Rafael Jerez Moreno*
Este artículo propone un debate más profundo sobre el proceso de selección de altos funcionarios, que trascienda del debate que se limita a la lista de cinco candidatos. Se debe avanzar en la calidad de los integrantes de las juntas evaluadoras y, más importante aún, en la calidad de las personas que resulten nominadas, y finalmente electas.
Introducción
En mayo de 2023 inició el proceso para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto de la República para el período 2023-2028. El antecedente inmediato sobre el nombramiento del fiscal general en 2018, con la reelección de Oscar Chinchilla al margen del procedimiento previsto en la Constitución de la República, sitúa la próxima gestión del Ministerio Público (MP) con altas expectativas sobre el perfil de quién debe dirigir la institución.
Con un sistema análogo al previsto para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el proceso para elegir al fiscal general y fiscal adjunto del MP se divide en dos etapas: una dirigida por una Junta Proponente, que tiene a su cargo recibir las carpetas de postulación, la evaluación de las personas postulantes y la presentación de una lista de cinco candidatos ante el Congreso Nacional; y la segunda etapa que corresponde a este poder del Estado, con la celebración de audiencias públicas y el nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto con el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo.
A la fecha de redacción de este análisis (agosto 2023), la Junta Proponente ya entregó el listado de cinco candidatos con un trabajo que presentó avances y desafíos, y un Congreso Nacional cuyo ambiente previo a la elección se ha caracterizado por la hostilidad en la interacción de las fuerzas políticas que coexisten en el pleno de los 128 diputados y diputadas.
Este artículo tiene como objetivo exponer una visión integral del proceso de selección a cargo de la Junta Proponente, visibilizando aspectos que, a criterio del autor, son claves para comprender los desafíos que presentó el proceso en el preámbulo de la entrega de la lista de cinco candidatos al Congreso Nacional.
1. El entorno político del proceso de selección
No se puede analizar el entorno político con una visión reducida a las dinámicas que se han producido únicamente durante 2023. Con un período de gobierno que no ha alcanzado el 50% del tiempo que constitucionalmente le corresponde, podría considerarse que continúa en curso la transición política, que va más allá del cambio que se produjo en la conformación de los poderes Ejecutivo y Legislativo en enero de 2022, y del Judicial en enero de 2023.
Un resumen del proceso de selección de la CSJ lo presenta el comunicado que publicó la Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras) después de la elección de los quince magistrados, en el que reconoció “el gran esfuerzo hecho desde la Junta Nominadora (JN) para contar con juristas de primer nivel. Observamos que la decisión política se manifestó mediante una selección que, en parte, se basó en el reparto de cuotas y no hubo debate suficiente sobre los méritos”[1].
Además de los 117 votos que registró la elección de la CSJ, los jefes de bancada de los partidos políticos mayoritarios, el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal, firmaron un “Acuerdo para asegurar a los habitantes de la República de Honduras, la integración de la Corte Suprema de Justicia, en su potestad constitucional de impartir justicia para el período 2023-2030”[2]. El punto número siete del acuerdo explicó que respetarían la aplicación del principio de proporcionalidad al elegir e integrar las instituciones que le corresponde al Congreso Nacional, de acuerdo al resultado electoral obtenido por cada partido político declarado por el Consejo Nacional Electoral[3]. El siguiente punto, el número ocho, expresó que se aprobarían en el menor tiempo posible reformas a la Ley del Ministerio Público, “con el fin de garantizar el cumplimiento de su misión constitucional, de representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad”[4].
El clima de consensos en el Congreso Nacional, por lo menos entre Libre y el Partido Liberal, se esfumó después de que el actual director del Servicio de Administración de Rentas (SAR) disertara en el Congreso sobre la reforma tributaria propuesta por el Poder Ejecutivo, con el nombre de Ley de Justicia Tributaria, el 16 de mayo de 2023, sesión en la que el Poder Legislativo aprobó la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF)[5].
En su discurso, el director del SAR reprochó el funcionamiento del Congreso de los últimos tres períodos (2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022), calificándolo como una ventanilla de trámite de diputados y empresarios corruptos[6]. Ante los señalamientos, diputados de los partidos Liberal y Nacional abandonaron el salón de sesiones. Este acontecimiento despertó un debate sobre la necesidad de aprobar el acta legislativa en la que el Congreso votó a favor de la adhesión de Honduras al CAF, como requisito indispensable para su validez.
Este debate se extendió hasta después de que el Congreso Nacional regresó del período de receso que se realizó en junio de 2023, según el Decreto Legislativo N° 35-2022. La diferencia de criterios alcanzó su momento más álgido el 25 de julio, cuando se publicó en el Diario Oficial La Gaceta No. 36,290 el Decreto Legislativo N° 28-2023, que contiene entre sus disposiciones el Convenio Constitutivo del CAF. Lo anterior amerita un análisis dedicado a reflexionar sobre el alcance del procedimiento legislativo en Honduras, pero se incluye con el objetivo de visibilizar el deterioro del clima para los acercamientos y negociaciones políticas en el Congreso Nacional.
En contraposición a lo antes descrito, un momento reciente en que el Congreso superó las dos terceras partes de los votos de sus integrantes en la aprobación de decretos fue con la derogación del Decreto Legislativo N° 57-2020 y la reforma del Decreto Legislativo N° 93-2021, que contienen reformas, derogaciones e interpretaciones a diferentes disposiciones de la legislación penal, y que son parte de los decretos cuyo contenido se menciona en el Memorándum de Entendimiento suscrito por el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la instalación de un mecanismo internacional para el combate de la corrupción y la impunidad en Honduras[7].
Para finalizar esta sección, es importante situar al Congreso en un contexto nacional que continúa caracterizándose por niveles elevados de conflictividad. Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en 2021 se registraron 353 episodios de conflictividad en el país, cifra superada en 2022, con 651 sucesos de conflictividad[8]. Posteriormente, la ASJ publicó el Boletín de Conflictividad Honduras correspondiente al primer semestre de 2023, en el que expuso que, en el primer semestre de 2023, se registraron 242 conflictos, 94 menos que los registrados en el último semestre de 2022[9]. En este boletín la ASJ manifestó que
la alta ingobernabilidad se manifiesta cada vez más en el actual gobierno, donde no solamente se refleja con las acciones de colectivos, sino también se ha traducido a Secretarías de Estado y sobre todo en el Poder Legislativo en donde se han desarticulado todos los medios generadores de diálogo y consensos[10].
2. La conformación de la Junta Proponente, de la víspera a la fiesta
El trabajo de la Junta Proponente inició con la convocatoria de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, publicada el 8 de mayo de 2023, para que las organizaciones que conforman la Junta Proponente procedieran a elegir a sus representantes ante este órgano ad-hoc[11]. En este punto es preciso recordar que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) sientan las bases del proceso de selección, pero no desarrollan sus etapas. Esa es una tarea que le corresponde a la Junta Proponente en ejercicio de su facultad reglamentaria.
En la convocatoria, la presidenta de la CSJ estableció condiciones de elegibilidad, que esperaban que cada organización que conforma la Junta Proponente observara en la designación de su representante[12]. Anexa a la convocatoria, la presidenta de la CSJ publicó un “Perfil ideal miembro de la Junta Proponente de candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto de la República de Honduras 2023-2028” elaborado por la American Bar Association y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
La primera reunión de la Junta Proponente se produjo el 31 de mayo de 2023. Cada organización realizó su proceso para designar a su representante, la mayoría sin percances. En el caso de los representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las universidades privadas y el magistrado de la CSJ elegido por el pleno, el nombramiento fue comunicado por medio de redes sociales y medios de comunicación[13].
Por otro lado, los procesos para elegir a los representantes del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y de las organizaciones de la sociedad civil sí presentaron controversias y desafíos. En el caso del CAH, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público manda que debe realizarse por medio de su Junta Directiva. La designación del abogado Alejandro Hernández se produjo en medio de cuestionamientos del presidente del CAH, el abogado Rafael Canales, sobre componendas políticas para su nombramiento[14].
Para el caso de la designación del representante de las organizaciones de la sociedad civil el análisis se centrará en los vacíos normativos. La versión original del artículo 22 de la LOMP no preveía la participación de este sector en la Junta Proponente. Posteriormente, el 5 de agosto de 2013, en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,194, se publicó el Decreto Legislativo N° 158-2013, que contiene reformas a la LOMP. En este se agregó la participación en la Junta Proponente de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), un grupo de organizaciones de la sociedad civil.
El 22 de noviembre de 2016 la Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió la sentencia de inconstitucionalidad en el expediente número RI-623-13. En esta sentencia, la Sala de lo Constitucional declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la adición de la representación de la APJ en la Junta Proponente, ya que “no se observó el respeto al principio de igualdad, toda vez que la APJ deja por fuera otro sector de organizaciones que forman parte de la sociedad civil, interesadas en participar en la elección del fiscal general de la República (…)”[15].
En su decisión, la Sala de lo Constitucional también manifestó que esta situación podía ser enmendada “con la facultad reglamentaria del Estado” y, en ejercicio de esa facultad reglamentaria, la presidenta de la CSJ convocó a este sector. La facultad reglamentaria es un parche que realmente no cubre el vacío que subsiste, considerando que la ley no prevé expresamente la participación de la sociedad civil en la Junta Proponente.
El riesgo de dejar la solución a este tema en el ejercicio de una facultad reglamentaria es que también podría utilizarse a futuro para incluir otros sectores y desnaturalizar la esencia del principio de legalidad que la Constitución de la República prevé en el artículo 321, en el que manifiesta que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley”.
La inclusión del sector de sociedad civil presentó obstáculos para la constitución de la Junta Proponente, toda vez que en la convocatoria de la presidenta de la CSJ se solicitó a los sectores que acreditaran a su representante a más tardar el 22 de mayo de 2023. El 16 de mayo de 2023 se publicó la convocatoria para la celebración de la asamblea de sociedad civil, la cual se realizó el 26 de mayo de 2023[16]. La Junta Proponente se instaló el 31 de mayo de 2023.
3. Desarrollo del proceso de selección
En 2018, la Junta Proponente se instaló el 22 de marzo y entregó la lista de cinco candidatos al Congreso Nacional el 26 de junio de 2018. Pero, en este proceso de selección, la Junta Proponente se instaló el 31 de mayo de 2023 y entregó la lista de cinco candidatos al Congreso Nacional el 1 de agosto de 2023.
La primera tarea que asumió la Junta Proponente fue producir sus instrumentos técnicos; entre estos, la aprobación de un reglamento, el perfil ideal de fiscal general y fiscal general adjunto a elegir, una matriz de evaluación y el protocolo del proceso de selección.
En este punto hay dos elementos clave a valorar. El primero es que el reglamento se construyó sobre la base de un borrador propuesto por la American Bar Association y la OACNUDH. Aunque se hicieron cambios en detalles importantes, la Junta Proponente adoptó la estructura general propuesta para el desarrollo del proceso.
Según el reglamento, las etapas del proceso de selección se dividirían en: publicación de convocatoria; elaboración de listado preliminar de personas postulantes; subsanaciones; presentación de denuncias y tachas; descargo de las denuncias y tachas; resolución de denuncias y tachas; aplicación de pruebas toxicológicas y psicométricas; investigación de la trayectoria personal, profesional y patrimonial; entrevistas en audiencias públicas; evaluación basada en el perfil ocupacional y, tabla de gradación y selección final con equidad de género.
Una diferencia importante con el proceso de selección que se desarrolló en 2018, es que en aquel se aplicaron pruebas poligráficas. Para el proceso de selección de los candidatos a magistrados de la CSJ que lideró la Junta Nominadora entre 2022 y 2023 la prueba poligráfica se prohibió en la ley que reguló su funcionamiento.
En el reglamento aprobado por la Junta Proponente tampoco se previó la aplicación de pruebas poligráficas, y también se omitió la aplicación de pruebas de conocimientos, que sí se hicieron en el proceso de selección de los magistrados de la CSJ. Por lo demás, se mantuvo la base de las etapas del proceso de selección de la CSJ.
El perfil ideal de fiscal general de la República se construyó sobre el texto que utilizó la Junta Nominadora para el perfil de magistrado de la CSJ, aprobado en octubre de 2022. La estructura fue la misma, e incluso hubo indicadores del perfil de fiscal del MP que se refirieron a asuntos relativos al perfil de un juez, que no es un fiscal general.
Este es un punto clave en el desarrollo del proceso de selección, que no se ha valorado así en los análisis que se realizan en foros públicos, ya que el perfil es la base sobre la que deben darse las evaluaciones del proceso. Se trata de la fuente primaria para construir la matriz de evaluaciones. Si el perfil aprobado no se ajustó integralmente al perfil realmente requerido para fungir como fiscal general, la evaluación no se orientaría a identificar los aspectos clave del perfil de cada postulante.
Al finalizar el plazo de recepción de las carpetas de postulación, la Junta Proponente registró 26 personas postulantes, de las cuales siete son mujeres y 19 hombres[17]. En el proceso de selección de 2018 hubo un total de 28 postulantes, pero 22 de ellos fueron auto-propuestos, mientras que seis fueron inscritos por entidades públicas o privadas[18].
En la etapa de denuncias y tachas, la Junta Proponente registró 35 tachas y denuncias contra 17 personas postulantes[19]. En esta etapa fueron excluidos del proceso de selección los postulantes Omar Bonilla, Plinio Consuegra, Mario Urquía, Marco Antonio Zelaya y Olga Yaneth Flores.
Posteriormente, en la etapa de investigaciones, en la décima audiencia celebrada por la Junta Proponente, se decidió excluir al postulante Luis Javier Santos, aduciendo que esta se realizaba en el marco de la aplicación de la etapa de investigaciones.
En la fase de investigaciones también quedaron excluidos los postulantes Juan Rafael Soto y Rita Núñez. Según el Acta JP-07-2023, la Junta Proponente aprobó por unanimidad que las pruebas toxicológicas, psicométricas y socioeconómicas se realizarían con una doble verificación pública y privada[20].
Después de las etapas descritas, el penúltimo paso sería la celebración de entrevistas públicas. La metodología para las entrevistas también se construyó sobre la experiencia desarrollada en las entrevistas que realizó la Junta Nominadora, según las similitudes en las disposiciones del protocolo del proceso de selección aplicables a esta etapa, en la que se efectuaron preguntas sobre la integridad personal y profesional, ética profesional, idoneidad y capacidad técnica[21].
A esta etapa final avanzaron trece personas postulantes, que serían objeto de evaluación en la matriz que para tal efecto elaboró la Junta Proponente[22]. De este listado de finalistas se seleccionó la lista de cinco candidatos integrada, por orden de calificaciones, por los profesionales del Derecho Jenny Almendares, Mario Morazán, Marcio Cabañas, Johel Zelaya y Pablo Reyes[23].
4. Lecciones aprendidas y desafíos para futuros procesos de selección
El proceso de selección, en general, presentó avances con respecto al proceso que se llevó a cabo en 2018, considerando que hubo similitud con la metodología de trabajo aplicada por la Junta Nominadora que funcionó entre septiembre de 2022 y enero de 2023. Se permitió la presentación de propuestas de organizaciones de la sociedad civil, además de una veeduría del proceso de selección en su integralidad; se aprobaron instrumentos técnicos de evaluación, y las sesiones y la mayoría de las deliberaciones fueron públicas.
Sin embargo, todavía persisten desafíos importantes. El primero es la existencia de una normativa que brinde previsibilidad en todos los aspectos del proceso de selección. Diferentes sectores y personas han propuesto la creación de una Ley para la Elección de Altos Funcionarios Públicos[24], entre ellas la diputada del Congreso Nacional, Fátima Mena[25]. El segundo desafío, relacionado con el primero, es el tiempo para desarrollar un proceso que requiere del esfuerzo de las instituciones que por ley deben conformar la Junta Proponente. Contar con el tiempo requerido para el desarrollo del proceso de selección trae consigo la ampliación de la convocatoria del número de personas postulantes y el desarrollo de las etapas del proceso de selección en plazos razonables.
El desafío más importante es la aplicación de los criterios de evaluación que están previstos en los instrumentos técnicos aprobados por la Junta Proponente, en particular el perfil de fiscal general y la matriz de evaluación, como la herramienta principal para examinar a las personas postulantes en la integralidad del proceso. Para el caso, durante el proceso de selección, hubo dos etapas en que medió un grado de discrecionalidad en las decisiones de la Junta Proponente para la evaluación y, en su caso, exclusión de postulantes: la fase de denuncias y tachas y la de investigaciones.
En la fase de denuncias y tachas fueron excluidos Marco Zelaya, Omar Bonilla, Plinio Consuegra, Mario Urquía y Olga Flores. La exclusión de Zelaya y Consuegra se amparó en la aplicación de una causal prevista en el reglamento para la presentación de denuncias, concretamente el numeral 3 del artículo 47, que menciona el haber sido sancionado en procesos de violencia doméstica.
La exclusión de Urquía se debió a lo que la mayoría de miembros que votaron en la Junta Proponente consideró que, con una interpretación extensiva, se incluye al Ministerio Público en la prohibición contenida en el numeral 6 del artículo 8 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que prohibió a los miembros de la Junta Nominadora ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales en los tres poderes del Estado (sin mencionar expresamente al MP) en los dos años siguientes a la entrega de la nómina a candidatos al Congreso Nacional, que se produjo en enero de 2023[26].
La exclusión del abogado Luis Javier Santos se produjo después de una amplia deliberación, a raíz de información proveída por la Procuraduría General de la República sobre la existencia de procesos judiciales en los que el postulante es parte. Los integrantes de la Junta Proponente a favor de la exclusión de Santos citaron el acápite g) del artículo 42 del reglamento aplicable al proceso. Esta disposición requería de los postulantes la presentación de una declaración jurada en la que señalaran no tener cuentas ni demandas pendientes con el Estado. Cabe destacar que este requisito no lo exige el artículo 233 de la Constitución de la República ni los artículos 19 y 20 de la LOMP sobre los requisitos e inhabilidades para el cargo.
Otro punto importante a mencionar es que las resoluciones de las otras dos exclusiones que se produjeron en la etapa de investigaciones —las de los postulantes Juan Rafael Soto y Rita Núñez—, sí fueron publicadas en el portal de transparencia de la Junta Proponente, mientras que la de Luis Javier Santos no es accesible al público.
La exclusión de Juan Rafael Soto se debió a que aparece como denunciado en un delito de acción pública, donde figura como ofendido la administración pública del Estado de Honduras; por tanto, la Junta Proponente concluyó que existió una “clara e insubsanable afectación a la idoneidad del postulante”[27].
El protocolo del proceso de selección facultó a la Junta Proponente para emitir resoluciones de exclusión finalizada la etapa de investigaciones, pero vale la pena reflexionar, no solo respecto a esta etapa, sino en general, sobre los criterios utilizados para ligar la aplicación del reglamento del proceso con el perfil de fiscal general para evaluar a las personas postulantes.
La expectativa de este artículo es despertar un debate más profundo sobre el desarrollo del proceso de selección, no solo con el objetivo de que el resultado de la reflexión conduzca a plantear recomendaciones hacia el futuro, sino también a trascender del debate que se circunscribe a la lista de cinco candidatos, cuando el proceso avanza en la etapa que corresponde al Congreso Nacional.
En el siguiente número de la Revista Envío-Honduras se profundizará en los acontecimientos que rodearon la elección en el Poder Legislativo; no obstante, de cara al futuro, será importante que los procesos de selección de altos funcionarios no solo se vean en función de aspectos básicos de transparencia y participación ciudadana en las formas. Se debe avanzar en la calidad sobre el fondo de estos procesos, en la importancia de la calidad del perfil de los integrantes de las juntas evaluadoras, cómo ello impactará en la calidad del proceso y, más importante aún, en la calidad de las personas que resulten nominadas, y finalmente electas.
[1] Misión Internacional de Observación [@MIO_csjhonduras]. (17 de febrero de 2023). Saludamos la conclusión de la elección del nuevo @PJdeHonduras. Compartimos en el siguiente hilo de tuits nuestro mensaje [Tuit]. https://twitter.com/MIO_csjhonduras/status/1626641472068911105?s=20
[2] Congreso Nacional de Honduras [@Congreso_HND]. (16 de febrero de 2023). ¡Momento histórico! Con 117 votos, el #CongresoDelPueblo elige nueva Corte Suprema de Justicia para el período 2023 – 2030. https://twitter.com/Congreso_HND/status/1626438110744842241? Criterio Hn. (13 de julio de 2023). Funcionarios a la carta: el acuerdo tripartito que secuestró la justicia hondureña. www.criterio.hn. https://criterio.hn/el-acuerdo-tripartito-que-secuestro-la-justicia-hondurena/
[3] Ídem.
[4] Ídem.
[5] Congreso Nacional de Honduras [@Congreso_HND]. (16 de mayo de 2023). #𝐸𝑛𝐸𝑠𝑡𝑒𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 | Pleno del #CongresoDelPueblo aprobó este martes la ratificación de la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (Corporación Andina de Fomento), una institución financiera multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. https://twitter.com/Congreso_HND/status/1658654787183714304?s=20
[6] Chambasis, L. (16 de mayo de 2023). Diputados del PL y PN abandonan el Congreso. www.laprensa.hn. https://www.laprensa.hn/honduras/diputados-nacionalistas-liberales-sar-exoneraciones-ley-justicia-tributaria-NB13473925; SAR. [@SAR_HND]. (16 de mayo de 2023). “Vamos hablar aquí con la verdad y de frente, porque se ocupa hablar con la verdad y de frente; y revisando nuestra historia, para cambiar este país”. Ministro Marlon Ochoa inició su intervención caracterizando las tres últimas legislaturas (2010, 2014, 2018) del Congreso Nacional como una ventanilla de trámites de empresarios y políticos corruptos. [Tuit]https://twitter.com/SAR_HND/status/1658661845979258880?s=20
[7] SAR [@SAR_HND]. (16 de mayo de 2023). HISTÓRICO | Con 113 votos a favor y por UNANIMIDAD, Pleno Legislativo derogó y reformó por adición los decretos 57-2020 y el 93-2021, que crearon el llamado “Pacto de Impunidad”, de los periodos legislativos anteriores. https://twitter.com/Congreso_HND/status/1679590858415538178?s=20; Al respecto, véase el literal d) de la cláusula 6 del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas, por el que se inician los trabajos relativos al establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, firmado el 15 de diciembre de 2022.
[8]Asociación para una Sociedad más Justa (2023). Informe de conflictividad Honduras 2022: De la transición a la acción (p. 7). En: http://biblioteca.asjhonduras.com/wp-content/uploads/2023/02/ASJ-Informe-Conflictividad-Honduras-2022-v.f_.pdf
[9]Asociación para una Sociedad más Justa (2023). Menos conflictos, más masacres: Boletín de conflictividad Honduras, Semestre 1. 2023 (p. 6).
En: https://revistazo.com/conflictos_sociales/docs/Informe_Conflictividad_I%20semestre_2023.pdf
[10] Ídem.
[11]Poder Judicial. [@PJdeHonduras] (8 de mayo de 2023). Presidenta del @PJdeHonduras, Rebeca Lizette Ráquel, convoca a Junta Proponente para Proceso de Selección de Candidatos a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto. [Tuit]. https://twitter.com/PJdeHonduras/status/1655740041191202817?s=20
[12] Poder Judicial (2023). Convocatoria a las organizaciones e instituciones del Estado de Honduras que conformarán la Junta Proponente para el proceso de selección de candidatos y candidatas a fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, período 2023-2028. En: https://www.poderjudicial.gob.hn/PSFG2023/Documents/ConvOrgJuntaProp.pdf
[13] Poder Judicial. [@PJdeHonduras]. (18 de mayo de 2023). Pleno de Magistrados de #CSJ nombra como representante ante la Junta Proponente para el Proceso de Selección de Candidatos y Candidatas a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto al Magistrado Wagner Vallecillo Paredes, miembro de la Sala Constitucional. [Tuit]. https://twitter.com/PJdeHonduras/status/1659272432136462344?s=20; Rector Francisco J. Herrera Alvarado. [@UNAH_Rectoria]. (22 de mayo de 2023). La @UNAHoficial propondrá al abogado Odir Fernández, profesional del Derecho y catedrático universitario con amplia trayectoria, como representante para conformar la Junta Proponente para el Proceso de Selección del Fiscal General de la República y Fiscal Adjunto. [Tuit]. https://twitter.com/UNAH_Rectoria/status/1660727968681938954?s=20; Escalante, L. (22 de mayo de 2023). Julio Raudales, confirmado como representante de universidades privadas en Junta Proponente. www.tunota.com. Disponible en: https://www.tunota.com/honduras-hoy/articulo/julio-raudales-representante-universidades-privadas-junta-proponente-2023-05-22.
[14] M. Medina (16 de mayo de 2023). Zipizape en el CAH por representación en Junta Proponente para fiscal general y adjunto. www.tunota.com. Disponible en:https://www.tunota.com/honduras-hoy/articulo/zipizape-rafael-canales-jorge-herrera-alejandro-hernandez-cah-junta-proponente-fiscal-general-2023-05-16
[15] V|Lex. (s.f.). Inconstitucionalidad no RI-623-13 de Corte Suprema de Justicia (Honduras), 22 de noviembre de 2016. hn.vlex.com. Disponible en: https://hn.vlex.com/vid/840346754
[16] Poder Judicial. [@PJdeHonduras]. (16 de mayo de 2023). CONVOCATORIA A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL que se vinculan a temas de Justicia y Derechos Humanos para que se inscriban dentro de 5 días calendario posteriores a este llamado, a efecto de que participen en la asamblea para elegir a su representante ante Junta Proponente. [Tuit]. https://twitter.com/PJdeHonduras/status/1658665822435393536?s=20
[17]Junta Proponente MP. [@JProponenteMP]. (28 de junio de 2023). Listado de persona que presentaron su carpeta de postulación ante la Junta Proponente. [Tuit]. https://twitter.com/JProponenteMP/status/1673945740471676928?s=20
[18]Junta Proponente para la Selección y Presentación de la Nómina de Candidatos/as a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto/a (2018-2023). (2018). Informe, pp. 11-12.
[19]Junta Proponente MP. [@JProponenteMP]. (28 de junio de 2023). Ha finalizado la sesión de la Junta Proponente, han sido admitidas 35 tachas y denuncias, en contra de 17 personas postulantes. [Tuit]. https://twitter.com/JProponenteMP/status/1678886825895555072?s=20
[20]Junta Proponente para la selección de candidatos a fiscal general de la República y fiscal general adjunto período 2023-2028. (2023). Acta de Sesión Ordinaria JP-07-2023. Disponible en: https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTgxMTA5Ng
[21]Junta Proponente MP. [@JProponenteMP]. (25 de julio de 2023). [Tuit]. https://twitter.com/JProponenteMP/status/1683942236386652163?s=20
[22]Junta Proponente MP. [@JProponenteMP]. (25 de julio de 2023). La Junta Proponente anuncia, que posterior a una revisión final de los informes recibidos, emite un nuevo listado de personas postulantes que pasan a la etapa de entrevistas. Quedan 13 candidatos para la etapa de entrevista pública. [Tuit]. https://twitter.com/JProponenteMP/status/1683985896918622211?s=20
[23]Junta Proponente MP. [@JProponenteMP]. (1 de agosto de 2023). Listado de personas postulantes nominada ante el Congreso Nacional: 1. Jenny Gabriela Almendarez Flores; 2. Mario Alexis Morazán Aguilera; 3. Marcio Cabañas Cadillo; 4. Johel Antonio Zelaya Alvarez; 5. Pablo Emilio Reyes Theodore. Quienes han sido los mejores calificados. [Tuit]. https://twitter.com/JProponenteMP/status/1686443860392587264?s=20
[24] Consejo Hondureño de la Empresa Privada (2019). La elección de altos funcionarios en Honduras: Lecciones e impacto en la democracia y sus instituciones. Disponible: http://cohep.org/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Sistematización-Elección-de-Altos-Funcionarios-en-Honduras.pdf
[25] La Tribuna (23 de febrero de 2023). Presentan proyecto para crear la Ley para Selección y Elección de Altos Funcionarios. www.latribuna.hn. Disponible en: https://www.latribuna.hn/2022/02/23/presentan-proyecto-para-crear-la-ley-para-seleccion-y-eleccion-de-altos-funcionarios/
[26] Junta Proponente para la selección de candidatos a fiscal general de la República y fiscal general adjunto período 2023-2028 (2023). TD-JPFGA-2023-05. Disponible en: https://api.iaip.gob.hn/api/public /serve_archivo/?idarchivo=MTgxMzgyMg
[27] Junta Proponente para la selección de candidatos a fiscal general de la República y fiscal general adjunto período 2023-2028 (2023). ExpedientePFGA-2023-02. Disponible en: https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTgxMzgxOQ.
* Abogado con un máster en Derecho con Concentración en América Latina y Derecho Internacional en la Universidad de Texas en Austin.