Marvin Barahona*
La relación construida por la violencia, la corrupción y la política implica una disputa sobre el territorio, la economía y la sociedad. Este hecho inédito en la historia del país, ha conducido al desdoblamiento del Estado en parcelas capturadas por fuerzas ilícitas, con el consiguiente debilitamiento del conjunto institucional.Esto es lo “nuevo” en las relaciones que se analizan aquí.
Introducción
La política, la violencia y la corrupción, en ese orden, acaparan la atención mediática hasta alcanzar el punto de saturación en la conciencia pública. El triángulo establecido entre estos factores puede considerarse como el pilar del orden político y social predominante en Honduras, de sus crisis y la recurrente inestabilidad sociopolítica.
Un rasgo particular de este triángulo, es que sus tres componentes son percibidos negativamente por la opinión pública. No obstante, determinan la mayoría de los comportamientos públicos, con un enorme poder disruptivo en los tejidos sociales. A la vez, ponen el tema del orden político y social en un primer plano, en un contexto de crisis y aguda lucha por el poder.
Este primer plano puede leerse en los temas que se abordarán aquí, a lo que se agrega un somero análisis de categorías analíticas como la confianza y la desconfianza que, además de aparecer en sondeos de opinión pública, también son parte de las relaciones sociales en la vida cotidiana, influyendo en el comportamiento colectivo.
En esta y otras manifestaciones, se está ante una inminente erosión del capital social, una situación que no siempre se ha considerado suficientemente al abordar la cuestión del orden político y social a la luz de los tres factores constitutivos antes señalados.
De esto trata este artículo, que evalúa aspectos concretos del orden político y social que, al ser evaluados desde la percepción ciudadana, quedan expuestos a diversas formas de subjetividad que califican el comportamiento de los actores, con signo positivo o negativo, en los contextos políticos, institucionales y sociales en que interactúan.
Los lugares que han constituido escenarios de violencia han servido, en el pasado y el presente, para visibilizar la diversidad y magnitud de la violencia, de sus actores y víctimas, su condición social y las circunstancias individuales manifiestas en las identidades de las víctimas y de sus victimarios. Sin embargo, el crecimiento cuantitativo de víctimas no debe servir para ocultar el carácter estructural de la violencia en la sociedad hondureña en el pasado y en la actualidad. De esto nos informan los tres casos que, brevemente, se presentan a continuación.
El primero, sobre 46 mujeres privadas de libertad asesinadas en un reclusorio femenino, en junio de 2023. El segundo, relacionado con la violencia en el antiguo “enclave bananero” de la Costa Norte, a partir de la interpretación crítica de una obra literaria de 1950. Y el tercero, un viaje a los orígenes de la violencia política y social en Honduras, en la caracterización hecha por el historiador Lucas Paredes en 1958.
1. Tragedia en el centro penal de mujeres
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, “Las cárceles de Honduras son verdaderas trampas de muerte en las que desde el último decenio del siglo pasado hasta lo que va del presente, fueron asesinadas más de 1.000 personas, las últimas 46, todas mujeres, en hechos ocurridos el martes en el Centro Femenino de Adaptación Social, cercano a Tegucigalpa”.
Los picos más altos en las matanzas ocurridas en los centros penitenciarios se produjeron en el siglo actual: “Solo entre 2003 y 2019, el Conadeh registró 1.050 muertes violentas de privados de libertad, sin que hasta ahora se vislumbre una solución en el corto plazo que ponga fin a la inseguridad que impera en las 25 cárceles del Sistema Penitenciario, muchas de ellas controladas por pandillas”[1].
Lo ocurrido en dicha cárcel, el 21 de junio de 2023, representa un hecho hasta ese momento inédito en Honduras, particularmente porque todas las víctimas fueron mujeres, asesinadas por otras mujeres. De acuerdo con lo informado por diario El País, “La cifra más reciente apunta a 46 reclusas asesinadas, varias de ellas calcinadas, después de que iniciara un ataque de integrantes de la Pandilla 18 contra reclusas de la Mara Salvatrucha, las dos organizaciones criminales que siembran el terror en el país centroamericano”[2].
“Esto es como una película de terror”
Según lo informado por las autoridades, “Las primeras investigaciones apuntan a que un grupo de mujeres de la Pandilla 18 amenazaron con armas de alto calibre, redujeron a las guardias penitenciarias, atacaron las celdas donde se ubican sus rivales y luego les prendieron fuego”. (…) “Selectivamente fueron asesinando. Esto que ha sucedido es como una película de terror y hay que hacer énfasis en que esta tragedia nunca debió haber ocurrido”, ha dicho Elvia Valle, comisionadadel Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev)”[3].
Las familias de las víctimas, los medios de comunicación y la opinión pública esperaban información oficial “de por qué las privadas de libertad tenían armas de alto calibre en la cárcel”, lo que reactivó la sospecha sobre la presencia de otros actores y la permisividad de las autoridades en los centros penitenciarios. De acuerdo con lo informado en ese momento, “La corrupción en el interior de las cárceles es tan alta que las mismas autoridades han reconocido que los cabecillas de grupos criminales ordenan desde sus celdas secuestros, extorsiones y controlan el negocio de la venta de drogas”[4].
En Honduras, este tema lleva más de veinte años, y ahora se ha generalizado en varios países latinoamericanos, como señala Gerardo Lissardy en un reportaje: “A lo largo de América Latina, distintas penitenciarías creadas por los Estados para mejorar la seguridad de quienes están fuera de ellas han tenido un efecto inverso al buscado: se volvieron centros de comando de importantes organizaciones criminales”[5]. Y añade:
Por lo general esas bandas surgidas y dirigidas desde prisiones tienen el narcotráfico como principal fuente de ingresos. Pero los especialistas creen que algunas han incursionado en otras modalidades de delitos, desde extorsiones hasta minería ilegal.
Según Gustavo Fondevila, un experto consultado por G. Lissardy, “Es un Estado paralelo dentro de las prisiones”.
La realidad contemporánea supera los proyectos del pasado –continúa el reportaje de Lissardy–: “Ya no es la prisión como la habíamos pensado, el desafío de las cárceles para los países latinoamericanos ha crecido a medida que sus celdas se desbordaron de reclusos en las últimas décadas, sin políticas efectivas para acompañar esa tendencia y rehabilitarlos. (…) Ese aumento en la cantidad de presos llegó a 200% en Sudamérica, de acuerdo al estudio, y 77% en Centroamérica”[6].
Con 916 privadas de libertad, 103 de las cuales se encontraban hacinadas en el Módulo 1 donde ocurrió la tragedia, el Centro de Adaptación Social Femenina de Támara, Cefas, es un ejemplo de hacinamiento carcelario y sirve para ilustrar lo dicho por los expertos respecto del lugar que los centros penitenciarios ocupan en las estructuras que generan violencia y el papel que asume la institucionalidad estatal en su fortalecimiento.
Con base en una entrevista concedida por una defensora de derechos de las mujeres privadas de libertad, Delma Ordóñez, que fue autorizada a ingresar al penal tras la tragedia del 21 de junio, los hechos fueron reconstruidos con el horror de sus detalles: “Todas las privadas con las que hablé me dijeron que las autoridades no hacían nada, que había privadas de libertad caminando por la prisión con armas y nadie las detuvo”. “Una de ellas me contó que vio cuando otra privada de libertad sacó un frasco de vidrio de mayonesa lleno de gasolina con una mecha y lo tiró contra el colchón que protegía la entrada del baño”. “Esos fueron los 23 cuerpos que encontraron juntos, parece que estaban abrazadas. Y luego se encontraron 23 cuerpos más acribillados”.
Y agregó: “Mientras se escuchaban disparos por los pasillos, se hizo una columna de humo negro muy densa. Todas dicen que ya no se podía ver nada”. Asimismo, durante el rescate de los cuerpos para su identificación, “Solo se miran los huesos, me dijo uno de los muchachos que estaba recuperando los cuerpos. Era una escena dantesca, el olor era insoportable”. “Luego nos dijeron que encontraron cuchillos, machetes, pistolas, un fusil AR-15 y una Uzi. También granadas”. Resumiendo sus observaciones, a la vez que identificaba lo novedoso en este acontecimiento trágico, afirmó: “Es curioso porque los hombres se enfrentan a bala viva. Pero esto que pasó entre las mujeres, con tanta violencia, no lo habíamos visto”[7].
2. Violencia y dignidad en Prisión verde
El propósito de visibilizar los actores y lugares de la violencia ha estado presente en el pensamiento hondureño, especialmente del siglo XX, en los periódicos, el relato histórico y la narrativa literaria. En la literatura, se concreta una imagen de la violencia en un lugar con nombre y color propio en Prisión verde (1950)[8], la reconocida novela de Ramón Amaya Amador (1916-1966).
En 2004, D. Scott Hendrickson elaboró una aguda interpretación sobre el uso, sentido y significado de la violencia en dicha obra. Según el autor, “Prisión verde es una denuncia de los poderes opresivos sobre los trabajadores campeños: las compañías fruteras de Estados Unidos, el gobierno comprometido con ellas y las fuerzas armadas al servicio de los intereses corruptos. Así, uno de los temas más destacado de la novela es la violencia”[9]. A esta la caracterizó en los términos siguientes:
A veces evidente, la violencia late por debajo de todo como un volcán semidormido con pequeñas e inmaduras erupciones a lo largo de la novela. Es a través de la violencia que los personajes oprimidos, los mismos que rechazan los recursos violentos de la correspondida agresión, se realizan como seres humanos con derecho a tener una voz y de contar con su propia dignidad[10].
Y citando a Ariel Dorfman (Imaginación y violencia, 1972), señala que en las Américas “la violencia es la prueba de que yo existo”.
Con perspicacia, Hendrickson observa que “por un lado las enfermedades subrayan las condiciones pobres de la gente en los campos bananeros, y por otro lado el malestar general tiene que ver con la violencia”. Todo ello, a pesar de que “…el entorno parece una armonía entre civilización y naturaleza”[11]. En su opinión,
Amaya Amador retrata un pueblo violado y sufrido, aun el mismo paisaje que rodea al campeño refleja las heridas del pueblo doloroso. Con la vista del sol poniente desde los barracones, el ocaso era un charco de sangre que salpicaba las montañas y el valle jocundo.
Su mirada lo lleva a relacionar el país con su gente en el hervir de la violencia, al afirmar que “Ambos, país y paisano, están infectados de la violencia, anhelantes de una purgación”. Y agrega:
En Prisión verde, el rencor y la ira se van acumulando como un volcán casi a punto de erupción. Con esto, para los campeños, la violencia se vuelve la manera de expresarse, de entenderse. En el nivel existencial, según Dorfman, esta violencia horizontal entre los hermanos víctimas es la contagiosa “enfermedad” del “mundo como cárcel”. Es el “golpe psicológico” del cual sufre el pueblo sin otra alternativa de heroísmo[12].
La dimensión social del problema también es observada por el agudo crítico: “Identificados con su entorno, las relaciones interpersonales de los campeños fácilmente se cargan de conflicto y agresión. En esta situación reina la paradoja del hombre compadre / agresor. Si en el campo bananero, según el relato, ´hay muchos hombres montunos, que aguijoneados por los instintos…, podrían irrespetar a una mujer [¡Cualquiera!] al encontrarla sola en la finca’, al igual la mujer emana la belleza lasciva de una mujer-pantera, arisca y selvática…como una mezcla de flor y espina, de mordisco y beso”[13].
Para Scott Hendrickson, “La violencia abunda en el entorno del campo bananero, hasta que se vuelve una expresión de solidaridad entre los trabajadores. Todos andan armados, amoldándose a su ambiente como ´autómatas´. El vínculo de la solidaridad se hace cada vez más fuerte bajo las condiciones injustas. (…) pero, al igual, los campeños padecen de una violencia propagada entre sí mismos, ´estos hombres que se matan lentamente´. (…) Y es a través de la violencia irracional que éstos se vuelven los ídolos de los demás”[14].
Y concluyó reconociendo que “Juntos, celebran el vínculo al heroísmo, la violencia”[15]. A la vez, visualizó una inquietud que aún ronda en Honduras, incluso fuera de los límites del antiguo enclave bananero: “En Prisión verde la violencia del golpe psicológico también penetra otro nivel distinto de la realidad: las visiones fantásticas, las pesadillas y la locura invaden a algunos personajes”[16].
3. Lucas Paredes y los orígenes de la violencia en Honduras
Según el historiador Lucas Paredes, “Después de ser proclamada la Independencia aparecieron en Honduras los primeros caudillos disputándose el privilegio de regir los destinos del naciente Estado, y agitando al mismo tiempo entre sus manos, banderas de nefastos personalismos. Cada quien trató de organizar su grupo, y estos grupos chocaron pronto en forma violentísima, cuando se disputaron el dominio del poder”[17]. En su opinión,
De aquellos choques surgieron las primeras desavenencias irreconciliables, que alentaron pasiones extremas, las mismas que dieron pábulo a un implacable odio que con el correr de los años, llevó a miles de hondureños a luchas de interminable exterminio. (…) Así es como este pueblo asió el arma homicida, no para construir una Patria mejor y más querida, sino para herir a muerte el alma misma de su suerte[18].
Entre las consecuencias de tal estado de cosas, Lucas Paredes reafirma: “Con el tiempo, estas luchas se volvieron encarnizadas y sangrientas, dando como único resultado el asesinato, el saqueo, la violación, el asalto, el abigeato y demás secuelas, a extremo tan peligroso que en el hondureño se aferró la obsesión del mando, el delirio de matanza y la locura del dinero. Se disputaba el poder a sangre y fuego”[19].
4. Espacio de interacción de la violencia y la corrupción: ¿Más seguridad pública o más tenencia privada de armas?
La prohibición de portar armas en el departamento nororiental de Colón se decretó en 2012; paradójicamente, desde ese año a la fecha, se han producido “dos mil muertes violentas”[20].
Este tema cobró vigor a inicios de agosto de 2023, cuando “empresarios, autoridades locales y fuerzas vivas acordaron cerrar accesos al departamento de Colón si no es derogado el decreto 17-2012 sobre portación de armas en Colón. El plazo dado al Congreso Nacional para que lo derogue vence el 28 de agosto de 2023”[21].
Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, una ciudad en crecimiento también conocida como la “capital de la reforma agraria”, calificó la prohibición como una “normativa injusta”. Según él, “no puede ser que 17 departamentos sean privilegiados con la portación de armas”, y agregó que “no es posible que los delincuentes anden armados y la gente humilde, la gente honrada, la gente que tiene sus bienes, los ganaderos productores, no puedan andar un arma”.
En opinión del alcalde, “El que anda arma y la anda ilegal lo que hace es pagar multas y ¿quién se beneficia?, entonces yo creo que es mejor legalizar a las personas que necesitan andar armas para protegerse y que se evite la corrupción y la gente también tenga un respaldo en cuanto a su seguridad”.
Este reclamo reavivó la memoria de los problemas subyacentes, y se recordó que la prohibición se estableció durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, “ya que en ese momento se estaba pasando por mucho conflicto por el reclamo de tierras al punto que en tres años fueron asesinadas 50 personas por dicho motivo”[22].
Una década después, los pobladores de ese departamento argumentaban que los delincuentes comunes y grupos criminales “sí están armados y el resto de la población, que son la fuerza productiva de ese territorio, están en indefensión”[23]; así, dejaban al descubierto la presencia de nuevos actores relacionados con el crimen organizado[24], en una geografía que también formó parte del enclave bananero al que se refirió Amaya Amador en su novela Prisión verde.
5. La violencia contemporánea
En el Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ (2023), el 67 por ciento de la población consultada consideró que los asesinatos aumentaron en el último año. Pero estos son solo la punta del iceberg de una creciente lista de delitos a que se expone la población en un contexto de violencia y crisis socioeconómica; entre otros el robo, con o sin agresión física; el asesinato de algún familiar o pariente cercano, un hecho que afecta a grupos familiares completos y no solo a la víctima directa.
Otros delitos que implican alguna forma de violencia son las amenazas, la extorsión, la agresión física, lesiones, agresión sexual, violencia intrafamiliar y secuestro, que registraron indicadores menores al 7 por ciento[25]. Estas diversas formas de ejercicio de la violencia han conducido a hablar de una “crisis de seguridad”, que el Sondeo registra como el segundo problema en importancia. El 31.5% de la población consultada, sigue considerando que su lugar de residencia es inseguro[26].
La violencia, la delincuencia y la criminalidad son enfrentadas por las autoridades de Seguridad con el establecimiento de un estado de excepción desde diciembre de 2022, sobre todo para responder a la expansión del delito de extorsión. El 61.5% de los consultados manifestó su acuerdo con esta disposición, pero el 12.5% no sabía nada respecto de la adopción de dicha medida. Esto podría indicar la falta de comprensión del concepto de estado de excepción, su finalidad y relación con el Estado de derecho[27].
Al respecto, el análisis del Sondeo concluye que la percepción sobre el potencial de éxito del estado de excepción contra las maras y pandillas es de 21.3 por ciento, mientras que para el 66.6 por ciento, esta medida no resolverá el problema; el 12.1 por ciento no sabía o no respondió la pregunta[28].
Entre las soluciones propuestas por las personas consultadas, destaca la importancia de que el Ministerio Público lleve a cabo investigaciones criminales, y acompañe esta medida con una lucha efectiva contra la impunidad. Al menos el 15.1% consideró que se debe depurar los cuerpos armados del Estado, proteger la soberanía nacional, aumentar la inversión pública y extraditar a los narcotraficantes[29].
El narcotráfico sigue siendo un problema relevante. El 66.2% consideró que existe “mucha o alguna presencia” del narcotráfico en las instituciones del Estado. Un aspecto notable, es que el 48.6% de la población consultada percibe cambios en la manera de operar del narcotráfico, pero el 47.5% considera que este sigue operando igual que en el pasado; es decir, antes de las extradiciones de sus cabecillas[30].
6. La corrupción como un desafío
En el Sondeo de Opinión Pública 2023, la corrupción aparece en diversas áreas temáticas; por ejemplo, en la sección “Principales desafíos del gobierno”, la corrupción se situó en la tercera posición (12.2%), a poca distancia de la opción “resolver crisis de violencia”, que obtuvo 10.9% entre los principales desafíos[31]. Ambos reflejan las preocupaciones relevantes en la sociedad.
Sin embargo, el “combate al narcotráfico” está en la última posición, con apenas 4%, muy lejos del 38.2% que recibió el desafío “resolver la crisis económica”, que ocupó el primer lugar[32]. Estos indicadores se situaron en posiciones similares entre los temas que la población encuestada considera que el gobierno debe “priorizar”.
7. Violencia, confianza y desconfianza pública
Al considerar que la violencia afecta la convivencia pacífica en la sociedad, también se debe reconocer que esta impacta negativamente en la confianza pública, que lentamente va siendo sustituida por la desconfianza que hoy prevalece en casi todos los espacios de interacción de la sociedad hondureña.
Una vez establecidas, la violencia y la desconfianza actúan como una fuente combinada de consecuencias aún mayores para la sociedad; entre otras, la instalación del miedo y de un estado de alerta ante la amenaza y el riesgo. La decisión individual de proteger y preservar la vida, un acto legítimo, pronto se transforma en una manifestación que, bajo el influjo de la violencia y la desconfianza, contribuye a demoler el hecho colectivo fundado en la confianza para la convivencia.
Según datos recopilados por el Sondeo, las instituciones que más desconfianza despiertan en la ciudadanía son los partidos políticos, que ocupan el primer lugar (85.9%); les siguen de cerca el Congreso Nacional (81.9%) y el Consejo Nacional Electoral, que se alza con el tercer lugar (80.6%). Ocupan los lugares siguientes el Gobierno Central (76.4%) y la Corte Suprema de Justicia (76.2), con escasa distancia entre sí.
Estas cinco entidades —fundamentales para el sistema republicano de gobierno y el funcionamiento del Estado de derecho— capitalizaron los porcentajes más altos de desconfianza ciudadana. La importancia de estos datos aumenta, cuando se considera que los evaluados son los tres poderes del Estado.
Según Daniel Zovatto, refiriéndose a las características de los sondeos de opinión en América Latina,
Las preguntas que se centran en las instituciones intentan valorar la confianza que existe en las mismas, consideradas éstas en un sentido amplio más que en individuos particulares asociados a ellas. Este tercer nivel permite considerar de manera más profunda y detallada el desempeño del régimen, separando en cierta forma el aspecto del desempeño de los gobiernos actuales de los elementos «institucionales» del régimen que tienen un carácter más permanente[33].
La valoración hecha por el Sondeo 2023, afirma que “Un rasgo de la sociedad hondureña es el desencanto con toda la institucionalidad, y se expresa en la escasa confianza que deposita en ella, lo cual hace más complicada la posibilidad de construir gobernabilidad o cohesionar las luchas territoriales por las diferentes expresiones de los movimientos sociales. Se consultó la percepción sobre 20 instituciones y organizaciones y los resultados dejan poco espacio para la esperanza”[34].
Como señala Darío Rodríguez Mansilla, hablando en términos generales, “El pesimismo es la nota característica de una juventud que no encuentra en el futuro opciones convincentes que le permitan orientar sus acciones presentes”[35]. Y antes, Niklas Luhmann afirmó:
No se necesita más que una inspección superficial para mostrar que el tema de la confianza implica una relación problemática con el tiempo. Mostrar confianza es anticipar el futuro. Es comportarse como si el futuro fuera cierto. (…) La confianza no implica consideraciones irreales[36].
En 2023, la esperanza y la desesperanza en la conciencia pública, rastreadas por el Sondeo durante más de una década, mostraron “desplazamientos significativos”. Entre 2022 y 2023, la esperanza retrocedió en más de 14 puntos porcentuales en la población encuestada, en tanto que el miedo aumentó un porcentaje similar en el mismo periodo.
En 2022, el 73.6 por ciento “expresó sus sueños y esperanzas depositadas en los cambios generados con la nueva administración, tras 12 años de liderazgo del Partido Nacional”. Sólo el 22 por ciento manifestó sentir miedo. Pero, en 2023, el 35.3 por ciento expresó “sentir miedo al pensar en el futuro del país…”[37].
Esto significaría —al menos en este caso y si aceptamos que la esperanza mejoró su indicador en 2022 por las expectativas ante la elección de la primera mujer para presidir el país—, que la esperanza y el miedo están estrechamente relacionadas con los cambios y retrocesos que se operan en la política.
La confianza y la desconfianza son, por consiguiente, componentes transversales de la sociedad, presentes en la familia, la pareja, el vecindario, las amistades, las relaciones económicas, políticas y la cultura; de ahí su valor como capital social compartido y vivido colectivamente.
8. Hacia una necesaria síntesis
Los efectos de la violencia han estado presentes en la conciencia de Honduras desde su etapa más temprana de constitución como Estado y nación. La principal preocupación, sobre todo cuando la violencia se ha visto asociada a la política, ha sido en cuanto a la viabilidad o inviabilidad de Honduras como Estado y nación. La violencia está presente en casi todos los escenarios del país; sin embargo, se figura y refigura constantemente, según las características del entorno sociopolítico.
Una pregunta clave es determinar si la violencia es disfuncional respecto del tiempo y la sociedad actual o si, por el contrario, su función en el presente es complementar y fortalecer las tendencias autoritarias, que necesitan de una atmósfera amenazante para aumentar su poder y consolidar su crecimiento.
El conflicto principal que encierra la violencia, es que hoy representa un anacronismo histórico que deja al descubierto antiguas formas de funcionamiento del Estado y la sociedad, cuando la violencia determinaba la vida política y social en Honduras. Pero deviene disfuncional, cuando la política y la sociedad no pueden avanzar más allá de su situación actual, como se deduce de los perjuicios que la sociedad y la economía, la convivencia social y la cultura, sufren por el desangramiento provocado por la violencia y la criminalidad.
La violencia, la corrupción y la política han estado presentes en todos los casos expuestos, en los que interaccionaron en diversas dimensiones. En un momento dado, el peso de la violencia se desplazó significativamente hacia la corrupción, que asumió el papel de intermediaria entre la política y la violencia.
La corrupción puede jugar este papel, porque todas las redes que teje dentro y fuera de las instituciones del Estado le otorgan un carácter constitutivo en la asociación con la política y la violencia, así como una notoria capacidad para institucionalizarse y delinquir desde las instituciones estatales; de esta manera, reproduce continuamente un modelo de “gobernabilidad” basado en la asociación de la política con la corrupción y la violencia.
A la institucionalización de la corrupción en el Estado, se suma su función como agente que recorre transversalmente las estructuras políticas y sociales para reproducirse en una dimensión más amplia; así se fortalece y amplía su capacidad para capturar estructuras sociales que le permitan consolidar y aumentar su poder económico, político y social.
Las palabras clave en esta configuración son la institucionalización, el carácter transversal y el paralelismo que la corrupción crea respecto del poder legítimo; estos rasgos no deben pasar inadvertidos en el estudio de la violencia que, al quedar asociada con la política a través de la corrupción, se convierte en historia de la criminalidad en diversas dimensiones de la sociedad hondureña.
El surgimiento de estructuras delictivas con nombre propio, como las maras y pandillas, las redes de corrupción y las redes de tráficos ilícitos de distinta naturaleza, asumen funciones ejecutivas cuyo crecimiento solo pudo ser posible en la compleja asociación que hoy muestran la política, la corrupción y la violencia.
El primer caso que ilustra aspectos de lo antes señalado, es el del sistema penitenciario nacional, cuyos antecedentes como escenario de masacres y revueltas internas se remontan a finales del siglo pasado, y se reafirman en el reciente episodio trágico en el penal para mujeres.
Este caso contribuye a ilustrar, y en parte a explicar, el papel que la violencia asume en circunstancias específicas para apropiarse de instituciones de reclusión que, nominalmente, han sido destinadas al cumplimiento de penas de privación de libertad por mandato de la justicia.
El sistema penitenciario constituye hoy una experiencia inédita en la construcción de una forma determinada de poder, instituida paralelamente a los poderes legítimos. Son centros de poder que se apropia el crimen organizado, por un mecanismo similar al caballo de Troya de la Ilíada de Homero en la antigüedad griega. La ciudad sitiada es asaltada desde dentro, por un artefacto introducido con algarabía por sus futuras víctimas.
Este escenario sólo es posible cuando el vacío dejado por la ruptura del pacto social es ocupado por “pactos de impunidad”, que se imponen sobre la justicia y las instituciones. Esta particularidad permite introducir la violencia y la corrupción como factores determinantes en el respaldo a dichos pactos, que convierten el ejercicio del poder público en usufructo privado. Por consiguiente, el lugar de la violencia y la corrupción en la institucionalidad estatal está determinado por el carácter mercantil que el sistema político asume, y este es el inicio de un contexto generalizado de ilegalidad e ilegitimidad.
Por tanto, se puede suponer que la consolidación del poder del narcotráfico y el crimen organizado, y su incidencia en el Estado hondureño, están relacionadas con el control, la corrupción y los repetidos estallidos de violencia en los centros penitenciarios, particularmente desde 2003 —cuando la masacre de 69 privados de libertad en la granja penal El Porvenir de La Ceiba atrajo la atención de la opinión pública[38]—, hasta la tragedia de junio de 2023 en el penal para mujeres de Támara.
El patrón de las masacres en los centros penitenciarios, que el ERIC-SJ ha rastreado desde el 12 de noviembre de 1999, cuando once jóvenes pandilleros perecieron al enfrentarse entre sí en el presidio de San Pedro Sula; el 21 de marzo de 2003, cuando siete reclusos murieron por intoxicación; pasando por la masacre de El Porvenir y sus 69 fallecidos; y la cuarta masacre, la mayor de todas en la primera década del siglo actual, en la que perdieron la vida 105 jóvenes pandilleros por un incendio en el pabellón donde estaban recluidos[39], es similar al que prevalece actualmente.
Según el informe citado, las pautas observadas son: “a) la posesión y el uso de armas de todo tipo por parte de los reclusos; b) el tráfico de drogas en el interior de los reclusorios; c) el contubernio o la complicidad del personal penitenciario con los reclusos; d) la tendencia a provocar crímenes colectivos que afectan principalmente a los jóvenes pandilleros; e) la impunidad, por falta de investigación y esclarecimiento de los hechos”. Además, “La versión oficial es casi siempre la misma: señala a los reclusos, a sus disputas internas y su condición de pandilleros juveniles como causas de la violencia y los crímenes”[40].
El patrón general y las pautas específicas antes descritas, conducen a la necesidad de contar con una perspectiva que visibilice y articule los estrechos vínculos entre violencia y política, entre corrupción, política y justicia, de los cuales derivan escenarios de producción, interacción y consumo del poder que emana de tales relaciones.
La conjugación de los tres factores señalados, es decir, la violencia, la corrupción y la política es, por tanto, la fábrica en que se procesan los acontecimientos que condujeron a la distorsión de la funcionalidad del Estado y la contaminación de su legitimidad política y social.
Todo ello deja sin fundamento las visiones deterministas, cuyo discurso –sin sustento real–, remite todo a una supuesta “cultura de violencia” o “cultura de corrupción”, cuya generalización exime de responsabilidad a los protagonistas activos de la violencia y la corrupción. Si existe alguna “cultura” en torno de dichos fenómenos, esta es la cultura política proclive a la violencia, la corrupción y el crimen para sustentar su poder y controlar el Estado.
En suma, la violencia y la corrupción ocupan hoy un lugar decisivo para desestabilizar la vida política y consolidar la hegemonía de determinados grupos de poder en la administración del Estado. Un caso paradigmático es el del régimen anterior (2014-2021), una de cuyas consecuencias fue el adelgazamiento de la frontera entre la institucionalidad legítima del Estado y la institucionalidad ilegítima de poderes que actuaban –y probablemente siguen actuando– desde las estructuras del poder paralelo que crearon para ejercer un control más firme en las instituciones estatales.
La desconfianza de la población respecto de las instituciones del Estado, como las evaluadas en el Sondeo del ERIC-SJ, tiene mucho que ver con la imagen de ambigüedad entre lo legítimo y lo ilegítimo, que la institucionalidad pública produce en la percepción ciudadana. Lo que se manifiesta es una pérdida constante de confianza en la “clase política” y los partidos políticos, supuestos intermediarios de la demanda social ante el Estado. Sin duda, tal desconfianza incide en las percepciones y comportamientos que se observan en la política y la sociedad hondureña. Como sostiene Niklas Luhmann,
Donde hay confianza hay aumento de posibilidades para la experiencia y la acción, hay un aumento de la complejidad del sistema social y también del número de posibilidades que pueden reconciliarse con su estructura, porque la confianza constituye una forma más efectiva de reducción de la complejidad[41].
Por consiguiente, la confianza es un factor decisivo en la construcción de la democracia. Este papel de la confianza revela, además, que la democracia no se constituye únicamente como capital político, sino también como capital social.
En síntesis, la confianza y la desconfianza actúan como intermediarias de la democracia con el pueblo soberano que aspira a una democracia legítima y efectiva. El problema estriba, por tanto, en que el factor que predomina es la desconfianza. Desde esta perspectiva, la confianza y la desconfianza juegan –en tanto que intermediarias entre diversas categorías políticas–, un papel similar al de la corrupción al mediar en la interacción de la política y la violencia.
En otras palabras, el sistema político hondureño es intermediado por dos categorías negativas; este es un rasgo relevante de la democracia contemporánea y del sistema político que la sustenta, con repercusiones igualmente relevantes en la determinación del contenido de las relaciones sociales y políticas en la sociedad hondureña.
En un contexto de tal naturaleza, la prevalencia de la violencia deja al descubierto el carácter, contenido y forma que adoptan las relaciones sociales en un tiempo y espacio específicos. En tales relaciones sociales, incluyendo las interpersonales, el lugar más importante sigue siendo el cuerpo humano, que cualitativa y cuantitativamente sufre mayor destrucción, en comparación con la propiedad material.
En suma, la relación construida por la violencia, la corrupción y la política implica una disputa sobre el territorio, la economía y la sociedad, un hecho inédito en la historia del país, que ha conducido al desdoblamiento del Estado en parcelas capturadas por fuerzas ilícitas. Por tanto, la fragmentación del poder del Estado se produce como resultado de esta parcelación de las instituciones, con el consiguiente debilitamiento del conjunto institucional.
Esto es lo “nuevo” en las relaciones que se analizan aquí, que tienen como foco de atención acontecimientos ocurridos en el sistema penitenciario desde el inicio del siglo XXI. Otros hechos recientes, como el incendio de la posta policial en el municipio de Limón, departamento de Colón, tras la captura de un ciudadano reclamado en extradición por los EUA; o el reclamo de las autoridades y los grupos de poder económico en el mismo departamento, para derogar un decreto que impide la portación de armas en su jurisdicción, revelan que existen entornos que favorecen la violencia en una geografía donde también se han encontrado, incautado y destruido importantes plantaciones de cannabis y de hoja de coca[42].
Lo antes expuesto contribuye a establecer una clara distinción entre el siglo XX y el siglo actual, no porque la violencia, la corrupción o los desplazamientos de población no hayan ocurrido en otros periodos de la historia nacional, sino principalmente por la magnitud y la simultaneidad con que estos fenómenos suceden hoy.
Estos nuevos componentes, estructuras y funciones subyacentes, al reconfigurar los contextos y dimensiones antes mencionados, inciden también en la transformación de su conocimiento. Este se refigura sobre la evaluación de dichos fenómenos, su contenido, formas y métodos de aproximación para su definición, proponiendo así nuevos retos a la investigación social, política, histórica y cultural.
[1] Cable de la agencia internacional de noticias EFE, “Más de 1.000 privados de la libertad han muerto en Honduras en las últimas tres décadas”, del 21 de junio 2023, reproducido en: https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-c%C3%A1rceles_m%C3%A1s-de-1.000-privados-de-la-libertad han-muerto-en-honduras-en-las-%C3%BAltimas-tres-d%C3%A9cadas/48610124
[2]El País, edición de México, “Honduras identifica a las 46 reclusas asesinadas tras un motín en una cárcel de mujeres: Es como una película de terror”, 21 de junio, 2023, disponible en:
[3]Ibíd.
[4]Ibíd.
[5] Gerardo Lissardy, “Cómo las cárceles de América Latina se volvieron centros de comando de algunas de las principales bandas narco de la región”, BBC News Mundo, 08 agosto, 2023, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/articles/c3g191pry6zo
[6]Ibíd.
[7]Cfr., BBC News Mundo, “Las vamos a matar a todas”: así fue el violento enfrentamiento entre mujeres que dejó 46 reclusas muertas en una cárcel de Honduras”, 23 de junio, 2023, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/articles/cj51d83jr2do
[8] José Antonio Funes, “Libros clave de la narrativa hondureña (VIII). Prisión verde., Rinconete, 14 de abril, 2009, disponible en: https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/abril_09/14042009_01.htm#:~:text=Es%20en%20este%20contexto%20que,Amador%20(1916%2D1966).
[9] D. Scott Hendrickson (SJ), “Violencia y dignidad en Prisión verde”, en: revista Envío-Honduras, Año 2, No. 4, El Progreso, Yoro, mayo-junio, 2004, p. 11.
[10]Ídem.
[11]Ibíd., p. 12.
[12]Ibíd., p. 13.
[13]Ídem.
[14]Ídem.
[15]Ibíd., p. 14.
[16]Ibíd., pp. 14-15.
[17] Lucas Paredes, Drama político de Honduras, Editorial Latinoamericana, S.A., México, 1958, Introducción, p. 11.
[18]Ídem.
[19]Ibíd., p. 12.
[20]La Prensa: “Colón, 10 años sin armas, pero con dos mil muertes violentas”, 09 de agosto 2023, disponible en: https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-toma-carreteras-exigiran-derogue-decreto-desarme-colon
[21]Ibíd.
[22] Cfr., https://hondusatv.com/piden-derogar-la-ley-que-prohibe-usar-armas-en-el-departamento-de-colon/
[23]El País.hn, edición del 09 de agosto 2023, disponible en: https://www.elpais.hn/piden-cancelar-el-decreto-que-prohibe-uso-de-armas-en-colon/
[24]En el sector montañoso de El Escondido, comunidad de Limón, departamento de Colón. Cfr., La Tribuna, “FF.AA. aseguran más de 90 mil arbustos de hoja de Coca”, 30 de mayo 2023, p. 9.
[25]Sondeo de Opinión Pública, Edición Núm. 12, Boletín 2023, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), El Progreso, Yoro, mayo 2023, p. 12.
[26]Sondeo, p. 13.
[27]Ídem.
[28]Sondeo, p. 14.
[29]Sondeo, p. 15.
[30]Ídem.
[31]Ibíd., p. 10.
[32]Ibíd., p. 11.
[33] Daniel Zovatto, “Valores, Percepciones y Actitudes hacia la Democracia. Una visión comparada latinoamericana: 1996-2002”, en: América Latina Hoy, 32, 2002, pp. 29-53, Ediciones Universidad de Salamanca. El párrafo citado corresponde a la p. 31.
[34]Sondeo de Opinión Pública, p. 22.
[35] Darío Rodríguez Mansilla, Introducción a la obra de Niklas Luhmann Poder, Anthropos Editorial (Barcelona), Biblioteca A, Sociedad, No. 20, coedición con la Universidad Iberoamericana de México y el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005, p. XVI.
[36] Niklas Luhmann, Confianza, Anthropos Editorial (Barcelona), Biblioteca A, Sociedad, No. 20, coedición con la Universidad Iberoamericana de México y el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005, pp. 15 y 19.
[37]Sondeo de Opinión Pública, p. 27.
[38] Véase, “Suplemento especial. Una reflexión sobre la masacre del 5 de enero de 2006 en la Penitenciaría Nacional de Támara y de sus consecuencias para el sistema jurídico y político de Honduras”, Compañía de Jesús en Honduras, ERIC-SJ, El Progreso, Yoro, 13 de enero 2006, en: Envío-Honduras, Año 4, No. 10, febrero 2006.
[39]Ibíd.
[40]Ibíd., p. iv.
[41] Niklas Luhmann, Confianza, p. 14.
[42] Según información que se difunde internacionalmente, “Más de 4,7 millones de plantas de coca fueron decomisadas en Honduras en lo que va del año, en el marco de la lucha estatal contra el narcotráfico, informó este miércoles el portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Carlos Zavala. Fueron destruidas a nivel nacional en lo que va del año 2023, dijo el oficial en una declaración de prensa recogida por AFP”. Indicó que el último hallazgo se registró esta semana en la zona de Iriona, departamento de Colón, unos 400 km al noreste de Tegucigalpa, “de una extensión aproximada de 14 manzanas [cerca de diez hectáreas], en las cuales se han contabilizado hasta el momento más de 146.800 arbustos de hoja de coca. Los arbustos tienen una altura entre 1,5 y 2,3 metros, lo cual indica que ya tienen un tiempo de madurez bastante amplio”. Añadió que en el terreno hallaron también un “narcolaboratorio” con químicos utilizados para fabricar pasta”. Cfr., La Razón (Bolivia), “Más 4,7 millones de plantas de coca incautadas en Honduras durante 2023”, 9 de agosto 2023, en: https://www.la-razon.com/mundo/2023/08/09/mas-47-millones-de-plantas-de-coca-incautadas-en-honduras-durante-2023/
*Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.