Marvin Barahona[1]
Este artículo incursiona en los procesos y algunas de las tramas ocultas en los contextos creados por la convergencia del conflicto socioeconómico con la violencia, la precariedad de la vida y la vulnerabilidad ambiental, así como las consecuencias que acarrean para países como Honduras, en cuya región noreste se focaliza la atención.
Introducción
El conflicto, sobre todo en el orden socioeconómico, sigue expandiéndose y cubriendo áreas cada vez más extensas en el territorio hondureño, especialmente en su costado noreste. El reciente asesinato del defensor del ambiente y regidor municipal de la ciudad de Tocoa, Juan Antonio López (1978-2024), está dejando al descubierto la continuidad y consecuencias que los conflictos nunca resueltos tienen en el largo plazo.
El intermediario principal en todo el proceso ha sido la violencia, nervio y motor de muchos de los acontecimientos, eventos menores y episodios recurrentes de persecución y muerte en lugares como el Bajo Aguán, una subregión ubicada en el fértil valle regado por el caudaloso río del mismo nombre. Según un reporte internacional de prensa,
… la muerte de Juan López no es un hecho aislado. Se enmarca en un patrón de violencia contra las y los defensores del medio ambiente que, lamentablemente, es común en Honduras y en toda Centroamérica. El país ha sido catalogado como uno de los más peligrosos del mundo para los activistas ambientales, con decenas de asesinatos registrados en los últimos años. Mientras tanto, los proyectos extractivos siguen avanzando, muchas veces con la complicidad de actores políticos y económicos poderosos, locales, nacionales y hasta regionales[1].
La población de Tocoa, la principal ciudad de aquel entorno, ha salido a las calles para exigir justicia. Durante los desfiles patrios del domingo 15 de septiembre, cientos de personas protestaron para visibilizar el crimen y reclamar respuestas inmediatas por parte de las autoridades. Según el mismo reporte, «El pueblo de Tocoa, así como las organizaciones defensoras de derechos humanos, esperan que este asesinato no quede impune y se detenga la espiral de violencia que afecta a los defensores del medio ambiente en el país»[2].
El crimen de Juan Antonio López fue «visibilizado» de diversas maneras, pero no fue lo único a destacar. A flote salió a relucir que la problemática de los ambientalistas no es un contexto exclusivo de Honduras, con presencia también en la región centroamericana y latinoamericana en general. «Asesinan a Marcelo Pérez, sacerdote tsotsil que exigía paz con verdad y justicia», decía uno de los encabezados de La Jornada de México en su edición del 21 de octubre de 2024, pocas semanas después del asesinato de López en Honduras.
El epicentro del conflicto se desplazaba del noreste de Honduras al sur de México, pero continuaba en la región mesoamericana que, además de Centroamérica, incluye también a parte de México, una de las más afectadas por la violencia y la criminalidad en el continente americano.
Desde una perspectiva histórica y contemporánea, este artículo aborda los procesos y algunas de las tramas ocultas en los múltiples contextos creados por la convergencia del conflicto socioeconómico con la violencia, la precariedad de la vida y la vulnerabilidad ambiental, la situación de desprotección de la naturaleza y el medioambiente, así como las consecuencias que acarrean para el presente y futuro de países como Honduras, en cuya región noreste se focaliza la atención.
Como ya se alertaba en 2020, estas problemáticas «se caracterizan por la entrada en disputa de varios intereses, entre los que se encuentra el control de los recursos naturales, el uso del suelo, el tipo de actividades económicas, incluso disputas interculturales y de identidad, entre otros»[3].
1. Expansión de los cultivos de coca y marihuana
Las autoridades de Seguridad y Defensa informan periódicamente de sus labores de identificación y erradicación de plantaciones de coca y marihuana en el territorio nacional, observándose un incremento constante en el número de plantas descubiertas y erradicadas por efectivos de dichas entidades. En enero de 2024, el secretario de Defensa detallaba que, en 2022, fueron 6.5 millones las plantas de coca destruidas, mientras que en 2023 la cantidad aumentó a 6.7 millones[4].
A mediados de septiembre de 2024, se habían identificado, asegurado y erradicado alrededor de tres millones de arbustos de coca. La información asevera que fueron identificadas setenta plantaciones de «arbustos de hojas de coca», establecidas en 610 manzanas de tierra. La cobertura de las plantaciones se extendía en 7 de los 18 departamentos del país: Olancho, Colón, Yoro, Atlántida, Gracias a Dios, Santa Bárbara y El Paraíso.
En cuanto a la marihuana, fueron aseguradas 33 plantaciones y erradicadas 689,000 plantas. En total, considerando las plantaciones, los narcolaboratorios y decomisos de coca procesada (alrededor de 6 toneladas), las autoridades estimaron en 7 mil millones de lempiras[5] (US$ 175 millones, al cambio actual de 25 lempiras por un dólar) los valores incautados en el curso de 2024.
Si se considera que «la primera incautación y destrucción de una plantación de arbustos de coca data del 2017»[6], entonces se está ante un fenómeno con tendencia a la expansión de la superficie cultivada. Este aspecto constituye una transición importante, de la anterior condición de Honduras como país de tránsito de drogas procesadas en otros países, a país productor y procesador de productos de esta especie, además de haber aumentado su consumo interno. Un ingrediente positivo a este respecto es el reconocimiento, por parte de las autoridades, de que el narcotráfico «no solo daña a la salud pública, sino también al medio ambiente»[7].
2. Las nuevas lecturas del territorio nacional
Actualmente, se encuentran en curso varias «relecturas» del territorio hondureño, una de estas relacionada con las nuevas políticas de importación de productos agrícolas que implementará la Unión Europea (UE) a partir de 2026.
Entre los factores y requisitos a considerar, se encuentra el cumplimiento obligatorio de una disposición que favorece la «cero deforestación» en las áreas de producción de café, palma aceitera y cacao, demostrada con datos georreferenciados, así como el tamaño y la legalidad de las fincas respectivas.
La «certificación» de la información sobre las condiciones de producción en las fincas identificadas, implicará un estudio del territorio nacional en los 16 departamentos donde se produce el café, así como en las plantaciones palmeras de los departamentos costeros en el norte de Honduras.
Otra «lectura» reciente del territorio hondureño, se enmarca en la evaluación hecha por un grupo de investigadores de los EUA en el Triángulo Norte de Centroamérica, relacionado con la factibilidad del suelo de esta subregión para cultivar el arbusto de coca. Dicho estudio, elaborado en 2017 pero dado a conocer en Honduras hasta el 18 de septiembre de 2024, sugiere una «reciente dinámica espacial de este cultivo en América Latina» que, desde 1961, se encontraba confinado en América del Sur.
El estudio, publicado por la Universidad de Ohio, advierte que la mitad norte de Centroamérica presenta condiciones adecuadas para la expansión de plantaciones de hoja de coca, lo que podría facilitar el tráfico de cocaína hacia América del Norte. La investigación reveló que el 47% del territorio de Honduras, Guatemala y Belice cuenta con el clima y el suelo propicios para el cultivo de esta planta.
Kendra McSweeney, coautora del estudio, señala que el monopolio de Suramérica en la producción de hoja de coca para el mercado internacional está en declive. Argumenta que, aunque en 2017 el cultivo era aún poco frecuente y se limitaba a zonas remotas, en lo sucesivo podría extenderse. Un supuesto, derivado del estudio, señalaba que
Los narcotraficantes podrían trasladar sus operaciones a Centroamérica, aprovechando la menor regulación de productos químicos necesarios para la producción de cocaína y eludir las prohibiciones de tráfico marítimo impuestas por la Guardia Costera[8].
Caso tierras ejidales y cementerio en La Ceiba
Los tres cementerios públicos de la ciudad están saturados. Según declaraciones de su alcalde, «El problema es que no tenemos terrenos ejidales y eso viene desde el gobierno de Carlos Aguilar, donde gran parte de los ejidos que había se perdieron. Terminaron en posesión de manos privadas»[9].
Diez años atrás, el 22 de mayo de 2014, El Heraldo publicó información recopilada sobre la disputa de 52 manzanas de tierras supuestamente ejidales, iniciada en 2012 y que a esa fecha no había concluido[10]. Algunos pobladores aseveraron que, ante la falta de lugar en los cementerios históricos de la ciudad, «… la población decide ir a enterrar a sus familiares a municipios cercanos. Asimismo, a municipios de las comunidades garífunas»[11].
La OABI y la propiedad territorial
Según una publicación digital, el director de la Oficina Administrativa de Bienes Incautados (OABI), Marcos Zelaya, denunció que «existe en el país una red criminal que está compuesta por diputados, policías y militares que buscan adueñarse de terrenos o tierras que son administrados por la institución. Al respecto, sostuvo que se lo hizo saber a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, declarando que hay funcionarios del pasado y actuales implicados en el saqueo de bienes que pertenecen al pueblo hondureño».
De acuerdo con lo declarado por el director de la OABI: «Hay más de 15 líneas de investigación en diferentes áreas. Algunos están utilizando grupos campesinos para apoderarse de terrenos bajo administración de la OABI, y ya hemos denunciado esos extremos». Además, aseveró que estructuras criminales se encargan de ocultar la información para «fingir» ser compradores legítimos o refutar que han adquirido terrenos y propiedades legalmente, de las cuales hay «personas vinculadas a las mismas instituciones financieras». Por otra parte, Zelaya consideró que
No es posible que la autoridad no actúe, aun cuando hemos mostrado toda nuestra disposición para abrir las puertas de la OABI y proporcionar la documentación necesaria para que estas investigaciones concluyan y se judicialicen las causas[12].
La presión para obtener recursos administrados por el Estado es también una estrategia de supervivencia de los sectores más vulnerables que, por esa vía, comunican a los gobiernos sus necesidades y demandas. Sin embargo, cuando las autoridades no interpretan correctamente las señales de necesidad e inconformidad, entonces la presión inicial se convierte en un conflicto que trasciende el espacio institucional y se sitúa en el terreno del interés público en el que las demandas son percibidas con cierta ambigüedad.
Por una parte, se asume como legítima la lucha por la subsistencia protagonizada por los sectores con menos recursos. Y por otra, se ve con cierta suspicacia la legitimidad de la acción emprendida por grupos organizados procedentes de dichos sectores. En un caso relacionado con lo antes expuesto, ocurrido en Choluteca, el principal centro urbano del Sur de Honduras, aparecen las características señaladas.
Cuatro organizaciones campesinas protestaron ante las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), exigiendo que tierras incautadas por la OABI fuesen traspasadas a sus afiliados. Según el conductor de la protesta, Benedicto Cárcamo, la OABI presiona a los campesinos para desalojarlos de los terrenos que están en arrendamiento, si no pagan los 500 lempiras mensuales que les cobran por manzana de terreno. En esa ocasión, los manifestantes se presentaron como «hombres y mujeres de tierra adentro, que no tienen derecho a créditos económicos ni a tecnología para hacer producir la tierra». En consecuencia, se les hizo un llamado a los diputados a aprobar la ley que facultaría a la OABI a entregar al INA las tierras incautadas, para que este las traspase a los campesinos[13].
Situación en las áreas forestales «protegidas»
Según fuentes oficiales, «del 2019 al 2022 se registró una pérdida de más de 200,000 hectáreas por deforestación, cerca de 80,000 se concentraron en las áreas protegidas de Olancho, Colón y Gracias a Dios», ubicadas en la región noreste del país.
Estas zonas son más afectadas por la deforestación de los bosques de pino, gravemente impactadas por plagas como el gorgojo descortezador, incendios forestales y cambios en el uso de la tierra para actividades agrícolas y ganaderas, explicó Luis Soliz, director del Instituto de Conservación Forestal (ICF). Asimismo, aseveró que estas afectaciones son particularmente severas entre las 91 áreas protegidas con que cuenta Honduras[14].
Los antecedentes
En 2018, el contorno geográfico del noreste de Honduras no dejaba lugar a dudas respecto de la ampliación de los escenarios de conflicto en los departamentos de Colón, Olancho, Gracias a Dios y Atlántida que, en conjunto, representan cerca del 40 por ciento del territorio hondureño.
Juntos constituyen, además, una porción de tierra clave para el tránsito del narco-negocio hacia otras regiones de Honduras, Centroamérica, México y los EUA. La tierra, y sobre todo su tenencia y uso, son el centro de una conflictividad que produce violencia y escenarios violentos, así como respuestas sociales y políticas que se traducen en luchas por la justicia, la verdad, la equidad y la democracia por parte de la ciudadanía.
En ese año, el informe de veeduría social del Fonac sobre el departamento de Olancho y la Biosfera del Río Plátano, afirmaba que
La mayoría de las reservas naturales están en propiedad privada, los retos que manifestaron los entrevistados y que se ha podido observar es la falta de una cultura por conservar estas áreas que son fuente de agua, biodiversidad, de flora y fauna endémica. Causado por la agricultura migratoria, la ganadería, la quema y tala de los bosques[15].
En el municipio Dulce Nombre de Culmí, comprendido en la Biosfera, las autoridades locales veían con preocupación «… el crecimiento de la explotación de las áreas protegidas…», y manifestaban que, «… de haber una verdadera voluntad política para frenar el [descombro] de áreas que resultan ser un pulmón ambiental importante, podría frenarse con sobrevolar las áreas o mediante el uso de satélites y nuevos equipos tecnológicos que puedan registrar el daño ocasionado muchas veces por gente de mucho poder económico»[16]. Por su parte, el gremio de los ganaderos sostenía que estaban «… preocupados de ver inversionistas ganaderos de otras zonas del país con fuertes capitales que no están cuidando de la Biosfera»[17].
En la misma zona, la oficina regional del ICF estaba encargada de administrar seis áreas forestales protegidas de considerable extensión territorial[18]. No obstante, contaba con apenas 15 técnicos, tres vehículos en buen estado y dos que requerían reparación, para cubrir 21 de los 23 municipios, en una extensión territorial de más de 21 mil kilómetros cuadrados. El informe añadía, que
El personal en las áreas protegidas, son los guarda recursos y manifestaron que hay pocos y estos no cuentan con la logística necesaria para cumplir con mayor eficacia su labor, la colaboración de las municipalidades es frágil a pesar que las áreas protegidas es donde nacen las principales microcuencas, que abastecen las comunidades[19].
También señalaba que cada municipalidad debe tener personal especializado en sus Unidades Municipales de Ambiente, UMA, «pero según manifestaron el personal que labora en algunas UMA presenta debilidades académicas o no cuenta con el apoyo [de] sus Corporaciones Municipales, como ser la falta de logística para movilizarse a las áreas protegidas, o por la rotación del personal por cambio de autoridades», debilitando así las labores del ICF[20].
En 2017, según la misma fuente, en Olancho hubo 203 homicidios, la mayoría concentrados en Juticalpa y Catacamas, los principales centros urbanos[21]. Sin embargo, el total acumulado, desde 2004 hasta 2020, marcó la pauta de que «Olancho se perfila en la lista de los departamentos más peligrosos del país con 4,169 homicidios registrados…»[22].
Región Valle de Leán (Atlántida)
En el pasado formó parte del enclave bananero establecido en la Costa Norte, con extensas áreas sembradas de banano y más tarde con palma africana. Sin embargo, en 2018 las autoridades locales del puerto de Tela eran conscientes de sus limitaciones para asumir la protección de las cuatro áreas protegidas de su jurisdicción: Punta Sal, Punta Izopo, Parque Nacional Jeannette Kawas, Jardín Botánico Lancetilla, Barrera de Coral y Texíguat, extendidas en 1600 kilómetros cuadrados[23].
Según los funcionarios municipales, «Tela se está quedando sin agua». Al respecto, informaron que «La Cordillera Nombre de Dios está siendo deforestada sobre todo por la actividad agrícola, ganadera y cultivo de palma africana». En cabildo abierto, la Municipalidad declaró a Tela «territorio sin minería»[24].
Región Valle del Aguán
Según el informe, esta región «comprende ocho (8) municipios del departamento de Colón y tres municipios del departamento de Yoro. Además, se visitó el Municipio de Iriona, incluido en la Región Biosfera del Río Plátano, valiendo la cercanía y las facilidades para trasladarse»[25].
Municipio de Iriona
«El Municipio de Iriona es el segundo más grande del país, representa el 45% del territorio de este departamento, que son 4,484 km 2 de extensión territorial; posee 14 aldeas, incluyendo el casco urbano, 13 comunidades y 169 caseríos. Existe una diversidad poblacional y étnica (22,886 habitantes) entre las que destacan los garífunas, tawahkas, pech, misquitos y ladinos. Se subdivide en dos sectores, uno es el sector costa en donde se observa la comunidad garífuna y el otro es el sector valle en donde se observa una población mestiza. Su trópico es húmedo, con una diversidad de clima, varios afluentes y abundante flora–fauna». Asimismo, «Es un municipio altamente productivo con ganadería, caza, pesca y la agricultura (incluyendo la palma africana). El 37% de su población habla la lengua garífuna» [26].
«La tasa de analfabetismo es de 23.15%. El 88.72% no cuenta con energía eléctrica de ninguna fuente. Existe un total de 6,800 viviendas, de las cuales el 70.68% se encuentran ocupadas, el 19.21% desocupadas, y el 10.11% no se brindó información. En cuanto a la tenencia de la vivienda, el 77.15% de las familias poseen viviendas, totalmente pagadas, un 2.70% está alquilando, un 18.61% la ocupan en forma prestada y el 1.53% posee vivienda, pero la está pagando»[27].
«Existe una baja calidad del agua, aunque el 70% de la población cuenta con agua entubada, esta no es potable y se requiere de un replanteamiento del programa Vida Mejor para que lleguen los filtros de agua mientras llegan los grandes proyectos de agua y saneamiento básico. Se requiere la aceleración y supervisión del Programa de Electrificación pues se encontraron los postes tirados a las orillas del camino»[28].
Municipio de Sonaguera
La Asociación de Citricultores de Sonaguera (ACISON) se organizó en 1986 y la integran 31 productores. Entre los socios y cooperativas de productores de naranjas llegan a 2,000 manzanas, con las variedades piña y valencia. En la región existen 3,500 productores y unas 16,000 hectáreas cultivadas; actualmente se está impulsando la citricultura, debido a que en la región «ya fue controlada la mosca del mediterráneo que en años anteriores enfermó sus cultivos, desmotivando a los productores y cambiando el rubro por otros cultivos como la Palma Africana»[29].
En cuanto a la calidad de la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, el Informe observó que:
Especialmente cuando hay cambios de autoridades de diferente partido, las corporaciones municipales salientes tratan de no dejar rastro de su gestión, contraviniendo la Ley. Las nuevas autoridades deben reconstruir la información y tratar de asumir los compromisos heredados[30].
Isletas en situación precaria
«La comunidad de Isletas está localizada en territorio declarado de alto riesgo por decreto; viviendo familias que no tienen derecho a la extensión de escrituras de dominio pleno, ni derecho a beneficios sociales, tampoco tienen agua para consumo humano. El agua es facilitada por la Standard Fruit Company, ya que el agua de la zona tiene plomo»[31].
Municipio de Trujillo
En temas ambientales, señala el Informe, el municipio tiene dos (2) áreas protegidas debidamente declaradas, «pero el 60% del Parque Nacional Capiro y Calentura está deforestado». La Municipalidad percibe cambios en la forma de pensar la conservación en las comunidades vinculadas a la reserva, pues «se han organizado para comprar y compensar las mejoras de las familias localizadas en la zona núcleo».
Según funcionarios de la UMA, la Laguna de Guaimoreto «ha sido afectada por el otorgamiento de títulos de propiedad, por parte del INA, que además tiene cultivos de palma africana. La parte garífuna conserva el mangle de la zona, pese a la ubicación de población y actividad humana de baja intensidad. No hay plan de manejo de las dos (2) áreas protegidas y de la Laguna de Guaimoreto (…). Los retos en temas ambientales se vinculan a las recientes reformas que requieren primero el saneamiento, para luego lograr la declaratoria. La ganadería y la palma africana asechan la conservación y sostenibilidad ambiental»[32].
Parque Nacional Capiro y Calentura
«La oficina regional realiza jornadas de reforestación en el Parque Nacional Capiro y Calentura, la importancia de fuente de agua de 195 microcuencas, abastecen el 70% del Municipio de Trujillo, Santa Fe y de aproximadamente 43 comunidades. Las fuentes de agua se han reducido en su drenaje debido a la tala y quema de vecinos que, por sembrar, recurren a esta mala práctica. Para la protección del Parque, el ICF ha contratado un guarda recurso y la Municipalidad de Trujillo paga cuatro guarda recursos».
El parque alberga varias especies animales como tigrillos, boas, jaguares, pericos y otros. Su extensión es de 8,081.43 hectáreas, que hasta ese momento no recibían la protección debida por falta de fondos. Respecto de la laguna de Guaymoreto, su situación fue descrita en estado de sobreexplotación y, a la vez, amenazada por la intención de agentes privados de «establecer [allí] cultivos de tilapia en jaulas»[33].
Santa Rosa de Aguán
«El análisis en relación a la falta de cohesión social en municipios como Santa Rosa de Aguán, sobre todo en torno de temas vitales como el agua para consumo humano y su superación, está determinado por la presencia de activos y roles económicos que resuelven su subsistencia diaria y también por el efecto de las remesas que provienen de las comunidades de migrantes en Estados Unidos»[34].
Población garífuna
«De acuerdo a información de funcionarios de la MAMUGAH, los liderazgos tradicionales y sus prácticas corruptas han influido en la conducta individual cuando se persigue el trabajo colectivo, sobre todo en sus parcelas de cultivo. El paternalismo estatal y de la cooperación internacional condicionó aún más esta situación»[35].
Tocoa
En el área de Tocoa, según el informe de veeduría social del Fonac, se presentan «conflictos en algunas microcuencas debido a que se han otorgado títulos de propiedad en la zona núcleo, contaminando las aguas con ganado y/o cultivos. Se han denunciado estos casos, pero los jueces no prestan el apoyo para proteger el preciado líquido sobre todo que es de consumo humano»[36].
La violencia ha estado presente en la zona de Tocoa, pero en 2018 «El Señor Alcalde comentó sobre la estrategia de seguridad con el desarme general, esto se ve reflejado ya que hay menor incidencia de violencia en el municipio»[37].
Territorio y violencia en el valle del Aguán
Pocos meses atrás, un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), publicado en 2017, sostenía que, de acuerdo con la CIDH, «en la zona del Bajo Aguán, Tocoa, existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios en donde se habría registrado un alarmante número de muertes (según cifras oficiales, 127 muertos en la región a raíz de conflictos de tierras), amenazas, hostigamientos e intimidaciones contra campesinos que se han dedicado a defender sus territorios e inclusive desapariciones de personas. A partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los campesinos en la zona continúan sufriendo una grave estigmatización y criminalización de la lucha agraria, así como desalojos»[38].
Territorios desiguales, conflictos asimétricos
Bernardo Mançano Fernandes, entre otros autores, considera que el centro del conflicto «es la disputa por los modelos de desarrollo en el que los territorios están marcados por la exclusión de las políticas neoliberales, productoras de desigualdades, amenazando la consolidación de la democracia».
Además, sostenía que esta lectura «tiene como estructura la producción espacial y territorial por medio de las relaciones sociales, promovida por las clases en permanente conflictualidad en las disputas por modelos de desarrollo y de sociedad. En este modo de análisis, la clase-territorio es inseparable»[39].
El vínculo de la clase social con el territorio geográfico es un factor clave para explicar los conflictos que se presentan por el control de los recursos materiales, y también para visibilizar la historia tanto del territorio como de los actores sociales que se asientan en este y establecen relaciones de distinta naturaleza con otros actores y otros territorios.
Además, como señalan Paula Boniolo y Bárbara Estévez,
Las clases sociales y los territorios se moldean mutuamente, puesto que la formación de las clases y su reproducción necesitan espacios territoriales donde generar lugares de localización de las residencias y desarrollar estilos de vida, constituyendo así a los territorios como un elemento diferenciador que refleja posiciones en la estructura social. A su vez, los capitales, recursos y oportunidades no están igualmente distribuidos a lo largo de cada territorio…[40].
Un siglo atrás, en 1918, el diplomático y politólogo estadunidense Dana G. Munro publicaba su estudio sobre las cinco repúblicas centroamericanas, en el que se refiere tanto al valor estratégico del territorio como a la formación histórica de la clase social que, tras la Independencia de 1821, asumió la gestión política de estas naciones, imponiéndole su sello a las relaciones sociales desiguales en la región en los siglos XIX y XX.
Una de sus valoraciones fue que «… los cinco territorios juntos son más pequeños que el estado de California»[41]. El lugar –y en parte la historia– de la región noreste de Honduras, se encuentra en esta descripción:
A lo largo de la costa del Mar Caribe hay una franja ancha de tierra apenas sobre el nivel del mar, la cual permaneció casi deshabitada hasta hace poco debido a la intensa humedad y la temperatura sofocante, pero que en los últimos veinticinco años ha alcanzado gran importancia económica, al menos para el mundo exterior, por la exportación del banano[42].
La importancia del territorio se vinculaba con su uso y explotación, que comenzaba a visualizarse no solo como un lucrativo negocio, sino también como factor determinante en la transformación de su imagen, sus contornos y significados en la conciencia que se adquiría del territorio como escenario geográfico, histórico y económico. «Se han establecido grandes fincas bananeras en la antigua selva impenetrable –señalaba Munro–, y se ha construido una red de ferrocarriles para transportar la fruta perecedera a los puertos, donde es embarcada en veloces barcos a Estados Unidos y Europa»[43].
Munro también describió el origen de la clase gobernante, en términos que no dejan lugar a dudas sobre la génesis de la República como un proceso simultáneo de apropiación privada del territorio y del poder político del Estado por parte de un número reducido de personas, que los usufructuaron para su beneficio. Según Munro,
Esta clase ha podido mantener su posición dominante en la comunidad, en parte porque maneja el gobierno, el cual asumió cuando se descubrió que las instituciones republicanas que los patriotas del istmo trataron de introducir después de la declaración de la independencia no funcionaban debido a la ignorancia de la mayoría del pueblo, pero más aún debido al control sobre la agricultura que ejerce esta clase[44].
Sin embargo, Munro no observó un sólido arraigo de las elites en el territorio, y tampoco les reconoció atributos que asociaran la condición de propietario territorial con la de un empresario moderno que mostrara talento en la gestión territorial, la gestión política y la administración empresarial. Aunque su riqueza es en su totalidad agrícola –sostenía Munro–,
las «familias principales» invariablemente residen en las ciudades. Hacen visitas frecuentes a sus plantaciones, que confían al cuidado de los mandadores, pero en su mayoría demuestran una marcada aversión tanto a la vida rural como a los intereses rurales. Como grupo, no son ni muy emprendedoras ni muy dinámicas[45].
En suma, en la visión de Munro —que no perdía de vista su interés en asociar a las naciones centroamericanas con su país—, se concretó una imagen del territorio de la costa caribeña como epicentro de acontecimientos y cambios cuya evolución afectaría, directa o indirectamente, el curso de la historia de países como Honduras. En sus palabras,
Para el centroamericano, la costa es casi un país extranjero. Los puertos del Caribe en Honduras y Nicaragua están, de hecho y para todos los fines prácticos, más lejos de Tegucigalpa y Managua que de New Orleáns (…) la zona bananera se ha desarrollado a su modo, con poca influencia económica o política de las comunidades del interior. Los pueblos del interior, sin embargo, se han visto profundamente afectados por los cambios en la costa oriental[46].
Arraigo y desarraigo en el valle del Aguán
El Estado, las elites, las empresas nacionales y extranjeras, las iglesias y otros ya establecidos, no han sido los únicos actores presentes en el territorio del costado noreste de Honduras. Sin embargo, no siempre han logrado establecerse en igualdad de condiciones respecto de aquellos que han dispuesto de mayores recursos y oportunidades para hacerlo y permanecer allí. Esto, cuando los nuevos actores no han resultado de conflictos que se han producido en otras zonas del país, como fue el caso de los campesinos movilizados por la reforma agraria del periodo 1972-1978, desplazados desde el sur y el occidente hacia el valle del Aguán.
Lo opuesto al arraigo es el desarraigo que, entre otras definiciones, también puede entenderse, según un estudio, «como la incapacidad de vivir y transformar el mundo desde un sentido humano de pertenencia y permanencia al lugar»[47].
Dicho estudio, situado en el «Eje Cafetero» de Colombia, presenta una serie de similitudes con la problemática pasada y presente de algunas regiones hondureñas, por lo que constituye una referencia comparativa a tener en cuenta.
La «ruptura de las raíces» que conduce al desarraigo, se produce por una serie de hechos y factores que el estudio referido identifica y organiza como eslabón contribuyente a su explicación. Algunos de esos problemas se exponen a continuación:
«La crisis en el manejo de recursos ambientales: esto incluye las actividades del campo que amenazan el medioambiente, como la agricultura extensiva, la contaminación de recursos naturales por agrotóxicos y la pérdida de fuentes de agua, aire y suelo.
«La crisis en las formas de encuentro social: se entiende como la falta de comunicación entre lo rural y lo urbano que dificulta los encuentros sociales, limitando el comercio, los servicios y la convivencia pacífica.
«La falta de oportunidades: sumado a la falta de comunicación, junto con la educación inadecuada a las necesidades y expectativas de las personas, se da una notable falta de oportunidades en todo sentido; tanto de acceso a educación superior como laborales, crecimiento económico y más.
«La desvaloración del trabajo campesino: (…) la agricultura campesina, familiar y comunitaria produce más del 70% de los alimentos del país (…) Sin embargo, los campesinos han mostrado que su trabajo y la importancia de este en el país no ha sido lo suficientemente valorizado para que el gobierno tome acciones frente los problemas que los acompañan hace años.
«La presión de grupos armados: los objetivos de estos grupos apuntan hacia el control del territorio y de la población y a la disputa de soberanía con el Estado, utilizando las vías de la violencia y el terror.
«La crisis de población y poblamiento: la población está desmotivada y envejecida en la mayoría de las zonas rurales del país, y en particular en el Eje Cafetero, lo que ha generado un desplazamiento de la población más joven a los centros urbanos con el fin de conseguir nuevas y mejores oportunidades de vida.
«La educación ajena al contexto rural: una educación que ignora la realidad física y simbólica de los pobladores del lugar, que produce estereotipos de lo rural como lo atrasado, en contraste con lo moderno e industrializado de la ciudad. Esta perspectiva disminuye el valor que le otorga la comunidad a su territorio desde la infancia y la juventud.
«Las comunidades rurales están siendo socavadas y debilitadas en sus solidaridades colectivas. Todo ello debido a factores de desintegración territorial y social (…).
«Lo que se expone es la posibilidad de un servicio que eduque para la producción de alimentos, como si los campesinos solo necesitaran y merecieran una educación que los forme como productores para el país. Pero, ¿qué queda para ellos? ¿cómo se atienden sus otras necesidades y proyecciones frente a su territorio?»[48].
Experiencia del oriente de Caldas, Colombia
Otra aleccionadora experiencia a considerar, en relación con la temática de la región noreste de Honduras, es un estudio efectuado sobre el oriente de Caldas en Colombia. Sus autores enfatizan en el contraste y la «tensión constante» producida por sus «diferencias morfológicas, económicas y socioculturales», que tienden a fragmentar la montaña del valle; y, en otro extremo, «las relaciones de vecindad, sus dinámicas poblacionales e intercambios económicos y poderes políticos locales y regionales, tienden a integrarlas».
De lo anterior deducen que «el Oriente de Caldas es una región históricamente ensamblada», para concluir que esta «tiene que ser conceptualizada, no como una simple diversidad, sino como una región de encuentro de trayectorias potencialmente conflictivas, constituida por geometrías complejas de poder diferenciado»[49].
Otro aspecto a considerar en el estudio citado, es el propósito declarado de proponer, ante «la diversidad de territorios percibidos en la zona», una «tipología de territorios en conflicto». Y explica por qué «se piensa en la construcción de paz desde los distintos territorios, lo que requiere de una comprensión inicial profunda de los conflictos que allí se han desarrollado»[50]. Asimismo, los autores proponen, y justifican, la necesidad de superar la visión negativa que habitualmente se tiene del conflicto:
Durante décadas se ha pensado que el conflicto social es únicamente negativo y destructor de lo positivo en los territorios; sin embargo, (…) se infiere que las dinámicas conflictivas son inherentes a la vida social y representan un motor de cambio que potencia la creatividad de quienes las enfrentan, moviliza a las instituciones y activa la resiliencia en momentos de crisis, lo que puede evidenciarse en los nuevos sujetos políticos que aparecen, la exigencia de una mayor presencia del Estado, las alternativas económicas solidarias y campesinas, las acciones de defensa de los bienes naturales, las iniciativas pedagógicas para la transformación cultural, entre otros efectos generadores[51].
Aproximación a las conclusiones
La metamorfosis observada en la gestión política y la gestión territorial en el siglo actual, procede de su interacción con factores como el narcotráfico, la corrupción, la violencia y la pérdida de rumbo del Estado en la definición y determinación de tales modalidades de gestión.
El uso del territorio y de las instituciones estatales con fines ilícitos, supone una quiebra de los fines históricos del Estado respecto de su territorio y su población, afectando así lo esencial de la existencia de la nación hondureña, tal y como como ha sido definida en las constituciones políticas de la etapa republicana de su historia. El resultado más concluyente es la pérdida de soberanía del Estado respecto de su territorio, y una consiguiente pérdida de territorialidad en la aplicación de la ley y la justicia.
Es decir, que este nuevo contexto transforma, por desposesión de su autoridad y legitimidad, a figuras políticas y jurídicas importantes para garantizar la gestión política y la gestión territorial; entre estas la soberanía, la democracia, la gobernabilidad y la aplicación de la ley, devenidas en figuras nominales alejadas de toda práctica política real.
Así, en las últimas décadas, desde el territorio nacional se expulsa al campesinado en una suerte de obligación a emigrar al extranjero, con lo cual se ha renunciado a la seguridad alimentaria de la población del campo. Por esta vía, se pasó de la insuficiencia a la incertidumbre, con una grave afectación al arraigo de la población en los lugares donde sus familias han echado raíces y han construido su identidad y tradiciones en el curso de largos periodos de tiempo.
De esa nueva configuración surgió la convergencia entre la geografía de la política y la geografía del narcotráfico, lo que a su vez evidencia el valor estratégico de la gestión política y la gestión territorial, en tanto que instrumentos para ejercer gobernabilidad, soberanía y, sobre todo, hegemonía territorial y política en amplias porciones del territorio nacional, con fines lícitos e incluso con fines ilícitos.
Esta transición hacia un Estado cada vez más despojado de sus funciones y fines legítimos, como ha venido ocurriendo en Honduras desde la última década del siglo pasado, crea límites precisos en la orientación de las decisiones políticas que se transforman en intervenciones del Estado en el territorio nacional; o en inexplicables ausencias del Estado en lugares donde otros asumen sus funciones y suplantan su hegemonía, con objetivos y fines reñidos con la ley, la democracia y la gobernanza legítima. En un contexto de tal naturaleza, las instituciones predominantes no son las creadas legítimamente por el Estado a instancia de la sociedad civil, sino la institucionalidad de la corrupción, la violencia, la impunidad y el desplazamiento forzado de la población.
La suplantación del Estado legítimo no solo constituye un símil del vacío existente en la institucionalidad estatal, sino también una confirmación del ilícito propósito de despoblar el territorio para obtener de este una renta creciente que no se puede extraer de la población empobrecida, ahora empujada a la corriente migratoria hacia los EUA y la Unión Europea.
Es decir, no solo se está en presencia de una nueva reconfiguración del territorio nacional en la que se modifica –además de su uso–, también el contenido y legitimidad de las instituciones públicas. Esto es lo que hace pensar en el surgimiento de nuevas fuentes de riqueza en el territorio hondureño, cuyos poseedores no solo pueden prescindir de la fuerza laboral menos calificada, sino que además necesitan desplazarla de su arraigo y patrimonio tradicional para garantizar sus fines ilegítimos en porciones cada vez más extensas del territorio nacional.
En la Honduras contemporánea, las fuentes de riqueza han pasado de la agricultura a la agroindustria, y de estas a la manufactura intermedia de exportación como las maquilas; el café y los narcóticos. Cada una con un modelo de desarrollo, instituciones y culturas con diversos grados de interacción e integración social en sus contextos respectivos.
Esta perspectiva contribuye a unir algunos cabos sueltos en cuanto a las transformaciones que se han operado en la gestión territorial y la gestión política, particularmente en las áreas más afectadas por el establecimiento de fenómenos como el narco-negocio, el tráfico de personas, la extracción de bienes naturales, entre otros que se relacionan con una nueva inserción de Honduras en los «espacios» de la economía global a los que tiene acceso por la forma y contenido de su estructura territorial, las pautas de comportamiento histórico de su estamento político y, especialmente, por el carácter de la gestión territorial ejercida por este durante un largo periodo.
La construcción de la percepción social sobre la existencia de un «tiempo circular», caracterizado por su eterna repetición cíclica, ha sido predominante en Honduras y puede obedecer a la presencia de dos estrategias relacionadas con la gestión política y la gestión territorial, claves esenciales en este análisis. La primera, es la construcción de la gestión política como estrategia de dominación; y, la segunda, la construcción de una gestión territorial como estrategia de concentración de la tierra y la riqueza natural en pocos propietarios.
Su fuente de sustento, y a la vez su potencial para imponerse, radica en la introducción de relaciones asimétricas en el conjunto de los tejidos sociales. La asimetría en las relaciones de poder se manifiesta, por consiguiente, en las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales a través de múltiples distinciones de cantidad y calidad que determinan el estatus de las minorías que dominan y concentran el poder político y el poder económico por su situación en el territorio nacional.
Incluso en el caso de los actores sociales presentes (indígenas, afrodescendientes y campesinos), que se enfrentan al poder constituido con estrategias de resistencia y diversas formas de acción política, por ejemplo, la defensa del medioambiente y la exigencia de tierras para integrase a la producción agrícola, el proceso es determinado, desde el inicio, por la asimetría hegemónica en las relaciones de poder.
Aunque estas acciones –protagonizadas por actores socialmente vulnerables– son motores importantes en sus respuestas al poder, la falta de resolución de los conflictos planteados contribuye a reafirmar la percepción de ese «tiempo circular», que se consolida en la medida que los conflictos solo se resuelven a medias, o nunca se resuelven.
En esa medida, la temporalidad percibida como ciclo de repetición, se constituye en otro medio por el que las relaciones asimétricas de poder se reproducen y agregan más poder a los tomadores de decisión y a los beneficiarios de la demora en la resolución de los conflictos.
En Honduras, acontecimientos como las marchas de los indígenas hacia la capital desde sus lugares de origen en la década de 1990 y las encabezadas posteriormente por el padre Tamayo y comunidades campesinas de Olancho, con demandas fundamentales respecto de los derechos indígenas y la protección del medioambiente, nunca satisfechas en su totalidad, demuestran el estrecho vínculo entre la demanda insatisfecha, la reproducción de las relaciones asimétricas de poder y la percepción social de un tiempo cíclico repetido en la continuidad del conflicto y en una estructura de poder que no presenta cambios importantes en la gestión política y la gestión territorial.
En 1918, Dana G. Munro señalaba dos factores preponderantes que, en el curso del tiempo, se convirtieron en pautas históricas respecto de las formas de propiedad y explotación de la tierra en Honduras. El primero lo ubicó inmediatamente después de la declaración de la Independencia nacional, cuando
… los gobiernos de las diferentes repúblicas continuaron viendo como propiedad estatal toda la tierra que aún no se había otorgado a nadie específicamente, y vendieron o regalaron grandes extensiones a lugareños adinerados o a extranjeros, sin tomar en cuenta que gran parte de los terrenos públicos ya estaban ocupados por campesinos que siempre habían considerado suyos los terrenos que cultivaban[52].
El segundo lo ubicó a inicios del siglo XX, observando que
Corporaciones o personas inescrupulosas han explotado la inexperiencia o la ingenuidad de los gobiernos locales para obtener valiosas concesiones sin efectuar ninguna retribución adecuada por los favores recibidos y no han dudado en provocar revoluciones o ayudar en ellas cuando consideraban que hacerlo los beneficiaría[53].
La «periodización» propuesta por Munro, que abarcaría los siglos XIX y XX de la historia de Honduras, contribuye a replantear el tema de las periodizaciones históricas, en términos del territorio como objeto de estudio en la actualidad.
Al respecto, el geógrafo brasileño Milton Santos propuso un esquema de periodización «basado en el desarrollo, a escala mundial, de los sistemas espaciotemporales a través de los cinco períodos citados y de su relación con las olas de innovación o modernización en los países subdesarrollados». Según Santos, «… el objetivo es encontrar, a través de la Historia, secciones de tiempo en las que, dirigido por una variable significativa, un conjunto de variables mantiene un cierto equilibrio, un cierto tipo de relaciones». Y agrega:
Entendida desde este punto de vista, esa periodización es capaz de explicar la historia y las formas de colonización, la distribución espacial de los colonizadores, la dispersión de las razas y lenguas, la distribución de los tipos de cultivo y de las formas de organización agrícola, los sistemas demográficos, las formas de urbanización y de articulación del espacio, así como los grados de desarrollo y dependencia. La periodización también ofrece las claves para entender las diferencias, de lugar a lugar, en el mundo subdesarrollado[54].
Y sin duda, es también capaz de explicar el surgimiento y la evolución de la «clase-territorio», antes mencionada por Bernardo Mançano Fernandes[55].
En lo contemporáneo se ubica, además, la necesidad de considerar si el carácter asimétrico de las relaciones de poder en el territorio objeto de estudio es congruente con los atributos de la democracia y el buen gobierno; o si estos constituyen solamente un mecanismo adicional, puramente discursivo, para reproducir la estrategia de dominación en la gestión política y de concentración de la propiedad y la riqueza en la gestión territorial. Algunos datos apuntan en esta dirección, según un estudio de la FAO:
En el valle de Aguán, (…) uno de los principales factores determinantes de la pobreza y la vulnerabilidad social es la desigual distribución de la tierra. Tras la disgregación de la mayor parte de las cooperativas agrícolas de la región, a principios de la década de 1990, tuvo lugar un proceso de creación de latifundios que dejó a muchas familias sin tierra[56].
En tales coordenadas, si se pretendiera evaluar el desempeño del buen gobierno, por ejemplo, en el plano local, se tendría que considerar el lugar que ocupa en este la rendición de cuentas, la veeduría social, la transparencia administrativa, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la canalización adecuada de la demanda social y la capacidad de respuesta de la autoridad local ante esta.
Sin embargo, tales características no están presentes en la región noreste de Honduras. Por el contrario, se identificó la falta de arraigo de la democracia, de la impartición de justicia, del respeto al Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Estos factores se han consolidado por la débil institucionalidad del Estado en dicha región en presencia de múltiples intereses, múltiples territorios en conflicto y múltiples actores sociales inconformes con el actual estado de cosas en esa porción del territorio hondureño[57].
En suma, en las condiciones actuales, resulta difícil afirmar que se está ante una transición efectiva en cualquier dirección posible; o se está únicamente ante una recomposición de los contextos y escenarios en los que impactan los cambios derivados del agotamiento de los modelos de gestión, político y territorial, señalados aquí como incapaces de resolver satisfactoriamente los conflictos y las demandas sociales planteadas por diversos actores.
Finalmente, como han señalado algunos autores citados aquí, «El sentido creativo o destructivo de los cambios está asociado, tanto con la génesis o historia de la región en particular, sin desconocer su imbricación con los ámbitos nacional e internacional, como con las condiciones objetivas del presente. Por lo anterior, no es posible acceder a soluciones fáciles y espontáneas a problemas sociales complejos y de vieja data de una región»[58], como es el caso del Bajo Aguán y, en general, del noreste de Honduras.
[1] «Juan Antonio López asesinado en Honduras», 16 de septiembre, 2024. Disponible en: https://www.coyuntura.co/post/juan-antonio-l%C3%B3pez-asesinado-en-honduras
[2] Ibid.
[3] Penagos, Ángela María, «Los territorios en escenarios de conflictos socioterritoriales», Editorial del 28/02/2020. Disponible en: https://rimisp.org/los-territorios-en-escenarios-de-conflictos-socioterritoriales/
[4] Criterio.hn, «La Moskitia hondureña de paso de droga a zona de cultivo de coca», edición del 6 de mayo de 2024. Disponible en: https://criterio.hn/la-moskitia-hondurena-de-paso-de-droga-a-zona-de-cultivo-de-coca/
[5] El Heraldo, «Tres millones de arbustos de hojas de coca se han erradicado este año», 18 de septiembre de 2024. Consultado en https://www.elheraldo.hn/sucesos/tres-millones-arbustos-hojas-coca-erradicado-este-ano-Véase también: «Los militares hondureños decomisan 154.500 arbustos de hoja de coca», del 18 de agosto 2024, que además informó que en 2023 fueron incautados 107,727 kilos de marihuana. En: https://www.swissinfo.ch/spa/los-militares-hondure%C3%B1os-decomisan-154.500-arbustos-de-hoja-de coca/
[6] Diario Tiempo, «Plantaciones de coca y marihuana se extienden a más departamentos e invaden zonas protegidas», 21 de agosto 2023. Consultado en: https://tiempo.hn/plantaciones-de-coca-y-marihuana-invaden-zonas-protegidas
[7] Más Noticias, «Aseguran plantación con miles de arbustos de hoja de coca», 13 de octubre 2024. Consultado en: https://mntv.hn/aseguran-plantacion-con-miles-de-arbustos-de-hoja-de-coca.html
[8] Al respecto, consúltese: «Estudio advierte sobre el potencial de expansión de cultivos de hoja de coca en Centroamérica», del 18 de septiembre 2024, en https://centroamerica360.com/region/estudio-advierte-sobre-el-potencial-de-expansion-de-cultivos-de-hoja-de-coca-en-centroamerica/ Y, McSweeney, Kendra, et. al., «A spatio-temporal analysis of forest loss related to cocaine trafficking in Central America». En: Environ. Res. Lett. 12 (2017) 054015 https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa6fff
[9] La Tribuna, «No hay terrenos ejidales para cementerios en La Ceiba», 15 de octubre 2024, p. 47.
[10] El Heraldo, «Catastro informó que terreno privado era ejidal», 22 de mayo de 2014. Disponible en: https://www.elheraldo.hn/honduras/catastro-informo-que-terreno-privado-era-ejidal-ELEH71201
[11] Diario Tiempo, «Sin espacios disponibles los tres principales cementerios de La Ceiba», 30 de agosto 2024. En: https://tiempo.hn/sin-espacios-disponibles-los-tres-principales-cementerios-de-la-ceiba/
[12] Hondudiario, «OABI denuncia red criminal que involucra diputados y policías en busca de apropiación de tierras», edición digital del 17 de octubre 2024. Disponible en: https://hondudiario.com/nacionales/oabi-denuncia-red-criminal-que-involucra-diputados-y-policias-en-busca-de-apropiacion-de-tierras/
[13] La Tribuna, «Campesinos exigen que les traspasen las tierras incautadas por la OABI», edición digital del 17 de octubre 2024. En: https://cdn.digital.latribuna.hn/wp-content/uploads/2024/10/LA-TRIBUNA-PDF-WEB-KFV-17102024.pdf
[14] La Prensa, 18 octubre 2024, p. 18. Disponible en: https://ediciones.laprensa.hn/media/pdfs/LP2024-10-18-jGxmeR12yEyk.pdf
[15] Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Informe de veeduría social, Región Norte de Olancho, Valles de Olancho y Biosfera del Río Plátano, 2018, p. 9.
[16] Ibíd., p. 51.
[17] Ibíd., p. 56.
[18] Estas son: El Boquerón, Sierra de Agalta, Botaderos [Parque Nacional Carlos Escaleras], Parque [Biosfera] Twahka-Asagni, Parque La Muralla y Parque Misoco.
[19] Ibíd., p. 8.
[20] Ibíd., pp. 8-9.
[21] Ibíd., p. 93.
[22] El Heraldo, «Aumento de hechos violentos provoca desplazamientos de familias en Olancho», 06 de junio 2022. Disponible en: https://www.elheraldo.hn/honduras/aumento-hechos-violentos-provoca-desplazamientos-familias-olancho-HB8506955
[23] Fonac, Informe de veeduría social, Región Valle de Leán, 2018, p. 49.
[24] Ibíd.
[25] Ibíd. Informe correspondiente al Valle del Aguán, p. 4.
[26] Fonac, Informe de veeduría social, Región Biosfera del Río Plátano, 2018, pp. 6, 7 y 8.
[27] Ibid., pp. 8, 9 y 10.
[28] Ibid, pp. 10-11.
[29] Fonac, Informe de veeduría social, Valle del Aguán, año 2018, p. 55.
[30] Ibid, p. 60.
[31] Ibid, p. 59.
[32] Ibid, p. 33.
[33] Ibid, p. 33.
[34] Ibid, p. 35.
[35] Idem.
[36] Ibid, p. 50.
[37] Ibid, p. 54.
[38] ACNUR, «Informe sobre tierras, viviendas y desplazamiento forzado en Honduras», 2017. Disponible en https://www.acnur.org/sites/default/files/legacy-pdf/5b96a9434.pdf
[39] Mançano Fernandes, Bernardo, «Sobre la tipología de los territorios», octubre 2008, pp. 7 y 2. Disponible en: https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/bernardo-tipologia-de-territorios-espanol.pdf
[40] Boniolo, P. y Estévez Leston, B., «Análisis multivariado del acceso a la clase profesional. La desigualdad territorial, ¿un factor con peso propio?», Lavboratorio. Revista de Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social, No. 28, año 2018. En: https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/article/view/2533
[41] Munro, Dana Gardner, Las cinco repúblicas de Centroamérica. Desarrollo político y económico y relaciones con Estados Unidos. Estudios introductorios de: Fabrice E. Lehoucq e Iván Molina Jiménez, Editorial de la Universidad de Costa Rica y Plumsock Mesoamerican Studies, 2003, p. 51.
[42] Ibid, pp. 51-52.
[43] Ibid, p. 68.
[44] Ibid, p. 53.
[45] Ibid, p. 54.
[46] Ibid, p. 69.
[47] Medina Abdu, Gabriela, Arquitectura para el arraigo territorial, trabajo de grado de arquitectura, Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Arquitectura y Diseño Carrera de Arquitectura, Bogotá, 2023, p. 24. Disponible en: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/64401
[48] Ibid, pp. 25, 26 y 27.
[49] Narváez Medina, Diego Antonio y Castaño Urdinola, Jessica Tatiana, «Aproximación a una tipología de los territorios en conflicto: el caso del Oriente de Caldas, Colombia», revista Territorios 42 / Bogotá, 2020, pp. 1-23. La cita es de la p. 5. Disponible en: Doi: https://www.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.7051
[50] Ibid, p. 6.
[51] Ibid, p. 20.
[52] Munro, Dana G., op. cit., p. 53.
[53] Ibid., p. 70.
[54] Santos, Milton., Espacio y método, en: «Introducción al conocimiento geográfico», Profesora Laura Rosalia Varela, periodo lectivo 2009, pp. 13-14. Disponible en: https://www.ispel3.edu.ar/_paginas/biblioteca/materiales/geografia/introdu_con_geog_laura_varela_1ero.pdf
[55] Véase al respecto la nota de pie de página No. 39 de este trabajo.
[56] FAO, «En tierra segura. Desastres naturales y tenencia de la tierra. La amenaza hidrometeorológica en Honduras», p. 11. Disponible en: https://www.fao.org/4/i1255b/i1255b01.pdf
[57] En una protesta reciente en la zona, «El general Miguel Pérez Suazo informó que unos 200 policías fueron desplegados para prevenir futuras tomas de carreteras (…). Aseguró que los agentes no portaban armas de fuego, mientras que algunos manifestantes sí estaban armados, lo que incrementó la violencia en ciertos sectores». Cfr. La Tribuna, «Pobladores de Colón denuncian represión», 26 octubre 2024, p. 2.
[58] Cfr., Narváez Medina, Diego Antonio y Castaño Urdinola, Jessica Tatiana., op. cit., p. 21.
[1] Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.