MARVIN BARAHONA*
La agudización de las políticas antiinmigrantes en los EUA está haciendo inviable la promesa de la migración como salida a los problemas de pobreza y empleo. Este artículo trata, principalmente, de caracterizar la interacción política y económica de Centroamérica con los EUA, en una coyuntura en que los problemas señalados ocupan posiciones cimeras en el debate público y, además, representan los indicadores más visibles en una región volátil y atrapada en su pasado autoritario y violento.
INTRODUCCIÓN
La comparación del periodo de guerra fría del decenio de 1980 con la actualidad, conduce a la pregunta sobre aquello que debió hacerse en la etapa posguerra fría, pero que no se hizo, y hoy el momento contemporáneo lo visibiliza y pone en perspectiva. Por ejemplo, la ausencia de una visión integradora desde el valor metodológico que se le puede atribuir al Antes, al Ahora y el Después para evaluar situaciones catastróficas.
Esto en razón de su aplicabilidad a temas como la violencia y la corrupción, la migración y el comercio, el narcotráfico y el crimen organizado, entre otros ubicados en el primer plano de la realidad contemporánea sin haber sido asimilados como lecciones aprendidas del pasado, con consecuencias catastróficas en la sociedad y los individuos de hoy.
Los factores que aparecen como los primeros y mejor consolidados, entre los mayores problemas de Honduras en 2025, ya figuraban en la realidad hondureña a finales de la década de 1970: corrupción, violencia, tráfico de drogas y migración, todo en un estrato larvario.
El inicio del retorno a la democracia, en 1982, se produjo en paralelo con estos hechos, lo que pudo incidir en la mediatización de la nueva Constitución de la República al darle más poder a las Fuerzas Armadas, incluso como garantes de la democracia, como lo venían haciendo desde 1957. Así, reasumieron el papel de intermediarios entre Honduras y los Estados Unidos, dejando a los partidos políticos en el nivel de ejecución de las directrices que provenían de dicha intermediación.
Es decir, que el restablecimiento de la democracia en 1982 no creó ni partió de una nueva cultura política. Por el contrario, asumió como sustento propio el caudillismo y el clientelismo político enraizado en el bipartidismo tradicional, tributario a su vez de un militarismo que logró institucionalizarse a través de la política y realizó pocos avances para democratizar la sociedad durante los veinte años transcurridos entre 1963 y 1982, mayormente gobernados por las Fuerzas Armadas.
Su gran logro fue reinsertarse, con los atributos adquiridos en el pasado y una apariencia retocada como disfraz para hablar en nombre de la democracia y su salvaguarda. No obstante, la coyuntura política iniciada en 1980, uno de los momentos más violentos en la historia política del istmo centroamericano, era más propensa a un retorno a la militarización y el militarismo, que a la democracia y la cultura cívica en un contexto de paz y solidaridad social.
En aquel violento contexto, en apariencia determinado por la geopolítica de las áreas de influencia configuradas a través de conquistas hegemónicas, se escenificó uno de los últimos episodios de la «guerra fría» entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. En este, la corrupción, la violencia, el tráfico de drogas y la migración salieron fortalecidos, no por haber crecido durante el retorno a la democracia electoral, sino por haberse consolidado durante la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en ese mismo decenio.
Esto no solo constituye una paradoja de la democracia, sino también una revelación de la capacidad de adaptación de la corrupción, la violencia, la migración, el narcotráfico y la criminalidad organizada a una situación política híbrida, que oscilaba entre el retorno a la democracia formal y el restablecimiento del militarismo autoritario, ambas tendencias insertas y activas durante la crisis geopolítica regional de aquel tiempo.
Los Estados Unidos de América, en tanto que factor hegemónico en Centroamérica y el Caribe desde finales del siglo XIX, son también el factor contemporáneo determinante en una subregión latinoamericana en la que no se puede estudiar el comportamiento de la corrupción pública, la violencia criminal, el narcotráfico y la inmigración, sin asociar sus orígenes y evolución a la política exterior de ese país.
En suma, ya se trate de la geopolítica determinada por la existencia de áreas de influencia dominadas política y militarmente por una u otra potencia mundial; o de la geoeconomía, también presente en esta subregión desde la construcción y apertura del Canal de Panamá en 1914, la explicación histórica y contemporánea de Centroamérica pasa por el hecho de que ambas han estado presentes como factor de dinamismo en la región.
En el contexto de esos procesos de hibridez, la evolución regional de la geopolítica y la geoeconomía coincidió en el hecho de dejar al descubierto el fracaso, así como el escaso potencial de la economía hondureña en particular y centroamericana en general que, desde ese momento, perdieron relevancia en el contexto mundial.
En consecuencia, las medidas decretadas desde febrero de 2025, al iniciarse el segundo mandato del presidente Trump en la Casa Blanca, deben insertarse en este marco propicio para vincular el pasado con el presente, a la vez que se busque repensar el futuro de la subregión centroamericana.
Este artículo trata, principalmente, de caracterizar la interacción política y económica de Centroamérica con los Estados Unidos, en un momento coyuntural en que los problemas señalados no solo ocupan posiciones cimeras en el interés y el debate público, sino que también representan los indicadores más visibles en una región volátil y atrapada en su pasado autoritario y violento.
INCERTIDUMBRE, VIOLENCIA Y CRIMEN ORGANIZADO
El Informe Riesgo político en América Latina 2025 no deja lugar a dudas sobre los grandes desafíos que la región deberá enfrentar este año, y expone los componentes del cóctel explosivo ya presente y en proceso de profundización en la coyuntura de quiebre e incertidumbre que brotó tras la elección de Donald Trump como presidente de su país.
Citando a Juan Albarracín (2024), dicho Informe hace suyo el postulado de que «el avance del crimen organizado en América Latina y el Caribe (ALC) se debe, principalmente, a la cooperación entre grupos criminales y actores estatales». Según sus autores, esta conclusión
aporta un nuevo enfoque sobre los estudios académicos que postulan que el crimen organizado, la inseguridad y el narcotráfico se deben a la debilidad del Estado y la erosión del monopolio de la violencia física legítima del mismo.
Paralelamente, agrega el Informe, los cárteles aprovechan el fenómeno migratorio como método de reclutamiento para la trata de personas, involucrando a individuos de diversas naciones latinoamericanas y caribeñas. Finalmente, la región enfrenta una crisis de seguridad multidimensional donde el crimen organizado ha evolucionado hacia estructuras transnacionales, integradas regionalmente y profesionalizadas. Esto requiere, concluye, «no sólo cooperación regional efectiva, sino también de observación hacia los Estados autoritarios y su implicancia cooperativa al fortalecimiento de los presentes riesgos».
Los impulsores de la inmigración desde América Latina siguen encabezados por la pobreza extrema, el desempleo y la creciente desigualdad, identificados en el Informe como «factores clave» en la región. Añade que «países como Venezuela, Nicaragua y Honduras han sufrido severas crisis económicas que han obligado a millones de personas a buscar mejores oportunidades en otros países». Sin embargo,
En Centroamérica, las políticas migratorias de Trump, como las deportaciones masivas y la reducción de remesas, podrían aumentar la inestabilidad en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, exacerbando problemas de pobreza y violencia. Estas dinámicas profundizan las crisis humanitarias y sociales, agravando la ya precaria situación de la región.
El Informe describe, además, un panorama geopolítico donde cinco riesgos políticos globales reflejan un orden mundial cada vez más complejo: «persistencia inflacionaria, agravamiento del cambio climático, auge del proteccionismo, irrelevancia regional y escalada de conflictos bélicos». En la dimensión regional latinoamericana, tres riesgos se han vuelto estructurales, repitiéndose año tras año en los primeros lugares: «inseguridad y crimen organizado, corrupción y democracia sin delivery». Por otra parte, señala el estudio,
sube con fuerza en el ranking la nueva ola migratoria y las deportaciones masivas, mientras que la desinformación y la polarización tóxica emergen como riesgos cada vez más relevantes. Por tercer año consecutivo, la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico lideran el ranking.
La interacción entre estos factores deviene, por tanto, una dinámica fundamental a considerar en esta nueva coyuntura histórica. En esta, los factores mencionados no solo convergen en uno o más lugares durante su despliegue en la realidad, sino que también provocan nuevos fenómenos; por ejemplo, cuando desde el derecho penal se junta la criminalidad con la migración, para dar lugar a la crimigración. Como señala un autor,
… gran parte de las medidas tomadas por el Gobierno estadounidense tiene relación con la creencia generalizada de que los inmigrantes han provocado en los últimos tiempos un fuerte aumento en la delincuencia, percepción que se acentuó con la infiltración reciente de grupos delictivos como el Tren de Aragua en varios estados.
Y en el caso concreto de su país, formula una pregunta válida también para otros países latinoamericanos con presencia migratoria en los EUA:
¿Podrá el temor a la asociación entre migración y crimen disuadir a miles de ecuatorianos que sigan pensando en la posibilidad de llegar a los Estados Unidos a cualquier modo y por cualquier medio? La realidad es que cada vez más, miles de ecuatorianos siguen soñando en emigrar y lo seguirán haciendo mientras condiciones elementales como la seguridad pública, el acceso a un trabajo digno y varias otras aspiraciones sociales no sean atendidas por el Estado.
En una entrevista periodística, el profesor César Cuauhtémoc García Hernández, investigador especializado en crimigración, afirmaba:
Si usted estudia esa evolución, nota que las normas que usan los gobiernos de EE.UU. en años recientes para perseguir penalmente y encerrar a los inmigrantes se basan en esa arquitectura legal de los años ochenta, que había sido diseñada para penalizar y deportar narcotraficantes.
En otra entrevista fue consultado sobre la retórica imperante en los EUA y las leyes que la acompañan, en la que el migrante es presentado como un «extranjero criminal», este experto respondió:
Es posible criminalizar casi cualquier cosa, pero en la práctica, la ley no se aplica por igual para todos. (…) Es evidente que la respuesta policial es diferente según de qué colectivo se trata. Y eso no quiere decir que los abusos sexuales que se producen en la Universidad de Columbia son moralmente mejores, más honorables, que otras actividades criminales. Simplemente, tienen un escudo protector como privilegiados que les libra de sufrir las consecuencias de sus actos. Los inmigrantes no tienen ese lujo.
Esta entrevista tuvo lugar en el primer gobierno del presidente Trump, en 2017, cuando el investigador citado ya tenía muy claro que «No es correcto decir que lo que vemos es un fenómeno asociado a Trump. No, es la profundización por parte de Trump de una tendencia previa».
Y esa tendencia abarcó un largo periodo, hasta que se constituyó en un «consenso bipartidista», de demócratas y republicanos, para perseguir criminalmente a los migrantes. Según Cuauhtémoc García Hernández,
Cuando los haitianos empezaron a llegar en los setenta, Jimmy Carter, demócrata, estaba en la Casa Blanca. Y respondió con detenciones. Aquella respuesta fue ad hoc e informal. Dos años más tarde, con Reagan en la Casa Blanca, empiezan a llegar los cubanos. ¿Qué hizo? Formalizar la política de Carter. Así que empezó con consenso entre ambos partidos y no ha cambiado en absoluto. La población inmigrante presa más grande de la historia de Estados Unidos se alcanza con Obama y se perpetúa con Trump.
En este contexto, cabe preguntar si en Honduras ha existido un «consenso» similar entre los partidos políticos que la han gobernado, para «dejar hacer y dejar pasar» ante la migración de hondureños al extranjero, viendo en esta una ventajosa válvula de escape para una población en situación de permanente exclusión social, debida en parte a la negligencia de los gobiernos nacionales para encontrar soluciones que no supongan el desplazamiento forzado de población hacia otras naciones.
EL CASO DE WILSON VELÁSQUEZ, MIGRANTE HONDUREÑO CRIMINALIZADO EN EUA
Con lujo de detalles, un reportaje de la BBC Mundo contaba la historia de la detención y deportación del inmigrante hondureño Wilson Velásquez, de 38 años, que vivía en situación migratoria irregular en el estado de Georgia, EUA.
Su detención se produjo en el momento que «rezaba, como cada domingo, en una iglesia cristiana de la periferia de Atlanta, cuando el grillete electrónico que llevaba en su tobillo comenzó a vibrar. Frente a la puerta del templo lo estaban esperando agentes migratorios de Estados Unidos, explicó su esposa, Kenia Colindres».
«Ella y los tres hijos de la pareja quedaron conmocionados dentro de la iglesia, donde se congregaban unos 70 feligreses». Según su esposa, «fue arrestado y puesto en proceso de deportación pese a carecer de antecedentes y contar con permiso de trabajo provisional».
Wilson, Kenia y sus tres hijos menores llegaron hace dos años a Estados Unidos desde Puerto Cortés, una ciudad costera de unos 130.000 habitantes al norte de San Pedro Sula, en Honduras. Aunque entraron de forma ilegal —fue entonces cuando a Wilson le impusieron el grillete y restricciones de movimiento— estaban en proceso de regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.
El reportaje también indica que Velásquez trabajaba en un negocio de venta y reparación de llantas cerca de su domicilio en los suburbios de Atlanta, y asistía puntualmente a las citas requeridas por las autoridades migratorias, según lo declarado por su esposa. «Ya tenía una tarjeta de identificación, número de seguridad social y permiso de trabajo. Asegura que su esposo carece de antecedentes penales y nunca tuvo problemas con la ley, ni siquiera infracciones de tráfico».
Tras más de 24 horas sin saber nada de su marido, finalmente recibió una breve llamada el martes en la que Wilson le comentó su situación: «… me dijo que estaba aquí detenido en el mismo Atlanta y que según le dijeron va a ser mandado a otro lugar y de ahí va a ser deportado… ». El reportaje agrega que
Los agentes migratorios ahora pueden detener a indocumentados en escuelas, iglesias y hospitales. El gobierno de Donald Trump anunció el martes 21, un día después de asumir el mando, la eliminación de las normas que limitaban los arrestos de migrantes en estos espacios.
El gobierno entrante alegó que la decisión busca «empoderar» a los agentes de inmigración para detener a personas indocumentadas, incluidos «asesinos y violadores», según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.
Practicar detenciones en iglesias, centros educativos y sanitarios «podría tener consecuencias devastadoras para las familias inmigrantes y sus hijos, incluidos los niños ciudadanos estadounidenses, al disuadirlos de recibir atención médica, buscar ayuda en caso de desastre, asistir a la escuela y realizar actividades cotidianas», expresó Olivia Golden, directora ejecutiva del Centro de Derecho y Política Social, en un comunicado citado en el reportaje.
Las consecuencias para las comunidades con presencia de inmigrantes en los EUA, también fueron señaladas:
El pastor de su iglesia, así como representantes de organizaciones, han declarado en los pasados días que, desde la llegada de Trump y la aplicación de medidas de línea dura contra la migración, existe un ambiente de miedo generalizado entre los extranjeros, gran parte de ellos latinoamericanos, que se encuentran en Estados Unidos tratando de regularizar su situación legal.
LA CRIMIGRACIÓN EN EUROPA
En 2019, un reportaje del diario español El País se refería a una investigación realizada en la Universidad de Oslo, Noruega, conducida por Katja Aas, afirmando que
La investigadora observa una profunda incompatibilidad entre el discurso de la solidaridad y los derechos humanos como parte esencial de la identidad europea y la política migratoria. Aas se centra en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para poner en evidencia esta paradoja a nivel político y operativo. Los derechos humanos e ideales humanitarios inundan su comunicación corporativa, su discurso y su formación interna, pero tras un análisis minucioso, podemos preguntarnos si no será una cortina de humo para esconder una práctica represiva.
Asimismo, señalaba que «La vigilancia transnacional, no ya limitada a la de las fronteras nacionales, parece haber edificado un nuevo muro: el que separa a los ciudadanos de buena fe, de los nuevos “crimigrantes”, una población excluida que vaga por el planeta ilegítimamente». En España,
esta concepción de la «crimigración» se hace perceptible en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o en el decreto de expulsión de la sanidad pública gratuita, pero, sobre todo, en los programas y campañas políticas que asocian inmigración-inseguridad-terrorismo y delincuencia.
Finalmente, expone una crítica elaborada desde la tradición humanística, sosteniendo que
La distopía de la Crimigración se hace cada vez más real y cuando los no-ciudadanos son etiquetados de criminales, su expulsión de la comunidad se percibe como algo natural. Así se alimenta la xenofobia, se entumece la empatía y poco a poco vamos matando la humanidad.
En 2012, una investigadora de la Universidad de Coímbra, Portugal, resumía la situación en Europa relacionando categorías de control social sobre los inmigrantes con un derecho penal reformulado desde perspectivas que aumentan su severidad ante esta población:
En los últimos años, junto a la crimigración y a la securitización surge el Derecho penal del enemigo, que se dirige más hacia el autor que al hecho. Este derecho creó las condiciones para la existencia de un Estado en el que el inmigrante-otro es objeto de permanente sospecha, y esto refuerza nuestra creencia que en el próximo futuro hemos de presenciar la emergencia de un Derecho penal del crimigrante. «Este Derecho penal del crimigrante puede estar ya asentándose en la persecución crimigratoria, ya que el Derecho penal se ve imbuido de estrictas medidas de control de la inmigración irregular, y el refuerzo de las medidas de securitización, adoptadas recientemente para permitir un incremento de las penas de conductas de los migrantes, sirve como mecanismo de prevención del delito».
GEOPOLÍTICA IMPERIAL Y COLABORACIÓN SUBALTERNA
La renovación de un lenguaje de ordeno y mando, tan antiguo como bien conocido en las relaciones de los EUA con América Latina, florece explícitamente en esta segunda administración del presidente Trump. Según un reconocido investigador latinoamericano,
Desde que la nueva administración llegó a la Casa Blanca hace pocas semanas no ha pasado un día sin que una avalancha de órdenes ejecutivas (que no pasan por el Congreso) sorprendan al mundo, y no menos a América Latina. (…) En la ofensiva de Trump, América Latina aparece en primera línea como campo de batalla contra el crimen organizado, por las deportaciones de inmigrantes indocumentados y su impacto en las economías locales, las tarifas arancelarias, y la imposición de nuevas sanciones a Venezuela, entre otras medidas.
En su despliegue, se dibujan los contornos de una geopolítica que aparenta ser de viejo cuño. Sin embargo, viene acompañada por una geoeconomía utilizada como moneda de cambio, incluso de extorsión, para obtener lo que la nueva presidencia busca, sobre todo en cuanto a renovar su hegemonía en naciones como las de América Latina, ya fragmentadas en múltiples formas de poder, de soberanías nuevas y antiguas, difíciles de penetrar en su profunda caparazón estructural, sociocultural y socioeconómica.
Lo más evidente es el retorno a una definición geopolítica de los intereses, las intenciones, respuestas y conflictos implícitos en la confrontación entre EUA y América Latina. Así lo revelan los hechos desatados, si se quiere «en cascada», por los primeros pasos de la administración Trump dirigidos a México, Centroamérica, el Caribe, y en parte también hacia América del Sur.
Su objetivo principal, contener la migración desde América Latina y el Caribe hacia los EUA, parece estar orientado hacia una reconfiguración de los términos de referencia de la hegemonía de los EUA en el continente americano y las resistencias que esto puede provocar en algunos países de la región, con diversos grados de intensidad.
CENTROAMÉRICA, PUENTE DE DEPORTADOS DE EUA
Los hechos descritos por la agencia de noticias AFP, pocas semanas después de la asunción de Trump, dan cuenta del carácter intempestivo y acelerado en la inmediatez de su ejecución en los EUA y, desde allí, hasta un grupo de países latinoamericanos.
Según esta fuente informativa, sin previo anuncio, «299 migrantes de Irán, China, Afganistán, Pakistán, India, Uzbekistán, Turquía, Nepal, Sri Lanka y Vietnam, llegaron a Ciudad de Panamá en tres vuelos entre el miércoles y sábado pasados». Y agrega que otros 200 migrantes de países de Asia central como Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán e India, «llegarán este jueves a Costa Rica, unos 50 de ellos niños, según el gobierno costarricense».
El hecho se produjo tras la reciente visita del secretario de Estado Marco Rubio: «Panamá aceptó servir de puente en medio de las amenazas de Trump de recuperar el canal interoceánico que dice está controlado por China». Según el reporte noticioso,
Panamá y Costa Rica insisten en que Washington asume el costo y que en el proceso participa la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyos funcionarios en Panamá no han respondido a llamados de AFP.
Guatemala también aceptó recibir migrantes deportados desde EUA, entre ellos algunos hondureños; según lo informado, «El presidente Bernardo Arévalo necesita que Trump mantenga el vital respaldo que le dio Joe Biden para que pudiera asumir el poder, tras el acoso de la élite conservadora de Guatemala».
Un analista político de dicho país, Renzo Rosales, describió tanto la principal causa como la principal consecuencia de las razones por las que un país centroamericano se ve obligado a tomar determinadas decisiones, en un contexto político casi siempre adverso o innegociable:
No tenemos posibilidad de jugar con otros instrumentos de política exterior más que en términos de sometimiento… lo que se denominaba el patio trasero de Estados Unidos. Si no cumplimos, habrá sanciones: la doctrina de la zanahoria y el garrote.
El cambio en la situación, pese a la urgencia de los acontecimientos, fue evidente desde el primer momento. Según el reporte de AFP del 20 de febrero de 2025,
Con migrantes encerrados en un hotel desde cuyas ventanas piden ayuda o en refugios en precarias zonas fronterizas, Centroamérica, de donde miles huyen cada año de la pobreza y la violencia rumbo a Estados Unidos, sirve ahora de puente para las deportaciones de Donald Trump.
Según los gobiernos centroamericanos, «Este proceso de puente de deportaciones, se realiza mediante acuerdos bilaterales con Estados Unidos». Sin embargo, para la politóloga panameña Sabrina Bacal, estos «no tienen ninguna base jurídica que los sustente».
En el caso de Honduras, según CNN, se realizarán «acciones humanitarias de traslado de migrantes venezolanos provenientes de EE.UU. con destino a Venezuela por medio de la base militar conjunta Soto Cano en Palmerola». La justificación de las autoridades hondureñas es similar a la expuesta por otros países de la región, sobre acuerdos previos con Estados Unidos.
PROBLEMAS LEGALES EN RECIBIR MIGRANTES COMO TERCER PAÍS SEGURO
El 20 de febrero de 2025, la BBC Mundo informaba que
… la experiencia de los primeros deportados llegados a Panamá parece indicar que se trata de un proceso complejo que plantea fuertes desafíos para los países latinoamericanos. Estos se enfrentan no solamente con las dificultades operativas para hospedar y trasladar a estas personas, sino además con la legalidad misma del proceso e, incluso, con la conveniencia de que estos migrantes sean devueltos a sus países de origen.
Este procedimiento fue comparado con un «traslado de la responsabilidad» de los EUA a los países que aceptaron ser receptores de deportados. Muzaffar Chishti, investigador principal del Instituto de Política Migratoria en EUA,
cree que probablemente una de las principales motivaciones de Washington para deportar hacia Centroamérica a estas personas es que muchas proceden de los llamados «países recalcitrantes», que son aquellos que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de nacionales deportados de EE.UU., por lo que hace falta realizar constantes negociaciones diplomáticas con esos gobiernos.
Según el entrevistado, «al enviarlos a Panamá, Estados Unidos sale de la foto. Es un dolor de cabeza para Panamá hacerse cargo de esas negociaciones y ver cómo hacer para que esos países acepten recibirlos de nuevo». La razón para asumir una colaboración subalterna está en la situación de asimetría de los países que se ven obligados a hacerlo ante el poderío de EUA:
De hecho, Panamá accedió a colaborar con este proceso luego de una visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que se produjo en el contexto de las amenazas que hizo el presidente Donald Trump sobre la posibilidad de que su país retome el control del Canal de Panamá para contrarrestar la supuesta influencia de China sobre esa vía marítima.
Abordando estos hechos desde la crimigración, el académico César Cuauhtémoc García Hernández asevera: «Lo que vemos hoy es que Trump equipara a los inmigrantes que llegan de Honduras huyendo de la pobreza o de Venezuela huyendo del régimen político de Maduro, con un soldado alemán capturado después de una batalla de la Segunda Guerra Mundial».
Sin embargo, en los EUA el fenómeno no es privativo de un gobierno específico: «El miedo a los inmigrantes ha aumentado durante las recientes décadas. Es casi imposible oír a políticos hablar de inmigración sin ligarla al crimen». Todo lo contrario ocurría en el pasado lejano:
Hace un siglo se hablaba de los inmigrantes como una fuerza laboral que fortalecía la economía de un país, ahora vivimos tiempos en que se trata a los inmigrantes como criminales.
GEOPOLÍTICA Y CRIMEN ORGANIZADO EN CENTROAMÉRICA: PUENTE DE TRÁFICOS, DE PASO HACIA «OTRA PARTE»
Según un estudio reciente, focalizado en los mecanismos de acción del crimen organizado,
América Latina ocupa un lugar central en la producción y el tráfico mundial de cocaína. Esta región, rica en recursos naturales y con un terreno geográficamente adecuado para el cultivo de la hoja de coca, ha estado en el centro de la economía global de las drogas ilícitas durante décadas. Colombia, Perú y Bolivia dominan la producción de cocaína, mientras que México, Brasil y varios países de América Central y el Caribe desempeñan roles fundamentales como rutas de tránsito y distribución hacia los principales mercados consumidores de América del Norte y Europa. La importancia de la cocaína en América Latina no solo se refleja en su papel como motor de una economía ilícita global, sino también en su profundo impacto en la política y la violencia de la región.
El Informe establece una relación estrecha de la violencia con el ejercicio de diferentes formas de poder territorial; al respecto sostiene que la violencia,
asociada al control territorial de las rutas de tráfico junto con la corrupción que facilita la impunidad de los actores criminales, han debilitado las instituciones democráticas de varios países latinoamericanos. Los gobiernos locales y nacionales se ven atrapados en un ciclo de violencia, donde el narcotráfico fomenta la creación de estados paralelos controlados por organizaciones criminales que, en muchos casos, ejercen más poder que el propio Estado en ciertas regiones. Esos procesos permiten asimismo la legitimación de las organizaciones criminales y su vinculación con élites políticas.
CRIMEN ORGANIZADO Y GEOPOLÍTICA CRÍTICA
El crimen organizado es definido como
… una forma particular de llevar a cabo actividades delictivas, más que como un delito en sí mismo. Los delitos cometidos bajo esta modalidad abarcan diversas clases de negocios ilícitos que pueden considerarse manifestaciones del crimen organizado (Sampó, 2017). Según el último reporte del Índice Global sobre Crimen Organizado (GI-TOC, 2023), las principales manifestaciones en América Latina incluyen el tráfico y la trata de personas, la extorsión, el tráfico de armas, el tráfico de drogas (principalmente cocaína y marihuana), la explotación de recursos naturales no renovables (incluyendo delitos relacionados con la flora y la fauna) y los crímenes financieros.
La compleja diversidad contenida en este concepto incluye los «politráficos», caracterizados por un autor como sustento en el «análisis-interpretativo del desarrollo de las rutas». En su opinión,
con notable frecuencia, los traficantes de drogas utilizan las mismas rutas y las mismas redes de complicidad para encaminar, por ejemplo, armas, piedras preciosas, hidrocarburos, comercialización de personas, órganos, etc. Esta diversificación de sus actividades aumenta la capacidad nociva de las organizaciones criminales y comienza a dar cuenta de esa amalgama poderosa que conjunta un sinnúmero de actividades ilícitas, que se observan en escenarios geopolíticos de alta tensión a nivel global y regional, como suele ser el caso de la llamada «ruta de los Balcanes».
Centroamérica es incluida en ese prototipo de «rutas», por lo general ubicadas en «regiones problema», como lo ha venido siendo el centro de América, identificado como Mesoamérica, donde se concentra un nudo importante de rutas de tráfico y una presencia activa de redes criminales y pandillas transnacionales. Su modus operandi puede combinar armas sencillas con sofisticadas, actuando en zonas urbanas con alta concentración de pobreza, o en zonas rurales lejanas, extraviadas en la geografía de la región y en cada país.
El marginamiento social excluye a la población empobrecida de los servicios sociales básicos como salud, vivienda, educación, tierras de cultivo y asistencia estatal. De acuerdo con el estudio citado, este contexto representaría el
caldo de cultivo para generar una estructura social débil en medio de espacios geográficos altamente productivos en materia agrícola, minera, hídrica, además de favorables al trasiego de sustancias ilícitas y al contrabando de personas de todas las edades en un medio geográfico complejizado por selvas y ríos, en medio de las altas temperaturas del trópico en general.
En un contexto de tal naturaleza se ubica lo que en el referido estudio se identifica como «guerra híbrida», que consiste en
una amenaza que, susceptible de ser utilizada tanto por Estados como por actores no estatales, aprovecha toda la gama de modos y estilos de lucha disponibles. Estos pueden incluir formas convencionales; tácticas y orgánicas (sic) irregulares, actos terroristas fundamentados en el uso de la violencia y la coerción de forma indiscriminada; e incluso actos criminales (Hoffman citado en Colom, 2012, p. 83).
Otro concepto que considera clave el estudio citado es el de «intervencionismo anti-hegemónico» que, desde una nueva forma,
irrumpe los criterios del orden y de seguridad previamente establecidos, para dar paso a un caos, a veces controlado, pero también en ocasiones susceptible a la prolongación y expansión de un aspecto de caos interno con características que trasciende fronteras, tal como se observa a manera de constante en áreas específicas de Centroamérica.
Entre los ejemplos expuestos desde la perspectiva de la geopolítica crítica, se cita el de las caravanas de migrantes que tuvieron su epicentro en Honduras y salieron principalmente de San Pedro Sula; «estas dan cuenta de las especificaciones antes mencionadas que parten de eventos locales, y que, a manera de réplica, van siendo movimientos de inconformidad social que se expanden, como le sucede a esta caravana que transita entre los tres países del Triángulo del Norte y se asoma a una frontera, a un microespacio de poder conflictivo como se podría considerar a la frontera sur de México; cuya capacidad de movilización se ha hecho progresiva, aún a inicios del 2020, atrayendo no solo hondureños, también salvadoreños, guatemaltecos, haitianos, africanos y de otras nacionalidades que se han sumado por diferentes causas, con financiamientos diversos, con presiones de organizaciones extraterritoriales como los mencionados cárteles de la droga, todo ello enmarcado en coyunturas políticas muy disímiles a lo largo de toda la región, y desde otras latitudes más lejanas» (Sieff & Partlow, 2018).
LAS NARRATIVAS, ENTRE LA CENTRALIDAD DE LA POLÍTICA Y LA CENTRALIDAD DEL CONTROL TERRITORIAL
El análisis del discurso no puede sino concentrar su atención en el contenido que expresan los conflictos que se producen en las relaciones de poder; como sostiene un estudio publicado en 2020,
Si el problema es político, es también discursivo, de narrativas que justifican acciones, posiciones, y que condicionan relaciones de poder ante lo público, ante otros, ante ciudadanías que esperan que las cosas sean diferentes y consecuentemente, esperan que sus instituciones actúen en esa dirección.
El mismo estudio establece una estrecha relación entre las narrativas de la seguridad, la política y el narcotráfico, buscando en tal interrelación el factor hegemónico y su orientación en la compleja relación que mantiene con otros de los factores aquí mencionados.
En ese nivel, las narrativas sobre narcotráfico han creado un discurso dominante que se centra en la seguridad y en la perspectiva, de considerar el problema como algo separado del Estado. Ocurre, por ejemplo, que en Centroamérica hay durante los últimos años una tendencia al combate a la corrupción. Si bien la corrupción funciona a través de los mismos mecanismos del narcotráfico, no es presentada en el discurso público como crimen organizado. Hay una diferencia entre «ellos», los criminales organizados para el narcotráfico, y «nosotros», una elite política y económica corrupta.
Lo hegemónico en las narrativas, como las aquí señaladas, parece establecerse más en torno de reciprocidades entre los factores relacionados, pese a tener una apariencia que, en el debate público, los ubica como adversarios en conflicto. Al respecto, el estudio citado sostiene que
El discurso de seguridad justifica la guerra contra las drogas que a su vez sustenta políticas de seguridad nacionales que fortalecen a militares y policías que, además de ser los aliados contra el narcotráfico, también perpetúan su rol en la política y en la democracia.
Por tanto, encuentra un carácter instrumental en las políticas públicas de seguridad focalizadas en combatir el narcotráfico y el crimen organizado, para insertarse en lo político y reproducirse en narrativas que simulan vincularse también a la democracia. A la vez, encuentra otras facetas en el carácter instrumental de las narrativas así relacionadas; en esa dirección afirma que
… el discurso de seguridad es necesario para que agencias internacionales justifiquen su existencia y presupuestos. Como toda economía ilegal, el narcotráfico es necesario, pero también es negado; es combatido, por un lado, pero protegido por otro. Todo aquello cuya subsistencia depende del narcotráfico, encuentra un parangón, un equivalente en aquello cuya subsistencia, a su vez, depende de combatirlo.
Al desagregar factores como la democracia, para reintegrarlos en otro conjunto de relaciones, el estudio referido propone ir más allá en la indagación de tales vínculos, para pasar de la hipótesis a la comprobación en casos como el de la democracia y el círculo de hechos y poderes fácticos que la rodean.
Al respecto, afirma que «Una narrativa que centre la atención en cómo el narcotráfico transformó la democracia en la región es necesaria para entender las fuentes de su debilidad, que no están en el simple mal funcionamiento de las instituciones o la indiferencia ciudadana». Para los autores,
El narcotráfico restituyó en la democracia un sistema patrimonial que estaba destinado a disolverse con el fin de los conflictos armados y que hoy da muestra de su fortaleza. Comisiones internacionales, extradiciones y masivas protestas ciudadanas mueven la balanza política regional a una radicalización que poco tiene de ideológica. Es la preservación de un sistema de beneficios para pocos a costa del daño de muchos.
NARRATIVAS Y MIGRACIÓN
Tras el telón de aplausos y condenas al endurecimiento de las políticas migratorias en los EUA, se silencian, o se minimizan, las causas que sustentan el aumento de la corriente migratoria desde la región centroamericana hacia dicho país.
Así, se pierden de vista las causas estructurales que, por lo menos desde la década de 1990, no sólo se han consolidado, sino que han seguido profundizándose, abarcando en el proceso a un mayor número de personas y sus familias. Por consiguiente, el tema migratorio seguirá siendo parte de la agenda pendiente de resolver para Honduras y sus vecinos centroamericanos.
Lo nuevo que se perfila hoy, es la comprensión del carácter insostenible del flujo migratorio hacia los EUA, al menos en las condiciones y características que ha tenido hasta el inicio del segundo mandato del presidente Trump.
Es una comprensión todavía no reconocida por los entes gubernamentales, pero presente en la opinión pública cuando se debate sobre el déficit en la producción de granos básicos y otros productos alimenticios; o sobre el Tratado de Libre Comercio que el gobierno negocia actualmente con China, país con el que Honduras mantiene una balanza comercial altamente desfavorable: esto es, reconocer el carácter insostenible del modelo económico y del modelo de negocios, que requieren de una profunda reforma estructural para aumentar su oferta de productos dirigidos al mercado interno.
Así, disminuirían las importaciones para evitar que las remesas que los migrantes envían a sus familias en Honduras se fuguen hacia los países vecinos que, actualmente, suplen el déficit de producción de alimentos de primera necesidad que la economía nacional no está produciendo para alcanzar, al menos, la suficiencia en la producción de granos básicos.
Por el contrario, una disminución del monto de las remesas que ingresan a Honduras desde los EUA, por la potencial deportación de más de 260 mil hondureños en aquel país, sólo serviría para acentuar el carácter dependiente de la economía hondureña ante factores fuera de su alcance.
PERO, LA PRIORIDAD ES LA «POLÍTICA»
Sin embargo, el factor preponderante en Honduras sigue siendo la «política», que ocupa el primer lugar en cuanto a atención mediática, no sólo por ser 2025 un «año electoral», sino también porque, históricamente, ha tenido un peso específico que no está en correspondencia con la débil capacidad de gestión de los partidos políticos que han gobernado hasta la fecha.
Esta se manifiesta en los pocos aciertos para establecer prioridades y alcanzar los objetivos y metas formuladas en los planes gubernamentales, creando así un problema de orden estratégico que inhibe la acción estatal para encarar los problemas estructurales de la economía, con posibilidades de éxito.
Entre otros, la migración al extranjero y el uso productivo de las remesas familiares; la violencia y la inseguridad ciudadana, focalizando la atención en el espeso tejido creado por la criminalidad organizada y la escasa habilidad social para resolver sus conflictos pacíficamente; una nueva distribución de la tierra, basada en el ordenamiento territorial; y, un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales presentes en el territorio nacional.
CONCLUYENDO SOBRE CENTRALIDADES, CONTROLES Y NARRATIVAS
El cambio fundamental en las narrativas sobre Honduras se concreta en el traslado, fuera de Honduras, de los escenarios que habitualmente se han insertado exclusivamente en el contexto nacional; es el caso de la migración, que pasó de ser principalmente interna hasta la década de 1970, para volverse masiva al extranjero en el siglo XXI.
Y está sucediendo lo mismo con la violencia y el narcotráfico, hoy vinculados al fenómeno transnacional del crimen organizado; así como la corrupción ha devenido una empresa subsidiaria de espacios transfronterizos en el siglo actual.
Este cambio de «lugar», por la reubicación de los escenarios en que se producen tales fenómenos, no debe pasar inadvertido y mucho menos ser percibido como una simple «mudanza», en el espacio y el imaginario nacional. Por el contrario, debe considerarse como un acontecimiento fundamental para comprender la circunstancia histórica del territorio hondureño en su interacción con el Estado nacional y los espacios globalizados en la actualidad.
Pese al desplazamiento de los escenarios principales, el territorio nacional, su uso y control con diversas finalidades, es el protagonista central en este cambio de perspectiva sobre el país. El carácter de la interacción de la población con estos factores y su entorno natural, puede ser determinante a la hora de replantear la situación del Estado ante el poder de los agentes sociales externos, pero presentes y actuantes en el territorio ocupado por la población, cada vez más vulnerable y desvalida.
Como resultado del cambio de escenarios, el fenómeno migratorio produjo una identidad nacional extraterritorial que ha tomado cuerpo en la comunidad hondureña migrante, establecida en los EUA y España, principalmente. Su rasgo principal es haber trascendido las fronteras nacionales y ahora tener una identidad reconocida como «diáspora hondureña» o «comunidad hondureña migrante», como se le denomina cotidianamente en los medios de comunicación nacionales. El prestigio de esta comunidad radica, especialmente, en las remesas que envía a sus familias en Honduras; pero eso solo podría ser lo más visible y cuantificable.
Esta nueva «territorialidad» de la identidad nacional, con domicilio fuera del territorio hondureño, contribuye a modificar dos factores esenciales. El primero es la soberanía nacional, trasgredida por los migrantes al encontrar arraigo fuera de su país y, pese a ello, seguir considerándose parte de la «hondureñidad».
El segundo factor es intermediado por la dependencia económica de miles de familias hondureñas respecto de sus parientes establecidos en los EUA; y, por casos tan específicos como el dispositivo jurídico de la extradición de hondureños a los EUA, por delitos cometidos en aquel país, como dos jurisdicciones soberanas capaces de establecer acuerdos y respetar las convenciones entre ambas, con precedencia en el tiempo.
En ese contexto se produce la fragmentación de la soberanía territorial del Estado nacional y de su poder hegemónico en el mantenimiento del orden y la estabilidad social en todas sus jurisdicciones, generando así narrativas igualmente fragmentadas sobre dicho territorio, su población y autoridades nacionales.
Con ello se rompe, se reconozca o no, la unicidad del discurso en que antes se sustentaba la hegemonía del Estado nacional con la pretensión de ostentar la representación exclusiva del territorio nacional y su paisaje, como lo hacían en el pasado la geografía patria y la poesía romántica; asimismo, representar los más antiguos vínculos de la cohesión social de la comunidad, como en el relato histórico y etnológico; o el nacionalismo costumbrista y pintoresco, representado por mitos, leyendas y tradiciones que invariablemente remiten al pasado, tan lejano como sospechoso de falta de autenticidad y sustancia vital en la actualidad.
Por esta vía se abrió camino la erosión de la solidaridad y otros valores comunitarios, a través de narrativas contemporáneas más vinculadas a la violencia, el enriquecimiento ilícito, el poderío de las armas y la temerosa admiración hacia los propietarios de las nuevas fuentes de riqueza y la cultura en torno del narcotráfico y los negocios asociados con este.
Así, la fragmentación del poder en el territorio ha producido narrativas segmentadas, para reflejar también la fractura del control territorial del Estado y el impacto de los fenómenos contemporáneos en la población de las áreas afectadas.
Este puede ser el caso, entre otros, de la creciente violencia que en los últimos meses ha afectado al municipio de Catacamas, el de mayor extensión territorial en Honduras. En su contexto se han producido escenarios con atentados y masacres en continuos y violentos enfrentamientos entre delincuentes y fuerzas del orden público, con bajas en ambos lados.
Aunque tales hechos no han sido esclarecidos por los organismos correspondientes, al menos han evidenciado la reubicación de la violencia en un ámbito que combina lo urbano y lo rural, en una tradición cultural proclive al uso de la fuerza en la resolución de conflictos.
En la coyuntura actual, cabe preguntar: ¿por qué se ha producido este estallido de violencia en un «año electoral», con elecciones primarias en los partidos mayoritarios a inicios de marzo y elecciones generales a finales de noviembre de 2025? ¿Tiene alguna relación con lo ocurrido en Ecuador durante sus recientes elecciones? O, ¿es un nuevo capítulo en las disputas de orden territorial entre grupos rivales, vendettas familiares comunes en el departamento de Olancho, o entre bandas de narcotraficantes que pretenden apoderarse de un territorio del tamaño de la República de El Salvador? En el peor de los casos, ¿se está ante una «guerra híbrida»? Por consiguiente, ¿son «anti-hegemónicos» los protagonistas de la violencia y las masacres en el municipio de Catacamas?
Ante la falta de respuestas sustentadas por pesquisas institucionales, únicamente se puede suponer que estos extremos son los que contribuyen a dislocar el orden social resquebrajando la seguridad y desafiando la autoridad del Estado y la institucionalidad municipal, alterando su estabilidad por medio de episodios violentos, miedo y zozobra por su capacidad para intimidar y someter a la población.
En tales contextos, la población queda expuesta a un proceso de «desdoblamiento» de su identidad social; de duplicación de la identidad de los sujetos predominantes en el imaginario social, como el inmigrante, que en poco tiempo puede ser un deportado, retornado u otra cosa; el traficante violento, devenido benefactor de la comunidad o convertido en su verdugo, entre otros casos similares.
La acentuación de las políticas antiinmigrantes en los EUA está volviendo inviable la promesa de la migración como salida a los problemas de empleo en Honduras. Más importante aún es que se prolonga, sin fecha, la espera para obtener arraigo legal en aquel país, así como un empleo sostenible fuera o dentro de Honduras. El fracaso y la desilusión se imponen y corren como reguero de pólvora en un país donde, incluso los cálculos más prudentes, sitúan en 1.8 millones el número de hondureños viviendo en los EUA.
Por consiguiente, la promesa y la espera, implícitas en las narrativas sobre el capital extranjero como pilar del desarrollo económico, la migración, el arraigo y el empleo dentro y fuera de Honduras, se agotan y anulan a sí mismas, por su insostenibilidad como salidas a la problemática de empleo que enfrentan los hondureños y la falta de condiciones propicias para seguir siendo una promesa por la que vale la pena seguir esperando por más tiempo.
El círculo se está cerrando sólo para regresar a su punto de partida, que no es otro que el origen estructural de los problemas que más afectan a Honduras. En correspondencia con lo antes expuesto, el agotamiento de la «clase política», del modelo económico y de negocios, así como de las «salidas» que hasta la fecha han servido como paliativos, las narrativas relacionadas con estos temas están también en una etapa de agotamiento, de pérdida de confianza pública y de sustentación en una realidad que exige soluciones urgentes, viables y en consonancia con las demandas socioeconómicas de la mayoría de la población.
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