German Rosa, S.J.
La corrupción y su impunidad son problemas persistentes en Honduras. De ahí la trascendencia de las elecciones de la Corte Suprema y de las autoridades del Ministerio Público, pues representan una oportunidad crucial para refundar el Estado de Derecho y romper con el pasado corrupto y de impunidad.
La desconfianza no es casual
Hay una gran desconfianza de la población hondureña en las instituciones gubernamentales y también en la Corte Suprema de Justicia. Según el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, de 2023, la confianza pública en las instituciones arroja los siguientes datos: el 85.9% desconfía de los partidos políticos; el 81.9% del Congreso Nacional; el 80.6% del Consejo Nacional Electoral; el 76.4% desconfía del Gobierno central y el 76.2% de la Corte Suprema de Justicia.
Además, ha habido cambios recientes en la confianza de la ciudadanía hacia otras instituciones. Por ejemplo, las secretarías de Educación y Salud han recuperado confianza, posiblemente debido a la pandemia de la COVID-19. En cambio, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y las municipalidades fueron desplazados de entre las cinco instituciones con mayor confianza en la ciudadanía[1].
Examinaremos el tema de la desconfianza pública en el Poder Judicial y el gobierno, así como la forma en que esta afecta a la corrupción y el sistema judicial de Honduras. También examinaremos el proceso de elección del Fiscal General de la República y su Adjunto, y consideraremos algunos de los retos a que se enfrentarán ambos funcionarios en los próximos años.
1. ¿Por qué genera desconfianza la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es la función de la Corte Suprema de Justicia?
Podemos expresar algunas de las razones:
- Honduras cuenta con un Estado de Derecho en el que no impera el cumplimiento de la ley, o ésta se aplica según la conveniencia de grupos de poder o de las élites.
- No hay respeto a los derechos de los ciudadanos.
- No hay garantías de seguridad para sus nacionales, pues la justicia civil y, sobre todo la justicia penal, presentan los indicadores más bajos en la medición del Índice de Estado de Derecho.
- Este es terreno fértil para que la corrupción pueda enquistarse, consolidar estructuras político-criminales y cooptar el sistema de justicia, la institucionalidad, los poderes del Estado y todo aquello que represente un obstáculo en su camino para mantener la impunidad.
- Esta situación se concreta en el Índice Global de Impunidad que, en su informe más reciente, califica a Honduras con 59.69% de impunidad (país más impune de América y segundo del mundo), donde el sistema de seguridad y justicia se muestra incapaz de garantizar el resarcimiento a las víctimas y aplicar un castigo conforme a lo establecido en la legislación nacional[2].
La Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones y funciones bien definidas en la Constitución de la República. Estas están expresadas en el artículo 313, el cual establece que la Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de administrar justicia en todo el territorio de la República de Honduras. Además, las funciones de la Corte Suprema de Justicia son bien claras en el artículo constitucional 316:
- Impartir justicia de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- Conocer de los procesos que involucran a los más altos funcionarios del Estado y los diputados, así como de las causas de extradición y las que se rigen por el derecho internacional.
- Conocer de los recursos de hábeas corpus, hábeas data, casación, amparo, revisión e inconstitucionalidad.
- Velar por el cumplimiento de las leyes y la Constitución en general.
- Ejecutar el cumplimiento de las responsabilidades de cada una de las sociedades de la nación.
- Proteger los derechos de los ciudadanos que forman parte de ella.
En la crisis actual del sistema de justicia, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia deben hacer un examen a profundidad para afrontar esta crisis de credibilidad en la ciudadanía, porque esta situación es grave y afecta a todo el sistema nacional de justicia. Hay que evaluar si realmente la Corte Suprema de Justicia está asumiendo y cumpliendo responsablemente sus atribuciones.
Ante esta realidad, no es descabellado pensar en una depuración de dicha institución, para que pueda garantizar justicia en todo el territorio nacional.
¿Cómo se entiende esta desconfianza? La población está recibiendo un mal mensaje de la Corte Suprema, y su percepción, en mi opinión, está fundada en la realidad de corrupción, impunidad y violencia en nuestra sociedad. Esta es una situación grave por las siguientes razones:
1°) La gente se siente desprotegida por el sistema de justicia.
2°) Ve que aquí hay corrupción y no pasa nada; hay robo y no pasa nada; hay crímenes y no pasa nada. Esto puede ser también un modo de inducción a participar con impunidad en los hechos delictivos de la corrupción, los delitos y los crímenes que vemos a diario.
3°) Puede animar a la población a constituir sistemas de autodefensa o participar de organizaciones criminales que les dan más protección que el mismo Estado.
4°) Si la gente no cree en la justicia institucional puede tomar la justicia por sus manos.
La consecuencia de todo esto es fatal, porque no se fortalece el Estado de Derecho y tampoco se puede construir un país justo y democrático. En consecuencia, continuaremos con la fragilidad institucional que hoy tenemos.
2. El papel del Ministerio Público
Según el Artículo 232 de la Constitución de la República,
el Ministerio Público es el organismo profesional especializado responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los Poderes del Estado y libre de toda injerencia político-sectaria.
El Ministerio Público tiene como función principal la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación.
Promueve la persecución penal, tiene la función acusatoria en los tribunales penales y dirige la investigación de los delitos de acción pública, actuando con objetividad e imparcialidad legal en los términos que la ley establece.
El Ministerio Público es una institución autónoma encargada de investigar, perseguir y sancionar los delitos y crímenes que se cometan en el país.
Su objetivo principal es proteger la seguridad y los derechos de los ciudadanos, y garantizar la justicia y la legalidad en la República. Esto tiene implicaciones prácticas como: la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad; la investigación y procesamiento de funcionarios públicos, empresarios y ciudadanos implicados en actos de corrupción y otros delitos graves; la protección de los derechos humanos y defensa de las víctimas de delitos y crímenes.
La importancia del rol del Ministerio Público es precisamente porque tiene que garantizar la justicia y la legalidad; proteger los derechos de los ciudadanos; combatir la corrupción y la impunidad en todas sus formas.
El Fiscal General de la República con el Adjunto, desde el Ministerio Público, tienen las siguientes funciones:
- Representar los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación.
- Dirigir, orientar, administrar y supervisar el Ministerio Público.
- Defender los intereses del Estado y de la sociedad.
- Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
- Investigar y perseguir los delitos de acción pública, actuando con objetividad e imparcialidad legal en los términos que la ley establece.
- Promover la persecución penal y tener la función acusatoria en los tribunales penales.
- Velar por el respeto de los derechos humanos.
- Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Constitución y las leyes.
3. ¿Confía la población hondureña en el Ministerio Público?
Según el Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ en 2023, la población calificó a los actuales fiscales con una nota de 3.96 en una escala de 1 a 10, donde cero es la peor calificación y diez la mejor.
Los actuales fiscales, tanto el General como su Adjunto, han sido percibidos como aliados de los corruptos en los últimos años.
Ante esta realidad, no podemos pasar desapercibida la gran importancia que tiene la elección de las nuevas autoridades para dirigir la Fiscalía general del Ministerio Público, y por ello consultamos a la población qué nota les daría por sus cinco años de gestión.
Según el artículo constitucional 233, el Fiscal General de la República es el jefe del Ministerio Público y tiene la dirección, orientación, administración y supervisión de este organismo.
La pregunta fundamental es: ¿qué tan presente está la corrupción en el Ministerio Público?
El problema de la corrupción en Honduras es persistente. Esta incluye a las instituciones encargadas de brindar seguridad pública, como el Poder Judicial y la Policía. La impunidad frecuente y continua, contribuye a profundizar la falta de confianza de la población en las instituciones encargadas de administrar justicia y combatir la corrupción. Hay señalamientos de corrupción y abusos generalizados, incluso en el Ministerio Público.
Los efectos de la corrupción en esta institución afectan su eficacia y deterioran su credibilidad; obstaculizan el cumplimiento de su objetivo principal de proteger la seguridad y los derechos de los ciudadanos y garantizar la justicia y la legalidad en la República.
Es importante tener en cuenta que los informes y análisis proporcionan una visión general del panorama de la corrupción en Honduras, pero no se enfocan exclusivamente en el Ministerio Público.
Sin embargo, dado que el Ministerio Público es una institución clave en el sistema de justicia del país, es probable que también se vea afectado por los desafíos relacionados con la corrupción prevaleciente en Honduras.
4. ¿Cómo nos afecta la corrupción?
Afecta de muchas maneras:
A. La corrupción en Honduras es un problema que tiene un impacto negativo en las leyes, las instituciones, los partidos políticos y los Derechos Humanos. Este problema es sistémico y está profundamente enraizado en la sociedad, lo que resulta en pérdidas económicas por miles de millones de dólares y priva a los ciudadanos de un futuro mejor que su presente.
B. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, Honduras ocupa el puesto 157 de 180 naciones en 2023, lo que indica una baja calificación y refleja la gravedad del problema de la corrupción.
C. La corrupción en Honduras tiene un impacto negativo en el marco legal del país, ya que existen leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción y reducen la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Como resultado, se dificulta enjuiciar a las personas implicadas en actos de corrupción y se promueve su reproducción y continuidad.
Todo esto provoca contratiempos en la lucha contra la corrupción. Ejemplos de esto es el cierre de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH); la aprobación de un nuevo Código Penal que reduce las penas por corrupción y tráfico de drogas, pero criminaliza las protestas populares y restringe la libertad de expresión.
La sociedad civil debe de jugar un papel activo y propositivo. Urge que las organizaciones de la sociedad civil desempeñen un papel vital en la lucha contra la corrupción al promover la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas entre los funcionarios gubernamentales.
5. ¿Por qué es fundamental la elección de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto?
La elección de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República es fundamental y es lo más importante en este momento en Honduras. Estas elecciones representan una oportunidad crucial para refundar el Estado de Derecho y romper con el pasado corrupto y de impunidad del país. El artículo 1 de la Constitución de la República dice lo siguiente:
Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social[3].
La Corte Suprema tiene una responsabilidad directa para garantizar el Estado de Derecho y asegurar a los habitantes la justicia y los Derechos Humanos, porque es el máximo órgano de justicia que tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado[4].
Una buena Corte Suprema y una buena elección del Fiscal General de la República y de su Adjunto, pueden fortalecer la justicia, la libertad y el bienestar para todos los hondureños y hondureñas.
6. ¿Cuáles son las vulnerabilidades para la elección del Fiscal?
Las vulnerabilidades para la elección del Fiscal General son las siguientes: el riesgo de influencias externas y presiones políticas que puedan afectar la independencia del Fiscal General y su Adjunto. Solamente con independencia y autonomía del Ministerio Público se puede garantizar la capacidad del Fiscal General y su Adjunto para realizar investigaciones y enjuiciamientos justos e imparciales, para que puedan cumplir sus responsabilidades en la investigación de los delitos, la defensa de los intereses del Estado, la protección de los derechos humanos y además promover la justicia y la legalidad en el país.
El Fiscal General de la República y el Adjunto, deben perseguir todos los delitos que se cometan en nuestro territorio. Algunos de los más comunes son: los homicidios, las extorsiones, el tráfico de drogas y la corrupción.
La criminalidad es muy elevada. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OVI-UNAH), en 2020 hubo 1.322 homicidios a nivel nacional. El Ministerio Público es responsable de investigar y perseguir todos estos delitos.
En consecuencia, el Fiscal General debe investigar y perseguir todos los casos de corrupción que se cometan en el país. Algunos de los casos más destacados en los últimos años son:
- El caso Pandora: malversación de fondos públicos por diputados y funcionarios en administraciones anteriores.
- El caso Caja Chica de la Dama: malversación de fondos públicos por parte de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.
- El caso Red de Diputados: malversación de fondos públicos por varios diputados del Congreso Nacional.
- El caso Arca Abierta: malversación de fondos públicos por el exalcalde de San Pedro Sula, Juan Carlos Zúniga.
- Casos pendientes en 2023: casos de corrupción que no se han resuelto ni sancionado en este año.
La lucha contra la corrupción en Honduras requiere medidas urgentes.
7. ¿Cuáles son los desafíos del futuro Fiscal General y su Adjunto?
Son varios los desafíos y problemas que los nuevos conductores del Ministerio Público deben asumir desde su alta investidura, entre los que se encuentran:
- Establecer la ley y luchar contra la corrupción. El gran reto es impulsar la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH).
- Superar la corrupción sistémica y la impunidad endémica en el país requiere fortalecer el sistema de justicia, afectado por la falta de recursos y la falta de voluntad política para alcanzar sus objetivos.
- La protección de los derechos humanos es fundamental, ya que Honduras tiene un largo historial de violaciones a tales derechos.
- La alta incidencia de homicidios, extorsiones y secuestros es un grave problema que debe ser enfrentado eficazmente por los órganos de justicia.
- Promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno.
- Reconstruir la confianza del pueblo en las instituciones fiscales y judiciales.
- Recuperar la confianza pública en el Ministerio Público, para que la ciudadanía lo perciba como una entidad transparente y comprometida con la lucha contra la corrupción.
Hay tres núcleos de problemas que tienen que afrontar el Fiscal General y su Adjunto:
- La Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que no responde a la necesidad de acceso a la tierra del campesinado y que no resuelve los conflictos en torno a la tierra. Necesitamos una reforma agraria verdadera.
En algunos casos, esta ley ha contribuido a profundizar la desigualdad en la distribución de la tierra y ha llevado a un proceso de privatización, desplazando a las comunidades indígenas y campesinas de sus tierras y bienes naturales. Este problema ha generado gran preocupación, ya que afecta los derechos de estas comunidades y produce conflictos sociales y económicos.
También se ha argumentado que dicha ley ha favorecido a las grandes empresas del sector agroindustrial y ha llevado a la concentración de la tierra en pocas manos.
Por tanto, se necesita una reforma agraria verdadera para abordar estos problemas y garantizar el acceso a la tierra y los recursos naturales a todos los sectores de la sociedad hondureña.
- Las concesiones mineras que destruyen el medio ambiente, el tejido social y traen graves consecuencias socioambientales.
En Honduras hay al menos 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas, según la organización de sociedad civil Foro Social Deuda Externa de Honduras (Fosdeh)[5].
Estas concesiones han sido objeto de controversia, debido a la gravedad de las consecuencias socioambientales y los riesgos para las comunidades indígenas y campesinas a causa de la actividad minera.
Muchas organizaciones han denunciado la falta de consulta y participación de las comunidades afectadas en los procesos de otorgamiento de concesiones y han criticado la falta de transparencia y regulación en el sector minero de Honduras.
- El grave problema de la criminalidad que tiene estructuras bien montadas en la sociedad y ha permeado instituciones del Estado
En resumen, el nuevo Fiscal General de Honduras enfrentará una tarea difícil pero necesaria. Su desafío principal será restaurar la confianza del pueblo en el Ministerio Público, enfrentar la alta corrupción y la impunidad; además de hacerle frente a una alta incidencia de homicidios, feminicidios y otras formas de uso de la violencia. Estos retos son esenciales para la estabilidad y el progreso de Honduras.
8. ¿Qué dice Monseñor Óscar Romero sobre la justicia?
En nuestro contexto de crisis por falta de credibilidad en el sistema de justicia, conviene retomar la inspiración que nos ofrece Mons. Óscar Arnulfo Romero.
Mons. Óscar Arnulfo Romero es recordado como un defensor de los derechos humanos y un símbolo de la lucha contra la violencia y la opresión en América Latina. Fue arzobispo de San Salvador, El Salvador, y su asesinato en 1980, mientras oficiaba misa en la capilla de un hospital en San Salvador, lo convirtió en mártir y modelo de compromiso con los más pobres y vulnerables.
Desde entonces, su figura ha sido venerada por muchos como un símbolo de la justicia social en El Salvador y toda Latinoamérica. En 2018, fue canonizado por la Iglesia Católica, convirtiéndose en el primer santo salvadoreño. La figura de Mons. Óscar Arnulfo Romero sigue siendo un recordatorio del compromiso con la justicia social y los derechos humanos en todo el mundo.
En su homilía dominical del 23 de marzo de 1980, transmitida por radio, exigió al ejército de El Salvador, en nombre de Dios, no obedecer a quienes los obligan a matar, sino a seguir la ley de Dios: “no matar” y cesar la represión contra el pueblo: ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice: no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios[6].
Monseñor Romero se dedicó a defender a los pobres y a denunciar el abuso y la violencia que afligían al pueblo salvadoreño durante el conflicto armado.
Monseñor Romero dijo: La justicia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos. Esta frase se sigue aplicando, según defensores de víctimas de la guerra[7].
Mons. Romero creía en la importancia de defender los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellos que eran más vulnerables. Él dedicó su vida a la lucha contra la pobreza, la violencia y la injusticia social en El Salvador, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para muchas personas en todo el mundo.
La frase “La justicia divina tarda pero no falla; la justicia humana a veces falla, pero cuando falla siempre es en contra de los de abajo, nunca en contra de los poderosos”, es atribuida a Monseñor Romero y es considerada como una expresión que refleja su compromiso con los derechos humanos y su denuncia de la opresión y la injusticia social en El Salvador durante su época. Esta frase se ha convertido en un símbolo de su legado y su lucha por la justicia social y la igualdad.
La frase hace referencia a la percepción de que la justicia en muchos casos favorece a las personas con poder y recursos, en detrimento de aquellos que son más vulnerables y carecen de medios para defender sus derechos. La frase refleja su preocupación por la desigualdad y la injusticia social en El Salvador, y su compromiso por denunciar estas situaciones y promover cambios que favorecieran a las personas más necesitadas.
En nuestro contexto, San Oscar Romero de América nos interpela para que se haga posible una justicia no solo para quienes tienen los medios y los recursos, sino para aquellos que carecen de éstos, que son la inmensa mayoría empobrecida y excluida de los beneficios de la globalización neoliberal que impera en la actualidad.
Deseamos que la nueva Corte Suprema de Justicia y la elección del Fiscal General de la República y el Adjunto, puedan realmente fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y la justicia en Honduras.
[1] Cfr., ERIC-SJ. 2023. Sondeo de Opinión Pública. El Progreso, Yoro, Honduras: Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – Compañía de Jesús, pp. 22-23.
[2]Moncada, J. C. “Corrupción, sistema de justicia y su vinculación con los derechos humanos: ¿Hacia dónde se dirige Honduras?”, en: Revista Envío-Honduras, Año 20, Nº 72, diciembre 2022, p. 53.
[3]Constitución de la República de Honduras de 1982 (2023). Tegucigalpa, OIM Editorial, Artículo 1.
[4]Ibíd., Artículo 308.
[5]Ver el siguiente enlace: https://www.dw.com/es/honduras-se-declara-pa%C3%ADs-libre-de-miner%C3%ADa-a-cielo-abierto/a-60954221
[6]https://www.contrapunto.com.sv/las-10-frases-mas-contundentes-de-monsenor/
[7]Ver el siguiente enlace: https://ysuca.org.sv/2020/07/la-justicia-es-como-la-serpiente-solo-muerde-a-los-que-estan-descalzos-esta-frase-de-monsenor-romero-se-sigue-aplicando-segun-defensores-de-victimas-de-la-guerra/