Marvin Barahona*
En nombre de la eficiencia, o de la vulnerabilidad de la democracia frente a la potencia de intereses organizados, se puede dar paso a peligrosos experimentos autoritarios. Este peligro se produce hoy en el marco de estrategias como la que promueve la «crispación política», que simula desafiar el statu quo, teniendo en mente la renovación de la casta política tradicional.
Introducción
La democracia como ejercicio de la memoria colectiva, y por consiguiente como inmersión en el pasado de los últimos 45 años, nos enseña que la lección más importante es la de reconocer que la democracia de hoy no se corresponde con ningún sueño en la historia nacional de los siglos XIX y XX. Por el contrario, se percibe que está en deuda con las expectativas populares de todos los tiempos: elegir en libertad, vivir en paz, mejorar las condiciones de vida y avanzar hacia una nación por todos compartida según los principios de la igualdad y el bien común.
De otras partes del mundo, donde la historia de la transición a la democracia muestra alguna sincronía con procesos similares ocurridos en América Latina, incluyendo Centroamérica, nos llegan destellos de otras lecciones extraídas de la construcción democrática. Refiriéndose a España, Ignacio Escolar, director de elDiario.es, nos dice que «Recordar la verdad no es un ejercicio de nostalgia ni de ajuste de cuentas, sino una condición imprescindible para una democracia adulta».
Allá, como aquí, se percibe —tal vez por falta de reconocimiento en la Historia—, que la transición a la democracia fue obra de la magnanimidad del poder o un acto de oportunismo político de algunos actores, pero no de una participación decisiva de la población en lucha contra el autoritarismo dictatorial o militar en la coyuntura histórica de la transición política. Como se vea, lo que salta a la vista es que, ni el autoritarismo ni la democracia, han sido formas de gobierno inmutables en el tiempo.
Al contrario, entre ambas se ha producido un agitado como perpetuo debate sobre virtudes y vicios, hasta alcanzar un elevado grado de elaboración jurídica, de justificación política y adaptación constante a los rasgos específicos de la tendencia internacional o regional dominante; y el uso del lenguaje de la conveniencia política, que ayuda a los partidos a efectuar una «mejor» caracterización de su papel en el «teatro» político y a engalanar el disfraz elegido para la ocasión.
Resumir, aunque sea sólo a grandes rasgos el periodo de transición a la democracia, un fenómeno que además se extendió por América Latina desde la década de 1980, puede ser un ejercicio útil para saber dónde se está y dónde se quisiera estar en cuanto al orden político contemporáneo.
De eso trata este artículo, cuya síntesis invita a repensar el camino recorrido, comparar los resultados obtenidos con nuestras propias expectativas en el esfuerzo de explicar, de alguna forma, hacia dónde nos desplazan el pasado y el presente, en presencia de tendencias que globalmente retan a la democracia de hoy a encarar sus desafíos con la mira puesta en mejorar su calidad, aumentar sus índices de aprobación y lograr disipar la crisis de confianza —y a veces también de legitimidad— de electores y electoras que ya no quieren vivir sólo de expectativas y frustraciones.
Las teorías de la transición y los límites de la democracia contemporánea
De acuerdo con la enriquecedora síntesis elaborada por el académico H.C.F. Mansilla, como preámbulo político a la llegada del siglo XXI,
Considerables expectativas ligadas a los procesos de modernización y democratización han resultado una simple desilusión porque la inmensa mayoría de los cambios institucionales, los esfuerzos de la ingeniería política, las reformas electorales, la renovación de los poderes judicial y legislativo y hasta la reducción del aparato administrativo-burocrático han modificado el país legal, pero han dejado bastante incólume el país real de la respectiva sociedad.
Desde su perspectiva, el «mínimo procedimental» (basado en una concepción de R. Dahl) no toma en cuenta las realidades históricas, económicas y culturales de la sociedad en cuestión que, en general, «tienen una resistencia al cambio mucho mayor que la esfera legal-institucional».
Su señalamiento obedece a la observación de que, aproximadamente desde 1980 —un momento coincidente con el inicio del proceso de transición a la democracia en Centroamérica— «se ha desatado una ola acrítica de defensa de la democracia moderna de corte occidental y de la economía de libre mercado, que olvida un punto esencial: por más perfecto que sea, el modelo democrático basado en el liberalismo económico es, en el fondo, solo un medio para alcanzar fines ulteriores, un camino para lograr metas realmente importantes a largo plazo. Entre ellas se hallan, por ejemplo, el bienestar de la población, su perfeccionamiento ético y la reconciliación con la naturaleza».
Al evaluar la relación de los electores y las elecciones con los medios de comunicación en la democracia contemporánea, establece una comparación con el pasado y constata que, «Si antes los medios estaban destinados a un público pequeño que razonaba acerca de los asuntos políticos», en el momento actual se dirigen mayoritariamente a una «masa de consumidores mediocres»; y argumenta que las consecuencias pueden ser funestas para la conformación de una «opinión pública razonable», y por consiguiente para todo modelo de democracia, puesto que «los medios sirven para transmitir desde arriba mensajes a las masas a través de un autoritarismo suave y persuasivo, y no para esclarecer a la población o para brindar legitimidad a proyectos mediante el debate basado en los buenos argumentos».
También argumentaba sobre la falta de una ética de la responsabilidad frente a la naturaleza y las nuevas generaciones, partiendo del reconocimiento de que «esta no puede ser la tarea de muchos agentes aislados que persiguen solo su ventaja individual, como ha resultado ser la democracia neoliberal de nuestros días. Para actuar con responsabilidad social de largo aliento necesitamos al Estado o a alguna institución semejante».
A la vez, señalaba que las «teorías institucionalistas» tendían a descuidar la realidad histórico-cultural donde ocurren los procesos de transición. En tal virtud, calificaba estos enfoques como «generalistas», porque tienden «a abstraerse de las numerosas realidades sociales e históricas». Es decir, «estas teorías se inclinan por diagnósticos y soluciones de índole universalista. Los fenómenos concretos aparecen a menudo como meros casos específicos de aplicación de las doctrinas generales». Desde tal entendimiento asevera que,
después de largos años de transición a la democracia, en América Latina el proceso de democratización ha generado notables edificios institucionales que coexisten en curiosa simbiosis con normativas no escritas, costumbres ancestrales y prácticas cotidianas premodernas, particularistas y hasta irracionales. Muchas veces la democratización y la modernización han servido para revigorizar tradiciones premodernas y, de este modo, hacerlas más resistentes frente a impugnaciones realmente serias.
Luego, H.C.F. Mansilla pasa revista a algunas contradicciones que le resultaban evidentes en las democracias latinoamericanas, especialmente las observadas en las relaciones entre la política, la economía y la democracia. En su opinión,
En el Nuevo Mundo la democracia representativa, unida a la economía de libre mercado, está conducida por elites y partidos políticos cuya competencia técnica, cualidades morales y hasta common sense (sentido común) han resultado ser bienes notablemente escasos. No parece que esta situación vaya a cambiar en el futuro inmediato. A pesar de la creciente abstención electoral y del descontento difuso y anómico, todavía no parece que esta constelación sea percibida como realmente grave por la mayoría de la población, que se empeña en elegir a gobernantes y grupos políticos de dudosa calidad. Uno de los problemas poco estudiados por los enfoques institucionalistas, pero de importancia esencial, se refiere a la calidad intelectual y ética de los grupos dirigentes encargados de implementar las reformas modernizadoras.
Un último ejemplo se desprende de la dicotomía entre élites y masas, a la que Mansilla le otorga una importancia clave, en consideración de las consecuencias que esta produce en la sociedad. En su aguda percepción las elites actuales,
legitimadas democráticamente, han resultado ser grupos remarcablemente autosatisfechos, arrogantes y cínicos, lo cual no sería tan grave si ostentaran un mínimo de competencia administrativa, honradez en el desempeño de sus funciones y algo de interés por la estética pública.
Pero, quizá lo más importante, es una consecuencia mucho más grave: «Lo que han logrado en la esfera de la cultura cotidiana, y esto sin duda alguna, es la separación entre moral y política, que tiende a consolidarse en el imaginario popular».
En contraste, al analizar a los sectores mayoritarios en la sociedad, sostiene que «Las masas de los ciudadanos piensan en dimensiones de corto aliento y en soluciones sencillas, fácilmente comprensibles. Algunos de los complejos retos contemporáneos son el impacto de la acción humana sobre la naturaleza y el clima, y la brecha entre el «tiempo político» y el «tiempo de los problemas».
Sin embargo, la programática simplificadora de los partidos y las propuestas demagógicas y falaces de los políticos se amoldan a las demandas simplistas e inmediatistas de los votantes. Pero, aun dejando de lado estas prácticas detestables, las elites gubernamentales no tienen opciones para los grandes desafíos del futuro».
A continuación, Mansilla se esmera en encontrar explicaciones que calcen con una realidad latinoamericana que, incómodamente, debe incluir en su carta de navegación el norte en el que se ubican la modernidad y las antiguas potencias coloniales. Y lo hace asumiendo una etiqueta reconocida desde las últimas décadas del siglo pasado:
En el Tercer Mundo, los dirigentes y partidos democráticos han imitado con cierto éxito el liberalismo económico del Norte, pero han despreciado con igual energía las virtudes cívicas que hicieron grandes a aquellos países. Estas elites contemporáneas son agrupaciones de los mediocres, taimados y astutos, coaligados metódicamente contra los de espíritu crítico y vocación ética.
Al analizar la intermediación por la que se articulan la sociedad, el Estado y la democracia en el escenario de la política donde se realizan, remarca que «Varios de los actores sociales clásicos, como los partidos políticos, denotan en toda América Latina un desgaste y un descrédito notables —que se los han ganado a pulso, sin duda alguna por sus actitudes en el goce del poder—, perdiendo su facultad de convocatoria pública y su función de representación de intereses sectoriales». Las consecuencias son conocidas:
apatía político-electoral de la población, la inclinación por soluciones populistas y neototalitarias, la exclusión de dilatados sectores sociales de la vida político-cultural y la pérdida de legitimidad de muchas reformas modernizantes.
En su mirada, las contradicciones entre virtudes y vicios en el comportamiento de las élites latinoamericanas parecen inclinarse por los segundos, en los que la deshonestidad y la vileza actúan en connivencia. Según Mansilla,
Dilatados sectores de las elites contemporáneas han aprendido a celebrar elecciones correctas y apropiarse simultáneamente de fondos públicos mediante mecanismos más refinados que en tiempos de dictadura; en innumerables casos los mismos políticos, que por un lado propician reformas institucionales de indudable calidad, se consagran, por otro, a aligerar el erario fiscal por medio de instrumentos innovadores y endiabladamente eficaces. Las privatizaciones favorecen a los grupos que cuentan con fuerte respaldo político.
Y como para no despertar la suspicacia de que su crítica se dirige exclusivamente al poder Ejecutivo, cita ejemplos de los rasgos contemporáneos del poder Judicial, al señalar que:
En América Latina la creación de nuevos órganos en el sistema de justicia, como la corte constitucional, el defensor del pueblo, el consejo de la magistratura y tribunales contencioso-administrativos o la introducción de nuevos códigos y estatutos legales, no han logrado desterrar o siquiera reducir los vicios clásicos de esta institución: la extrema lentitud de los juicios, la corrupción proverbial de jueces y funcionarios de los tribunales, el carácter innecesariamente enrevesado y tortuoso de los procedimientos y la subordinación al Poder Ejecutivo.
Por otra parte, continúa, «nunca en América Latina se han gastado tantos fondos como en los últimos años en la modernización de las policías nacionales, y nunca la inseguridad ciudadana ha sido mayor. Jamás se había discutido tanto sobre temas de medio ambiente (incluidas las muchas cumbres presidenciales y la creación de innumerables instancias consagradas presuntamente a cuestiones ecológicas…), y nunca se han aniquilado tantos bosques como en los últimos años».
Al analizar las «virtudes cívicas», la apatía de las masas y el comportamiento autoritario, concluye que «La agresividad se vuelca contra los débiles y las minorías, la sumisión hacia los fuertes se hace patente y surge el anhelo de gobiernos autoritarios y entes colectivos vigorosos». Pero este despliegue de agresividad, sumisión y autoritarismo no lo veía llegar sólo desde la dimensión política de la sociedad, sino también desde la actividad económica.
El problema radicaba en la postura acrítica y ciega que los «partidarios de la transición democrática» manifestaban por «mercados desregulados», que podían «conducir a que el Estado respectivo abdique de sus facultades y responsabilidades en favor de otros actores y procesos que no poseen ninguna legitimidad democrática ni están sometidos a control racional alguno como las plutocracias mafiosas, las burocracias internacionales, los flujos financieros y comunicacionales, las potencialidades de la bioingeniería, las alteraciones ecológicas y el tráfico de drogas. Fuerzas económico-financieras, exentas de toda regulación y de todo control por parte de la sociedad civil, no han resultado ser las asignadoras ideales de recursos y fondos, y, por otra parte, son ciegas frente a las exigencias ineludibles de la justicia social, el medio ambiente, el Estado de derecho y las identidades colectivas».
Democracia y desigualdad en América Latina, según Hans-Jürgen Burchardt
Este autor encuentra diversas correspondencias entre las categorías presentes en los procesos de democratización de la sociedad; por ejemplo, cuando una participación ciudadana de menor intensidad se produce en contextos de «pobreza extendida, disparidades extremas en los ingresos y otras formas de discriminación»; para luego afirmar que «desigualdad y pobreza propician relaciones sociales autoritarias». En este contexto, que es a la vez político y cultural, por ejemplo, en los países mesoamericanos,
la restricción de los derechos les permite a las elites ejercer una dominación que excluye a algunos sectores de la población de la participación política, lo que explica la existencia de «democracias de baja calidad» (O’Donnell 1998a y 1998b).
Burchardt focaliza su atención en la relación democracia-desigualdad social, como preámbulo de su crítica a la «promesa esencial» de la teoría de la transición; es decir, «cuanto más democrático es un país, más justo será, y cuanto más justo, más democrático». Parte del hecho fáctico de que tres décadas de democracia no lograron reducir las desigualdades sociales extremas. Por el contrario, afirma,
en muchos países latinoamericanos la desigualdad social aumentó en simultáneo con la democratización. Hoy América Latina es el continente más desigual del mundo, por las disparidades dramáticas no solo en los ingresos, sino también en el acceso a bienes elementales como educación, salud, energía y telecomunicaciones (Cepal 2007).
Como resultado, la cuestión social «se impuso en la agenda política latinoamericana en los últimos años y contribuyó de manera considerable a la crisis profunda de la democracia representativa, que encontró su primera expresión política en la victoria de Hugo Chávez en Venezuela en 1998».
Este cambio político, al que se le suele identificar como «giro a la izquierda», produjo una consecuencia mucho mayor que el éxito electoral de partidos que prometen una mayor dedicación a los asuntos sociales, pues «el cimbronazo político incluyó, en la mayoría de los casos, una fuerte crítica a la concepción liberal de democracia tal como la conocemos», que se concretó en propuestas, por ejemplo, de los pueblos y organizaciones indígenas cuya acción les convirtió en «una fuerza influyente» y un «factor político clave» en muchos países latinoamericanos. Más que ampliar la democracia representativa, estos movimientos buscan establecer nuevas prácticas y nuevos modelos políticos basados en las experiencias autóctonas y en la diversidad cultural como modelos superadores de la democracia precedente (Madrid; Van Cott; Yashar).
Otra perspectiva explorada por Burchardt, es la que surge cuando aborda los «criterios de evaluación» inspirados en la teoría de la transición, utilizados para clasificar los gobiernos «positivos» en un «esquema liberal-democrático»; y, como «negativos», los que se mantienen al margen de este. La inconsistencia de esta teoría estriba, según este autor, en que «ignora que estas diferencias surgieron como respuesta al fracaso de los procesos de representación democrática tradicional».
Ejemplo de ello es el populismo, de relevancia en América Latina por su recurrencia y carácter disruptivo. Según Burchardt, «el debilitamiento de las instituciones democráticas, así como la concentración del poder de decisión en un liderazgo carismático, tienden al autoritarismo». Y aunque no lo subestima como un «peligro», sostiene que «el populismo también es una forma política que a veces ayuda a superar crisis sociales y contribuye a establecer un nuevo equilibrio social y político mediante el anticonformismo, la evocación de un colectivo imaginario y la fundación de un nuevo proyecto político» (Aibar Gaete; Arditi).
En algunos países latinoamericanos, el populismo ha logrado restablecer la comunicación entre gobernantes y gobernados que la democracia representativa ya no garantizaba, convirtiéndose así en vehículo de una movilización política amplia que, teóricamente, podría desembocar en una ampliación de los derechos democráticos.
Sin embargo, considera un error crear una «oposición tajante entre democracia liberal y neopopulismo», como lo hace la teoría de la transición. La razón: «el populismo no tiene ni pensamiento originario ni teoría universal ni, mucho menos, una visión definida del ser humano o de la sociedad; simplemente expresa la voluntad de redefinir el bien común sin optar por ningún régimen político en particular».
La importancia de la crítica de Burchardt a la democracia en América Latina es que analiza tanto el centro como la periferia de los «supuestos metodológicos básicos» de las teorías de la transición; por ejemplo, «la concepción lineal de los procesos de democratización hasta llegar a un modelo final estático» que, en su opinión, «se encuentran en cuestión». En este punto, vuelve a considerar la relación democracia-desigualdad, afirmando que no solo «es necesario replantear los enfoques metodológicos y teóricos de la democracia», sino también «asumir el desafío de redefinir las interdependencias entre la política y las variables socioeconómicas».
El punto de partida implícito, como lo señala el mismo autor, es que «la libertad de mercado promoverá regímenes políticos democráticos y que estos, a su vez, contribuirán al bienestar económico». Burchardt confronta tal expectativa con datos empíricos y sostiene que, al contrario, «la profundización de la economía de mercado parecería haber tenido, hasta el momento, efectos más bien contraproducentes para la consolidación democrática: las políticas neoliberales generaron un incremento drástico del desempleo y la pobreza y contribuyeron a la precarización de las relaciones de trabajo (Harvey), lo cual acentuó la fragmentación social (Portes y Hoffmann). Esto, a su vez, implicó una reducción de las oportunidades de importantes sectores de la población para hacer valer sus derechos políticos y civiles (PNUD, 2004a)».
Otras consecuencias significativas de los ajustes estructurales neoliberales en América Latina es que fueron acompañados «por el debilitamiento de los Estados nacionales que, junto con su autoridad, perdieron también parte de la soberanía sobre su propio territorio; de este modo se erosionó uno de los aspectos centrales de la democracia».
Al mismo tiempo, la influencia creciente de actores e instituciones internacionales poderosas, como las agencias de cooperación para el desarrollo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o los mercados financieros globales, debilitó el peso de los derechos locales de participación política (Petras/Veltmeyer; PNUD 2004a). Todos estos cambios van en la línea de un debilitamiento de la democracia, más que de su fortalecimiento. En suma, democracia y mercado «no necesariamente tienen efectos sinérgicos: pueden, de hecho, volverse contradictorios».
Al final, Burchardt presenta algunas alternativas en cuanto a enfoques y sus aspectos teórico-metodológicos, con el fin de «repensar la relación entre democracia e igualdad social» para enriquecer la teoría liberal-democrática con una dimensión socioeconómica. En este punto visibiliza una implicación clave, esto es que «la existencia de derechos formales de acceso no alcanza para garantizar que estos se hagan efectivos, lo cual implica reconsiderar la relación entre desigualdad social, participación política y recursos económicos básicos». En este contexto,
la reducción efectiva de la desigualdad debería producirse no a través de posibilidades individuales o de la democratización en el acceso, sino mediante la promoción económica y el empoderamiento de las comunidades más pobres y los sectores subalternos.
El problema obvio es que la desigualdad social continúa en las sociedades latinoamericanas, especialmente en las sociedades centroamericanas más rezagadas, siendo Honduras la principal entre estas. Burchardt esboza, entonces, una explicación de lo que para él es la desigualdad social en el marco de los regímenes liberal-democráticos, afirmando que su persistencia en estas sociedades «podría explicarse como parte de una estrategia para conservar el poder e impedir el paso de la democracia liberal a la democracia social».
De esta explicación, que también puede considerarse una conclusión, se derivan dos interrogantes fundamentales. La primera, «¿cómo se construyen políticamente estos procesos de exclusión en los ámbitos determinantes para mantener la desigualdad, por ejemplo, en el sistema impositivo, la educación, los sistemas de seguridad social y las relaciones de trabajo? Esto implica preguntarse cómo logran evadir el control de los mecanismos democráticos existentes».
Para responder a este interrogante —sugiere el autor—, deberán observarse con mayor atención las instituciones no democráticas dentro del mismo Estado democrático (Hagopian/Mainwaring). Y a continuación, explica las características de las organizaciones no democráticas:
Se trata de instituciones que no resultan visibles para la teoría de la transición, pero que penetran los regímenes políticos democráticos mediante sistemas informales de poder y normas, contrariando e impidiendo la participación política, definiendo modelos no transparentes y con frecuencia socialmente excluyentes, sustentados en la corrupción, el clientelismo y el nepotismo, que suelen tornarse endémicos en regímenes políticos con una importante desigualdad social.
Joan Subirats y la superación de la desigualdad social
Joan Subirats observó cómo, desde el último tercio del siglo XX, los cambios que se producían en todas las esferas de la sociedad en Europa y otras regiones del mundo en proceso de globalización, estaban contribuyendo «a problematizar las formas tradicionales de gobierno».
La sociedad no volvió a ser la misma, ya no podía ser explicada «a partir de ejes de desigualdad de carácter material en los que los individuos se podían agrupar en clases sociales e incluso se posibilitaban ciertas trayectorias de movilidad social ascendente». Al contrario, «se transitó hacia una sociedad en la que los vínculos de integración social se debilitan y predomina cada vez más la dicotomía entre la inclusión y la exclusión social». Y, por último, «se pasó de una sociedad de clases a una sociedad atravesada por múltiples ejes de desigualdad y de diversificación social (género, etnia, edad), generando por tanto una mucha mayor complejidad en el diagnóstico y en la búsqueda de soluciones».
Estas soluciones debían partir del impacto de los cambios en el disfuncional modelo político que prevalecía a inicios del siglo XXI, y el agotamiento político se manifestó pronto en
El desinterés, el escepticismo y el distanciamiento de la ciudadanía respecto a la política tradicional (basada en la participación a través de los partidos, las grandes organizaciones corporativas y las elecciones) que apuntan, desde finales del siglo pasado, hacia un cierto estancamiento del modelo democrático predominante.
Desde entonces, se impuso la percepción de «los políticos» como parte del problema y no como parte de la solución. Y argumenta las causas de la crisis de estancamiento del modelo democrático y el señalamiento dirigido a sus representantes en los órganos de gobierno:
La falta de transparencia en la gestión de la crisis y en muchos de los procesos que la originaron, la proximidad entre intereses políticos e intereses del sector financiero y la aparición de múltiples casos de corrupción han contribuido, sin duda alguna, a que hoy hablemos no sólo de una crisis económico–financiera sino también de una crisis del sistema democrático.
Entretanto, las instituciones públicas, políticas y administrativas, siguieron actuando como siempre lo habían hecho. Se anclaron en la lógica «territorio, población, soberanía», estableciendo vínculos con la población y los territorios desde los que se fijaron competencias y marcos regulatorios, que en el nuevo contexto resultaban muy estrechos para acometer la nueva realidad. Según J. Subirats,
Las causas, las consecuencias y las respuestas a los problemas colectivos hoy en día pasan, sin duda alguna, por la articulación de flujos y relaciones entre lo global y lo local, entrando constantemente en contradicción y poniendo en crisis las bases mismas y las lógicas de actuación de los Estados-Nación.
En ese momento y circunstancia, para enmendar y transformar, Subirats propone «un cambio profundo en la concepción de la democracia y la forma de conceptualizar y llevar a cabo sus políticas vinculándolas a las dinámicas económicas, ambientales y sociales. Incorporando las potencialidades del nuevo escenario que genera Internet, e incorporando a la ciudadanía de manera directa, comunitaria y autónoma a la tarea de organizar las nuevas coordenadas vitales».
Reconoce que, para ese momento, ya se empezaba a padecer «los efectos de desvincular progreso y explotación de la naturaleza y de los recursos básicos». Se habían descubierto los «límites estructurales del progreso», lo que solo podía conducir «a replantear muchas de las formas de vida a las que nos hemos acostumbrado y que hemos definido o situado como apetecibles o deseables». Y señalaba, además, que
El problema esencial sigue siendo el cómo producir y distribuir lo necesario para vivir. Hemos defendido aquí la significación que siguen teniendo en todo ello los bienes comunes, desde los naturales a los educativos o culturales, y la fuerte renovación que supone internet en ese escenario.
Lo nuevo venía a ser el reto, incluso la responsabilidad, de «reducir los riesgos del cambio climático y aliviar la pobreza, sin que sea posible seguir creciendo económicamente como lo estábamos haciendo». Su convicción era esta: «Ni el Estado ni el mercado, en sus versiones más radicales, son capaces de afrontar esa tarea con posibilidades de éxito». En ese contexto de necesidades y obligaciones, «Lo común, aparece como una alternativa viable desde las diferentes perspectivas, económica, cultural y ecológica, para asumir los nuevos retos, desde la corresponsabilidad social y la articulación medioambiental».
Las dudas alternaban con las posibilidades, y planteaban interrogantes a principios como la «solidaridad, calidad de vida o sostenibilidad ecológica», respecto de su capacidad «de constituir las bases de la renovación política y democrática que nuestro mundo requiere». El mercado aparece como un obstáculo ineludible, «con sus lógicas especulativas y estrictamente financieras»; pero también lo es «el desconcierto de los estados ante una realidad económica y social que se escapa a sus estructuras soberanas», para afrontar los retos planteados.
Subirats plantea otro reto en el cual, además del Estado, se relacionan la democracia y la ciudadanía, en un escrito anticipatorio en el que afirmaba que:
En nombre de la eficiencia, de la crítica a la politiquería, o a la vulnerabilidad de esa democracia frente a la potencia de los intereses organizados, se pueden abrir las puertas a peligrosos experimentos autoritarios, revestidos de simple sentido común o de objetivismo técnico.
La evolución de este peligro, que además se produce hoy en el marco de estrategias políticas como la que promueve la «crispación política», simula desafiar el statu quo teniendo en mente la renovación de la clase política tradicional para oxigenarla en su crisis o estancamiento. Pero este fenómeno tampoco es «nuevo», aunque ahora parece haber sido «sistematizado»; es coetáneo de las crisis políticas y económicas en los países desarrollados y también en regiones subdesarrolladas. Un informe de 2007, elaborado en España, establece que la estrategia de la crispación
ha afectado de manera muy directa al funcionamiento de la democracia, en tres niveles diferentes: las relaciones entre el Gobierno y la oposición; la vida cotidiana de algunas instituciones centrales para el sistema; y, por último, la convivencia entre los ciudadanos, generando una situación divisiva entre los mismos.
El rasgo fundamental de la artificiosa crispación es un «desacuerdo permanente y sistemático» sobre toda iniciativa, «propuesta, gesto, decisión o actuación del otro, presentada desde la otra parte, cualquiera que sea su alcance, como un signo de cambio espurio de las reglas del juego, incompetencia, electoralismo, carencia de proyecto, corrupción, revanchismo, oportunismo, etcétera y, en última instancia, como una amenaza a la convivencia, al imperio de la ley, los valores establecidos o el consenso democrático».
En el despliegue de esta estrategia —señala el informe—, destaca la negación del adversario y de su legitimidad para actuar en la forma en que lo hace y se contrapone a otro esquema de relación más fluida en que se suceden o coexisten momentos de tirantez y de relajación, y en el que predominan la negociación y el intercambio, por grandes que sean las diferencias. En esta última situación la crispación ocupa un momento ocasional y pasajero, como expresión y reflejo de graves divergencias respecto a algún punto concreto; pero, en el caso de la estrategia de la crispación, la tensión opera de forma regular y sistemática, incluso sobre cuestiones de mínima significación. En suma, concluye,
Ello conduce a una sensación de estar permanentemente al borde del abismo, como si el país se encontrase en una encrucijada en la que se juega su propia supervivencia. En definitiva, una percepción artificial de alarma social.
Sin embargo, atenuar la percepción que se tenga del problema de la crispación política no erradicará su existencia, aunque se disminuya su intensidad. El problema puede situarse en regiones como Mesoamérica en general, con largos antecedentes de conflicto y pocos ensayos de consenso político sobre la estabilidad, la paz y una visión estratégica como región y en cada país.
En este caldo de cultivo del enfrentamiento contumaz, se puede aplicar algo de los diálogos imaginarios creados por Maurice Joly, entre Maquiavelo y Montesquieu, cuyo problema toral —se lee en una reseña del libro— «se encuentra en la transición de la democracia burguesa al autoritarismo conservador, sin abrogar en forma aparente las instituciones liberales».
En el detalle de la estrategia, explicitado por uno de los personajes imaginarios, se lee: «No destruiré directamente las instituciones, sino que les aplicaré, una a una, un golpe de gracia imperceptible que desquiciará su mecanismo».
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