RAFAEL JEREZ MORENO*
Mientras los partidos políticos continúen controlando el proceso electoral, las elecciones «estilo Honduras» no perderán su sello de identidad. No obstante, los impasses registrados en las elecciones primarias no pueden quedar en la impunidad. Es responsabilidad del Ministerio Público investigar y deducir responsabilidades penales.
INTRODUCCIÓN
Las elecciones primarias celebradas el pasado 9 de marzo han dado paso al resurgimiento de las dudas que suelen rodear la calidad de las elecciones en Honduras y la intencionalidad política de intervenir en sus resultados.
Para analizar lo ocurrido y la forma en que se ha gestionado la crisis en los días posteriores, es preciso hacer un análisis ampliado del proceso electoral, desde el contexto en que se produjo la convocatoria y los acontecimientos clave de la etapa preelectoral.
Este artículo tiene como objetivo contribuir a una reflexión más amplia del proceso electoral primario en el que participaron el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre), poniendo sobre la mesa la aprobación del presupuesto electoral, el control político-partidario de las instituciones del sistema electoral, la gestión de procesos de contratación pública y la acreditación de custodios electorales, como condiciones previas que ilustran la estabilidad con que llegó el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la jornada electoral.
La segunda sección se centra en la jornada electoral, particularmente en los atrasos de la llegada del material electoral a los centros de votación, y en una relación entre las decisiones que el CNE adoptó para mitigar y corregir los impasses con los lineamientos previstos en la Ley Electoral de Honduras.
Considerando el desarrollo de los acontecimientos, una visión más profunda de la etapa poselectoral se abordará en el siguiente número de Envío-Honduras.
1. LAS CONDICIONES PREVIAS A LAS ELECCIONES PRIMARIAS
Como se ha sostenido en reiteradas ocasiones en este espacio de reflexión, ningún acontecimiento político puede analizarse aisladamente del entorno en que se desarrolla, mucho menos un proceso electoral.
El domingo 9 de marzo de 2025 se celebraron las elecciones primarias en las que el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre escogieron sus candidaturas en los niveles electivos presidencial, legislativo y municipal. Además, los partidos Liberal y Libre celebraron elecciones internas para escoger a sus autoridades partidarias.
Esta sección se concentrará en los síntomas, en aquellos aspectos que, aunque no dibujaron completamente la imagen que todos verían el día de la jornada electoral, ya perfilaban la silueta. En la siguiente sección se abordará lo acontecido el 9 de marzo de 2025.
El punto de partida es la convocatoria a elecciones primarias e internas que realizó el 8 de septiembre de 2024 el pleno de consejeros del CNE que salió de sus cargos ese mismo mes, integrado por Kelvin Aguirre, Ana Paola Hall y Julio Navarro.
Ana Paola Hall permaneció en su cargo en representación del Partido Liberal, mientras que Cossette López asumió la consejería en representación del Partido Nacional y Marlon Ochoa del Partido Libertad y Refundación.
a) Aprobación del presupuesto electoral
Un día antes de la convocatoria a elecciones primarias, el Congreso Nacional aprobó el presupuesto especial de estas elecciones por un monto de mil cuatrocientos noventa y dos millones de lempiras (L 1,492,000,000.00).
Ese mismo día, el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Administración y Ejecución Transparente del Presupuesto Electoral para las Elecciones Primarias 2025 por medio del decreto legislativo número 84-2024; además, autorizó al CNE para realizar contrataciones por medio de procedimientos especiales, o de forma directa, de los suministros, bienes y servicios, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultoría, que sean necesarios para el desarrollo efectivo de las elecciones primarias 2025, cuya modalidad original de contratación sea de licitación o concurso.
En este sentido, el panorama no es distinto al de las elecciones primarias que se celebraron en marzo de 2021, cuyo presupuesto fue aprobado por el Congreso Nacional el 26 de noviembre de 2020.
Muchos pueden sostener que el presupuesto fue aprobado con tiempo, pero es preciso destacar que, según el Oficio CNE/DAF-05-0092-2024, el CNE envió el 10 de mayo de 2024 el anteproyecto de presupuesto para las elecciones primarias e internas de 2025, que fue aprobado por el pleno del CNE el 7 de mayo de 2024.
En segundo lugar, el 30 de julio de 2024 el CNE envió el Oficio No. SG-CNE-741-2024 al Congreso Nacional, contentivo del anteproyecto de presupuesto para el proceso de elecciones primarias e internas 2025.
El 12 de agosto de 2024, por medio del Oficio No. SG-CNE-804-2024, el CNE remitió nuevamente el anteproyecto de presupuesto al Poder Legislativo, enfatizando que en mayo de ese año había enviado el anteproyecto de presupuesto a la Secretaría de Finanzas, y que esta no había adoptado el dictamen correspondiente para enviarlo al Congreso Nacional.
Con el contexto antes descrito, surge la pregunta de por qué el presupuesto no fue discutido con suficiente antelación en el Congreso Nacional. En este sentido, algo que llama la atención es que el actual consejero del CNE, Marlon Ochoa, fungía como secretario de Estado en el Despacho de Finanzas.
Es decir que, como autoridad encargada de la gestión de las finanzas públicas, tuvo conocimiento del presupuesto alrededor de cuatro meses antes de incorporarse al CNE. Sin embargo, se aprobó un día antes de que los nuevos consejeros asumieran el cargo.
b) Aprobación de la Ley Procesal Electoral
El 10 de septiembre de 2024, el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica y Procesal Electoral que contiene el detalle de los procedimientos judiciales que pueden seguirse en el Tribunal de Justicia Electoral, frente a las resoluciones del CNE. La aprobación de una ley de procedimiento electoral fue una de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) después de las elecciones generales de 2021.
Posteriormente, una Misión de Seguimiento Electoral Honduras 2023 de la Unión Europea explicó que «las reformas legales de carácter electoral todavía no se han aprobado por inactividad parlamentaria y falta de consenso», y que
el Congreso Nacional todavía está a tiempo de aprobar con celeridad leyes de gran importancia electoral como la Ley Procesal Electoral, para que puedan ser de aplicación durante las primarias y generales del próximo 2025.
c) Los procesos de contratación pública
El segundo nivel en el análisis de la etapa previa del proceso electoral lo constituyen los procesos de contratación de los servicios tecnológicos; puntualmente, el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
Después de las elecciones generales de 2021, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos sugirió «garantizar la oportuna contratación de servicios y adquisición de bienes necesarios para realizar la transmisión y consolidación de resultados electorales».
Para las elecciones primarias de 2025, el CNE lanzó el procedimiento especial para contratación el 14 de octubre de 2024; posteriormente, el 25 de octubre, el CNE recibió ofertas de tres empresas, de las cuales una retiró su oferta y dos persistieron en su presentación.
El 8 de noviembre de 2024, el CNE anunció la adjudicación del sistema de transmisión de resultados preliminares a Smartmatic. A esta empresa también se le adjudicó el contrato para implementar y operar el sistema de identificación biométrica, el 28 de diciembre de 2024.
Otras contrataciones relevantes fueron la adquisición del servicio de conectividad en los centros de votación que no cuentan con acceso a internet para el funcionamiento del sistema de identificación biométrica, el 5 de febrero de 2025, y la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de alquiler de transporte pesado para el traslado y retorno del material y equipos para las elecciones primarias, el 13 de febrero de 2025.
d) Acreditación de los custodios electorales
La etapa preelectoral también se caracterizó por desafíos en la acreditación de custodios electorales que, según el instructivo para las Juntas Receptoras de Votos (JRV) aprobado por el CNE, se dividen en dos tipos: custodios de transporte y custodios informáticos electorales.
Los custodios de transporte son funcionarios acreditados por el CNE a propuesta de los partidos políticos, encargados de dirigir y asegurar el transporte de las maletas electorales, kits tecnológicos y otro equipo necesario para el acondicionamiento de las JRV.
Los custodios informáticos electorales son funcionarios del CNE, acreditados a propuesta de los partidos políticos, encargados de asistir en la solución de problemas que se presenten con la recepción y entrega de la maleta electoral en los centros de votación, así como de instalar el centro de transmisión y escaneo, y asistir a las JRV en la transmisión de las actas de cierre.
El 20 de febrero de 2025, en el Comunicado No. 06-2025, el CNE explicó que, de 24,858 custodios requeridos, los partidos políticos únicamente habían acreditado 13,502. El Partido Liberal acreditó 3,974; Libre 3,100 y el Partido Nacional 6,428. Los movimientos internos de los partidos políticos también debían designar representantes a las JRV que —según un mensaje publicado en la red social X el 3 de marzo de 2025 por la consejera presidenta del CNE, Cossette López—, ascienden a 24,858 a nivel nacional, y 8,286 por partido político, si se dividieran en partes iguales por cada partido político que compitió en las elecciones primarias.
El CNE no se pronunció sobre el nivel de cumplimiento de los partidos políticos en la acreditación de representantes en las JRV. Sin embargo, las cifras que proporcionó sobre la acreditación de custodios electorales permiten inferir que los movimientos no completaron la designación de personas que, además, debían ser capacitadas para poder asistir a las JRV en el manejo del equipo tecnológico y el desarrollo de la votación.
El 9 de febrero de 2025 trascendió que el CNE, por medio del Instituto Nacional de Formación Política Electoral, había iniciado un proceso de capacitación de 111 capacitadores que, posteriormente, capacitarían a más de 10,000 personas en todo el país. La nota enfatizó que el proceso de formación se centraría en las personas que integrarían las JRV y en quienes fungirían como custodios informáticos electorales.
Es decir que, tanto para la acreditación de miembros en las JRV como de custodios informáticos electorales, los movimientos internos de los partidos políticos debían demostrar suficiente estructura para cubrir la acreditación de personal y, además, garantizar su participación en el proceso de capacitación correspondiente.
La capacitación era un aspecto clave, porque sería la primera elección primaria en la que se utilizaría el dispositivo de lectura de la huella digital; además, la MOE de la OEA destacó en su informe preliminar de las elecciones generales de 2021 que, con respecto al uso del sistema de transmisión de resultados preliminares, «la capacitación de los operadores técnicos fue insuficiente». La OEA mencionó que la capacitación recayó en los partidos políticos, y que
la inadecuada capacitación fue visible en las incidencias observadas por la Misión durante la jornada electoral, especialmente en la activación y uso del lector biométrico, el proceso de cierre de las JRV y la transmisión de los resultados preliminares.
La premura con que se desarrollaron los acontecimientos previos, condicionó lo que ocurriría el 9 de marzo de 2025, día de las elecciones.
2. ELECCIONES «ESTILO HONDURAS»
El 9 de marzo de 2025 la instalación de las 28,858 JRV a nivel nacional tendría que haber iniciado a las 5:30 a.m., y el proceso de votación a las 7:00 a.m. Sin embargo, en el transcurso de la mañana comenzaron a surgir reclamos en centros de votación, sobre todo en Tegucigalpa, debido a que no llegaba el material electoral para iniciar la jornada.
El primer pronunciamiento que emitió el CNE el 9 de marzo de 2025 fue el Comunicado No. 012-2025, en el que expresó que los tres partidos políticos que participaron en las elecciones primarias acreditaron custodios electorales distintos de los que originalmente habían propuesto. Por tanto, el CNE ordenó la acreditación de custodios informáticos electorales en los departamentos de El Paraíso y Olancho, en la mañana de las elecciones.
El segundo pronunciamiento del día se produjo por medio del Comunicado No. 013-2025, en el que el CNE confirmó que todas las maletas electorales y kits tecnológicos habían sido despachados del Centro Logístico Electoral en Tegucigalpa, y que en la mayoría de centros de votación había comenzado la jornada sin inconvenientes, salvo el Distrito Central y San Pedro Sula, donde se habían presentado problemas con la distribución de las maletas electorales y kits tecnológicos. El CNE también reportó la utilización de alrededor de 20,000 dispositivos de lectura de la huella digital, equivalentes al 80% de las JRV.
El último posicionamiento institucional fue el Comunicado No. 014-2025, en el que el CNE instruyó a las 2,571 JRV del Distrito Central y 1,560 de San Pedro Sula para extender el proceso de votación hasta las 9:00 pm, o hasta que el último ciudadano de la fila hubiera ejercido el sufragio; a la vez, solicitó el acompañamiento de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Al día siguiente, el 10 de marzo de 2025, el CNE emitió el Comunicado No. 015-2025 en el que destacó que, de un total de 74,574 actas, con el uso del sistema de transmisión de resultados preliminares, durante la noche se recibieron 46,285 actas, de las cuales 20,906 fueron divulgadas.
De las 46,285 actas recibidas, 25,379 no fueron transmitidas debido a que no cumplieron las reglas de verificación para pasar por la transmisión de resultados preliminares. Estas actas serían sometidas a verificación cuando regresaran al Centro Logístico Electoral del CNE en Tegucigalpa. El CNE también destacó la utilización de la biometría en el 91% de las JRV en Francisco Morazán y el 95% de JRV en Cortés.
Considerando los impasses que enfrentó el proceso de votación, particularmente en el Distrito Central y San Pedro Sula, las expectativas de una jornada que concluyera conforme a lo que prevé la Ley Electoral, se esfumaron. Los artículos 263 y 265 de la legislación electoral explican que el proceso de votación inicia a las 7:00 a.m. y finaliza a las 5:00 p.m., que debe desarrollarse sin interrupción y que, en un escenario de caso fortuito o fuerza mayor en el que la votación no comienza a la hora señalada en la ley, los miembros de la JRV, por unanimidad de votos, pueden prorrogar la votación hasta las 6:00 p.m.
El inicio de la votación condiciona el cierre y las etapas posteriores. Por ejemplo, el artículo 279 de la Ley Electoral explica que, a más tardar tres horas después de que se cerró la votación, el pleno de consejeros debe comenzar a divulgar resultados preliminares.
El 9 de marzo de 2025, el CNE brindó la primera actualización de resultados preliminares a las 10:30 p.m. En ese momento todavía continuaba la votación en Tegucigalpa y, según lo reportado por medios de comunicación, algunos centros abrieron para instalar las JRV e iniciar la votación a las 9:00 o 10:00 pm.
En los tres partidos políticos hay precandidatos presidenciales que han reconocido la victoria de la precandidatura que registró el primer lugar en los resultados preliminares. Sin embargo, al 13 de marzo de 2025, la divulgación de actas en el nivel presidencial del Partido Liberal apenas alcanzaba el 37.5%; en el Partido Nacional 39.03% y, en el Partido Libre, 43.52%. Así, no se había superado la mitad de las actas del nivel presidencial.
DESAFÍOS PENDIENTES
Al cierre de este artículo todavía falta que finalice el escrutinio general que consiste en el análisis, verificación y suma de los resultados contenidos en el acta de cierre de cada JRV, los procesos de revisión y recuentos especiales, la declaratoria de ganadores de las elecciones, la posibilidad de presentar acciones judiciales ante el Tribunal de Justicia Electoral y la rendición de cuentas ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
Al margen de todo lo descrito, los impasses registrados no pueden quedar en la impunidad. Queda bajo la responsabilidad del Ministerio Público investigar y deducir responsabilidades penales, en un sistema electoral en el que no se han registrado acusaciones y condenas significativas por delitos electorales.
Tampoco se puede desconocer el papel de las Fuerzas Armadas en lo acontecido, considerando que tienen la atribución constitucional de custodiar y transportar el material electoral. Por tanto, cualquier esfuerzo por investigar el alcance de los acontecimientos del 9 de marzo de 2025, debe extenderse a todas las cadenas de mando militares y políticas involucradas.
Tampoco podrá disociarse, en el debate público, el vínculo de la secretaria de Estado en el Despacho de Defensa, Rixi Moncada, y las Fuerzas Armadas; más allá de que el 8 de febrero las Fuerzas Armadas pasaron a disposición del CNE, esta formalidad no borra las relaciones de autoridad y obediencia de orden jerárquico con precedencia en el tiempo.
Tampoco puede eximirse del análisis el vínculo político que siempre pesa sobre el titular del Ministerio Público respecto de los actores políticos de turno, como ha ocurrido en la historia política reciente del país.
Las elecciones «estilo Honduras» no perderán su sello, mientras la lógica del control partidario no quite su mano de todo el proceso electoral. Para que eso no ocurra en las elecciones generales, los esfuerzos por evitar un nuevo episodio de debilitamiento en la organización del proceso deberán considerar todos los escenarios posibles, dentro del margen de control del CNE.
También deberán considerarse las herramientas que están al alcance del oficialismo y de la oposición, tanto para conservar como para acceder al poder. Al final, todo ello devela que, a pesar de las reformas realizadas en términos legislativos e institucionales, el sistema electoral no logra superar los desafíos que impiden la consolidación de una institucionalidad robusta y la confianza ciudadana en las instituciones.
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