GABRIELA CASTELLANOS LANZA
RAFAEL JEREZ MORENO
La decisión de la administración Trump de cerrar USAID marca un cambio en la política exterior de Estados Unidos y deja un vacío difícil de llenar, por lo menos en el Triángulo Norte centroamericano. Ahora, en El Salvador y Honduras, los actores democráticos tendrán que enfrentar la deriva autoritaria con menos contrapesos en el ecosistema político.
INTRODUCCIÓN
El 20 de enero de 2025 constituyó un parteaguas para el sistema político norteamericano. Donald Trump asumió, por segunda vez, la Presidencia de los Estados Unidos para el período 2026-2030 después de un proceso electoral que le permitió tomar el poder con una correlación de fuerzas favorable en las dos cámaras del Congreso y un triunfo contundente en el Colegio Electoral.
El mismo día que tomó posesión de su cargo, Trump emitió una serie de decretos ejecutivos que han marcado la política exterior de su Gobierno hasta el momento. Una de sus decisiones fue suspender los programas de asistencia internacional para el desarrollo para evaluar su consistencia con la política exterior de los Estados Unidos. En Honduras, una de las repercusiones principales de esta decisión se produjo con la retirada de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
Este artículo tiene como objetivo poner en contexto el papel que la asistencia de USAID cumple para el apoyo de actores que contribuyen a la pluralidad del espacio cívico en el país, actualmente en riesgo. Para una mejor ilustración del caso hondureño se expone, a modo de comparación, una descripción del contexto político en El Salvador, la salida de USAID de ese país, y el cierre de los espacios cívicos.
Además, la lectura de este artículo debe situarse en un año electoral en el que se ha afianzado el control de los tres partidos políticos mayoritarios sobre el sistema político hondureño.
1. EL ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN
DE LA ASISTENCIA INTERNACIONAL
La suspensión de USAID debe entenderse en el marco de las decisiones que Trump ha ido tomando en materia de política exterior para, desde su visión política, “Hacer a América Grande Otra Vez”. En el decreto ejecutivo de suspensión de la ayuda internacional, la Casa Blanca argumentó que “la industria y la burocracia de asistencia exterior de los Estados Unidos no están alineadas con los intereses americanos y en muchos casos son antitéticos con respecto a estos valores”, y que, al contrario, servían para “desestabilizar la paz mundial promoviendo ideas en países extranjeros que son inversas a la armonía y estabilidad de las relaciones internacionales”.
El 22 de enero de 2025, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, expuso cuáles serían las prioridades y la misión de la institución a su cargo bajo la administración Trump, y afirmó que cada política que emprendieran debía responder a la pregunta de si con ello América era más segura, fuerte y próspera. Entre las prioridades del Departamento de Estado, Rubio mencionó la disminución de la migración irregular, volver a los principios de la diplomacia al reducir la concentración en causas políticas y culturales que son impopulares en el exterior y que causan división a lo interno de los Estados Unidos, disminuir las políticas climáticas, y detener la censura y supresión de la información.
El 26 de enero de 2025, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, confirmó que, en línea con el decreto ejecutivo del presidente Trump, todos los programas de asistencia internacional y los de USAID fueron suspendidos y sujetos a evaluación.
El proceso de suspensión de programas de asistencia internacional subió de tono cuando intervino Elon Musk, el multimillonario detrás de la campaña política de Trump que, según The Washington Post, habría donado al menos $288 millones para apoyar la candidatura de Trump y de otros republicanos.
Días después de haber ganado las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, Trump anunció que Musk lideraría el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que también fue creado por medio de un decreto ejecutivo el 20 de enero de 2025, y que tiene a su cargo implementar la agenda del presidente Trump en la modernización de la tecnología y el software del Gobierno Federal para promover su eficiencia y productividad. El 2 de febrero de 2025, Musk publicó un mensaje en su cuenta de X, expresando que USAID es una organización criminal y que debía morir.
Al margen de la narrativa del nuevo Gobierno de Trump, ¿qué se puede concluir de USAID y su rol en el mundo de la asistencia internacional? Primero debe mencionarse cómo se creó USAID. Según la Oficina de Historia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de los EUA buscó proveer asistencia económica a naciones europeas para promover su reconstrucción. Después, el presidente John F. Kennedy reorientó la asistencia internacional de los Estados Unidos para las naciones en vías de desarrollo, y firmó la Ley de Asistencia Exterior de 1961 que determinó crear una agencia para coordinar la gestión de los programas de asistencia internacional.
Tampoco se puede soslayar, como lo manifiesta Christian Ruth, experto en política exterior norteamericana que, “desde el punto de vista de política exterior, la contribución de USAID a la influencia Americana en el mundo ha sido sus efectos de poder blando”. Fue precisamente en el contexto de la Guerra Fría y los intentos de los Estados Unidos de contrarrestar la influencia soviética, que el presidente Kennedy firmó la Ley de Asistencia Exterior.
No obstante, es pertinente mencionar que USAID se consolidó como un referente de la influencia política norteamericana en el mundo aun cuando, según el centro de investigación USAFacts, en 2024 USAID gastó $21.7 billones, suma que solo representó el 0.3% de los $6.78 trillones del gasto del Gobierno Federal.
El 10 de marzo de 2025 el secretario de Estado, Marco Rubio, que también fue nombrado administrador de USAID, publicó en la red social X que, después de una evaluación de seis semanas, se había cancelado el 83% de los programas de USAID y que, en consulta con el Congreso de los EUA, únicamente continuaría existiendo el 18% de los programas.
Esta decisión también debe analizarse en complemento con la forma en que el Gobierno de Trump ha replanteado su relación con otros estados y organismos internacionales. Por ejemplo, el mismo día en que asumió la Presidencia, emitió un decreto ejecutivo para retirar a los EUA de la Organización Mundial de la Salud (OMS); entre otras razones, porque esta organización “continúa demandando aportaciones injustas y onerosas de los Estados Unidos, lejos, en proporción, de los aportes de otros países”.
También ese día, otro decreto ejecutivo del presidente Trump notificó el retiro de los EUA del Acuerdo de París adoptado en 2015 por las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, porque “estos acuerdos dirigen el dinero de los contribuyentes estadounidenses a países que no requieren ni merecen asistencia financiera en función de los intereses del pueblo estadounidense”.
En la relación del Gobierno de Trump con otros Estados, no podría dejarse de lado la política arancelaria definida el 2 de abril de 2025 con todos sus socios comerciales, en la que el presidente Trump declaró una emergencia nacional derivada de “la falta de reciprocidad en nuestras relaciones comerciales bilaterales, tasas arancelarias dispares y barreras no arancelarias, y las políticas económicas de los socios comerciales estadounidenses que suprimen los salarios y el consumo interno”.
En resumen, la forma en que EUA se relaciona con el exterior está cambiando con Trump, y la disminución de la presencia de la USAID en el mundo es parte de ese proceso de cambio.
2. USAID Y LA DISMINUCIÓN DE CONTRAPESOS EN EL SALVADOR
Mucho se podría decir sobre los efectos de la disminución de la presencia de USAID en el mundo. El primer caso que se abordará es el de El Salvador. El punto de partida es la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia de la República en 2019 con el 53.10% de la votación.
Bukele, aun y cuando construyó su carrera política en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del cual terminó siendo expulsado en octubre de 2017, llegó a la presidencia de El Salvador con una nueva bandera política para romper el control que tenían el FMLN y el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El camino de Bukele para consolidar su control sobre el sistema político salvadoreño comenzó cuando ingresó unilateralmente al recinto de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, en el marco de sus acciones de rechazo a la negativa del Poder Legislativo de dar trámite a la aprobación de un préstamo en materia de seguridad.
Posteriormente, en las elecciones legislativas de febrero de 2021, Bukele logró el control de la Asamblea Legislativa con 56 de los 84 escaños. El primer día de sesiones de la nueva Asamblea Legislativa, el 1 de mayo de 2025, procedió a destituir y a reemplazar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República.
Meses después, la nueva Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que habilitó a Bukele para competir por la reelección del cargo presidencial, soslayando prohibiciones constitucionales.
Las medidas de control político continuaron con el establecimiento de un estado de excepción en marzo de 2022 a raíz de un incremento en el número de asesinatos en El Salvador. El estado de excepción incrementó el poder y la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad en la detención de personas y, según un análisis publicado por Ana María Méndez, en el marco del tercer aniversario del estado de excepción, las personas recluidas en este período superan las 85,000.
En 2023, la Asamblea Legislativa controlada por Bukele aprobó la reducción del número de diputados de la misma, de 84 a 60, y también la reducción de municipios, de 262 a 44. En las elecciones legislativas y municipales de 2024, el Partido Nuevas Ideas (de Bukele) aseguró la victoria en 54 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa y en 26 de los 44 municipios. Bukele se reeligió en la Presidencia de la República en 2024.
Todo lo reseñado contribuye a delinear un contexto de control político e institucional en El Salvador que, progresivamente, disminuyó los contrapesos político-partidarios. Sin embargo, las organizaciones de sociedad civil y los medios de comunicación siguieron siendo una voz incómoda frente a las controvertidas decisiones políticas de Bukele.
Con el anuncio de la reducción de los fondos de USAID, el periódico El Faro explica que los afectados son alrededor de once proyectos periodísticos y 50 periodistas locales. Además, de los fondos asignados en materia de cooperación de los EUA a El Salvador en 2024, la línea que más asignación de presupuesto recibió fue la de fortalecimiento de la sociedad civil.
Un momento cumbre de la cooperación de USAID con la sociedad civil salvadoreña se produjo en 2021, cuando la agencia anunció que destinaría los fondos que estaban originalmente previstos para apoyar a la Policía Nacional y al Instituto de Acceso a la Información Pública, hacia organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en las áreas de transparencia, derechos humanos y combate de la corrupción, en respuesta a las acciones del oficialismo salvadoreño en la destitución de los magistrados de la CSJ y el fiscal general del MP.
En el escenario de debilitamiento de la sociedad civil y los medios de comunicación salvadoreños, el 18 de mayo de 2025 se produjo la detención de Ruth López, la directora de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una de las organizaciones más beligerantes en la denuncia de violaciones de los derechos humanos del Gobierno de Bukele en el contexto del estado de excepción. La Fiscalía General de la República acusó a López de peculado y de haber colaborado en la sustracción de fondos de las arcas del Estado.
3. LA PROGRESIÓN DEL CIERRE
DE ESPACIOS CÍVICOS EN HONDURAS
Honduras y El Salvador comparten algunos aspectos de su sistema político, más allá de los lazos que los unen históricamente. El anuncio de la reducción de fondos de USAID ocurre en un año electoral, en el que el Gobierno de la República va cerrando filas alrededor de la campaña política para continuar en el poder, mientras que las organizaciones políticas del histórico bipartidismo buscan retomarlo.
La mayoría de los temores asociados al nuevo mandato de Trump se centraron en materia migratoria, algo que en mayo de 2025 ya dejó de ser un asunto prioritario en el debate político. Pero las repercusiones de la salida de USAID son reales, no solo respecto a organizaciones de la sociedad civil o medios de comunicación, sino también respecto a las instituciones del Estado.
Desde 2001 hasta 2025 USAID destinó más de 1,937 millones de dólares en ayudas a Honduras. Estos fondos han sido utilizados en programas de asistencia a migrantes, educación, infraestructura, apoyo a grupos minoritarios, emprendedores y asistencia humanitaria. La agencia también financió iniciativas para el desarrollo económico y la conservación ambiental en el país.
Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, el precedente que puede identificarse sobre el recorte de fondos de cooperación viene, precisamente, de la primera administración Trump, que afectó el 81% de los proyectos de USAID en Honduras, e hizo que el número de beneficiarios cayera de 1.5 millones en marzo de 2019 a 640,000 en enero de 2021. La restauración de la asistencia por medio de USAID durante la administración Biden concentró sus recursos en los 40 municipios de los que sale el 60% de los hondureños que migran irregularmente.
Según una investigación de la publicación digital Contracorriente, los fondos de USAID en Honduras se dirigieron al apoyo de personas en condición de desempleo y riesgo de migrar, pacientes de VIH y sida, emprendedores y acceso a la educación. Contracorriente también expuso la cooperación que USAID proporcionó a instituciones del Estado; entre estas, secretarías del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. De hecho, en 2024 algunas comunicaciones públicas resaltaron la relación de cooperación entre USAID y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
En una hoja informativa de 2003 sobre la asistencia de USAID a Honduras, se reportaba un monto de $ 42 millones distribuidos en áreas de crecimiento económico, asistencia en desastres y ambiente, salud familiar, educación, democracia y acciones de reconstrucción relacionadas con el huracán Mitch.
En el área de democracia ya se incluía apoyo a grupos de la sociedad civil. Dos décadas después de este comunicado, el apoyo a la sociedad civil era un eje prioritario en el trabajo de USAID a tal punto que, similar al caso salvadoreño, en agosto de 2023 redirigió $ 1.3 millones en fondos que estaban programados para el Gobierno de Honduras, para apoyar a organizaciones de la sociedad civil en actividades de seguridad escolar, prevención de la violencia y periodismo de investigación.
En este momento Honduras no enfrenta un panorama político similar al de El Salvador aunque, años atrás, Juan Orlando Hernández delineó el esquema que hoy implementa Nayib Bukele en El Salvador respecto a la cooptación de las instituciones del Estado. Hernández guarda prisión en los EUA, pero el diseño institucional que dejó montado lo heredó el Partido Libre, actualmente en el gobierno; y si bien hoy no hay un presidente reelegido en el cargo, el diseño normativo e institucional sigue siendo el mismo, a tal punto, que el Gobierno de la República controla el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas y la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Pero, a diferencia de El Salvador, en Honduras la oposición político-partidaria conserva cuotas de poder y relevancia política en diferentes instituciones del Estado. En el Congreso Nacional y en la arena electoral, la correlación de fuerzas entre los partidos políticos mayoritarios se traduce en temporadas en las que se abren espacios para los acuerdos políticos, otras en las que la interacción entre ellos se caracteriza por ser conflictiva y, en algunos casos, una fuerza ejerce poder sobre las demás. Pero la correlación de fuerzas todavía existe.
Al margen de los partidos políticos, uno de los sectores en que hay actores que perseveran en el ejercicio de denunciar los abusos de poder y las arbitrariedades, es el de las organizaciones de la sociedad civil.
Delimitar el concepto de sociedad civil no es un asunto sencillo. En un documento conceptual, elaborado por el Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se esbozó una caracterización en la que la sociedad civil se definía por sus rasgos, es decir, “sólida y con capacidad de influenciar el rumbo de los acontecimientos nacionales”.
Otras características atribuidas fueron las de elaborar una lectura coherente del contexto y la situación del país para poder actuar estratégicamente; tener sensibilidad y capacidad de identificar, procesar, articular y comunicar las demandas ciudadanas; capacidad de construir alianzas amplias y plurales para aumentar su influencia e incidencia; tener relación y acceso a los medios de comunicación para poder compartir sus ideas con la ciudadanía; desarrollar capacidades técnicas para la planificación, investigación, evaluación y sistematización; y, el desarrollo de valores democráticos.
En 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, expuso que
no existe un ambiente propicio y seguro para la participación ciudadana, especialmente en el ámbito medioambiental, afectando negativamente el ejercicio de los derechos a participar en la dirección de los asuntos públicos, de reunión pacífica, a la libertad de expresión, el acceso a la información y a la libertad de asociación.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en 2024, la OACNUDH nuevamente afirmó que,
a pesar de la voluntad del Estado para generar espacios de diálogo con la sociedad civil, persisten los obstáculos a la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, a través de limitaciones indebidas a la libertad de expresión, el acceso a la información, la reunión y asociación pacífica; así como otros obstáculos a participar en asuntos públicos.
En este entorno, el cierre de USAID ha significado la suspensión de programas esenciales en Honduras, afectando directamente a comunidades vulnerables que dependían de estos recursos para acceder a educación, salud y oportunidades económicas. La desaparición de estos fondos ha provocado incertidumbre sobre el futuro de proyectos de gobernanza, agricultura y asistencia humanitaria, dejando a miles de personas sin apoyo, agravando las crisis migratorias y debilitando la lucha anticorrupción.
La decisión de la administración Trump de eliminar progresivamente la USAID, en el caso de Centroamérica, no es solo un ajuste presupuestario: es un acto con el cual el Gobierno norteamericano profundiza las grietas en la región, con una miopía geopolítica de consecuencias devastadoras, particularmente para Honduras, un país ya fracturado por la corrupción sistémica, la violencia estructural y el colapso institucional.
Sumado a ello, el Congreso Nacional de Honduras ha anunciado una investigación sobre las organizaciones no gubernamentales que recibieron financiamiento de USAID, argumentando la necesidad de esclarecer el uso de estos fondos tras el cierre de la agencia por el gobierno de Estados Unidos.
Según declaraciones del presidente del Congreso, Luis Redondo, la comisión especial creada para este propósito examinará qué organizaciones fueron beneficiadas, cómo utilizaron los recursos y si estos contribuyeron a la estabilidad del país o, por el contrario, fueron empleados para agendas políticas. Irónicamente, de la información disponible sobre los desembolsos de USAID para 2024, el financiamiento para los gobiernos locales asciende a $ 33 millones, mientras que el financiamiento a instituciones y organizaciones orientadas al combate de la corrupción ascendió a $ 4.6 millones.
Pero la Comisión Especial del Congreso Nacional es solo para organizaciones no gubernamentales… suena más a una represalia contra quienes han denunciado la corrupción legislativa, y un distractor de casos o escándalos políticos que sí deberían ser merecedores de la atención del Ministerio Público.
Lo anterior se suma a un riesgo que se materializó en El Salvador: aprovechar la coyuntura de debilitamiento de la sociedad civil para acabar con contrapesos que van más allá de los de naturaleza política, y que no tienen la coraza partidaria para protegerse.
CONCLUSIONES PRELIMINARES
No hay duda de que la decisión de la administración Trump de cerrar USAID marca un cambio en la política exterior de EUA, priorizando los intereses nacionales sobre los compromisos globales.
Un análisis aparte sería necesario para abordar lo que esto significará para el posicionamiento geopolítico de Estados Unidos, pero para lo que atañe a este análisis, es pertinente concluir que la ausencia de USAID deja un vacío difícil de llenar, por lo menos en el Triángulo Norte centroamericano; ahora, en El Salvador y Honduras, los actores democráticos que quedan tendrán que enfrentar la deriva autoritaria con menos contrapesos en el ecosistema político.
Es válido y pertinente incluir en las conclusiones de este análisis que las organizaciones de la sociedad civil tendrán que ser resilientes en la manera en que buscan apoyo financiero para continuar su trabajo, con las limitaciones que eso supondrá o, por el contrario, con la oportunidad de tener menos ataduras a los criterios de financistas de la cooperación internacional.
Sin embargo, es una realidad que la coyuntura previa a las elecciones generales de noviembre de 2025 requiere de contrapesos que trascienden los partidos políticos. La cereza en el pastel se puso en la inscripción de los partidos políticos que competirán en el proceso electoral. De alrededor de siete partidos políticos que no fueron a elecciones primarias y que solicitaron su inscripción para las elecciones generales, únicamente dos fueron aceptados.
Con esta decisión, es un hecho que los tres partidos políticos mayoritarios tendrán un control absoluto del Congreso Nacional y las municipalidades. Es decir, el panorama se ensombrece para alternativas políticas, el espacio cívico y los contrapesos necesarios para oxigenar el sistema democrático.
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