Efraín Aníbal Díaz Arrivillaga*
En una frágil democracia como la nuestra, hoy más que nunca urge enfrentar los retos aquí esbozados sobre la base de una sólida gobernabilidad y gobernanza, una gestión eficiente del gobierno, equilibrio de poderes y un diálogo constructivo y plural. Para lograrlo, es indispensable un compromiso patriótico, desprendimiento, tolerancia y voluntad política para construir juntos el país deseado.
Un aniversario que invita a la reflexión
El próximo 16 de septiembre se cumplen 40 años de la desaparición forzada, todavía sin respuesta del Estado hondureño, de James Francis Carney (1924-1983), mejor conocido como padre Guadalupe, sacerdote jesuita estadounidense nacionalizado hondureño. Su vida estuvo dedicada por entero a luchar por la verdad, la justicia y la solidaridad, especialmente para hacerle justicia al campesinado sufriente de Honduras, al que acompañó en sus reivindicaciones por una vida mejor.
Durante su vida pastoral, el P. Guadalupe fue incomprendido y perseguido por las autoridades del Estado hondureño, despojado de su nacionalidad adoptiva y expulsado del país, precisamente por su perseverante defensa de los derechos de los pobres y los excluidos de Honduras en la búsqueda de una sociedad más justa y humana.
Expulsado de Honduras, acompañó en 1983 a la columna insurgente que lideró el Dr. José María Reyes Mata desde Nicaragua, junto con otros hondureños, como capellán y consejero espiritual, no como combatiente, porque quiso ser congruente con su vocación pacifista y su condición de sacerdote. Esta vocación pacifista del padre Guadalupe, sumada a su compromiso de servir a los más necesitados de Honduras, es la que hoy nos llama al diálogo y la reflexión en este momento particular de nuestra historia.
¿Ha cambiado nuestra Honduras desde 1983?
La Honduras de hoy, que en su momento el P. Guadalupe quiso transformar, todavía se debate en la desigualdad, la falta de oportunidades –en especial para los jóvenes–, un campesinado en estado de abandono, como lo está todo el sector rural de Honduras, vaciado progresivamente por la migración campo-ciudad en lo interno y las caravanas migratorias al extranjero. Paradójicamente, las remesas familiares constituyen hoy la base primordial de la estabilidad macroeconómica del país.
En suma, los problemas estructurales no resueltos hasta la fecha siguen alimentando el desencanto en la población y motivando la conflictividad social, en tanto que el cambio deseado sigue estancado en una larga espera.
¿Quiénes se oponen al cambio político y social?
La situación del país no es muy diferente a la que existía en enero de 2022, cuando asumió la presidencia de la nación doña Xiomara Castro Sarmiento, en medio de grandes expectativas de un electorado que se volcó por ella, con la esperanza de iniciar un camino diferente para la Honduras postergada.
Por el contrario, hoy el país es escenario de una permanente confrontación y polarización política, promovida por la oposición en el Congreso Nacional, donde tiene mayoría, que dificulta y obstaculiza la gobernabilidad de ese poder del Estado y, en definitiva, de la nación hondureña.
Esta férrea oposición no solo se manifiesta en el entramado político, sino también desde la estructura del poder económico. Algunas ONG, que dicen “representar” a la sociedad civil, son acompañadas en sus posturas por una intensa campaña mediática de desinformación, especulación y manipulación informativa. Esta se orienta a generar un ambiente de incertidumbre, miedo, pesimismo y zozobra en la población, para minar la credibilidad y la confianza en el actual Gobierno. A este se le presenta como ineficiente, incapaz y con un sesgo ideológico desfasado, y se proclama que el país se encamina al establecimiento de un sistema político y económico similar al que existe en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Recientemente se constituyó un Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), promovido por el Designado Presidencial, otrora aliado del Partido Libre y del actual Gobierno, don Salvador Nasralla, que reúne a un rancio cóctel de partidos políticos que lideran el obstruccionismo parlamentario en el Congreso Nacional. Según su planteamiento, se busca fortalecer la alianza que tácitamente ya existe entre los partidos que se oponen a todo, con miras a democratizar el Congreso Nacional. Es todavía prematuro adelantar si el propósito ulterior sea formar una coalición política para el próximo proceso electoral, que estos mismos sectores han pretendido poner en duda.
El diálogo puede empezar en el Congreso Nacional
Es indudable que, con la composición actual del Congreso Nacional, este no puede tener la fluidez necesaria para un funcionamiento óptimo sin concretar acuerdos multipartidarios fundados en el interés nacional. La democracia es esencialmente pluralismo, tolerancia y equilibrio. Pero es difícil ponerlos en práctica cuando el juego político se convierte en una lucha de trincheras y los actores políticos apuntan a la aniquilación de sus adversarios.
El avance democrático solo es posible a través del diálogo, la negociación y los consensos. El diálogo, cuando se pretende constructivo, requiere de apertura y capacidad de escucha, aunque los interlocutores sean incómodos, poco confiables o defiendan intereses aviesos. Como sostenía el expresidente John F. Kennedy (1917-1963), “Jamás negociemos por temor. Pero jamás temamos negociar”.
Del diálogo a una democracia sólida y funcional
La democracia solo es posible cuando existen demócratas, cuando se antepone el interés particular al bien común, cuando se rechaza la tentación autoritaria, el sectarismo político, el cinismo, la demagogia y el populismo infecundo. Es la política con principios, valores y una ética personal y pública.
En la Honduras actual, los políticos se han convertido en un problema serio para el avance democrático y, por la misma razón, no son parte de la solución que el pueblo hondureño anhela. Los espectáculos circenses deben cesar en el hemiciclo legislativo, para dignificar a ese poder del Estado y cambiar la imagen de mediocridad y desprestigio a que han sometido la figura del diputado.
El acuerdo con el FMI es un alivio
El acuerdo a nivel técnico, logrado por las autoridades hondureñas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con una duración de 36 meses en el marco del Servicio Ampliado (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCM), facilitaría las condiciones para acceder a aproximadamente USD 830 millones destinados a financiar las políticas de reformas económicas de Honduras. Estas se encaminan a crear un espacio fiscal para atender las urgentes necesidades en la inversión pública y el gasto social; consolidar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la gestión del gobierno, garantizar la sostenibilidad del sector energético y de la ENEE[1], mejorar la resiliencia al cambio climático y fomentar un crecimiento inclusivo. Según esta orientación del Acuerdo alcanzado con el FMI, hoy se debe pensar en la necesidad de formular e implementar una estrategia de desarrollo de corto, mediano y largo plazo.
El diálogo político debe favorecer la inclusión social
El Acuerdo con el FMI, exponente del neoliberalismo y con un historial dudoso en muchos países, cayó como una desagradable sorpresa a quienes tienen como objetivo descalificar la gestión económica del Gobierno. Sin embargo, es incuestionable que, en términos generales, los indicadores macroeconómicos de la economía nacional lucen aceptables. Así también la capacidad de la economía hondureña para mostrar resiliencia[2] a los choques externos, la recuperación de la economía después de la pandemia de la Covid-19 y los fenómenos naturales.
Los principales retos de la economía siguen siendo, por supuesto, lograr un mayor crecimiento económico sostenido a largo plazo, además de impulsar la diversificación productiva, la innovación, la investigación y la reducción de las desigualdades sociales y económicas, así como fortalecer la inversión pública para mitigar la vulnerabilidad ambiental ante el cambio climático y superar el estancamiento y las brechas presentes en el sector agroalimentario. Más allá de estas necesidades económicas y sociales, el gran desafío a considerar es cómo la estabilidad macroeconómica se traduce en oportunidad para el desarrollo de la microeconomía y del bienestar social de la población.
La reforma tributaria es necesaria para la inclusión social
La reforma tributaria, que tanto polvo ha levantado en el debate público, mereció una mirada positiva del FMI en los términos siguientes:
Una reforma tributaria… permitiría reducir las numerosas exoneraciones al impuesto sobre la renta y, a la vez, salvaguardar la competitividad de la economía hondureña. Si se aprueba, será esencial que la reforma se aplique de forma transparente y previsible, tal como debería establecerse en las regulaciones correspondientes.
Los recursos adicionales que puedan surgir, si se aprueba dicha reforma, deberían destinarse a mejorar la infraestructura, la adaptación al cambio climático, el sector energético y agroalimentario del país, así como la inversión social en educación, salud, seguridad ciudadana y reducción de la pobreza.
La CICIH fortalecerá la lucha contra la impunidad
La llegada de la CICIH[3] es un tema que sigue gravitando en el imaginario nacional entre las preocupaciones más importantes, pero todavía sin concretarse institucionalmente. A este respecto, el panorama sigue siendo incierto.
Algunos pasos ya se han dado para cumplir con las condiciones que la Organización de las Naciones Unidas ha solicitado en materia legislativa; entre estos la reciente derogación del decreto 57-2020 y la reforma del decreto 93-2021 referente al lavado de activos. De igual manera, la derogación de la “Ley de Secretos”, que limitaba el acceso a la información pública y afectaba las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); el decreto 116-2019 relacionado con el Fondo de Desarrollo Departamental, que blindaba a los diputados y funcionarios públicos que manejaron fondos públicos y limitaba la acción penal del Ministerio Público en contra de los infractores. No obstante, los diputados consiguieron, de otra manera, tener acceso a subsidios del Congreso Nacional con fondos presupuestarios; así, taparon un hoyo y abrieron otro.
La renuncia del secretario de Estado en el Despacho de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana Mercado, representa una baja sensible en el Ejecutivo, a la vez que puso al descubierto los desencuentros entre miembros importantes del Gabinete de Gobierno. Este hecho arroja dudas sobre la cohesión e integración del equipo gubernamental en función de los objetivos prioritarios en la lucha contra la corrupción y la impunidad, especialmente en lo atinente a la asignación de recursos presupuestarios adecuados para las tareas de dicha institución y el respaldo político necesario.
Una elección trascendental para la justicia
La trascendental elección del Fiscal General y Adjunto no ha estado exenta de problemas, tanto en el proceso de selección de la lista de candidatos como en el ambiente poco edificante que priva en el Congreso Nacional, a pocos días para el vencimiento del plazo para su elección.
Todo parece enmarcarse en el contexto polarizado y tóxico que se respira en la cámara legislativa. El cálculo político es visible a flor de piel, lo que seguramente influirá en la decisión final, a menos que se concrete un acuerdo multipartidario que contribuya a fortalecer la estabilidad política del país; sin embargo, la historia pasada y reciente de este poder del Estado indica que, pensar en beneficio de la nación, es como pedirle peras al olmo.
Sequía y crisis agroalimentaria
La irregularidad de las lluvias durante el presente año, como consecuencia del fenómeno del Niño, puede tener efectos adversos en la oferta alimentaria, sobre todo si la producción de postrera de granos básicos es afectada severamente por la sequía. Un rasgo que lo reafirma es el carácter estacional de nuestros sistemas productivos agropecuarios, a lo que se suma la inestabilidad de los precios para el productor.
Los efectos del cambio climático, además de que no se pueden negar, representan un desafío que la humanidad tiene que afrontar con voluntad política. Nuestro país no debe ser la excepción. Una de las medidas urgentes a considerar, es la formulación e implementación de una estrategia y una política de seguridad alimentaria y nutricional, orientadas a fortalecer los sistemas productivos sostenibles, especialmente en la economía campesina, la pequeña agricultura y el sector agroalimentario.
Los desafíos nos exigen pensar y actuar de otra manera
A pesar de esta intrincada realidad, problemas y desafíos, Honduras tiene potencial y recursos para crecer y desarrollarse. Para lograrlo, necesita crear un clima favorable para la inversión privada, que luce también como uno de los temas urgentes, incluso para despejar el ambiente de incertidumbre para los negocios que se percibe en el desinterés de la inversión externa en el país. Empero, este desafío puede ser una motivación adicional para impulsar reformas económicas y sociales que conduzcan a reorientar el actual modelo económico, hacia el crecimiento y el desarrollo con equidad social.
En una frágil y débil democracia como la nuestra, ahora más que nunca se necesita enfrentar los retos aquí esbozados sobre la base de una sólida gobernabilidad y gobernanza; una gestión eficiente del gobierno, equilibrio de poderes, un diálogo constructivo y plural. Un requisito indispensable para lograrlo es un compromiso patriótico, seriedad, desprendimiento, tolerancia y voluntad política para construir juntos el país deseado.
Este fue el sueño del P. Guadalupe Carney, durante su vida hasta su desaparición forzada en 1983. Fue un fiel comprometido con la opción preferencial por los pobres, fiel a los principios y valores ignacianos, y dejó un legado de ser coherente y vivir lo que se proclama.
[1] Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
[2] En psicología, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc.
[3] Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras.
* Economista con especialidad en economía agrícola, planificación y desarrollo. Fue diputado por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras y candidato a la Presidencia de la República por el mismo partido. Se desempeñó, además, como Embajador de Honduras en Alemania y la ONU en Ginebra, Suiza.