Jeannette Kawas, mujer valiente
Nació el 16 de enero de 1946 en Tela, Atlántida. Se casó con Jim Watt con quien tuvo 2 hijos. Debido al trabajo de su esposo, salió del país en 1977 y regresó en 1989 para entregarse a su comunidad y su defensa. Desde joven reconoció la belleza escénica, riqueza ambiental y cultural de la Bahía de Tela, creció en medio de ese paisaje, lo que la hizo apreciar la importancia de su conservación.
Las personas que la conocieron, la recuerdan como una mujer que la caracterizaba el dinamismo, la energía e ímpetu con que realizaba cada tarea y proyecto en beneficio y protección del medio ambiente, pero sobre todo la recuerdan por su determinación y valentía, fue de esa forma que se ganó el respeto y aprecio de las comunidades garífunas y del pueblo teleño en general.
A su regreso a Honduras
Ante las pretensiones de un grupo de personas que cortaron árboles en lo que ahora es la zona núcleo del Parque Jeannete Kawas; con el objetivo de introducir cultivos, Jeannette se alarma y convoca a amigos para reaccionar a lo que estaba sucediendo, así conforman el Capítulo de Ecología de Tela. En este equipo había técnicos que trabajan con la Secretaria de Agricultura y Ganadería, y estos le sugieren a Jeannette que lo mejor sería crear formalmente una fundación para lograr declarar esa zona como un área protegida. Así crearon la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE), según declaraciones de Denis Sierra, director ejecutivo de PROLANSANTE.
Bajo la presidencia de Jeannette, la fundación logró presencia institucional tanto en las áreas protegidas cercanas a Tela como en la Bahía. Los buenos resultados de su gestión no se hicieron esperar, logrando la aprobación por parte de Naciones Unidas de un proyecto para dar mantenimiento al Parque Lancetilla; la aprobación del Decreto 154-94, que otorga a Punta Sal la categoría de Parque Nacional. Más tarde logró que se ampliaran las áreas protegidas, con la declaración de Refugio de Vida Silvestre Punta Izopo como reserva biológica; y la aprobación por parte de la Secretaría de Educación la carrera de Bachillerato en Ecología y Medio Ambiente, que lamentablemente debido al abandono gubernamental cerró años después de su asesinato. Y por último, logró a través de la Secretaría del Ambiente, la cancelación de los permisos de construcción del Canal Paralelo al Dique Martínez, ubicado en la zona sureste del Parque Punta SaI[1].
Su asesinato
Fue este activismo y entrega por la defensa de la riqueza ambiental y cultural de la Bahía de Tela el que indudablemente frenaba, y obstaculizaba los intereses económicos de diversos grupos de poder, que veían la zona exclusivamente como recursos para explotar y generar capital.
Su muerte ocurre dos días después de haber encabezado una marcha de amplia expresión popular en defensa del Parque Nacional Punta Sal. Se opuso a la iniciativa del gobierno, de conceder títulos de propiedad en el área del parque a ciertos campesinos y empresarios. También denunciaba a empresarios madereros que tenían la intención de explotar el bosque en la reserva forestal.
El 6 de febrero de 1995, alrededor de las 7:30 pm, mientras se encontraba en su casa de habitación con su ayudante personal, Marcial Bueno, Jeannette Kawas fue cobardemente asesinada. Los sospechosos dispararon en dos ocasiones a través de una de las ventanas, siendo uno de estos disparos el que acabó con la vida de la incansable lideresa, defensora de derechos humanos.
Institucionalidad facilita y permite ataques en contra de defensoras y defensores
A pesar de la existencia de varios testigos que podrían haber identificado a los asesinos, la muerte de Kawas no ha sido investigada eficazmente, prevaleciendo la impunidad. La principal razón ha sido la participación del Sargento Ismael Perdomo, quien en ese momento dirigía la Fuerza de Seguridad de Tela[2], en el encubrimiento de los victimarios y en la obstrucción intencionada la investigación de los hechos, lo que hace presumir a todas luces que participó en la planificación de la ejecución de Kawas. Pero también la falta de seguimiento de hipótesis criminales y el retardo injustificado en las diligencias necesarias.
Responsabilidad internacional del Estado de Honduras
El 7 de mayo de 2009, el Estado de Honduras fue condenado por La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte estableció que “si bien el asesinato de Blanca Jeannette Kawas Fernández obedeció a ciertos intereses particulares, de las circunstancias específicas del mismo se colige que este hecho fue facilitado por la intervención de personas que actuaron al amparo de su investidura de agentes estatales.” También dio por demostrado el hecho de que “al menos un agente del Estado participó en los hechos que terminaron con la vida de Kawas Fernández y que dichos actos estuvieron motivados en el trabajo de defensa del medio ambiente realizado por la señora Kawas Fernández”.
Han pasado 26 años desde el asesinato de Jeannette y el Estado sigue sin cumplir con su obligación de investigar diligentemente y en su caso, sancionar a los responsables.
Esta omisión del Estado resulta particularmente grave en este caso, porque, tal y como han señalado los órganos interamericanos, el Estado tiene un deber reforzado de investigar los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, ya que éstos buscan causar un temor generalizado en la comunidad, que tiene por objeto desanimar no solo a las demás personas defensoras a continuar con su labor de denuncia, sino que también atemorizar y silenciar a las víctimas, perpetuando la impunidad e imposibilitando la plena realización del Estado de Derecho y la Democracia[3].
Este crimen, ha evidenciado el actuar histórico del Estado, en el que se protegen siempre los intereses de grupos de poder, demostrando lo anterior, en que los principales sospechosos de su asesinato pertenecen a la oligarquía y al poder militar, manejado sistemáticamente para mantener el poder oligárquico.
Obligación estatal: brindar protección a las personas defensoras del medioambiente
Honduras, lejos de aprender la lección y generar un ambiente propicio para la labor que realizan las personas defensoras del medio ambiente, se mantiene en la lista de los países más peligrosos para la defensa de la tierra y el medioambiente. Aún más: el Estado hondureño figuró en el 2019 con la mayor tasa de asesinatos per cápita, en un año que registró 212 agresiones en contra de activistas que resisten para mitigar las consecuencias de la crisis climática, según Global Witness.
Resulta urgente que el Estado aborde las causas estructurales del problema: desigualdad en la distribución de la tierra; garantizar que ningún proyecto empresarial se desarrolle sin el consentimiento libre, previo e informado; salvaguardar los derechos de las personas defensoras legitimando su rol, y condenando públicamente las amenazas en su contra. A su vez, debe eliminar legislación utilizada para criminalizar, y finalmente llevar ante la justicia los casos de amenazas y ataques a personas defensoras.
“Un abrazo, un beso, una flor, así recordamos a Jeannette Kawas”
[1] Ergidos como Pinos, Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Editorial Guaymurias, lera. Edición, Tegucigalpa, 2006. Pag.27
[2] Declaración de testigo de fecha 29 de agosto de 2003, ante el Juzgado de Paz de lo Criminal de Tela, a folio 65 del expediente judicial.
[3] CIDH. Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. 31 diciembre 2015. Párr. 102.
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