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Lucía Vijil Saybe[*]

El análisis de la conflictividad ambiental en Honduras debe estar permeado por valores ecológicos que superen la estrechez de las salidas exclusivamente jurídicas. Es necesario el abordaje integral para encontrar alternativas que favorezcan a las comunidades, pueblos y especies que sufren las consecuencias del modelo extractivista.


Introducción

Un informe publicado por el CESPAD, titulado “Conflictos ambientales en Honduras: aumento relevante de la violencia comunitaria y ecológica en el último semestre del 2023”, confirma el aumento de la disputa por el control de los bienes comunes de la naturaleza.

El estudio indica que la conflictividad está motivada por la instalación de 8 represas hidroeléctricas y 7 empresas mineras; además de 21 conflictos agrarios relacionados con proyectos de monocultivos y tenencia de la tierra, 3 por temas forestales, 1 vinculado a un proyecto de energía fotovoltaica, 1 a un proyecto de energía termoeléctrica, 1 por la construcción de infraestructura y 1 por los efectos del cambio climático en el último semestre de 2023. Estos proyectos se ubican en diez departamentos del país, y la mayoría involucra los siguientes bienes comunes de la naturaleza:

1.     Agua: La actividad extractiva para asegurar su funcionamiento altera la dinámica del agua en los territorios. Se recurre al represamiento, al desvío de las fuentes y acaparamiento; a lo que se suma el aumento de la temperatura y la contaminación de las fuentes de agua.

2.     Tierra: La desigualdad histórica ha predominado en la distribución de la tierra, por falta de una efectiva reforma agraria. La concentración de la propiedad de la tierra y la promoción de monocultivos contribuyen a la erosión por el uso de insumos químicos en la producción agroindustrial.

3.     Bosque: la instalación de cualquier empresa extractiva requiere como condición la deforestación (expresión máxima). Cada uno de los conflictos manifiestos durante el segundo semestre de 2023, ha implicado la devastación de los entornos naturales, sin dotarlos de capacidad para recuperar su estado inicial. El resultado es la destrucción de la biodiversidad en los territorios.

Para analizar esta conflictividad es importante poner de manifiesto la relevancia de la violencia ecológica. Este enfoque, planteado por lo ecología política, busca avanzar en el reconocimiento de las dinámicas ecosistémicas en un entorno. Es decir, que reproducen relaciones, sostienen vínculos entre especies y atienden al ciclo de la Tierra como ser vivo.

Este artículo pretende responder a las siguientes preguntas: ¿En qué consiste el extractivismo con violencia? Y, ¿qué medios podríamos utilizar para identificar la violencia ecológica en los conflictos de contenido socioambiental en Honduras?

El extractivismo y su esquema de violencia

Para sostener la dinámica extractiva en todas sus fases se requiere la violencia. Gudynas afirma que “hay un uso sistemático de la violencia para imponerse sobre las comunidades locales, y por ello se cae en repetidas violaciones de los derechos”[2]. Dentro de los grados de violencia vinculados al extractivismo, se busca señalar aquel más grave, en el que se impone la violencia y se rompe el marco de derechos[3].

Para autoras como Mariana Walter[4], la primera escala que se debe analizar es la violencia directa, que implica el asesinato. Este tipo de violencia incluye la intimidación a las comunidades, así como la descomposición de las estructuras familiares y locales. El asesinato de defensores y defensoras de la Tierra y el medioambiente, es el recordatorio del poder y de los intereses a los que responden los grandes empresarios.

En los conflictos socioambientales también se manifiesta la violencia estructural, cuyo resultado es la perpetuación de las desigualdades sociales. Este tipo de violencia acepta y reproduce el mal funcionamiento de las instituciones estatales, normaliza la corrupción extractiva y debilita los ejercicios democráticos de toma de decisiones y exigibilidad de derechos. Para las comunidades de los territorios en disputa, implica mayor desconfianza en la institucionalidad pública y rechazo a cualquier acción que pretendan realizar los organismos nacionales.

La violencia cultural son todas acciones que, a través de la religión, la ideología y la ciencia, entre otras, invalidan la creación de conocimiento, relaciones y formas organizativas; usualmente se ejerce sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este tipo de violencia implica el rechazo de las identidades colectivas, sus necesidades particulares, formas de vida y derechos territoriales.

Nixon[5] propone la violencia lenta, que es el impacto en la salud y el ambiente; es decir, violencia hacia los humanos y la naturaleza. Este tipo de violencia se refiere a las enfermedades producidas por la actividad extractiva en una comunidad y lo que implica para el bienestar personal y ecológico.

Finalmente, Watts[6] define la violencia ecológica como la violencia contra la naturaleza y los recursos naturales, que deconstruye las relaciones físicas y los flujos de energía y materia en las sociedades contemporáneas. En términos prácticos, podríamos decir que la violencia ecológica está asociada a lo siguiente:

1.     Obedece a una explotación económica, sin límites, de la Naturaleza. Atendiendo a la dinámica de que los bienes comunes son infinitos, justifica su necesidad en la demanda de la especie humana en términos productivos.

2.     Destruye y altera las dinámicas de otros seres vivos en sus entornos respectivos. Por ejemplo, ¿qué pasa con una familia de ardillas al talar los árboles? Y, ¿qué pasa con las semillas que no serán trasladadas a otro sitio porque ya no existe la familia de ardillas que tenía ese rol?

3.     Lo relevante en este tipo de violencia es que está fuera del ámbito del Derecho (que considera únicamente delitos ambientales cuando afecta a la especie humana) o la política. Y atiende ahora a un llamado espiritual de reconocimiento de dinámicas violentas. Como afirma Boff[7]:

La espiritualidad parte no del poder, ni de la acumulación, ni del interés, ni de la razón instrumental; arranca de la razón emocional, sacramental y simbólica. Nace de la gratitud del mundo, de la relación inclusiva, de la conmoción profunda, del movimiento de comunicación que todas las cosas mantienen entre sí.

¿Cómo hacemos una aproximación a la violencia ecológica en Honduras?

Cada una de las distintas modalidades extractivas altera la dinámica ecológica del espacio donde se ubican. Es decir, que ningún entorno volverá a su estado original luego de la intervención humana. Con las definiciones previas sobre violencia ecológica podríamos comprenderla mejor, respondiendo a las siguientes preguntas:

1.     ¿A qué dinámica económica está respondiendo este tipo de extractivismo?

        Las variables a considerar pueden ser: identificar fuentes de financiamiento de la acción extractiva, actores relevantes que la promueven y relaciones de ganancias establecidas. Al final, la dinámica económica a la que se responda como extractivismo (procesamiento de materias primas, transformación, generación, etc.) impactará de forma distinta al ecosistema.

2.     ¿Qué narrativa justifica esa modalidad extractiva?

        Usualmente, los proyectos extractivos asumen una narrativa de “generación de empleo”, “reducción de pobreza” y “trabajo para las comunidades”.

3.     ¿Qué especies se encuentran en ese territorio? Y, ¿qué daños ambientales se pueden observar?

        Las comunidades conocen muy bien su entorno. Eso implica dimensionar la cantidad de especies en su hábitat y los cambios observados después de la instalación de la actividad extractiva.

4.     En la apuesta de la organización comunitaria, ¿se reconoce la dimensión ecológica?

        Cada organización territorial, a partir de sus intereses, tiene demandas sobre su apuesta por el desarrollo. Es importante identificar elementos que rescatan la dimensión de la Naturaleza como sujeto ambiental. Es decir, más allá de la plena satisfacción de las necesidades humanas.

Por ejemplo, en los primeros dos meses de 2024, los conflictos ambientales presentes en el debate nacional son el de Guapinol y el sector San Pedro, y la Isla del Cisne[8]. Con las categorías señaladas, a continuación se analizan ambos en términos de violencia ecológica.

A)    Caso Guapinol y Sector San Pedro

En cuanto a la dinámica económica, este caso incluye la extracción de minerales para su procesamiento y exportación, así como los intereses de EMCO Golding sobre el suelo y las fuentes de agua. Esto se traduce en un megaproyecto extractivo de cinco componentes que implica concesiones mineras, la planta de depeletizado y concesiones de aguas nacionales.

Esta empresa argumenta que la energía es un derecho humano y ha promovido la narrativa de generar empleos e inversión[9]. En términos de la alteración de los ecosistemas, se ha documentado la afectación directa en los ríos Guapinol y San Pedro y la quebrada La Ceibita, así como en el Parque Nacional Montaña Botaderos “Carlos Escaleras”. Los actores territoriales han denunciado deforestación, desmembramiento del suelo y contaminación.

Y sobre las demandas de la población local afectada, se ha insistido en el respeto a la decisión de los habitantes de la ciudad de Tocoa, que se oponen al megaproyecto. Es decir, que piden su cancelación inmediata, “debido a los impactos negativos irreversibles sobre la salud y el ambiente, la destrucción en la zona núcleo del área protegida Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y los sustentos de ilegalidades en los expedientes”[10].

B)    Caso Isla del Cisne

Después de la masacre de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el 21 de junio de 2023[11], el Gobierno anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, situada en el mar Caribe.

En cadena nacional de radio y televisión, el 1 de enero de 2024, se confirmó su ejecución para inicios de este año. Sobre la dinámica económica de este proyecto, hasta el momento, no se tiene información documentada. Pero, sobre la alteración de los ecosistemas, según el Colegio de Biólogos de Honduras:

El archipiélago de Islas del Cisne alberga ecosistemas, hábitats y especies raras y valiosas tanto para Honduras como para la región. Entre ellos se encuentran lagunas invernales con manglares, agregados de arrecifes coralinos en buen estado de salud y peces de importancia comercial que utilizan estos ecosistemas como refugios y áreas de reproducción. Estas poblaciones de peces son posteriormente aprovechadas por las comunidades humanas de las zonas cercanas. Además, las costas acantiladas de coral emergido sirven como lugar de anidación para diversas especies de aves marinas. La amplia cobertura de verdolaga de playa (Sesuvium portula castrum) también se convierte en sitio de anidamiento para tortugas marinas en peligro de extinción y aves marinas. Por otro lado, los arbustales de las islas son el hogar de una especie de lagartija endémica llamada Anolis nelsoni. Asimismo, estos arbustales sirven como áreas de descanso para especies de aves migratorias[12].

Y otros sectores de la sociedad afirmaron que:

Llegamos a la conclusión de que un centro penal es incompatible con los ecosistemas, las especies, la belleza escénica y las condiciones climáticas del archipiélago. Un centro penal en las Islas del Cisne no es ambientalmente sostenible y representa más amenazas a corto y mediano plazo que soluciones a largo plazo[13].

En síntesis, ambos casos ilustran la dinámica de la violencia ecológica. El aporte principal del análisis integral de la conflictividad es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Según Gudynas,

… cuando se admite ese tipo de derechos inmediatamente se reconoce que el ambiente, sea ese bosque o cualquier otro, posee valores que le son propios e independientes de los humanos; también conocidos como valores intrínsecos. Se rompe con la postura clásica por la cual sólo las personas son capaces de otorgar valoraciones, y por lo tanto la Naturaleza está encadenada a ser un objeto de derecho[14].

Por consiguiente, el análisis de la conflictividad ambiental en Honduras debe estar permeado por valores ecológicos que trasciendan lo habitual y superen la estrechez de las salidas exclusivamente jurídicas.

Es decir, ascender a un nivel de comprensión integral para encontrar alternativas que favorezcan a las comunidades, pueblos y especies que sufren las consecuencias del modelo extractivista y el acaparamiento de la tierra.


[*]       Licenciada en Comercio Internacional. Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo y máster en Estudios Socioambientales. Asesora en Justicia Ambiental y Ecológica en el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).

[2]       Gudynas, E. 2018. Extractivismos y corrupción. Anatomía de una íntima relación, p. 146. Ediciones Desde Abajo.

[3]       Gudynas, E. 2013. “Extracciones, extractivismos y extrahecciones”. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. Observatorio del Desarrollo, núm. 18, 2013, pp. 1-17.

[4]       Walter, M. 2018. “Extractivismo, violencia y poder”. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. No. 143.

[5]       Nixon, R. 2011. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard University Press.

[6]       Peluso, Nancy Lee y Watts, Michael (2001). Violent Environments. Cornell: University Press Ithaca.

[7]       Boff, L. 2003. “La voz del arcoíris”. Recuperado de: https://www.academia.edu/download/44708159/Articulo_EcoTeologia_-_Leonardo_Boff.pdf

[8]       Para más información sobre ambos casos: https://cespad.org.hn/la-conflictividad-ambiental-una-oportunidad-democratica/

[9]       Más información: https://emcoholding.com/empresas/Ecotek

[10]     Guapinol Resiste. 2023. Comunicado Urgente: “Tocoa Dice NO A Termoeléctrica en Asamblea Popular”. Disponible: https://www.guapinolresiste.org/post/comunicado-urgente-tocoa-dice-no-a-termoel%C3%A9ctrica-en-asamblea-popular

[11]     Para profundizar en el caso: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/139.asp

[12]     Radio América, 2023. Construcción de Centro Penal en Islas del Cisne tendrá un impacto significativo en ecosistema, advierten biólogos. Disponible: https://www.radioamerica.hn/construccion-de-centro-penal-en-islas-del-cisne-tendra-un-impacto-significativo-en-ecosistema-advierten-biologos/

[13]     Ibid.

[14]     Gudynas, E. 2012. “Derechos de la naturaleza: un largo recorrido”. Disponible en: https://accionyreaccion.com/derechos-de-la-naturaleza-un-largo-recorrido/

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