Los huracanes Eta e Iota asolaron el territorio hondureño el pasado noviembre. Las lluvias y
vientos que azotaron el país agudizaron la crisis política, social y ambiental preexistente, lo cual
tuvo como resultado 4 millones de personas afectadas, un millón de personas evacuadas,
cientos de comunidades incomunicadas, puentes y bordos destruidos, y muchos otros
impactos. La zona más afectada del país fue el noroccidente, y especialmente el Valle de Sula,
en donde viven más de dos millones de personas, bañado por varios ríos, entre ellos el Ulúa, el
más caudaloso.
El ERIC-RP y las organizaciones parte de la Red de Solidaridad y Emergencias (REDES)
pusieron en marcha un plan de atención a la emergencia en las comunidades damnificadas de
la margen derecha del río Ulúa. Gracias a la solidaridad de cientos de personas y
organizaciones de dentro y fuera del país, entre noviembre y enero de este año se logró dar
apoyo a las primeras necesidades y entregar más de 10,000 canastas familiares de
emergencia, sobre todo de alimentación, agua, higiene, aseo, bio-seguridad, y ropa, repartidas
en 119 albergues, asentamientos y en 31 comunidades. A comienzo de año también se activó
la estrategia de reactivación agrícola, ya que en el diagnóstico que realizó el ERIC en 32
comunidades damnificadas , se cuantificaron las pérdidas en 28,276 manzanas de cultivos.
Hasta el momento, se ha provisto de semillas criollas de maíz, frijol, plátano y hortalizas a más
de 700 productores que habían perdido todo, y la cosecha no tardará en verse multiplicada,
porque los productores se comprometieron a devolver parte de lo recibido para conformar un
banco colectivo de semillas que pueda seguir beneficiando a otras personas.
Desde comienzo de año, las propias comunidades plantearon la necesidad de impulsar una
estrategia de incidencia para que las autoridades cumplieran con su responsabilidad de
prevenir y reducir la vulnerabilidad ante las lluvias y posibles huracanes, lo cual pasa por la
reparación de bordos, dragado de ríos, reforestación de las cuencas altas de los ríos, y un
programa habitacional. Ellas tenían claro que no servía de nada cualquier apoyo puntual si su
casa, su tierra, sus vidas, seguían en peligro. El ERIC y REDES tuvieron claro que el
acompañamiento a esta lucha era prioritario. Y en concreto, con mucho tino priorizaron la
demanda de que los bordos de contención dañados del río Ulúa y sus afluentes fueran
reparados, ya que mientras eso no sucediera, muchas comunidades seguirían en peligro ante
una simple lluvia, que según la temporada ciclónica comienza en junio. En el diagnóstico
realizado, se calculó que sumando las partes destruidas de los bordos, tendrían una distancia
de 12 kilómetros.
Estos meses han sido de intenso trabajo de organización comunitaria, movilización,
sensibilización, comunicación y diálogo con las autoridades. Han habido avances, como haber
logrado incluir en el plan público de reparación varias comunidades que habían sido totalmente
ignoradas e invisibles para las autoridades, o el hecho de que empezaran las obras de
reparación de bordos. Aun así, por ahora los logros han sido limitados, ya que han primado las
mentiras de las autoridades responsables que no cumplieron sus compromisos, la falta de
transparencia en los procesos de contratación pública, la represión policial en las
movilizaciones, el soborno y la corrupción en la reparación de bordos, que en palabras de los
liderazgos comunitarios que auditaron la construcción, son “bordos de azúcar”, haciendo
referencia a la mala calidad de la obra. La prueba de esto es que ya al comienzo de las lluvias
de junio, dos comunidades se quedaron de nuevo incomunicadas durante unos días, porque
rápidamente el río se desbordó. Sin embargo, las comunidades no desisten en el esfuerzo.
Como los representantes de las comunidades suelen terminar sus pronunciamientos y
comunicaciones “Mientras estas demandas no sean atendidas, seguiremos en la
lucha. Entramos a la temporada ciclónica, ayúdennos a salvar vidas.”
