allá de unas cuantas diferencias de mayor o menor importancia, el modo de acumulación extractivista parece estar en el centro de las políticas de desarrollo económico, tanto de los gobiernos neoliberales como de los progresistas[9].

A principios del siglo XXI el fenómeno del “neoextractivismo” ha adquirido nuevas dimensiones, tanto políticas como simbólicas. Esto se debe, entre otros factores, al tamaño y alcance de los proyectos, los diversos tipos de actividades, los actores nacionales e internacionales involucrados y la magnitud de la crisis ecológica[10].

Así, el neoextractivismo puede entenderse como un proceso de apropiación de la naturaleza y un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, muchos de ellos no renovables[11].

Se distingue por su gran escala, su enfoque exportador y la vertiginosa expansión de las fronteras de explotación hacia zonas antes consideradas improductivas o infravaloradas. Como resultado, identifica y amplía las acciones que típicamente se consideran extractivas.

Por ejemplo, la expansión de diversas monoproducciones y la sobreexplotación de pesquerías o monocultivos forestales; la expansión de la frontera petrolera y energética, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y otros grandes proyectos de infraestructura[12].

Ganadores y perdedores

Los partidarios del neoextractivismo afirman que este es un requisito previo para el crecimiento económico y la erradicación de la pobreza, mediante el aprovechamiento de los beneficios generados por las industrias extractivas.

Es “neo” (nuevo) porque aplica mayores rentas e impuestos a las industrias extractivas, sin dejar de fomentar la extracción de recursos naturales para la exportación, con el fin de generar desarrollo económico[13].

Así, el gobierno desempeña un papel más activo en comparación con el modelo anterior, y se asocia con grandes empresas transnacionales y entidades inversoras internacionales para expandir el modelo[14].

A modo de ilustración, en algunas naciones sudamericanas gobernadas por gobiernos progresistas que han implementado el modelo neoextractivista, se ha producido una mejora significativa del ingreso de segmentos de la población tradicionalmente marginados, gracias a la mejor distribución de la creciente renta procedente del petróleo y la minería.

Sin embargo, no se ha producido una redistribución radical de la renta y la riqueza. La falta de transformación se explica por lo relativamente fácil que es cosechar beneficios de la generosidad de la naturaleza, sin entrar en procesos de redistribución social y políticamente complejos[15].

En general, se puede inferir que el modelo neoextractivista no se traduce necesariamente en estrategias que benefician a las comunidades locales y contribuyen a la lucha contra la pobreza, sino que sólo la élite se beneficia de tales proyectos, y los indígenas a menudo quedan más pobres y sin tierra[16].

Acoso y despojo del pueblo garífuna

Honduras es un país multiétnico; es decir, formado por diferentes grupos étnicos como el mestizo, que hace referencia a una mezcla indoeuropea, y nueve grupos indígenas reconocidos oficialmente, uno de los cuales es el garífuna, clasificado como afroindígena[17]. Son descendientes de esclavos africanos fugados en el siglo XVII, indios caribes y arawakas que residían en la isla de San Vicente.

Actualmente hay más de 50 pueblos y aldeas garífunas en la Costa Norte de Honduras y las Islas de la Bahía. Estas zonas cuentan con hermosas playas que atraen a los turistas, pero también son foco de intereses empresariales que buscan explotarlas[18].

La profundización del modelo neoextractivista se evidencia en el crecimiento de proyectos mineros, turísticos y energéticos en territorios indígenas[19]. Por ejemplo, con la aprobación del gobierno hondureño, se han confiscado tierras garífunas para el turismo, la base naval, un puerto de aguas profundas y la explotación de gas y petróleo.

Sin embargo, el Estado de Honduras ha ratificado los tratados internacionales sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y la Constitución garantiza la protección de sus derechos y sus tierras ancestrales; pero, en la práctica, estos pueblos tienen un poder político limitado sobre las decisiones que afectan sus territorios, culturas, tradiciones y recursos naturales[20].

En este contexto, Honduras ha promovido activamente proyectos de desarrollo que violan estos derechos y vende la soberanía del país al mejor postor. Así, la venta ilegal de tierras comunales garífunas a inversores extranjeros socava sus títulos de propiedad de tierras comunales que se remontan al siglo XIX[21].

En 2014, por ejemplo, 450 residentes de una aldea garífuna fueron desalojados por la fuerza por militares y policías hondureños fuertemente armados. Esto ocurrió en Tela, una ciudad puerto de la Costa Norte, donde también se encuentra Indura Beach and Golf Resort, un megaproyecto turístico, propiedad de empresarios privados y del Estado hondureño[22].

El proyecto provocó acaparamientos ilegales de tierras, desplazamientos forzosos y represión, incluida la criminalización contra los garífunas que residían cerca del complejo turístico[23].

Como resultado, en 2020, cinco jóvenes garífunas defensores de la tierra fueron llevados por la fuerza por hombres fuertemente armados que vestían uniformes de policía; años después, sus familias y comunidades siguen esperando respuesta del Estado sobre su desaparición forzada, vinculada a su lucha en legítima defensa de sus tierras ancestrales frente a las estrategias de desarrollo[24].

Turismo y neoextractivismo: caras de la misma monera

El neoextractivismo introduce dinámicas que incluyen la recolonización de la naturaleza y la desposesión, que son evidentes en el proceso de acaparamiento de tierras, destrucción de territorios y desplazamiento de comunidades[25].

Por tanto, en su resistencia a los proyectos turísticos apoyados por el Estado, los activistas garífunas por los derechos a la tierra han destacado las importantes conexiones entre el turismo y el extractivismo, dos tendencias de desarrollo que violan los derechos de las comunidades indígenas y aceleran el proceso de despojo territorial[26].

De este modo, los grupos indígenas suelen verse gravemente perjudicados por los conflictos asimétricos y las dinámicas de poder que implican las industrias extractivas. Muchas comunidades luchan por defender sus territorios, porque los derechos indígenas suelen ser desestimados en favor de ideologías extractivistas[27].

Así, el desplazamiento garífuna es el resultado de la construcción de ideas sobre el desarrollo desde el Estado, que racializan a los garífunas como atrasados e inadecuados para el crecimiento económico.

Las creencias racistas que consideran a los indígenas inferiores e incapaces de utilizar la tierra de forma productiva, buscan además justificar la presencia y el control continuados de las élites sobre los territorios indígenas[28].

Continuidades y paradojas

A pesar de las implicaciones negativas del modelo neoextractivista en relación con la degradación medioambiental, la violencia y la creciente resistencia indígena, las industrias extractivas siguen creciendo debido a la rentabilidad sin precedentes para el Gobierno y las empresas[29].

Así lo demuestra la expansión de las actividades extractivas desde el golpe de Estado de 2009. Desde entonces, la violencia ha aumentado drásticamente porque los sucesivos gobiernos de derecha han hecho de la minería, la agroindustria, el turismo y los proyectos energéticos destructivos para el medio ambiente, la piedra angular del modelo de desarrollo económico del país[30].

Además, han socavado e ignorado los controles y equilibrios medioambientales, mientras adjudicaban cientos de concesiones. Muchos de los proyectos están respaldados por destacados entes financieros e instituciones internacionales[31].

En 2022, la presidenta Xiomara Castro asumió el poder prometiendo alejarse del modelo extractivista, por lo que las autoridades anunciaron la cancelación de los permisos de operación para la minería metálica y no metálica, tachando a la industria de perjudicial para el medioambiente. El gobierno declaró explícitamente la prohibición de la minería a cielo abierto e hizo hincapié en la preservación de las áreas naturales de “alto valor ecológico”[32].

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Minas justificó las cancelaciones de permisos alegando perjuicios para las y los hondureños, amenazas para los recursos naturales, la salud pública y limitaciones en el acceso al agua como derecho humano[33].

Sin embargo, aún no se ha aclarado si las cancelaciones sólo afectan a los nuevos proyectos o también a los ya existentes. Además, sigue sin especificarse —si es que no se ha olvidado—, el destino de los megaproyectos turísticos.

En consecuencia, en un contexto de impunidad, los afroindígenas garífunas siguen sufriendo violencia y discriminación por parte de diversos actores, incluidas las autoridades hondureñas.

Esto quizás demuestra las continuidades y paradojas entre los regímenes neoliberales anteriores y el actual gobierno progresista, respecto de su postura hacia los megaproyectos como modelo extractivista de desarrollo, pese a la creciente oposición local.

Conclusión

Es imperativo abordar los conflictos socioambientales provocados por el neoextractivismo en territorios indígenas, en vista del creciente nivel de violencia y la degradación ambiental causada por los sectores extractivos.

El pueblo garífuna de Honduras sufre continuas violencias (directas y estructurales), amenazas y violaciones de sus derechos humanos y medioambientales, al igual que otros pueblos indígenas que defienden sus derechos.

Tanto el acaparamiento de tierras como la violencia que rodea al pueblo garífuna, son parte de una atmósfera política resultante de los intentos de profundizar el modelo de desarrollo extractivista. En consecuencia, el medioambiente se ha convertido en el nuevo campo político de batalla por los derechos humanos[34].

Las violaciones de derechos humanos han acompañado la proliferación de megaproyectos de desarrollo a través de las distintas fases del neoextractivismo y, aunque ocasionalmente ha habido detenciones, la norma sigue siendo la impunidad.

El neoextractivismo como modelo de desarrollo —que históricamente ha beneficiado a la oligarquía hondureña y a las transnacionales—, sigue afianzando la desigualdad y el racismo estructural de larga data, que han desfavorecido a los pueblos indígenas.


*      Politóloga, analista de conflictos e investigadora especializada en la interconexión entre derechos humanos, conflictos y empresas. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y en Ciencias Políticas por la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos. Máster en Estudios de Conflictos y Derechos Humanos y máster en Derecho Internacional Público con especialización en Derechos Humanos y Empresas por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

[1]       Global Witness (2022). A deadly decade for land and environmental activists – with a killing every two days. Londres: Global Witness.

[2]       Ibid.

[3]       Svampa, M. (2019). Neo-Extractivism in Latin America: Socio-environmental Conflicts, the Territorial Turn, and New Political Narratives. Cambridge: Cambridge University Press, 38.

[4]       Ibid., p. 3.

[5]       Global Witness (2017). Honduras: the Deadliest country in the world for environmental activism. Londres: Global Witness.

[6]       Lakhani, N. (2017). “Honduras elites blamed for violence against environmental activists”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2017/jan/31/honduras-environmental-activists-global-witness-violence-berta-caceres.

[7]       Acosta, A. (2013). “Extractivism and Neoextractivism: Two Sides of the Same Coin”. Beyond Development: Alternative Visions from Latin America.

[8]       Ibid.

[9]       Ibid, p. 63.

[10]     Svampa, M., op. cit., pp. 1-2.

[11]     Ibid, pp. 6-7.

[12]     Ibid.

[13]     Hellinger, D.C. (2021). “Democracy in Times of Globalization”. En Hellinger, D.C. (ed.) Comparative politics of Latin America: Democracy at Last?, 512; Costantino, A. (2014). “Land Grabbing in Latin America: Another Natural Resource Curse?”, Agrarian South: journal of political economy, 3 (1): 18.

[14]     Svampa, op. cit., pp. 1-2; Constantino op. cit.

[15]     Acosta, op. cit., pp. 73-74.

[16]     Loperena, C. A. (2017). “Honduras is open for business: extractivist tourism as sustainable development in the wake of disaster?”, Journal of sustainable tourism, 25 (5).

[17]     Ibid, p. 619.

[18]     Mollett, S. (2014). “A Modern Paradise: Garifuna Land, Labor, and Displacement-in-Place”, Latin American perspectives, 41 (6): 28.

[19]     Lakhani, N. (2017). “Honduras elites blamed for violence against environmental activists”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2017/jan/31/honduras-environmental-activists-global-witness-violence-berta-caceres.

[20]     Loperena, op. cit., p. 621.

[21]     Palmer, K. & Iborra-Mallent, J. V. (2021). “El imperialismo canadiense y el desplazamiento forzado de las comunidades garífunas de Honduras”, Nómadas, (54).

[22]     Ibid, p. 629.

[23]     Ibid, p. 624.

[24]     Lakhani, N. (2020). “Fears growing for five indigenous Garifuna men abducted in Honduras”, The Guardian, https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/23/garifuna-honduras-abducted-men-land-rights.

[25]     Svampa, op. cit., p.8.

[26]     Loperena op. cit., p. 619.

[27]     Raftopoulos, M. (2017). “Contemporary debates on social-environmental conflicts, extractivism and human rights in Latin America”, The international journal of human rights, 21 (4).

[28]     Palmer, K. & Iborra-Mallent, op. cit.,; Mollett, op. cit., pp. 28-29.

[29]     Svampa, op. cit., p. 19.

[30]     Lakhani, N. (2017). “Honduras elites blamed for violence against environmental activists”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2017/jan/31/honduras-environmental-activists-global-witness-violence-berta-caceres.

[31]     Ibid.

[32]     Gustavo Palencia (2022). “Honduras to cancel environmental permits, mining ban on open pits”. Reuters,https://www.reuters.com/business/environment/honduras-cancel-environmental-permits-mining-ban-open-pits-2022-03-01/.

[33]     Ibid.

[34]     Raftopoulos, op. cit., pp. 387-388.

0Shares