La Coalición Contra la Impunidad (CCI) alertó que el actual proceso electoral confirma una profunda crisis de legitimidad democrática en Honduras, marcada por la cooptación partidaria del CNE y el TJE, fallas graves en la transmisión de resultados y la repetición de patrones de opacidad que alimentan la desconfianza ciudadana. La plataforma exige garantizar la independencia de los órganos electorales e investigar de forma inmediata las irregularidades registradas.
Las organizaciones integrantes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) nos pronunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, con respecto al proceso electoral que confirma la persistencia de un modelo de administración de elecciones sometido a los intereses partidistas, incapaz de garantizar resultados transparentes y respetuosos de la voluntad popular.
PRIMERO: Recordamos que, previo a las elecciones, los datos del sondeo de opinión pública del ERIC-SJ mostraban que al menos 7 de cada 10 personas hondureñas tenían poca o ninguna confianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los partidos políticos y en el Congreso Nacional, evidenciando una deslegitimación estructural de las instituciones encargadas de organizar y controlar los procesos electorales. Pese a este descrédito, son precisamente los partidos representados en el Congreso quienes se reparten los cargos en el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) según cuotas partidarias, consolidando órganos electorales integrados por activistas liberales, nacionalistas y de Libre, y no por personas independientes al servicio del interés general.
SEGUNDO: Denunciamos nuevamente que la cooptación partidista de los órganos electorales implica que sus máximas autoridades no actúan con independencia y autonomía, sino como operadoras de sus respectivas fuerzas políticas y no como garantes imparciales del sufragio, lo que alimenta la percepción de fraude y erosiona aún más la ya frágil legitimidad democrática. La nueva crisis político-electoral no es un accidente, sino la consecuencia directa de este diseño institucional que convierte al CNE y al TJE en extensiones de los partidos y no en instituciones al servicio de la ciudadanía y de la democracia.
TERCERO: Presenciamos con suma preocupación cómo durante el presente proceso han existido demoras injustificadas en la divulgación de resultados, interrupciones en el escrutinio y la caída del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, generando incertidumbre y sospechas sobre la integridad del conteo de votos. Las propias autoridades del CNE han atribuido la parálisis y la indisponibilidad de la página de divulgación a “problemas técnicos” vinculados a la empresa adjudicada, reconocimiento que evidencia fallas graves en la planificación, contratación y control del sistema de transmisión.
CUARTO: Resaltamos que las denuncias de fraude y de manipulación de los resultados se inscriben en una trayectoria de crisis electorales que incluye la experiencia de 2017, cuando también se registró una caída del sistema de cómputo en pleno conteo, un cambio abrupto en la tendencia de los resultados y la posterior declaración de victoria de quien buscaba la reelección violentando la Constitución de la República. Aquella crisis postelectoral estuvo marcada por graves violaciones a derechos humanos que continúan en la impunidad, incluyendo detenciones masivas, uso excesivo de la fuerza y decenas de personas asesinadas y heridas por las fuerzas de seguridad del Estado, hechos documentados por organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y por organizaciones nacionales como la propia CCI.
QUINTO: Denunciamos que, pese a los llamados de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea como la OEA a reconocer que los procesos electorales en el país han estado plagados de irregularidades y deficiencias técnicas y de integridad, las élites políticas se han resistido a emprender reformas estructurales para garantizar elecciones libres, justas y creíbles. La repetición de patrones de opacidad, fallas tecnológicas, injerencia de Estados Unidos y manipulación partidista de los órganos electorales demuestra que el problema no es meramente técnico, sino estructural y vinculado a la impunidad.
SEXTO: Llamamos a todos los sectores de la sociedad hondureña que se precien democráticos a que se sumen dos exigencias fundamentales:
1. Que se implemente la recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el sentido de asegurar la independencia y autonomía de los órganos electorales respecto de la influencia de los partidos políticos, como condición mínima para recuperar legitimidad y confianza en los procesos electorales. Resulta urgente reformar el procedimiento de selección de las personas que integran el CNE y el TJE para impedir que sean activistas o dirigentes partidarios quienes controlan el proceso, y garantizar, en su lugar, perfiles técnicos e independientes sometidos a mecanismos de rendición de cuentas.
2. Que se investigue de manera inmediata e independiente las fallas del sistema de transmisión y de todas las irregularidades denunciadas; y que se adopten las reformas necesarias que desmantelen el modelo de administración electoral capturado por los partidos políticos. Solo así será posible frenar la deriva hacia un autoritarismo de fachada electoral y avanzar hacia una democracia en la que el voto de la ciudadanía sea contado con transparencia, respeto y sin manipulación.
Siguatepeque, Comayagua, 9 de diciembre de 2025
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