10 de septiembre de 2025
Honorable Marco Rubio
Secretario de Estado
Departamento de Estado de los Estados Unidos
2201 C Street, N.W.
Washington, D.C. 20520
Estimado Secretario Rubio:
En vísperas del primer aniversario del asesinato del líder católico y defensor de los derechos humanos hondureño Juan Antonio López, le escribimos para expresar nuestra preocupación por la falta de avances en su caso y la grave situación que se vive en el municipio de Tocoa, en la región del Bajo Aguán, en Honduras. Instamos al Departamento a que colabore activamente con el Gobierno hondureño para que se haga justicia por el asesinato de López, se garantice la seguridad de todos los defensores del medio ambiente y los derechos humanos y se aplique plenamente el Decreto 18-2024, que protege el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
En 2012, el Congreso Nacional de Honduras creó este Parque Nacional, declarando la región que rodea los ríos Guapinol y San Pedro como área protegida. Solo un año después, el mismo Congreso volvió a trazar los límites del parque, allanando el camino para que EMCO Mining (posteriormente renombrada «Inversiones Los Pinares») obtuviera concesiones para establecer una mina de hierro a cielo abierto, una central eléctrica de coque de petróleo y una planta de peletización de óxido de hierro. Estas concesiones, vinculadas a la degradación ambiental a gran escala de los ríos, han amenazado con contaminar las fuentes de agua que abastecen a docenas de comunidades en tres departamentos distintos de Honduras.
Desde 2015, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), que representa a docenas de comunidades, grupos religiosos y organizaciones medioambientales locales de Tocoa, ha impugnado la legalidad de estas concesiones. Esta lucha se ha prolongado a lo largo de múltiples gobiernos hondureños, tanto del Partido Nacional como del Partido Libre.
López era un líder muy respetado a nivel nacional en la Iglesia Católica y asistente del obispo local. Era reconocido como «un conocido y respetado defensor del medio ambiente» en los informes de países sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado para 2024. Como líder del CMDBCP, luchó durante muchos años contra la corrupción y la impunidad relacionadas con estas concesiones mineras.
El 14 de septiembre de 2024, dos hombres en motocicleta le dispararon varias veces y lo asesinaron cuando salía de una capilla donde acababa de dirigir un servicio religioso. Su asesinato se produjo pocos días después de que hubiera hecho público un llamamiento a la dimisión de Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, tras la publicación de un video en el que se veía a Fúnez y al cuñado del presidente en un debate sobre sobornos con narcotraficantes hondureños que posteriormente han sido extraditados y juzgados en Estados Unidos.
Aunque se ha acusado a tres personas en relación con el asesinato de López, no se han presentado cargos contra los autores intelectuales del crimen. La audiencia preliminar se ha pospuesto en múltiples ocasiones y la investigación de otros conspiradores continúa, tal y como se indica en los Informes del País.
Los defensores del Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Botaderos han sido objeto de acoso persistente, criminalización y asesinato. En 2019, debido a la oposición al proyecto minero, ocho miembros de la comunidad de Guapinol fueron encarcelados durante más de dos años en prisión preventiva por cargos que la mayoría considera infundados. En 2023, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, quienes habían defendido la causa contra la mina, fueron asesinados. Cinco meses después, el hermano de Aly, Oquelí, también fue asesinado. En respuesta a este clima de violencia extrema, en octubre de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos otorgó subsidios cautelares a treinta personas.
Estos delitos se producen en el marco de un patrón más amplio de corrupción e impunidad en casos vinculados a poderosos intereses empresariales y políticos. Lenir Pérez y Ana Facussé, el matrimonio de copropietarios de Inversiones Los Pinares, han sido acusados en repetidas ocasiones por las comunidades locales y por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales de corrupción, participación en conflictos violentos por tierras, influencia ilícita sobre el sistema judicial y vínculos con el narcotráfico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló anteriormente en contra del Gobierno de Honduras en un caso relacionado con el asesinato del ecologista Carlos Escaleras, que da nombre al parque, alegando investigaciones insuficientes y retrasadas injustificadamente que implicaban a miembros de la familia Facussé. Lenir Pérez también ha sido investigado por el FBI en su propiedad de Florida.
En mayo de 2024, el Congreso Nacional de Honduras aprobó y publicó el Decreto 18-2024, que restablecía los límites originales del parque y prohibía la concesión de subsidios mineros dentro de las áreas protegidas y las zonas designadas como productoras de agua. Sin embargo, el decreto, que preveía la participación de la comunidad en la restauración de estas áreas protegidas, aún no se ha aplicado. Las instalaciones y el personal del megaproyecto de Inversiones Los Pinares, causa fundamental de esta violencia, siguen en pie, impidiendo la restauración del parque nacional e intimidando a las comunidades afectadas.
Los procesos judiciales sin resolver y la legislación medioambiental que no se aplica crean un clima de inestabilidad, socavan la confianza de los inversores y fomentan la migración. Muchos miembros de la comunidad Guapinol y otras comunidades vecinas se han trasladado a los Estados Unidos, ya sea como refugiados reconocidos por ese país o mientras tramitan sus solicitudes de asilo.
Creemos que el Gobierno de Estados Unidos debería presionar para que se adopten medidas concretas. Por lo tanto, solicitamos al Departamento de Estado que:
- Aliente a la Fiscalía General de la República a que dé prioridad a la investigación y el
enjuiciamiento de todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Juan López,
garantizando que no haya interferencias políticas ni empresariales; - Presione a las autoridades hondureñas para que respeten el estado de derecho y garanticen la
protección de todos los defensores del medio ambiente, especialmente aquellos que se
encuentran bajo medidas cautelares de la CIDH, y para que rindan cuentas todos los actores
que violen estas protecciones; y - Inste a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA) de Honduras y a
otras autoridades pertinentes a que apliquen plenamente el Decreto 18-2024,11 restableciendo
los límites originales del parque, deteniendo toda extracción minera dentro de sus límites e
iniciando la restauración ecológica.
La justicia por el asesinato de Juan Antonio López, y por los muchos otros asesinados en defensa de sus comunidades en el Bajo Aguán, es vital para promover la estabilidad, proteger los derechos constitucionales y defender el estado de derecho en Honduras. Una Honduras segura y respetuosa de la ley redunda en interés estratégico de los Estados Unidos, ya que contribuye a reducir la corrupción, la delincuencia y las presiones migratorias. Le instamos a que convierta estas prioridades en una parte fundamental de nuestra relación bilateral y a que informen al Congreso sobre las medidas específicas que ha adoptado el Departamento de Estado para alcanzar estos objetivos.
Sinceramente,
Deja un comentario