Dany Díaz Mejía*
Incluso en contextos autoritarios o de desilusión, la gente no renuncia por completo a la democracia. Este artículo busca rescatar las reflexiones y acciones de los vecinos de Brisas de Tramade y comunidades aledañas, en el municipio de Puerto Cortés, quienes resisten ante un proyecto minero.
Introducción
Un marco narrativo o cultural es la representación selectiva de cierta realidad para enfatizar un problema, una explicación o una solución en particular. Los marcos culturales dominantes sobre la riqueza suelen servir a los intereses de las élites económicas. Sin embargo, pueden contrarrestarse con marcos alternativos. Por ejemplo, la forma en que hablamos sobre la desigualdad de la riqueza puede cambiar las actitudes y percepciones de las personas.
En su experimento de encuesta, Sarah Kerr y sus colaboradores han descubierto que estrategias como destacar la influencia indebida de la riqueza en la política y su origen antimeritocrático, hacen que las personas se muestren más críticas con la acumulación extrema de la riqueza y apoyen políticas redistributivas.
Por eso, en países como Honduras, es clave destacar la influencia indebida de la riqueza en los proyectos extractivos y los efectos antidemocráticos de la riqueza al corromper a políticos para desalojar a las personas de sus tierras o permitir la operación de minas sin permisos ambientales. Contrarrestar marcos dominantes, con experiencias y reflexiones comunitarias, es parte de lo que autores como Fricker llaman justicia epistémica, una condición necesaria para ejercer plenamente la libertad política. También está ligado a lo que autoras como Jenny Pearce denominan ciudadanía resistente.
La injusticia epistémica se produce cuando los significados o las contribuciones de una persona o un grupo se distorsionan, se malinterpretan o se tergiversan sistemáticamente. Esto es exactamente lo que ocurre en las comunidades donde operan proyectos extractivos y las empresas imponen su propia idea de desarrollo, negando la visión de los residentes sobre su futuro, así como sus argumentos contra la destrucción del medio ambiente, y restando importancia a las enfermedades que estos proyectos provocan.
La democracia hondureña celebró cuarenta años en 2022. La Constitución de 1982 llegó tras una serie de gobiernos militares que comenzaron en 1956. Sin embargo, el Latinobarómetro 2024, una encuesta anual de países latinoamericanos, reveló que en Honduras solo el 18% de los encuestados estaba satisfecho con la democracia.
En gran medida, este descontento generalizado se debe al fracaso del Estado a la hora de proporcionar servicios básicos como educación o salud, de combatir la corrupción o de abordar el problema estructural de la desigualdad, que sigue aumentando. Las elecciones de 2025 son una oportunidad para que aumente la confianza de la población en la democracia, evitando el riesgo de que los líderes autoritarios se conviertan en la opción más atractiva.
Sin embargo, incluso en contextos autoritarios o de desilusión, la gente no renuncia por completo a la democracia. Este artículo busca rescatar las reflexiones de los vecinos de Brisas de Tramade y comunidades aledañas, en el municipio de Puerto Cortés, quienes resisten ante un proyecto minero. Documentar estas reflexiones es un acto de contra-narrativa, importante al menos por cuatro razones.
Primero, porque muestra que, aun cuando la democracia formal genera desencanto, hay vecinos que encuentran formas de ejercer prácticas cívicas. Segundo, porque su trabajo representa lo que Aristóteles denominaba virtud cívica y lo que Michael Sandel considera acciones que cultivan la solidaridad, fortalecen los lazos de ciudadanía y la capacidad de perseguir el bien común.
Tercero, porque estas acciones cívicas no se limitan a protestar contra un proyecto extractivo concreto. Más bien son la búsqueda de una ciudadanía democrática por personas que, en lugar de centralizar las decisiones en unos pocos, como en una oligarquía, estas se toman de forma colectiva y sin violencia. Y cuarto, porque las razones por las que actúan con valor cívico son, en sí mismas, una contra-narrativa a las narrativas dominantes del desarrollo.
A menudo, los agentes extractivos presentan estas prácticas resistentes bajo una luz negativa. Por ejemplo, a los activistas comunitarios se les suele describir como haraganes, opuestos al desarrollo y deseosos de que la comunidad siga siendo pobre para siempre. Pero estos ciudadanos tienen argumentos muy razonables, basados en análisis y pruebas de sus experiencias vividas.
Presentar las reflexiones comunitarias en este artículo es también una manera de fortalecer las tradiciones de resistencia. Por ejemplo, las acciones de las comunidades pueden replantearse como un intento de ejercer agencia y ciudadanía. Mientras que las promesas incumplidas de bienestar, por parte de las empresas, pueden replantearse como violaciones de un contrato psicológico, una creencia en obligaciones recíprocas y prometidas.
Resumen del conflicto ambiental en Brisas de Tramade
Brisas de Tramade, donde se encuentra la Cantera Sapadril, tiene una población aproximada de 1,300 personas. En mayo fue noticia, cuando los residentes de la comunidad bloquearon el acceso a Agrecasa, una empresa minera que operaba sin licencia ambiental. Como resultado de la presión constante de la comunidad para que se investigaran los impactos de la mina, el gobierno hondureño documentó los efectos negativos para la salud, directamente asociados a la presencia de la mina.
Lo que comenzó con un bloqueo se convirtió en un campamento de resistencia, que impide el acceso a la mina las 24 horas, a la espera de una resolución del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) para su cierre definitivo. Dictámenes de otras dependencias, como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), recomiendan la clausura definitiva de la mina por daños ambientales.
Cinco lecciones para combatir las industrias extractivas
El autor se contactó con líderes comunitarios de Sapadril, primero en Tegucigalpa y luego en distintas visitas de campo. Durante estas visitas, varios líderes plantearon la urgencia de dar a conocer su desafío para lograr el cierre de la mina. Dado el enfoque de justicia narrativa y epistémica de este artículo, era fundamental evitar una dinámica extractivista con la experiencia de la comunidad. Es así que, antes de este artículo, surgió la co-creación de un reportaje periodístico, y un artículo de opinión creativo.
El 22 de julio, el bloqueo a la mina cumplió 90 días de resistencia ininterrumpida. El autor visitó nuevamente el campamento para facilitar una sesión de reflexión inspirada en los principios de co-creación epistémica e investigación cooperativa, planteados por Jenny Pearce en su trabajo de investigaciones sobre participación en espacios y gobiernos municipales en Colombia y el Reino Unido.
A diferencia de la investigación participativa convencional, que a su vez es parte de metodologías cualitativas, la investigación cooperativa no sólo negocia el acceso a las personas en sus entornos sociales, sino que es un compromiso político y epistémico investigar con otras personas. Es decir, parte de la premisa de que el conocimiento se construye conjuntamente entre el facilitador y el grupo en un proceso colaborativo e iterativo. La parte iterativa surge porque el facilitador usa la escucha activa, confirmando que los patrones que van surgiendo en la reflexión son aceptados por el grupo, lo que facilita afinar las definiciones. El resultado final es siempre compartido con la comunidad y se trabaja conjuntamente para que la reflexión pueda ser útil para las metas comunitarias.
En ese sentido, la investigación cooperativa se sale del esquema positivista que hace una distinción tajante entre la ciencia y el mundo cotidiano. Más bien trata de co-crear conocimiento que pueda llevar a una reflexión del mundo, que a la vez pueda ser utilizada para transformarlo.
Agrecasa es una subsidiaria de American Aggregates LLC, un conglomerado minero estadunidense, según reporta un informe de 2017 de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, al que Contracorriente tuvo acceso. Según este medio nacional, en mayo de 2024, Agrecasa se registró como proyecto minero en 2005. Durante 2017 y 2018, exportó a Estados Unidos y países del Caribe 2,453,882 toneladas métricas de piedra caliza.
Por otro lado, Cespad ha reportado que, de acuerdo con la Declaración Anual Consolidada de Agrecasa del año 2023, la mina empleaba «158 empleados permanentes y 262 temporales, de los que 152 son locales y 6 nacionales: 80 son hombres y 68 mujeres» .
Con base en el ejercicio de reflexión comunitaria, surgieron las siguientes cinco lecciones de la lucha que Brisas de Tramade y las comunidades aledañas han liderado en la búsqueda del cierre definitivo de la mina.
1. Tener claro por qué se lucha y por qué es importante
Varios líderes comunitarios expresaron que, para ellos, es importante que la gente sepa que están luchando por el bienestar de la comunidad. Protestan porque, hace veinte años, una mina llegó con promesas de movilidad social, escuelas, clínicas y carreteras pavimentadas. Pero esas promesas fueron rotas. Los residentes enfatizaron en que la mina no ha realizado inversiones significativas, y que no tienen nada que demuestre que están mejor que otras comunidades. Esto podría considerarse lo que Denise Rousseau ha llamado violación de un contrato psicológico.
Aunque no existía un contrato legal, se creía en las obligaciones recíprocas. La comunidad aceptó la mina durante veinte años a cambio de promesas que no se cumplieron. En cambio, hoy sufre de contaminación del agua y del aire, personas perdiendo el cabello y niños ansiosos debido a las constantes explosiones, como lo ha documentado el gobierno hondureño a través de la Secretaría de Salud.
Uno de los pobladores dijo: «No se puede trabajar, descansar o mantener a la familia si uno está enfermo. Y vivir en la pobreza es peor si uno está enfermo». Su reflexión concuerda con las conclusiones del trabajo fundamental de Anirudh Krishna sobre la pobreza, One Illness Away (A una enfermedad de la pobreza). Los reveses relacionados con los costos de salud son una de las principales razones por las que las personas pueden pasar de una pobreza relativa a una pobreza extrema.
La comunidad también está luchando por sus fuentes de agua. Para ellos es cuestión de supervivencia. Un residente expresó: «Si los dueños de la mina se quedan sin agua, pueden irse a otro lugar. Nosotros no podemos hacer eso». La inmovilidad espacial está ligada a la inmovilidad social en los proyectos extractivos.
2. Formar alianzas es clave
El primer paso para resistir ante la mina fue unir a la gente de la comunidad. Uno de los residentes identificó un punto de inflexión.
La mina operaba 24/7, y él notó que muchos de sus vecinos se quejaban de no poder descansar. Decidió visitar cada casa y pedirle a cada familia que se uniera a una reunión comunitaria. Cuando la empresa anunció que continuaría operando con una licencia ambiental vencida, los residentes ya estaban organizados y listos. Luego, contactaron a otras aldeas cercanas que también estaban siendo afectadas por la contaminación del río.
Aquí es importante hacer un recuento de las acciones del Estado respecto a la conflictividad de Agrecasa. La autora Lucía Vijil, tras revisar una extensa documentación pública, señala las siguientes acciones administrativas:
a) El 21 de enero de 2025, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la SERNA emitió el dictamen técnico No. 94/2025, en relación con el Proyecto «Cantera Sapadril», correspondiente al expediente No. 2004-A-188. Este dictamen se apoya en el informe técnico 514/2024, que concluyó que las operaciones mineras generan graves impactos ambientales y sociales (contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, afectación de la Microcuenca Medina, riesgos a la salud comunitaria) y recomendó no renovar la licencia ambiental.
b) [Resolución 30-2025 de INHGEOMIN que, contradiciendo el dictamen técnico 94/2025, ordena el 27 de enero de 2025 que se «proceda a la reactivación total y de manera inmediata las operaciones de Agrecasa».]
c) Informe 167/2025, [de la DECA] que ratificó el criterio de no renovación de la licencia ambiental, manteniendo las conclusiones anteriores.
d) El informe Técnico 393/2025 [que] destacó que las descargas superan límites normativos y que existe una falta administrativa constitutiva de delito ambiental. Solicitó a instancias legales evaluar la clausura total o parcial del proyecto, trasladando la responsabilidad última al área legal de la SERNA.
e) Dictamen del área legal de la SERNA en el expediente 082-2025, donde se establece que «existen los méritos suficientes para presumir la comisión de hechos constitutivos de delitos ambientales tipificados en nuestra legislación.
De acuerdo con Vijil, la contradicción entre los dictámenes administrativos de SERNA e INHGEOMIN revela la vulnerabilidad a presiones externas de la gobernanza ambiental, ya que las pruebas técnicas de impactos ambientales negativos, encontradas por la SERNA, son desautorizadas. Esta contradicción socava la legitimidad del proceso de licenciamiento ambiental.
Por otro lado, el gobierno municipal de Puerto Cortés —según declaraciones de la gerente del Departamento Ambiental, Kay Bodden, a Contracorriente—, parece negar el impacto ambiental de la mina. Bodden afirmó que las fuentes de agua están mermando en todo el país, no solo en Puerto Cortés, y que «es cierto que hay una problemática ambiental en la zona, que ha disminuido la cantidad de agua, pero no es atribuible específicamente a las actividades de Agrecasa, [aun]que sí se contribuye, porque toda actividad minera tiene impactos».
Para ilustrar el método de análisis o encuadre narrativo, podemos hacer una aplicación sencilla al caso de la contradicción entre las acciones gubernamentales a nivel nacional y el negacionismo a nivel municipal. En un encuadre narrativo, se utilizan elementos de la narratividad para «destacar ciertos aspectos de un tema complejo y condensarlo en una ‘historia’ simplificada que promueve una interpretación particular». Los elementos narrativos que se tiende a usar son los personajes, clasificados como villanos, víctimas o héroes; la posición de los personajes respecto al conflicto, como precursores u obstaculizadores de este, y su relación con esquemas culturales respecto a si las soluciones al conflicto pasan por acciones individuales, grupales, igualitarias o jerárquicas.
Dos de los esquemas narrativos más utilizados en el análisis del conflicto ambiental y de cambio climático, y que son aplicables al caso de las acciones gubernamentales y las respuestas comunitarias, son el «debate y estafa» y la «destrucción del futuro». Los esquemas narrativos, por definición, son representaciones simplificadas de la realidad, pero proveen una herramienta para analizar las narrativas alrededor de conflictos sociales de cierta ambivalencia.
En el esquema narrativo de «debate y estafa», se ve a la comunidad como el villano que está obstaculizando el progreso; y a los que cuestionan los análisis de impacto ambiental, como héroes y proponentes de una verdad más sofisticada, y plantean las soluciones como procesos individuales de ataque al consenso sobre cambio climático y daño ambiental. Este esquema parece ser el más común en la narrativa de las acciones del gobierno. Para el caso, podemos ver cómo a nivel municipal se crea duda, sin evidencias, sobre los dictámenes que establecen daños ambientales, mientras que, a nivel nacional, el INHGEOMIN parece ignorar los dictámenes técnicos de la SERNA.
En el esquema narrativo de «la destrucción del futuro» se ve a las instituciones de gobierno como el villano que, al no tomar las decisiones necesarias para enfrentar la crisis ambiental, hace que el conflicto aumente. Las organizaciones sociales o activistas surgen como los héroes que abogan por acciones colectivas e igualitarias, para asegurar un futuro común. Además de las lecciones que surgieron durante la reflexión comunitaria, las acciones de la comunidad, en respuesta a las contradicciones administrativas, para este autor, podrían entenderse bajo este esquema.
Por ejemplo, hoy protestar contra la mina es un asunto familiar. Las parejas jóvenes llegan con sus hijos. Los hijos adultos con sus padres. También es un lugar de encuentro para amigos de diferentes pueblos. Es decir, predomina en el campamento un sentido de resistencia y acción colectiva.
En la reflexión, varios líderes enfatizaron la importancia de repetir constantemente que sus acciones son por el bien común y que no tienen nada en contra de residentes que trabajan en la mina, entendiendo que la necesidad de empleo es real, pero recordando que el bienestar a corto plazo puede costar la viabilidad del proyecto de comunidad en sí mismo.
Además, fue clave asociarse con otra comunidad que ya había protestado y vencido a un proyecto extractivo. Esto les dio inspiración y tácticas de resistencia. Aprendieron lo importante que era anunciar que sus protestas serían no violentas y que nadie debería llevar palos o armas.
Varios líderes comunitarios anuncian sus acciones colectivas por medio de canales de WhatsApp, y algunos miembros del campamento también pertenecen a otras redes de defensa del ambiente, como la Comisión Nacional de Ecología Integral.
La comunidad también encontró aliados en medios de comunicación independientes como Radio Progreso, que ha cubierto consistentemente el conflicto con Agrecasa; o Contracorriente, que invitó a un líder comunitario a su festival sobre libertad y medios en San Pedro Sula; además Cespad, un centro nacional de estudios que monitorea conflictos ambientales, y grupos religiosos como la Comisión Nacional de Ecología Integral o la Iglesia Cristo Misionero.
También renovaron sus redes sociales, lo que fue muy útil para atraer atención y apoyo a nivel nacional. Lo hicieron posteando artículos producidos por aliados, subiendo fotografías de actividades en el campamento, y promoviendo mensajes a favor de la defensa del medio ambiente.
3. Tener símbolos que puedan unir a la comunidad
El campamento de resistencia se llama Campamento por la Dignidad René Alemán y Pedrina Melgar. Este nombre es un símbolo importante para la comunidad. René era un maestro muy querido en la aldea. También fue una de las primeras personas en advertir sobre el impacto de la mina en las fuentes de agua de la comunidad. Fue asesinado, y su asesinato nunca fue resuelto. “Todos lo conocían y se sintió bien honrarlo”, según varios residentes.
Pedrina, por su parte, fue una de las primeras personas en unirse al campamento de resistencia. Era conocida por preparar comida para los manifestantes, recaudar fondos y unir a la gente. Murió en circunstancias misteriosas en su casa, el mes pasado. Su muerte aún está bajo investigación.
El campamento de resistencia también enarbola la bandera nacional en sus protestas. Es una lección que aprendieron de otros movimientos sociales del país. También es una forma de enfatizar que no están en contra del desarrollo, el empleo o el gobierno local, como les gusta decir a varios simpatizantes de la mina.
Una nota de prensa, publicada como noticia y no como publicidad, presenta a Agrecasa dentro del esquema narrativo de «debate y estafa»; enfatiza que la empresa «produce anualmente más de cuatro millones de toneladas de materiales de construcción de forma segura y sostenible, entre ellos: arena, grava y piedra caliza triturada», además de que «aporta 26 millones de lempiras al año en impuestos nacionales y alrededor de 11 millones de lempiras en tributos locales. Además, realiza compras por aproximadamente 50 millones de dólares a proveedores hondureños». La nota cita a un ejecutivo de Agrecasa que dijo: «Contamos con procedimientos y protocolos ambientales alineados con los más altos estándares internacionales». Sobre la resistencia comunitaria, la noticia dice:
A pesar del impacto económico y social generado, en el último año la empresa se ha visto afectada por un grupo de ciudadanos que bloquean el acceso a la planta, impidiendo labores de mantenimiento y la entrada del personal.
Así, Agrecasa es el héroe del desarrollo local, aunque ignora los dictámenes técnicos sobre el daño ambiental que ha documentado el gobierno nacional. Ante este esquema narrativo, es significativo el uso de la bandera nacional por el campamento de resistencia; la bandera como símbolo sirve para unir, efectivamente, la lucha local con la idea del país como casa común. Así, contrapone el esquema narrativo de que se está buscando evitar «la destrucción del futuro».
4. Ejercer el derecho a protestar
Ninguno de los residentes que participaron en la reflexión colectiva había participado antes en una protesta. La noche anterior a la primera marcha, se coordinaron a través de grupos de WhatsApp. Tenían una lista de lo que debían llevar, incluido un megáfono. Habían cambiado la fecha dos veces porque, de alguna manera, la policía se había enterado de la protesta y planeaba reprimirla. Lo supieron por un aliado que conocía a alguien en la policía. Pero, como lo expresó un miembro de la comunidad, sintieron que era el momento de “ahora o nunca”.
Caminaron hacia una de las principales carreteras del país y bloquearon uno de los carriles. Alguien tocaba un tambor. Todos coreaban consignas como «Agrecasa, fuera de nuestra casa». Los autos se detuvieron y, en general, la gente parecía apoyarlos. Ninguno de ellos podía creer lo que estaban haciendo.
La policía llegó y reprimió violentamente la protesta. Pero eso no impidió que los residentes instalaran un bloqueo en la mina. Y no les ha impedido seguir adelante.
5. Insistir con las agencias gubernamentales que no responden
Resoluciones de la Secretaría de Salud, la SERNA y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), han reconocido el daño que provoca la mina a la comunidad. A pesar de estas evaluaciones, el INHGEOMIN no ha emitido una resolución final para su cierre. La comunidad ha sido implacable al señalar las contradicciones del gobierno, e insiste en las protecciones legales prometidas por la ley hondureña.
Conclusión
Los encuadres narrativos que emergen al analizar el conflicto en torno de la minera Agrecasa, también pueden situarse en el contexto de narrativas más amplias sobre movilidad social y desarrollo económico.
Por un lado, los encuadres que se deducen de la posición de la minera y las contradicciones administrativas del Estado, caben en una narrativa que ve el modelo extractivo como una solución a la desigualdad y la pobreza en países como Honduras, a pesar de los evidentes daños ambientales reconocidos por las dependencias del Estado.
Por otro lado, la resistencia comunitaria en Sapadril puede entenderse dentro de una narrativa de movilidad social que prioriza el bienestar comunitario y el cuidado de la casa común, a la vez que denuncia la inmovilidad social causada por las afectaciones de salud que produce la contaminación ambiental. En la reflexión comunitaria, por ejemplo, varios residentes expresaron apoyo a la reforestación de la zona o a elaborar huertos familiares.
La lucha de las visiones sobre el desarrollo del país también tiene un componente de justicia narrativa. El hecho de tener mayores recursos económicos para acceder a medios de difusión tradicionales, espacios de incidencia política y foros internacionales, da cierta ventaja a las empresas extractivas respecto a su habilidad para amplificar su narrativa y posicionarla como la única opción legítima para el futuro.
Sin embargo, la reflexión comunitaria también produce visiones sobre el futuro que una comunidad desea, como lo demuestra el caso de Brisas de Tramade. El hecho de presentarlas en artículos y espacios como este es, en sí mismo, un intento de justicia narrativa, insistiendo en la legitimidad de los procesos reflexivos de la comunidad y su visión sobre el futuro.
Finalmente, el hecho de que la comunidad le dé seguimiento a las contradicciones de las instancias administrativas del Estado, es una manera de recordarle su propia narrativa sobre la priorización del Estado de Derecho. Es decir, si es cierto que Honduras está comprometida con el respeto a licenciamientos ambientales democráticos, entonces la comunidad insiste en que esta narrativa se lleve a la práctica y que el Estado se rija por sus propias reglas. Lo contrario sería vivir en la mentira.
Desde ese punto de vista, como escribió el disidente checo Václav Havel, «vivir en la verdad» debe ser entendido como insistir en que se cumplan las normas democráticas que el Estado dice respetar en su narrativa nacional, lo cual es clave en la lucha para democratizar la sociedad. Esta lección también emerge de la reflexión de la comunidad vecina de la cantera Sapadril.
Deja un comentario